El Observatorio Ciudadano en conjunto con la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, Red de Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar (Comunidad Indígena At’ap, Comunidad Kawésqar “Residente Río Primero”, Comunidad Inés Caro, Comunidad Kawésqar Aswual Lajep y Grupos Familiares Nómades del Mar) y Mujeres y ECMPO de Walaywe (Pueblo Mapuche), presentó un informe al Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Don José Francisco Calí Tzay, para el 51 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
A continuación, el informe completo:
Mujeres Indígenas y el desarrollo, la aplicación, la preservación y la transmisión del conocimiento científico
Informe temático conjunto dirigido al Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Don José Francisco Calí Tzay, para el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, elaborado por:
- Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar
- Red de Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar (Comunidad Indígena At’ap, Comunidad Kawésqar “Residente Río Primero”, Comunidad Inés Caro, Comunidad Kawésqar Aswal Lajep y Grupos Familiares Nómades del Mar)
- Mujeres y ECMPO de Walaywe (Pueblo Mapuche)
- Observatorio Ciudadano
Marzo 2022
Introducción
De acuerdo al último Censo de 2017, las personas que nos auto identificamos como indígena en Chile somos 2.185.792 personas, lo que equivale al 12.8% de la población total del país (17.076.076). De ellas, más de la mitad nos reconocemos como mujeres indígenas (1.107.681 personas)[i], pertenecientes a uno de los diez pueblos indígenas reconocidos legalmente, las mismas que hemos sido clave para el desarrollo social, espiritual, político y cultural de los diferentes pueblos indígenas que habitan Chile; sin embargo, las brechas en nuestras condiciones, oportunidades e implementación de nuestros derechos respecto a los hombres indígenas y a las mujeres no indígenas siguen siendo significativas hasta la actualidad[ii].
Durante las últimas décadas las mujeres indígenas nos hemos venido organizando, compartiendo posturas críticas y experiencias personales en torno a la necesidad de una agenda que visibilice el rol de la mujer indígena en materias que van desde salud, educación, acceso a la justicia, territorio, medio ambiente, participación, desarrollo productivo, tecnología y saberes tradicionales, entre otros; señalando que históricamente las propuestas y demandas indígenas se articulan en torno a la identidad indígena sin problematizar los matices de las diferencias de género al interior de los pueblos indígenas.
Es por ello, que como mujeres indígenas venimos levantando cada vez más la voz y el sentir, presentando nuestros aportes, problemáticas y realidades. Siendo el actual escenario político, con una Convención Constituyente paritaria y con escaños reservados, y el nuevo gobierno que asumió su mandato en marzo 2022, una oportunidad para avanzar en superar las brechas que enfrentamos las mujeres y para garantizar nuestros derechos y los derechos de nuestros pueblos. Así como a aportar en general a la construcción de un nuevo país, porque avanzar hacia el buen vivir para todos los pueblos no puede concebirse sin el bienestar de todas las mujeres.
1.- El rol y aporte de las mujeres indígenas
Las mujeres indígenas que habitamos Chile cumplen un rol fundamental en el desarrollo social, político y cultural de nuestros pueblos y naciones, ya sea desde nuestro rol en la transmisión de los saberes tradicionales, en la revitalización de nuestros idiomas, en nuestro aporte a la soberanía alimentaria y el cuidado de las semillas, o en la lucha contra el cambio climático, a través de los conocimientos tradicionales, respecto al manejo y conservación de los bienes comunes. Así como en el rol que desempeñamos en el contexto actual de pandemia, donde aportamos desde nuestros conocimientos en salud, en el uso de las plantas medicinales, y en la activación de redes para el trueque e intercambios solidarios de nuestros productos.
Asimismo, cumplimos un rol importante como defensoras del territorio, el mar y del medio ambiente. Por ejemplo, Ercilia Araya, lideresa Colla, que ha sido criminalizada y hostigada por defender los derechos de su comunidad frente al daño ambiental de diversas mineras canadienses en la región de Atacama[iii] y quien en enero de 2022 logró suspender a través de un recurso judicial la adjudicación de una licitación de litio por afectar el territorio de su comunidad y haber sido realizado sin un proceso de consulta[iv]; o la Machi Millaray, líder espiritual mapuche que viene luchando por la protección del Río Pilmaiken, estrechamente relacionado al Complejo Natural Ceremonial Ngen Mapu Kintuante, ubicado en el sector rural de Maihue- Caramallín- región de Los Lagos y región de Los Ríos, que se encuentra amenazado con la construcción de dos proyectos hidroeléctricos (proyecto hidroeléctrico Osorno y Los Lagos), los cuales fueron autorizados sin un proceso de consulta y sin obtener el consentimiento de las comunidades afectadas[v]. Logrando que en diciembre de 2021, la Corte Suprema ordenara al Consejo de Monumentos Nacionales realizar un proceso de consulta indígena por la instalación de la hidroeléctrica de Statkraft[vi], y en enero de 2022, a través de otro recurso judicial, ordenó a CONADI resolver la reivindicación de territorio sobre el Complejo Natural Ceremonial que han interpuesto las comunidades afectadas[vii].
Las mujeres indígenas también ejercemos una activa participación política en nuestros territorios, comunidades, organizaciones y en la política nacional donde cada vez estamos más presentes para denunciar el despojo de nuestros territorios, del agua y el mar, de los bienes comunes, y las políticas extractivas, neoliberales y patriarcales del Estado. Ejemplo de ello, es la presencia que tuvimos en las movilizaciones sociales que se dieron a raíz del estallido social del 18 de octubre 2019 y el posterior debate para la elaboración de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, donde señalamos que las política extractivas del gobierno son también una forma de violencia que nos vemos obligadas a vivir a diario, pues afectan no solo nuestros territorios y sino también nuestras formas de vida, al ser las encargadas de transmitir la cultura y las tradiciones a las nuevas generaciones, como el cuidado de la naturaleza, la protección de plantas medicinales, la soberanía alimentaria y los sitios de significación cultural y espiritual[viii].
En este contexto, el rol de las mujeres indígenas empieza a relevar su real importancia, no solo por el hecho histórico que significa que de los 17 escaños reservados para los y las representantes indígenas, 9 de ellos son para mujeres indígenas, sino que además haya resultado electa para presidir la Convención a una mujer mapuche, la Dra. Elisa Loncón. Y que actualmente la participación y aportes de las mujeres indígenas siga siendo fundamental al trabajo de la Convención Constituyente, como se puede apreciar en las diversas “iniciativas de normas de pueblos originarios” que han presentado diferentes colectivos de mujeres indígenas buscando garantizar nuestros derechos en la nueva carta fundamental: como el derecho a vivir una vida libre violencias, exigiendo al Estado el deber de prevenir, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres indígenas, especialmente aquellas que sean producto de la desigualdad estructural; el garantizar una educación indígena con enfoque antirracista, que permita educarse en un espacio libre, sano y sin violencia; el derecho a la participación de las mujeres indígenas garantizando la implementación de criterios de representatividad y paridad que permitan asegurar la participación efectiva de la mujer indígena en cargos políticos y dentro de sus comunidades; la creación de tribunales indígenas con perspectiva de género; el garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas pertenecientes a naciones originarias de acuerdo a las costumbres de cada pueblo; el reconocer y promover la producción alimentaria, junto a la distribución y consumo de alimentos; la defensa del territorio y maritorio; entre otras importantes iniciativas.
2.- Brechas y desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas
A pesar de los aportes vitales que realizamos las mujeres indígenas, somos quienes afrontamos las mayores desigualdades sociales y brechas de género en el país, debido a la intersección que existe por ser mujer e indígena. Lo que se aprecia, por ejemplo, en mayores barreras en el acceso a la justicia, a la educación y a la salud de calidad. Además, por ser quienes afrontamos mayores situaciones de discriminación y violencia, entre otros, que se manifiestan en tasas de pobreza por ingresos y multidimensional que se acercan respectivamente al 18 por ciento y al 30 por ciento frente al 11 por ciento y 20 por ciento de las mujeres no indígenas[ix]. Sumado a las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, el alto porcentaje de hogares con jefatura femenina por pertenencia a pueblos indígenas llega al 44 por ciento[x], en muchos casos debido a la migración de las parejas que salen a trabajar lejos, con la consecuente sobrecarga de trabajo para las mujeres que quedan solas a cargo de la casa, los hijos, la chacra y los animales.
Esta situación se agrava con las desigualdades de género, que afectan tanto a la mujer indígena como la no indígena, tal como las bajas tasas de participación laboral, que en la zona rural llega al 32,1 por ciento de la tasa de ocupación para las mujeres, frente al 64,7 por ciento de la tasa de ocupación para los varones[xi]. Además, cuando las mujeres indígenas rurales podemos acceder al trabajo, la probabilidad que este sea informal, inestable o con bajos ingresos es mayor que en el caso de los hombres, siendo que nuestros ingresos principales derivan de actividades vinculadas con la agricultura y el comercio. A esto se suma la violencia hacia las mujeres, que aún existe y afecta las relaciones de complementariedad entre los géneros. Además de ser quienes asumen las mayor cantidad de tareas de cuidado y crianza.
3.-Las mujeres indígenas de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios -ECMPO
La figura jurídica de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (en adelante ECMPO) , reconocida en la Ley 20.249 de 2008, crea “el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero” (Art. 3). Por lo que mediante esta ley se reconoce y pone en valor la “costumbre” de las comunidades indígenas en torno al mar, y sus conocimientos y modos de vida ancestrales ligados al borde costero, como la pesca, recolección, la navegación, el uso medicinal y ceremonial de dichos espacios, entre otros.
Desde los territorios los ECMPO son espacios de reivindicación territorial porque bajo la aplicación de la Ley 20.249 las comunidades ejercen el derecho a solicitar un espacio costero que ancestralmente hemos usado y cuidado, y a su vez son espacios que permiten validar los conocimientos de las mujeres; ya que vienen a relevar los conocimientos tradicionales de las mujeres que habitamos dichos espacios; ya que en casi un 90% de los casos somos las mujeres indígenas las que realizamos y trasmitimos las prácticas consuetudinarias de dichos espacios y manejamos de forma sustentable los recursos del mar para: alimentación familiar y comunitaria; uso medicinal, pues el mar forma parte de nuestros sistemas de salud y es el lugar de donde extraemos medicina de los productos y animales del mar; uso agrícola, a través de la recolección de los productos de mar para hacer producir las huertas, como las algas o el “pelillo” que usamos como fertilizantes; como medio de conectividad con otras islas para ir fortaleciendo nuestra territorialidad; como uso ceremonial, en el sentido que el mar está estrechamente conectado con la espiritualidad y cosmovisión de nuestros pueblos de mar, entre otros.
Como bien señala Pamela Zuñiga, mujer mapuche de la isla de Quinchao, Chiloé: «Los ECMPO, su esencia es la valoración de los oficios, la valoración de la sabiduría ancestral, y en este territorio esa sabiduría ancestral está muy dada por las mujeres, son ellas las que conservan y las que entregan esa información, ese saber, que lo comparten, y que quizás por mucho tiempo guardaron silencio, pero ahora son libres de decirlo. Porque igual hubo un periodo en que no se atrevían a hablar de esto y ahora sí lo hacen, entonces, como que es una oportunidad también para ellas.”
Así, las contribuciones que realizamos en estos espacios son altamente relevantes; pues aportamos -a través de nuestros roles tradicionales o de dirigentas en nuestras comunidades- a una toma de decisiones más democrática y buscando siempre el bienestar común, así como las sustentabilidad de los recursos; conservando y trasmitiendo nuestros conocimientos ancestrales sobre el mar a las siguientes generaciones; aportando a nuestra economía familiar y local con nuestro trabajo en el mar; y contribuyendo a enfrentar el cambio climático, adaptándonos a los cambios que se vienen dando en nuestros territorios a través de nuestros conocimientos ancestrales; así como protegiendo y defendiendo el territorio y el mar de la intervención de la industria extractiva.
Sin embargo, las amenazas que enfrentamos en dichos espacios son múltiples, resaltando entre ellas, la actividad de la industria salmonera y el grave impacto que ocasionan a nuestros derechos colectivos. La industria salmonera, que comienza desarrollarse en Chile desde 1969 bajo un convenio de cooperación con el gobierno de Japón alcanza hoy gran relevancia en la economía nacional y a nivel mundial, representando cerca del 30% de la producción global y ocupando el segundo lugar de la producción de salmón después de Noruega. En Chile, concentra su producción principalmente en la Patagonia, entre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde encuentra las condiciones óptimas para su desarrollo. Y se emplaza a la vez en espacios que alberga una gran biodiversidad, terrestre y marina, siendo también territorios de uso y ocupación tradicional de los pueblos Mapuche (lafkenche y williche), Kawésqar y Yagán. En consecuencia, la expansión de esta industria y sus prácticas, han generado crecientes conflictos socio ambientales críticos que han ido alertando sobre sus impacto en los derechos humanos.
Estos impactos han sido documentados en el “Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos”[xii], el que presenta los resultados de un estudio elaborado entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) a fines del 2021. Estudio que analiza y documenta –desde una perspectiva de derechos humanos– los impactos de la salmonicultura en el medio ambiente, las comunidades locales y los y las trabajadores/as.
Entre los impactos en los derechos de pueblos indígenas, los principales hallazgos dan cuenta de una serie de derechos consagrados por la UNDRIP y el Convenio 169 de OIT que están siendo vulnerados. Entre ellos, se señala que “existe la percepción de que Estado y empresas comprenden el desarrollo de una manera muy diferente a los pueblos indígenas – e imponen esa manera de comprenderlo-, lo que pone en riesgo el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural”. En síntesis, las vulneraciones se encuentran especialmente en materia de tierras, territorios y recursos naturales, existiendo destrucción de sitios de significación cultural y espiritual, falta de consulta y participación indígena en cuestiones que son susceptibles de afectar nuestros derechos, ocupación de la industria salmonera de nuestros territorios, contaminación de nuestros recursos o bienes comunes, entre otros. Vulneraciones que si bien afectan a los pueblos indígenas en general, afectan con especial énfasis a las mujeres, al tener un rol central en la conservación de dichos espacios y en el uso de los recursos marinos- que se encuentran cada vez más escasos- para nuestro sustento familiar, así como en la transmisión de conocimientos sobre prácticas y usos consuetudinarios que realizamos en dichos espacios.
Y a pesar de los graves impactos evidenciados por este estudio y de los innumerables esfuerzos que venimos realizando por frenar los avances de esta industria[xiii], a pocas semanas de dejar el cargo, el presidente Sebastián Piñera puso suma urgencia a la tramitación de la iniciativa que crea las “concesiones acuícolas sustentables”[xiv], que impulsaría las concesiones acuícolas en áreas protegidas. De ser aprobada, afectará especialmente a comunidades Kawésqar, ya que como señala en su texto, en la región de Magallanes “[…] el único espacio libre para el desarrollo de la acuicultura es la Reserva Nacional Kawésqar”, área protegida que se emplaza sobre territorio ancestral de dicho pueblo. Está por verse cómo el nuevo gobierno abordará esta problemática.
Más allá de los impactos a nuestros territorios, las mujeres de espacios costeros nos enfrentamos también a un sin número de dificultades para desarrollar los diversos roles que realizamos en ellos, como la excesiva burocracia del Estado en la tramitación de las solicitudes de los ECMPO, que deberían darse en un plazo legal de dos años y medio, pero actualmente demora en promedio, más de 6 años y medio. Lo que cansa y desalienta a nuestras comunidades, y a las mujeres que muchas veces somos las encargadas de realizar los trámites administrativas para las solicitudes de ECMPO y las encargadas de mediar entre las autoridades y los miembros de la comunidad. Además de tener que compatibilizar este trabajo con las labores de cuidado, crianza y trabajo en el mar. Por ello, esperamos y solicitamos al nuevo gobierno, que los procesos de tramitación de los ECMPO pueda acelerarse a fin de garantizar nuestros derechos en dichos espacios, considerando en los procesos administrativos las particularidades de los diversos territorios y pueblos indígenas que habitan estos espacios.
Asimismo, nuestros roles tradicional en dichos espacios pocas veces son reconocidos, como el rol de pescadoras o navegantes, lo cual limita nuestra vinculación con el mar. Ello, unido a la ausencia de políticas públicas y recursos para dinamizar nuestras economías locales y capacitarnos sobre nuestros derechos, lo que limita y dificulta la invaluable tarea que realizamos en dichos espacios.
Es por ello, que en el actual escenario político que nos encontramos, recientemente desde mediados de marzo de 2022 las mujeres originarias de espacios costeros marinos a nivel nacional venimos “tejiendo” y articulando la «Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar”, para reflexionar sobre los aportes y contribuciones que realizamos las mujeres en los espacios costeros y para hacer frente en conjunto a las diversas desigualdades que enfrentamos en estos espacios y articular en conjunto nuestra defensa del mar y por la sostenibilidad de los recursos marinos y la biodiversidad. Una red que estará vigilante y alerta de las políticas públicas y normas que vayan en desmedro de nuestros derechos territoriales y nuestra gobernanza del mar.
Notas
[i] Censo 2017, INE Chile. https://historico-amu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/radiografia-de-genero-pueblos-originarios-chile2017.pdf.
[ii] Por ejemplo: la escolaridad de las mujeres indígenas presenta un promedio de 10 años frente a la de una mujer no indígena que presenta un 10,9 años. Encuesta Casen 2015.
[iii] Ercilia Araya: la lideresa Pai- Ote Criminalizada por luchar contra las mineras canadienses en Chile. En: https://observatorio.cl/ercilia-araya-la-lideresa-pai-ote-criminalizada-por-luchar-contra-las-mineras-canadienses-en-chile/
[iv] Ver: https://www.araucaniacuenta.cl/nuevo-reves-judicial-del-gobierno-en-licitacion-del-litio-a-transnacionales-corte-de-copiapo-no-acoge-recursos-presentados-por-ministerio-de-mineria/
[v] Tras 10 años de lucha: Un triunfo jurídico de las comunidades que defienden el río Pilmaiken. En: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020/02/05/tras-10-anos-de-lucha-un-triunfo-juridico-de-las-comunidades-que-defienden-el-rio-pilmaiken.html
[vi] Ver: https://interferencia.cl/articulos/corte-suprema-ordena-al-consejo-de-monumentos-hacer-consulta-indigena-por-instalacion-de
[vii] Ver:https://www.diarioconstitucional.cl/2022/01/24/falta-de-diligencia-de-la-conadi-ante-la-solicitud-de-reivindicacion-de-territorio-ceremonial-mapuche-williche-que-una-empresa-transfirio-a-titulo-gratuito-a-una-sola-comunidad-indigena-vulnera-la-i/
[viii] https://www.lemondediplomatique.cl/mujeres-mapuche-y-sus-luchas-por-un-buen-vivir-para-todos-y-todas-por-millaray.html
[ix] Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-RIMISP (2017). Quiénes son las mujeres indígenas en Chile. https://www.rimisp.org/noticia/quienes-son-las-mujeres-indigenas-en-chile/
[x] Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional- Casen 2017. Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2017
[xi] Ibid. Cit.
[xii] Disponible en: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1739
[xiii] Por ejemplo, un reciente fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección de comunidades indígenas y ONGs en contra de relocalización de centros de cultivo de salmones en la Reserva Nacional Kawésqar por falta de un proceso de participación ciudadana antes de aprobar los proyectos. Ver: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/68596
[xiv] Proyecto de Ley Boletín Nº 14811-21, disponible en: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15302&prmBOLETIN=14811-21
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