Hace 20 años, nos embarcamos en un desafío que, en su momento, parecía audaz, pero que hoy sabemos es indispensable: defender los derechos humanos en un contexto donde estos siguen siendo violados a diario. Desde los pueblos indígenas hasta las comunidades afectadas por la expansión empresarial, hemos sido testigos de cómo la indiferencia y la impunidad permiten que las injusticias persistan. Sin embargo, también hemos visto cómo, a través de la organización y la acción, las comunidades logran resistir, y en algunos casos, transformar la realidad.
Nuestro trabajo ha sido un reflejo de la complejidad de las luchas por los derechos humanos. En estos años, hemos abordado temas fundamentales: la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la responsabilidad de las empresas en las crisis ambientales, la movilidad humana forzada, entre otros. Cada uno de estos ámbitos ha revelado, de manera cruda, las profundas desigualdades que atraviesan nuestras sociedades y cómo, a pesar de las leyes y tratados internacionales, las estructuras de poder siguen reproduciendo violaciones de derechos en nombre del progreso y el desarrollo económico.
Hemos acompañado a comunidades que luchan contra proyectos extractivos que destruyen su territorio, que enfrentan la indiferencia de las autoridades y la falta de acceso a la justicia. Nos hemos encontrado, una y otra vez, con el mismo obstáculo: un sistema judicial que, en muchos casos, no está dispuesto a garantizar los derechos de quienes luchan por su supervivencia. La respuesta ante la vulneración de derechos ha sido la burocracia, el silencio o, peor aún, la criminalización de quienes se atreven a defender sus tierras y su dignidad.
Este panorama nos ha llevado a canalizar nuestros esfuerzos hacia la litigación estratégica, el acompañamiento en tribunales nacionales e internacionales, y la denuncia ante organismos internacionales cuando el Estado no cumple con su responsabilidad. Pero, como sabemos, las soluciones no siempre llegan rápido. Muchos de los casos que hemos acompañado han sido largos, agotadores, y en algunos casos, no han tenido la respuesta que esperábamos. Las victorias son, a menudo, parciales y las reparaciones, cuando existen, son mínimas.
Cuando la justicia interna falla, nos hemos visto obligados a recurrir a las instancias internacionales de derechos humanos. Frente a la desidia de las autoridades nacionales, hemos llevado casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, buscando que, al menos desde fuera, se reconozcan las violaciones y se tomen medidas para evitar nuevos atropellos. Sin embargo, sabemos que estos mecanismos no son infalibles. La protección internacional es muchas veces lenta e insuficiente y, en ocasiones, se enfrenta a los mismos intereses económicos que en el ámbito nacional.
En nuestro trabajo con las Naciones Unidas hemos sido testigos de cómo la burocracia internacional puede diluir los problemas reales y de cómo los Estados presentan avances ficticios mientras la realidad en el terreno sigue siendo dramática. A pesar de todo, no hemos dejado de documentar, denunciar, presentar informes sombra y hablar claro sobre las violaciones de derechos para exigir un cambio profundo en la forma en que los derechos humanos son gestionados a nivel global.
Pero lo que realmente nos ha marcado es la resistencia de las comunidades, las redes de apoyo y las alianzas que hemos formado a lo largo de estos años. Si algo hemos aprendido en este tiempo es que la lucha por los derechos humanos no se gana en solitario. Hemos tejido redes con organizaciones locales, nacionales e internacionales, y hemos visto de primera mano cómo, cuando las comunidades se organizan y se defienden, logran avanzar, aunque sea a pasos pequeños, frente a los enormes intereses en juego.
El trabajo en red ha sido una de nuestras mayores fortalezas. Nos hemos sumado a coaliciones internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consorcio de Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA), la Red SOS Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Centro para la Conservación y el Desarrollo Alternativo Indígena (CICADA) y el Grupo de Trabajo Internacional de Asuntos Indígenas (IWGIA), entre otras.
Estas redes nos han permitido amplificar nuestras voces y las de las comunidades que acompañamos, pero también nos han mostrado lo que está en juego: un modelo económico global que prioriza el capital sobre los derechos humanos, que ve la diversidad cultural como un obstáculo para el progreso económico, y que usa el poder del Estado y las grandes empresas para callar a quienes se oponen.
A lo largo de estos 20 años, hemos sido testigos de avances, pero también de retrocesos. El panorama sigue siendo desalentador en muchos aspectos, pero la lucha no cesa. Sabemos que no podemos dejar de exigir justicia, de seguir abogando por los derechos de aquellos que han sido olvidados o silenciados. Aún nos queda mucho por hacer, y no solo porque los derechos humanos sigan siendo violados, sino porque el sistema que los permite debe ser cuestionado y transformado.
Hoy, más que nunca, entendemos que la lucha por los derechos humanos es también una lucha por un cambio estructural, por una sociedad más justa y equitativa. Y seguiremos adelante con la certeza de que la resistencia, aunque a veces parezca invisible, siempre está presente. No bajaremos los brazos hasta que la justicia no sea una promesa vacía, sino una realidad para todos y todas.
Hernando Silva y Lorena Arce, Observatorio Ciudadano.
Publicación
En el marco de la celebración de dos décadas de trabajo como organización de la sociedad civil dedicada a la documentación, promoción y defensa de los derechos humanos en Chile, el Observatorio Ciudadano realizó un video conmemorativo con testimonios de personas que han sido clave en el quehacer de la institución.