- Entre ellas, solicitan que se dicte a la brevedad una norma interna que permita regularizar a la población venezolana que se encuentra en Chile, en situación migratoria irregular, considerando la especial situación socio política actual de su país, tal como han hecho otros países de la región.
Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano
Ante la ausencia de acciones efectivas por parte de las autoridades, una delegación de representantes de organizaciones por los derechos de las personas migrantes que vienen trabajando incansablemente en Iquique por dar apoyo a las cientos de familias venezolanas que han llegado a esa ciudad en busca de ayuda y refugio, se trasladó hasta Santiago para entregar al Presidente Sebastián Piñera y el jefe del Servicio Nacional de Migraciones un conjunto de demandas para hacer frente a la situación migratoria y humanitaria en la zona.
De acuerdo al Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), un total de 5.4 millones de venezolanos y venezolanas se encuentran actualmente buscando protección. En Chile, según el Servicio Jesuita Migrante, 12.935 personas de esta nacionalidad llegaron a Chile por pasos no habilitados. Cifra que aumentó a casi 18 mil entre enero y julio de 2021, y se incrementa día a día, sin que existan respuestas oportunas y adecuadas por parte del gobierno, como ha ocurrido en otros países de la región.
“Lo que ocurre hoy en Iquique, en el norte del país, es el resultado de la desidia que desde hace mucho tiempo caracteriza a las políticas migratorias del actual gobierno. Se ha dejado agravar una situación, sin darle respuesta y hoy, sin merecerlo, se habla de crisis migratoria cuando en realidad de lo que se trata es de una crisis de la política migratoria, producto de las medidas que no han adoptado y que han generado esta crisis humanitaria en la región, pues no existen políticas migratorias coordinadas de los diferentes países”, aclara Eduardo Cardoza, del Movimiento de Acción Migrante (MAM).
“Los países que mejor han gestionado esta situación regional han sido aquellos que tienen políticas coordinadas entre ellos como el Mercosur o ahora el Acuerdo Andino sobre Migraciones que permiten la libre movilidad de las personas y que regularizan a esta personas al interior de los países facilitando la movilidad”, agregó.
Por su parte Lorena Zambrano, de AMPRO-Tarapacá, organización que desde hace meses presta auxilio a las personas migrantes que llegan a la ciudad Iquique y que fue parte de la delegación, es enfática en denunciar que las acciones desplegadas hasta ahora, como son los albergues dispuestos por el gobierno, lejos de estar encaminados a brindar protección y asilo, son usados para concentrar en un mismo lugar a las familias migrantes que llegan y luego proceder a expulsiones masivas, que están prohibidas por el derecho internacional, tal ocurrió con la Escuela Centenario y la expulsión del 10 de febrero o la Estadía Sanitaria en el ex estadio Cavancha y la expulsión del 25 de abril.
Zambrano denuncia además las condiciones inhumanas en las que se tiene a las personas migrantes, incluidos niños y adultos mayores. “No podemos llamar ‘albergue transitorio’ a un container que no tiene ninguna adecuación, donde en el día te vas a morir de calor y en la noche del frío, con espacios cerrados en plena pandemia, y donde no van a encontrar todo lo que el gobierno falsamente está prometiendo”.
Respecto del petitorio
Recordando que los derechos de las y los migrantes venezolanos se encuentran protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a los que Chile está obligado a través de diferentes instrumentos internacionales que ha ratificado y se encuentran vigentes, en el petitorio demandan de manera urgente el “establecimiento de albergues para las personas migrantes venezolanas que se encuentran en situación de calle y administrativa irregular en las principales regiones y localidades” y que no sean antesala de expulsiones colectivas. Al respecto, exigen el cese inmediato de este tipo de expulsiones, extender el proceso de regularización extraordinario, y suprimir la exigencia de autodenuncia ante la PDI, que algunos servicios públicos exigen para brindar atención, lo cual no es exigido por la ley.
En el petitorio solicitan además que “la autoridad administrativa, con uso de sus facultades legales y reglamentarias, dicte a la brevedad una norma interna que permita regularizar a la población venezolana que se encuentra en Chile, en situación migratoria irregular, considerando la especial situación socio política actual de su país de origen”, tal como ocurrió en el año 2018, priorizando la regularización de niños, niñas y adolescentes, así como también a mujeres embarazadas y adultos y adultas mayores.
Finalmente, piden “asegurar la integridad física y psíquica de las personas migrantes ante la violencia xenófoba y racista de grupos nacionalistas que, en marchas no autorizadas, difunden odio y han actuado sin impedimentos por parte de las fuerzas de orden público, a pesar de agredir descontroladamente a familias enteras”.
Lea el petitorio completo en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/document/d/1NEAJHoaFaz_cxQsBHwInr8Cotvr5Sme6HsOBKhJJLAM
Mayores informaciones y entrevistas:
Lorena Zambrano, AMPRO-Tarapacá +56988100870
Eduardo Cardoza, MAM
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
