NO ES NO: LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEBEN RESPETARSE POR LOS ESTADOS Y LAS EMPRESAS

POSICIÓN DEL TALLER DE PUEBLOS INDÍGENAS  A LA CUARTA CONSULTA REGIONAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Nosotros los pueblos originarios, afrodescendientes participantes en el taller “Consulta y consentimiento previo, libre e informado: Desafíos para la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes el contexto de la actividad empresarial”, realizado en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, el 02 de septiembre de 2019, hacemos llegar a los asistentes a la Cuarta Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos nuestra posición en relación a las importantes temáticas que nos convocan.

Constatamos con alarma que la actuación de empresas –especialmente extractivas– ha generado graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en un verdadero genocidio en contra de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe, por parte de los Estados. En muchos casos, tales actuaciones ponen en riesgo de extinción a culturas milenarias, pues representan una amenaza para nuestra existencia y la de los ecosistemas en que habitamos, configurando un modelo de desarrollo depredador, injusto y antidemocrático, ejemplificado en los recientes incendios  en la Amazonía.

La proliferación de actividades empresariales (extractivas, de agro negocio, infraestructura o energía) en nuestras tierras y territorios, así como en áreas protegidas, desconoce los derechos reconocidos en instrumentos internacionales ratificados por la mayor parte de los Estados de la región, como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes, o a los que han adherido, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o la Declaración Americana sobre derechos de los pueblos indígenas.

Denunciamos que los Estados de la región impulsan medidas legislativas y decisiones administrativas que promueven y facilitan el extractivismo y la actividad de las empresas, las cuales afectan directamente a nuestros pueblos y comunidades. Estas acciones lesionan gravemente nuestro derecho a la autonomía y la libre determinación y a definir nuestras prioridades de desarrollo. Igualmente, no consideran los efectos diferenciales en las mujeres, las niñas, niños, personas mayores, con discapacidad, trabajadores migratorios y otros grupos puestos en vulnerabilidad.

Constatamos que los procedimientos de consulta en relación a tales medidas –cuando son impulsados– se han convertido en procedimientos informativos y meramente administrativos, sin que se considere en ellos nuestro consentimiento libre, previo e informado como pueblos afectados. Ello resulta grave no solamente por la pérdida de confianza en estos procedimientos, sino porque desconsideran, y por lo mismo vulneran, un derecho fundamental, cual es el derecho a la libre determinación y a la autonomía como expresión en el contexto de actividades empresariales.

El irrespeto a la autonomía y la libre determinación afecta nuestro derecho al territorio, a los bienes naturales y a nuestras formas tradicionales de vida, deteriorando las condiciones sustanciales para el consentimiento previo, libre e informado. De esa forma, los Estados incumplen la obligación de proteger los derechos humanos reconocida en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos al aprobar dichas decisiones administrativas y legislativas inconsultas o que desconsideran la voluntad expresada por los pueblos y comunidades afectadas.

Igualmente, las políticas de criminalización, así como la violencia ejercida por los Estados y las empresas en contra de defensores de derechos, de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, han resultado en un grave incremento de los casos de homicidios y agresiones en contra de dichos defensores. Según Global Witness, en el último año fueron asesinados 164 defensores ambientales en el mundo, de los cuales 24 eran de Colombia, 20 de Brasil y 16 de Guatemala, muchos de ellos pertenecientes a pueblos indígenas. Nos declaramos en alerta y manifestamos nuestra indignación por los ataques contra defensores y defensoras del territorio, del ambiente y los derechos humanos en el contexto de la actividad de empresas.

Constatamos también cómo los Estados de la región suscriben acuerdos comerciales internacionales, con el fin de facilitar la inversión, sin prevenir que estos resulten en la afectación de nuestros derechos humanos, incluyendo el derecho humano al acceso al agua, incumpliendo con ello el deber de proteger los derechos humanos reconocidos en los mismos Principios Rectores. Tales acuerdos son aprobados y ratificados sin considerar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

Igualmente constatamos que, no obstante las declaraciones y compromisos de derechos humanos suscritos por las empresas, en la mayoría de los casos éstas no impulsan procesos de debida diligencia antes del desarrollo de sus actividades en territorios indígenas. Por lo mismo se hace urgente establecer mecanismos de fiscalización estatal para asegurar que sus actividades no vulneren los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, en particular el agua, la tierra, el territorio y los bienes naturales.

Constatamos además que las empresas no cuentan con mecanismos de reclamación que permitan la reparación de los daños causados por sus actividades directas o indirectas a través de su cadena de operaciones, incluyendo procesos de corrupción y fraude. De igual manera los estados no cuentan con mecanismos efectivos para la reclamación por los mismos daños, que permitan además sancionar a las empresas por sus acciones que resultan en la violación de derechos humanos de pueblos indígenas y comunidades locales.

Por todo lo anterior es que formulamos las siguientes recomendaciones a los actores relevantes en la protección y garantía de nuestros derechos vulnerados frente a la actividad de empresas:

RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE

• Que cumplan con las obligaciones referidas a los derechos de pueblos originarios, afrodescendientes y las comunidades locales contraídas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y, en especial, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas y Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas y jurisprudencias de Corte Inter Americana de Derechos Humanos (CIDH).
• En particular que conforme a sus compromisos internacionales respeten y garanticen el derecho al CLPI como una expresión del derecho de libre determinación y autonomía.
• Que se abstengan de proveer seguridad jurídica y física usando la fuerza pública para las instalaciones de las empresas en territorios indígenas.
• Que pongan término a las diferentes formas de criminalización de nuestros defensores y defensoras, respeten los mecanismos de tutela constitucional y tomen en cuenta el poder asimétrico de las empresas trasnacionales por la dimensión de sus impactos en los países.

• Que investiguen, sancionen y fiscalicen los comportamientos empresariales que vulneran los derechos humanos de las comunidades, pongan fin a la cooptación, la corrupción y el fraude en los procesos de consulta.
• Que adecuen los diferentes acuerdos, mecanismos y estrategias que impulsan para atraer inversiones, toda vez que estas van en detrimento en la continuidad histórica cultural de las poblaciones indígenas y que detengan los vínculos viciados que llevan a delitos ambientales y sociales.
• Que ratifiquen el Acuerdo de Escazú.
• Que apoyen el Tratado Vinculante, un Tratado internacional sobre los deberes de las empresas de respetar los Derechos Humanos, apoyando la inclusión en el derecho consentimiento previo, libre e informado, en el marco de la autonomía y la libre determinación.

RECOMENDACIONES A LAS EMPRESAS

• Debida diligencia. Respeto a territorios de ocupación tradicional, respeto a prioridades de desarrollo y planes de vida de los pueblos y comunidades. Respeto a decisiones de los pueblos indígenas a través de sus instituciones propias y legitimas.
• Que no se abroguen y suplante el rol de los estados.
•  Que respeten las decisiones de los pueblos que se oponen a las concesiones extractivas en sus territorios ancestrales.
• Abstenerse de capturar los estados.

RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LOS ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

• Que den participación efectiva y en igualdad de condiciones a las voces indígenas para el diseño de cualquier proyecto programa dirigido a países.
• Que se abstengan de apoyar, financiar los proyectos y programas que no cuenten con el consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas.
• Que retiren los apoyos financieros a las empresas que violan los derechos humanos a los pueblos indígenas, afros y campesinos.

A LOS ORGANOS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS Y DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

• Garantizar la participación equitativa en los espacios oficiales.
• Apoyo en formación y defensa legal.
• Avanzar en la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, ambientales y territoriales.
• Promover encuentros de los pueblos indígenas para revisar analizar las políticas extractivas empresariales en los países.

“NO MEANS NO: INDIGENOUS AND AFRO-DESCENDANT PEOPLES’ AUTONOMY AND FREE SELF-DETERMINATION MUST BE RESPECTED BY STATES AND COMPANIES”

INDIGENOUS PEOPLES WORKSHOP’S POSITION REGARDING THE FOURTH LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN REGIONAL CONSULTATION ABOUT COMPANIES AND HUMAN RIGHTS

We, the native and afro-descendant peoples participating in the workshop “Consulting and prior, free and informed consent: Challenges for the indigenous and afro-descendant peoples’ autonomy and free self-determination in the context of entrepreneurial activity”, carried out in the ECLAC headquarters in Santiago, Chile, on 02 September 2019, provide to the assistants to the Fourth Latin America and the Caribbean Regional Consultation about Companies and Human Rights, our position regarding these important topics which bring us together.

We note with concern that companies’ behavior –especially extractive industry- has generated serious and systematic human rights violations, within a true genocide from the States against our Latin America and the Caribbean communities. In many cases, those proceedings put millenarian cultures at risk of extinction, because they constitute a threat to our existence and that of the ecosystems that we inhabit, shaping a predatory, unfair and undemocratic development model, exemplified by the recent fires in Amazonia.

The proliferation of entrepreneurial activities (extractive, agribusinesses, infrastructure or energy activities) in our lands and territories, as well as within protected areas, ignores the rights acknowledged in international instruments, ratified by the majority of the States of the region, such as ILO Convention 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, or those that they have adhered to, such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, or the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

We denounce that de regional States boost regulatory measures and administrative decisions that promote and facilitate extractivism and the companies’ activity, which directly affect our people and communities. These actions seriously injure our right to autonomy and free self-determination, and to define our development priorities. Likewise, they do not take into account the differential effects on women, girls, boys, old persons, handicapped persons, migrant workers, and other groups in vulnerable situations.

We observe that the consulting procedures regarding such measures –when they are promoted-, have turned into informative and merely administrative procedures, without considering in them our free, prior and informed consent, as concerned peoples. That results grave not only because of the loss of confidence in these procedures, but also because they disregard, and thus infringe a fundamental right, which is the right to free self-determination and to autonomy, in the context of entrepreneurial activities.

The disrespect to autonomy and free self-determination affects our right to territory, to natural goods and to our traditional ways of life, deteriorating the substantive conditions for prior, free and informed consent. This way, States breach the obligation of protecting human rights acknowledged in the United Nations Guiding Principles on Human Rights, by approving those administrative and legislative decisions without consultation, or that disregard the will expressed by the peoples and communities affected.

Equally, the criminalization policies, as well as the violence inflicted by the States against the indigenous peoples, afro-descendants and local communities’ defenders, have resulted into a serious increase in the cases de homicides and aggressions against such defenders. According to Global Witness, during the last year 164 environmental defenders were killed around the world, of which 24 were from Colombia, 20 from Brazil, and 16 from Guatemala, many of them belonging to indigenous groups. We declare ourselves in alert, and manifest our outrage at the attacks against female and male advocates of the territory, of the environment, and of human rights within the context of industrial activity.

We observe as well how the States of the region subscribe international trade agreements, with the purpose of facilitating investment, without anticipating that these may result into the affectation of our human rights, including the human right of access to water, thus disregarding their duty of protecting human rights, recognized in those Guiding Principles. Such agreements are approved and ratified without considering the consulting and the prior, free and informed consent.

We equally verified that, despite the statements and human rights commitments subscribed by the companies, in the majority of cases these do not promote due diligence processes before the development of their activities in indigenous territories. Consequently, it becomes urgent to establish mechanisms of state monitoring, in order to guarantee that their operations do not violate indigenous peoples, afro-descendant and peasants’ human rights, particularly those related to the access to water, land, territory and natural assets.

We determined as well, that the companies do not count on grievance mechanisms that allow the repair for the damages caused by their direct or indirect activities through their operational chains, including corruption and fraud processes. Likewise, States do not count on effective mechanisms for the claim against such damages, which also allow to sanction companies for those actions that result into the human rights violation of indigenous and local communities.

Given the above is that we make the following recommendations to those actors that are relevant in the protection and safeguard of our rights, violated by companies operation:

RECOMMENDATIONS TO THE LATINAMERICAN AND THE CARIBBEAN STATES:

• To fulfil their obligations referred to native peoples, afro-descendants and local communities’ rights, as undertaken in the international human rights instruments and, particularly, the ILO Convention 169, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the jurisprudence of Inter-American Court of Human Rights (CIDH).

 

• Specially, that in conformity with their international commitments, they respect and guarantee the right to Free, Prior and Informed Consent, as an expression of free right to self-determination and autonomy.

• That they abstain from providing juridical and physical security for the companies’ facilities within indigenous territories by using public armed forces.
• That they put an end to the different forms of criminalization of our male and female defenders, respect the constitutional protection mechanisms, and take into account the asymmetric power of multinational companies, because of the magnitude of their impacts over the countries.

• That they research, sanction, and audit companies’ behavior that violate communities’ human rights, and end up co-optation, corruption and fraud in the consulting processes.
• That they adapt the different agreements, mechanisms and strategies they promote in order to attract investment, given that they are detrimental to the historical and cultural continuity of indigenous peoples, and that they stop flawed ties that lead to environmental and crimes.
• That they ratify the Escazú Agreement.
• That they support the Binding Treaty, an international treaty about the companies duties of respecting Human Rights, supporting the introduction into The Law of prior, free and informed consent, within the frame of autonomy and free determination.

RECOMMENDATIONS TO THE COMPANIES

• Due diligence. Respect for the traditional settling territories, respect to peoples and communities life plans and development priorities. Respect for the decisions made by indigenous peoples through their own and legitimate institutions.
• That they don’t abrogate and supplant the role of the States.
• That they respect the decisions of the peoples that oppose to the extractive concessions within their ancestral territories.
• Refrain from capturing States.

RECOMMENDATIONS TO THE FINANCIAL INSTITUTIONS AND THE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCIES

• That they give effective participation and equal conditions to the indigenous voices, regarding the design of any project or program aimed to these countries.
• That they hold back from supporting and funding projects and programs that do not count on indigenous peoples’ free, prior and informed consent.
• That they withdraw the financial support to those companies that violate indigenous peoples, afro-descendant and peasants’ human rights.

RECOMMENDATIONS TO THE UNITED NATIONS AND INTER-AMERICAN HUMAN RIGHT SYSTEM’S ORGANS

• To guarantee the equal participation within the official spheres.
• Backing in legal training and defense.
• Move towards the male and female defenders of human, environmental and territorial rights.
• Promote meetings among indigenous peoples in order to review and analyze extractive entrepreneurial policies in our countries.