Investigación de Ciper Chile
Informes reservados de la inteligencia de Carabineros incluyen fichas de un intendente de La Araucanía, gobernadores, seremis, jefes de la Conadi y asesores del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios. Uno de los registros es sobre el exministro de Educación y presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. También hay una nómina de militantes del FPMR confeccionada en 2019, en la que se incluye al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo: “La inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, dijo a CIPER el edil. En los documentos figuran fichas de militantes del PS y PPD, dos partidos que han integrado coaliciones de gobierno durante tres décadas, pero que la inteligencia policial califica como “asistémicos”.
El 25 de agosto de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet nombró como intendente de La Araucanía a Andrés Jouannet. De inmediato, personal de inteligencia de Carabineros se puso manos a la obra para elaborar una ficha con los antecedentes de la máxima autoridad de la zona. El documento forma parte de la mayor filtración de registros reservados de la inteligencia policial, a la que CIPER tuvo acceso y que revisamos para elaborar esta tercera entrega de la serie de reportajes “Archivos secretos de carabineros” (vea los dos artículos anteriores sobre el monitoreo al movimiento estudiantil y la segunda, acerca del del reclutamiento y uso de informantes). Por razones de seguridad, CIPER mantiene bajo reserva las identidades y datos sensibles de agentes, informantes y otras personas que pudieran verse expuestas con la difusión de sus antecedentes.
Jouannet, actual diputado electo, fue el más alto representante del Poder Ejecutivo en la convulsionada Región de La Araucanía entre agosto de 2015 y noviembre de 2016. Por lo mismo, se trataba de la autoridad local a la que Carabineros debía entregar las informaciones de seguridad pública. A pesar de ese vínculo, la inteligencia policial elaboró en secreto una ficha que concentró todos sus antecedentes personales, su trayectoria política, su historia laboral y hasta sus bienes raíces.
“Yo no estaba al tanto de que se hacían fichas y monitoreo de autoridades políticas”, dijo Andrés Jouannet a CIPER cuando le mostramos ese documento. Al revisarlo, detectó errores en su información personal básica, por lo que cuestionó la “poca rigurosidad” de la inteligencia policial. Eldocumento, señaló.
Este tercer reportaje sobre los documentos de la inteligencia de Carabineros pone el foco sobre los informes que funcionarios policiales realizan sobre autoridades, partidos y procesos eleccionarios. Decenas de documentos reservados de la policía evidencian el constante monitoreo que realiza sobre altos funcionarios públicos, dirigentes políticos y partidos legales que han formado coaliciones de gobierno durante tres décadas y que entre sus militantes han tenido a presidentes de la República, ministros y parlamentarios. De hecho, hay informes secretos de Carabineros que califican al PS y al PPD como partidos “radicales” y “asistémicos”.
Entre los expertos consultados por CIPER sobre estos documentos, no hay un consenso sobre sí Carabineros está facultado legalmente para monitorear a autoridades. En lo que sí coincidió la mayoría de los entrevistados, es que los informes revelan la escasa formación política de los agentes que los elaboran, lo que implicaría que se están gastando recursos públicos en el procesamiento de información inexacta y, por lo mismo, inútil.
En los miles de documentos revisados por CIPER hay fichas o perfiles de un exministro y presidenciable de la UDI, de gobernadores, secretarios regionales ministeriales y asesores de gobierno. Incluso, hay registros sobre cónsules de otros países en Temuco. También hay fichas sobre autoridades comunales de la UDI y RN, y un foco especial sobre las actividades del Partido Comunista.
Uno de los aspectos más delicados tiene que ver con un documento de 2019 que enlista a supuestos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Entre los 270 nombres y fotografías que aparecen allí, figura el actual alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. En conversación con CIPER, Tamayo negó participar o haber participado alguna vez en el FPMR: “La Inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, señaló.
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PERFILES DE AUTORIDADES
Entre los archivos analizados para esta investigación, hay uno sobre el exministro y excandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. La ficha se confeccionó cuando era ministro de Educación, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Bajo el título I.B.S. (información básica del sujeto) se detallan antecedentes de Lavín, como su fecha de nacimiento, los nombres de sus padres, su estado civil, los nombres y antecedentes de sus hijos, domicilio, nivel de estudios, militancia, religión, nivel socioeconómico, licencia de conducir, vehículos que posee y sus bienes raíces. También hay referencias a su carrera política, las que se presentan como “antecedentes relacionados con el conflicto” (aunque no se detalla el conflicto que originó este rastreo de datos), y a hitos de su trayectoria profesional.
Cuando CIPER le mostró al exintendente Andrés Jouannet, su ficha elaborada por personal de inteligencia de Carabineros, se mostró sorprendido: “No tenía conciencia de este documento. Es bien impreciso, tengo 16 hermanos, y ahí solo aparecen ocho. Eso demuestra la poca rigurosidad. Es un documento bien precario”.
Jouanet, quien tuvo una relación cercana con la policía uniformada debido a la naturaleza del cargo que ejerció, asegura que la autoridad civil no le ordena a la inteligencia de Carabineros elaborar fichas políticas:
– No corresponde que la inteligencia de Carabineros elabore este tipo de perfiles, desde el punto de vista legal ni del punto de vista de la inteligencia. Eso hace que se pierda mucho tiempo y energía. Tenemos un problema con Carabineros, desde el punto de vista de sus capacidades. Estamos hablando de que se pierde tiempo haciendo estos perfiles mediocres, mientras ocurren crímenes y delitos graves.
Joaquín Lavín, ex candidato presidencial
Para Jouannet, esta información refuerza la idea de que la institución policial requiere de una reforma profunda: “Cuando Carabineros se manda solo, tiene problemas. Esto demuestra que Carabineros funciona con una línea paralela. Estas cosas son anómalas”.
Entre los documentos revisados por CIPER también hay una ficha de un exgobernador de una provincia de La Araucanía, militante DC, que ejerció en el cargo entre 1996 y 2006. Sobre él el informe de inteligencia dice que es “proclive a Carabineros, lo que se ha reflejado en el abierto apoyo a los proyectos e iniciativas de seguridad pública implementados por la institución (…), asiste a todas las ceremonias de Carabineros”.
Sobre un exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), figura un perfil con información personal (familia, religión, postura política, trayectoria laboral), donde también se incluyen otros antecedentes de corte político. Acerca de la impresión que generó al interior de la Conadi su nombramiento, el informe policial dice: “Se percibió al interior de la entidad fiscal como contraproducente”.
En otro documento, denominado “Perfil cónsules”, la inteligencia de Carabineros señala sobre el cónsul de España en Temuco que es “muy cercano a Carabineros y normalmente asiste a las ceremonias institucionales”. En cambio, sobre el cónsul de Italia se dice que “se desconoce alguna vinculación con nuestra institución”.
LOS DATOS DEL ALCALDE
Los funcionarios de inteligencia de Carabineros incluyeron al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, en un expediente sobre militantes del FPMR. Ese documento, fechado en 2019, presenta una lista de 270 personas que serían “actuales integrantes de esta orgánica”.
En el informe se menciona su nombre, RUT, dirección, se dice que es kinesiólogo y que pertenece a la “facción Cerro Navia y del Círculo Bolivariano”. Al conocer el contenido del documento, el alcalde señala: “Nunca he participado en el FPMR. Nací el 81 y nunca estuve ahí. Sí fui parte de las Juventudes Comunistas y cuando fui concejal formé parte de los Círculos Bolivarianos, pero esa instancia, que llevaba vecinos a Venezuela a operarse de cataratas, terminó hace más de diez años”.
Tamayo agrega: “Es sorprendente que se destinen recursos a esto, en vez de perseguir a narcotraficantes ¿Quién dio estas instrucciones? Tengo domicilio y trabajo conocidos. Es decepcionante que el trabajo de la policía se enfoque en grupos políticos”.
Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia.
En ese documento sobre supuestos integrantes del FPMR también aparecen los datos del actor Daniel Alcaino. Consultado por CIPER, señaló: “Todo es mentira. Jamás he militado en el FPMR ni en ningún partido”.
El periodista Juan Cristóbal Peña, que ha investigado la historia del FPMR (ha publicado dos libros al respecto: “Los Fusileros” y “Jóvenes Pistoleros”), analizó el documento:
– Sin conocer las fuentes de esta información, se nota una gran desprolijidad y ligereza en el origen y el análisis de los datos reunidos en estas fichas. Hay omisiones importantes, casos de personas con antecedentes penales, o buscadas por la justicia por procesos judiciales de alta connotación pública (como los casos Edwards y Guzmán), que no están consignadas ahí. Y hay a la vez gente que, cuanto más, tiene simpatías por movimientos subversivos, pero en ningún caso han sido operativos. A simple vista, parece información obtenida de fuentes públicas, sin procesar ni menos contrastar. Francamente, si ese es el nivel de la Inteligencia de Carabineros, es hora de preocuparse.
MONITOREO SOBRE PARTIDOS
Son muchos los antecedentes sobre personas que han trabajado en el aparato público que aparecen en los documentos revisados por CIPER: asesores de ministros, jefes de gabinete y autoridades regionales. Por ejemplo, sobre un exasesor legal del Ministerio del Interior, militante PS, se dice que es hijo de un amigo del exgeneral director de Carabineros, Alejandro Bernales, y que “por los antecedentes recogidos en fuentes cercanas, su progenitor nunca ha podido comprender que su hijo mantenga una postura radical y revolucionaria frente a temas emblemáticos como tampoco su tendencia política contraria a la de él”. Se agrega que “posee cinturón negro en artes marciales, acreditados son los comentarios que dicen relación con que ha participado en competencias clandestina autodenominadas ‘Todo Vale’”.
Ese documento evidencia que los perfiles no solo se elaboran con la información disponible en fuentes públicas, sino con personas próximas al “blanco de interés”. También pone de manifiesto que, para los analistas de inteligencia de Carabineros, militar en el PS es “una postura radical y revolucionaria” que debe ser monitoreada.
También hay un perfil del exintegrante del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Aylwin Oyarzún, hijo del Presidente Patricio Aylwin. Sobre él se menciona que “participa activamente mediante comunicados de prensa y recursos judiciales, denunciando y rechazando hechos de violencia al interior de comunidades mapuches a nivel nacional e internacional”, y que estaría “ligado a colectividades de izquierda, proclives al Partido Comunista”.
José Aylwin tampoco estaba al tanto de que existían perfiles suyos elaborados con recursos de Carabineros:
– Esto es demostrativo de que en Chile se realizan labores de inteligencia sobre lo que el sistema de Naciones Unidas conoce como defensores de Derechos Humanos. Me parece que hay una distorsión absoluta de la labor policial, con información que además resulta absolutamente falsa, mi militancia ha sido siempre, desde hace 40 años, la defensa de los Derechos Humanos. No tengo vinculación alguna con el Partido Comunista, ni con ningún partido, nunca he sido militante.
“Es información errada y tendenciosa”, dijo Aylwin. Y finalizó: “Es lamentable que se destinen recursos públicos para ello. Esto hace pensar en una reforma profunda a las policías, y en su subordinación al poder civil”.
FOCO SOBRE EL PC
Son decenas los documentos de inteligencia de Carabineros que se refieren a actividades o bien a militantes del Partido Comunista, un partido político con representación legal, con una bancada de 13 diputados y dos senadores, y con alcaldes y concejales electos en todo Chile, que además formará parte de la coalición gobernante a partir de marzo próximo ¿Por qué los agentes de la policía uniformada vigilan al PC?
El 11 de enero de 2020 agentes de Carabineros estaban en Conchalí, monitoreando la realización de la “Fiesta de los abrazos” que la colectividad realizó en esa comuna de la Región Metropolitana. El documento al que accedió CIPER señala que se trató de una diligencia enmarcada en el “ámbito poblacional”.
“Posteriormente los participantes dan inicio a su actividad donde procedieron a ofrecer a las personas que llegaban al lugar, artículos artesanales, juegos para niños, ventas de diversos tipos de abarrotes, foros sobre la actualidad política y debates, logrando detectar dentro de los asistentes a GUILLERMO TEILLIER DEL VALLE presidente del Partido Comunista”, se señala en el documento (ver aquí).
En el informe también se menciona que “durante la realización de dicha actividad de igual forma se logró detectar a BORIS ANTHONY BARRERA MORENO, diputado del Partido Comunista por el distrito 9, quien fue principal organizador de la actividad”.
¿Cuál es el valor que tiene está información sobre una actividad el PC que es totalmente pública? ¿Cuál es la importancia de “detectar” a dos diputados comunistas en un evento abierto de su partido?
Diez años antes de ese documento sobre la “Fiesta de los abrazos” realizada en Conchalí, la Dipolcar firmó otro informe que incluía al PC, esta vez referido a su relación con otros movimientos de izquierda en América del Sur y sus vínculos con el gobierno de Venezuela. Bajo el título “Movimiento continental bolivariano, una amenaza real”, se detallan supuestos vínculos del PC chileno con el gobierno venezolano y representantes de las FARC colombianas. En ese documento se especifica que “el PC y el MPMR (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez) son las organizaciones que han tenido un mayor acercamiento con el Gobierno de Venezuela y con el pensamiento bolivariano”, y agrega que militantes del PC ocuparon cargos en la directiva del Movimiento Continental Bolivariano.
En una ficha sobre un militante comunista de Temuco, se detalla que se trata de un médico cirujano que ha colaborado con comuneros mapuche que han realizado huelgas de hambre. En el perfil que sobre él realizó la Dipolcar, se agrega que lo habían detectado en reuniones “clandestinas” con la ACES (una organización de escolares) de la localidad de Cautín. También quedó registrado que mantenía relaciones cercanas con la Unión Nacional Estudiantil (UNE), un colectivo universitario que luego participó en la formación de Convergencia Social, el partido del presidente electo Gabriel Boric.
En otro perfil de un supuesto miembro del PC aparecen inconsistencias políticas. Primero se asegura que se trata de un militante comunista que trabaja junto a la agrupación “Ayun mapu” contra la construcción de un nuevo aeropuerto en La Araucanía, y luego se agrega que es candidato a alcalde por el Partido Humanista.
Otros informes de la Dipolcar incluyen perfiles de militantes de las Juventudes Comunistas. En otros se pone el foco en los vínculos de células comunistas con comunidades mapuche y organizaciones sociales.
CHATS FALSOS INVOLUCRAN A GIORGIO JACKSON
En los expedientes de la inteligencia de Carabineros también aparecen archivos inéditos con registros del montaje de la Operación Huracán, como un chat falso entre Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social y actual convencional constituyente, y un periodista de un periódico mapuche, donde se habla de supuestas gestiones de Barraza en favor de los comuneros.
Otro de los chats falsos que aparecen en el compilado de conversaciones inventadas por funcionarios de Carabineros para tratar de sustentar la Operación Huracán, es un diálogo entre el diputado Giorgio Jackson (RD) y el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul:
Jackson: Como estas hermano
Negro: perseguido por el estado
Jackson: ¿??
Negro: me siguen, estoy pinchado no me dejan vivir
Jackson: no puede ser en un estado de derecho, voy a presionar y pedir explicaciones
Esa conversación jamás existió y no queda claro para qué iba a ser utilizada esa información. En febrero de 2017 el montaje de la Operación Huracán fue descubierto y actualmente los oficiales de inteligencia involucrados son procesados por la justicia.
LÍMITES LEGALES
En un documento titulado “Presentación elecciones 2012” de la Dipolcar de La Araucanía, se analizan las candidaturas a alcaldes y concejales de ese año, y los principales “riesgos” que presentarían algunas de ellas. Se incluye como un “riesgo electoral” la existencia de distintas candidaturas de una familia mapuche al municipio de Cholchol, o que un candidato a concejal “continuamente esté subiendo a su página web procedimientos del conflicto indígena y dañando la imagen institucional (de Carabineros)”.
También hay expedientes sobre militantes del Partido Ecologista Verde en Puerto Montt, sobre la creación de un partido político mapuche (Wallmapuwen), y sobre vínculos con comunidades indígenas por parte de dirigentes del PPD y el PS, los que en un documento son definidos como partidos políticos “asistémicos”.
Para Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y que también ha sido asesor del Ministerio del Interior, si no se le entregan lineamientos claros a la policía, hay riesgos respecto de la elaboración de información de inteligencia sobre las actividades políticas.
– Cuando los escenarios pasan a ser genéricos y no hay objetivos claros, corremos el riesgo de que la inteligencia se diseñe en base a prejuicios políticos. Como los partidos de izquierda, en general, promueven el cambio social, y las policías -al aplicar la ley- promueven la estabilidad social, hay un sesgo hacia esos partidos. Es un sesgo ideológico de las policías y que puede explicarse por su historia: son naturalmente conservadoras.
Sobre los informes políticos que elabora la Dipolcar, Frühling agrega que el riesgo está en el tipo de herramientas que se utilizan para obtener la información: “El límite de estas acciones está relacionado con las herramientas que emplee: si estas actividades son abiertas, no hay razón para preocuparse demasiado por ellas, pero si se utilizaron medidas intrusivas para monitorear partidos o políticos, eso sí puede ser un problema incluso legal, si no cuenta con la autorización que exige la ley”.
Pedro Anguita, exjefe de la división jurídica de la ANI y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes, plantea que las policías pueden hacer análisis que incluyan a políticos, si esa información sirve para mirar todos los aspectos de un fenómeno que puede implicar riesgos para la convivencia social:
– Los organismos de inteligencia policial tienen como principal usuario de la información que generan al general director de la institución, y ellos no solo debe tener una visión vinculada a delitos o crímenes que involucran la seguridad nacional. Además, deben saber cómo se mueven los actores de una determinada comunidad o tema. Por ejemplo, para estudiar lineamientos vinculados con robos u homicidios en los que se emplean armas, es necesario saber qué diputados apoyan la Ley de Armas, bajo qué argumentos y cuáles son sus redes.
Otro profesional que conoce por dentro al sistema de inteligencia chileno, plantea sus dudas: “No te sabría decir si la Dipolcar tiene las herramientas técnicas y la preparación política para hacer ese tipo de trabajos, como la proyección de escenarios políticos. Depende mucho de las personas que hacen eso y qué grado de especialización tienen sobre el tema”.
Carolina Sancho, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) y exfuncionaria del Ministerio del Interior, cree que los cambios que requiere el sistema de inteligencia tienen que considerar su control efectivo por parte de las autoridades:
– Entre los asuntos que especialmente requieren cambios, destaca el control que se efectúa a esta función de Estado, involucrando sus actividades y objetivos, debidamente validados por las máximas autoridades. Se requiere contar con una visión compartida de la función de inteligencia, como capacidad orientada a asesorar en el proceso de toma de decisiones en temas relacionados con los riesgos, amenazas y oportunidades a enfrentar en la segunda década del siglo XXI, considerando un horizonte de tiempo tentativamente al 2050, es decir, no sólo el corto y mediano plazo, sino también el largo.
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