• Su director José Aylwin expuso en el panel sobre Compromiso político de empresas con los derechos humanos, dando cuenta a través del análisis de la actividad de diferentes empresas tanto nacionales como transnacionales que cuentan con dichos compromisos, como tales compromisos son incumplidos.

• Tanto José Aylwin, como Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Diaguita y Agrícola de los Huascoaltinos, participaron en un evento paralelo -dentro de la misma Consulta Regional- sobre experiencias de Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos de proyectos de inversión, dando cuenta de los impactos en los derechos del pueblo diaguita en Chile de proyectos mineros canadienses.

 Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

Con la participación de delegados estatales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, representanes del ámbito académico y empresarial, embajadas y organismos internacionales, se realizó del 12 al 14 de diciembre en dependencias de Cepal en Santiago la tercera versión de la Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos, organizada por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y las empresas transnacionales de Naciones Unidas; y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH).

El objetivo de la reunión es contribuir al fortalecimiento de la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por parte de los Estados y las empresas, ello en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, además de generar un diálogo multi-actor para el intercambio de experiencias y estrategias que buscan garantizar el respeto de los derechos humanos en el ámbito corporativo.

La agenda de la reunión se estructuró sobre la base de los tres pilares que contienen los Principios Rectores, cuales son el deber de proteger, respetar y remediar. Por primera vez desde que se instituyó este espacio de intercambio por la ACNUDH el año 2015, se consideró la realización de eventos paralelos, a fin de permitir la difusión y debate de experiencias de trabajo en la materia en los distintos países de la región de América Latina y el Caribe.

Dichos eventos fueron organizados por entidades como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); International Corporate Accountability Roundtable (ICAR); Danish Institute for Human Rights; Unicef Chile; Programa de Magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile LLM-UC; Tlex Institute; Asociación Internacional para los Valores Humanos (AIVH); Conectas Direitos Humanos; Instituto Ethos; OXFAM America; Observatorio Ciudadano, Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER); Grupo Temático FIO sobre Derechos Humanos y Minería; la Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais; Fundación Libera contra la Trata de Personas; ConSuma ConCiencia; y Fundación Honra, entre otros.

Asimismo, se contemplaron reuniones con representantes de estados, empresas y sociedad civil organizadas por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezadas por la Relatora Soledad García, que tuvieron como objetivo recabar información de parte de estos distintos actores para fortalecer el trabajo de la Relatoría en materia de DESCA, y en empresas y derechos humanos.

Tras concluir los tres días de debate y actividades, el director del Observatorio Ciudadano, valoró el espacio y destacó señalando que “este permite compartir los avances en la acción de los estados, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil en materia de  empresas y derechos humanos, así como también identificar los  numerosos desafíos que aún existen para garantizar que la actividad empresarial se desarrolle con respeto y protección de los mismos derechos.” Al respecto, identificó los retos que existen en Chile en la materia, destacando entre ellos “la debilidad del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos recientemente aprobado por el gobierno para que los diferentes actores involucrados en la actividad empresarial asuman sus responsabilidades establecidas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia, la ausencia de un marco normativo adecuado, y la falta de consistencia de los compromisos voluntarios de las empresas en la materia”.

Señalo además la importancia de avanzar hacia el desarrollo de estándares vinculantes en la materia, relevando “la importancia del proceso impulsado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas trasnacionales y otros empresas en materia de derechos humanos”. Finalmente, si bien valoró el espacio convocado por la Oficina Regional de la ACNUDH para reflexionar sobre esta materia, propuso en esta tercera versión “que las consultas a futuro sean desarrolladas con una temática más acotada, y que éstas tengan lugar luego del desarrollo de consultas a nivel de cada país en que puedan participar un mayor número de actores, en particular de comunidades locales e indígenas afectadas en sus derechos por la actividad de empresas”.

Por su parte el presidente de la Comunidad Diaguita y Agrícola de los Huascoaltinos, Sergio Campusano, en cuyo territorio ancestral y legal se desarrollan distintos proyectos mineros canadienses, señaló que “si se ha avanzado en las exigencias teóricas a las que tienen que adecuarse los gobiernos y las empresas, en la práctica, sin embargo, es claro y se notó en esta tercera consulta que falta mucho por delante para poder alcanzar los indicadores proyectados y, me podría equivocar, pero también pareciera que sigue siendo la prioridad la rentabilidad a la antigua”.

Campusano destacó de esta versión de la consulta la realización de los eventos paralelos, pues en ellos fue posible informase en detalle de realidades que se producen en otros países de la región, y hablar con quienes están involucrados en estos procesos. “Quedé muy impactado con lo que pasó en Brasil, con el desastre minero dejado en río Doce, y de cómo la empresa y el gobierno ya transcurridos dos años, aún no muestran debido proceso, justicia a los responsables y un verdadero e integral Plan de Reconstrucción y acompañamiento a las víctimas”, finalizó.