La medida fue impuesta por la Gobernación Provincial fuera del ámbito de sus atribuciones y comunicada de forma intempestiva el pasado 12 de enero, sin publicación en el Diario Oficial como exige la ley, por lo que más de 80 personas interpusieron un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Por Observatorio Ciudadano, 12 de febrero de 2018

Miembros de organizaciones por el derecho a la vivienda digna y migrantes entregaron hoy en La Moneda una carta dirigida a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la cual las directivas de los comités 12 de Marzo, 7 de Abril, Ecuachilepe y Unión Progreso del Macrocampamento Balmaceda de Antofagasta, solicitan la intervención de la mandataria en representación de 60 familias amenazadas por una orden arbitraria e ilegal de desalojo de la Gobernación Provincial de Antofagasta.

En efecto, el 11 de enero de 2016 dicha Gobernación dictó la Resolución Exenta N° 50, ordenando el traslado de pobladores que desde el año 2008 han ido ocupando la zona alta de la ciudad de Antofagasta en busca de una solución habitacional ante la ausencia de recursos para acceder a otras alternativas. En dichos terrenos, de propiedad fiscal, reparticiones públicas y privados han apoyado la regularización sanitaria e instalación de medidores.

Por lo mismo, fue toda una sorpresa cuando de forma totalmente intempestiva los pobladores del macrocampamento tomaron conocimiento el pasado 12 de enero, mediante una carta informativa firmada por el Intendente Regional y la Gobernadora Provincial (S), que serían trasladados a un “barrio transitorio”, sin considerarse su parecer ni participación en la decisión adoptada y altamente gravitante para sus vidas, no obstante la existencia de comités vecinales y un importante nivel de organización que permite diálogos frente a diversos temas.

Más aún, fue recién con la carta de enero pasado que los pobladores supieron de la existencia de la referida resolución dictada dos años atrás, la que acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos debió ser objeto de una publicación en el Diario Oficial, lo que no ha ocurrido hasta la fecha. Lo anterior, además, no obstante no estar entre las atribuciones que la ley otorga a la Gobernación Provincial el deducir acciones de desalojo respecto de persona alguna, por lo cual la disposición no solo debería ser nula de acuerdo a la Constitución Política, sino también es arbitraria e ilegal.

Por ello, un grupo de 86 pobladores interpusieron un recurso en contra de la Resolución, en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la cual fue declarada admisible, siendo ahora la justicia la que tiene en sus manos el deber de pronunciarse sobre estos hechos.

José Aguilar, uno de los dirigentes y voceros de las familias afectadas manifestó en la entrega simultánea, realizada en la Intendencia Regional de Antofagasta que: «Tomamos como ilegal la acción de desalojo de parte del Gobierno Regional. Y también la consideramos discriminatoria ya que en un principio el Gobierno decía que trasladaría a familias en riesgo extremo y luego cambió las condiciones, definiendo un polígono donde habían familias que no estábamos en extremo riesgo. Creemos que esto es una discriminación arbitraria, considerando que nosotros somos un 80% de población indígena, de quechuas y aymarás en el sector. Por tal motivo rechazamos esa orden de desalojo que el Gobierno Regional nos quiere imponer».

Por su parte, Elizabeth Andrade, miembro de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile hizo la siguiente declaración: «Denunciamos a las fundaciones que han estado dentro del macrocampamento amenazando con expulsiones del país, amenazando en que va a ir una pala mecánica a desarmar las casas delante de los niños y amedrentándolos con que las personas que no se vayan al Barrio Transitorio no podrían postular a viviendas en el futuro». Esto a raíz de relatos de siete familias que habían decidido irse al Barrio Transitorio dispuesto por el Gobierno, pero que habrían desistido de tal decisión al manifestar que lo hicieron presionadas, presiones que -recalcan- se mantienen hasta el día de hoy.

Contactos:

• José Aguilar, Comité 12 de marzo / +569 90172749
• Blanca Camuendo, Comité Simón Bolívar / +569 65645097
• Pablo Rojas, ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL / +569 88227146