En esta entrevista, la Codirectora del Observatorio Ciudadano y Coordinadora del Programa Biodiversidad y Alternativas al Desarrollo y representante de su organización en la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, entrega una mirada amplia a los dilemas socioambientales que las etnias originarias enfrentan día a día y su inclusión en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático.
Los sucesivos hechos de violencia que se desencadenaron en la Región de La Araucanía durante el último mes, abrieron una discusión en la opinión pública sobre la realidad que enfrentan los pueblos originarios en nuestro país, lo que según la Codirectora del Observatorio Ciudadano y Coordinadora del Programa Biodiversidad y Alternativas al Desarrollo, Lorena Arce, responde a una situación de “raíces históricas”, que el mismo Estado de Chile no ha sabido a encausar, llevando a los “niveles de violencia, odio racial y discriminación que hemos visto en las últimas semanas y que se van haciendo cada vez más difíciles de reparar”.
Si bien esta problemática parece distanciada de los temas ambientales, la perspectiva cambia al observar su inclusión en las políticas públicas: en julio, el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático fue aprobado de forma unánime por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, luego que distintas organizaciones -entre ellas la Mesa Ciudadana de Cambio Climático-, advirtieran las deficiencias del proyecto en materia de participación ciudadana. A propósito, el 27 de julio, la Corte Suprema emitió un informe dirigido a la comisión parlamentaria, recomendando que se establezcan normas sobre participación ciudadana en la iniciativa. Hace unos días, este proyecto fue aprobado en la Sala de la misma cámara, también sin votos en contra, por lo que ahora corresponde ser votado en particular en la comisión de Medio Ambiente. Sin embargo, hasta la fecha, ni desde el máximo tribunal, ni desde los parlamentarios, se ha demostrado interés en incluir un proceso de consulta indígena en este proyecto de Ley.
¿Por qué se invisibiliza a las etnias originarias hasta en procesos institucionalizados? Esta pregunta cobra especial relevancia para el mundo ambiental en el contexto actual, donde se cruzan distintos escenarios para que la sociedad se cuestione los parámetros políticos y económicos sobre los que se sostiene.
Sin embargo, para Lorena Arce, este cuestionamiento es una constante que interpreta de forma casi natural, gracias al trabajo que su organización realiza desde sus inicios (2004) y, específicamente, en el programa que coordina, el cual estudia los desafíos que enfrentan muchas comunidades indígenas para la protección de la biodiversidad de sus territorios, “donde encuentran su sustento cultural, material y espiritual”.
Les invitamos a conocer la mirada de Arce, quien representa a su organización en la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, siempre poniendo el punto en los dilemas socioambientales que las etnias originarias de nuestro país enfrentan día a día.
– ¿Por qué se produce esta discriminación en los temas ambientales a las comunidades indígenas?
En el caso de pueblos indígenas, resulta difícil tratar por separado los “temas ambientales”, como lo hace la cultura occidental, ya que todos estos se expresan de manera interrelacionada en cada territorio donde se sostiene y reproduce la vida material y espiritual de cada pueblo o comunidad indígena. Las aguas, los bosques, los mares, la biodiversidad, el clima, entre muchos otros, que el Estado aborda sectorialmente a través de distintos órganos e instrumentos, son para los pueblos indígenas parte de un todo, por lo tanto, la afectación de cualquiera de ellos rompe el equilibrio que permite permanecer y “vivir bien” en el territorio.
A esto se agrega el modelo (neo)extractivista, que ha primado no solo en Chile, sino en América Latina, y que entiende a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos naturales, esenciales para el desarrollo. Nada más lejos de la cosmovisión de muchos pueblos indígenas y comunidades, especialmente de aquellos que todavía mantienen una convivencia muy estrecha y respetuosa con la naturaleza.
-¿Cuál es la principal deuda del Estado chileno con los pueblos indígenas en la actualidad?
Creo que las diferencias de enfoques y visiones de mundo están en la raíz de la deuda que el Estado chileno mantiene con los pueblos indígenas, al menos en materia ambiental. La insistencia del Estado en imponer su modelo de desarrollo y sus formas institucionales de diálogo sectorial, han impedido avanzar hacia un diálogo intercultural que permita incorporar de manera apropiada los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas en estas materias, como el derecho a la consulta previa y al consentimiento. Esto, a pesar de que tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen claramente los derechos al medio ambiente y los recursos naturales de los territorios que habitan y ocupan los pueblos indígenas, así como el deber de los gobiernos de tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para garantizar su protección[1].
En este sentido, la deuda ambiental del Estado con pueblos indígenas se expresa en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando el Estado prioriza y apoya a industrias extractivas, mineras, forestales, acuícolas, en pos de su “modelo de desarrollo”, por sobre su deber de garantizar la protección de territorios indígenas. O por ejemplo, en el Proyecto de Ley de Biodiversidad, que se inició sin un proceso de consulta previa, libre informada, lo que se logró solo después de un largo proceso de incidencia. En consecuencia, si bien hay avances, ha costado mucho llegar a un proyecto de ley que reconozca de manera adecuada la importancia de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y sus derechos en las áreas protegidas que se sobreponen con sus territorios.
– El Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático no establece un proceso de consulta indígena, aun cuando la mayoría de estas comunidades habitan en los territorios más afectados por los impactos del cambio climático que vemos hoy en día, ¿debido a qué factor crees que responde esta carencia?
El hecho de que se haya iniciado la discusión del Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático descartando un proceso de consulta indígena, lamentablemente refuerza lo dicho anteriormente y lo lejos que está el Estado de reconocer el rol clave que tienen los pueblos indígenas en las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático, a pesar de haber sido claramente señalado en el último informe del IPCC de 2019.
– ¿Cómo pueden aportar las comunidades indígenas para enfrentar los desafíos climáticos, en este y otros proyectos ambientales?
Los pueblos indígenas no son solo una de las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo tanto sujetos de medidas de adaptación, sino también son custodios o guardianes de importantes sumideros de carbono, como los bosques, los humedales, las turberas y áreas marinas, por lo tanto claves en las medidas de mitigación. Como señaló Vicky Tauli, la ex-relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, en respuesta al informe del IPCC: “por primera vez, los principales científicos del mundo han confirmado lo que siempre hemos sabido: respetar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales es una solución inmediata y práctica para el cambio climático.”[2]
Al consultar a la División de Cambio Climático sobre las razones para no haber realizado un proceso de consulta indígena de este proyecto de ley, señalaron que siguiendo el procedimiento, pidieron un informe de procedencia al Ministerio de Desarrollo Social. La Subsecretaria de Servicios Sociales de dicho ministerio concluy[3] que “(…) el anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático no es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y, por tanto, es de la opinión de que no se requiere un proceso de Consulta Indígena previo a su envío al Congreso Nacional.
– El 27 de julio, la Corte Suprema emitió un informe respecto el contenido del proyecto, en el cual explicitó la necesidad de que las normas sobre participación ciudadana queden establecidas en él. Si se incorpora esta observación, ¿tendría incidencia en los aspectos indígenas que la Ley debería incorporar?
La participación ciudadana se aborda de manera muy débil en este proyecto de ley y es algo que estamos analizando y discutiendo en la Mesa de Cambio Climático. Sin embargo, aunque este logre reforzarse incorporando nuevas normas, esto no reemplaza a la Consulta Indígena y la forma en la que debe ser realizada según lo establece el Convenio 169 de la OIT.
– Actualmente, el conflicto interétnico mapuche ha copado la agenda de prensa nacional. ¿Cómo ven ustedes desde el Observatorio Ciudadano, las problemáticas culturales que se ha dado en el sur de Chile? ¿Cuál es su relación con la “discriminación” ambiental que los pueblos indígenas viven a nivel estatal?
Frente al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche –y que ha ido involucrando cada vez más a la sociedad chilena– lo entendemos como un problema con raíces muy profundas e históricas que el Estado no ha logrado abordar mediante procesos de diálogo horizontal. Por el contrario, ha criminalizado las demandas del pueblo mapuche actuando con medidas represivas que solo han agudizado el conflicto, llegando a los niveles de violencia, odio racial y discriminación que hemos visto en las últimas semanas y que se van haciendo cada vez más difíciles de reparar.
Es en este contexto que nos parece que el proceso constituyente se establece como una posibilidad única de generar dicho diálogo, para abordar los temas profundos –negación, discriminación, despojo territorial– que han generado la conflictividad no solo con el pueblo mapuche, sino también con la mayor parte de los pueblos indígenas del país. Esperamos que este proceso concluya con una Carta Fundamental que establezca las bases de una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos indígenas y que ponga fin a dicha negación y reconozca los derechos colectivos que les corresponden.
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
