Organizaciones de Iquique entregan petitorio en La Moneda con demandas para abordar la crítica situación migratoria y humanitaria en esa ciudad

  • Entre ellas, solicitan que se dicte a la brevedad una norma interna que permita regularizar a la población venezolana que se encuentra en Chile, en situación migratoria irregular, considerando la especial situación socio política actual de su país, tal como han hecho otros países de la región.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

Ante la ausencia de acciones efectivas por parte de las autoridades, una delegación de representantes de organizaciones por los derechos de las personas migrantes que vienen trabajando incansablemente en Iquique por dar apoyo a las cientos de familias venezolanas que han llegado a esa ciudad en busca de ayuda y refugio, se trasladó hasta Santiago para entregar al Presidente Sebastián Piñera y el jefe del Servicio Nacional de Migraciones un conjunto de demandas para hacer frente a la situación migratoria y humanitaria en la zona.

De acuerdo al Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), un total de 5.4 millones de venezolanos y venezolanas se encuentran actualmente buscando protección. En Chile, según el Servicio Jesuita Migrante, 12.935 personas de esta nacionalidad llegaron a Chile por pasos no habilitados. Cifra que aumentó a casi 18 mil entre enero y julio de 2021, y se incrementa día a día, sin que existan respuestas oportunas y adecuadas por parte del gobierno, como ha ocurrido en otros países de la región.

“Lo que ocurre hoy en Iquique, en el norte del país, es el resultado de la desidia que desde hace mucho tiempo caracteriza a las políticas migratorias del actual gobierno. Se ha dejado agravar una situación, sin darle respuesta y hoy, sin merecerlo, se habla de crisis migratoria cuando en realidad de lo que se trata es de una crisis de la política migratoria, producto de las medidas que no han adoptado y que han generado esta crisis humanitaria en la región, pues no existen políticas migratorias coordinadas de los diferentes países”, aclara Eduardo Cardoza, del Movimiento de Acción Migrante (MAM).

“Los países que mejor han gestionado esta situación regional han sido aquellos que tienen políticas coordinadas entre ellos como el Mercosur o ahora el Acuerdo Andino sobre Migraciones que permiten la libre movilidad de las personas y que regularizan a esta personas al interior de los países facilitando la movilidad”, agregó.

Por su parte Lorena Zambrano, de AMPRO-Tarapacá, organización que desde hace meses presta auxilio a las personas migrantes que llegan a la ciudad Iquique y que fue parte de la delegación, es enfática en denunciar que las acciones desplegadas hasta ahora, como son los albergues dispuestos por el gobierno, lejos de estar encaminados a brindar protección y asilo, son usados para concentrar en un mismo lugar a las familias migrantes que llegan y luego proceder a expulsiones masivas, que están prohibidas por el derecho internacional, tal ocurrió con la Escuela Centenario y la expulsión del 10 de febrero o la Estadía Sanitaria en el ex estadio Cavancha y la expulsión del 25 de abril.

Zambrano denuncia además las condiciones inhumanas en las que se tiene a las personas migrantes, incluidos niños y adultos mayores. “No podemos llamar ‘albergue transitorio’ a un container que no tiene ninguna adecuación, donde en el día te vas a morir de calor y en la noche del frío, con espacios cerrados en plena pandemia, y donde no van a encontrar todo lo que el gobierno falsamente está prometiendo”.

 

Respecto del petitorio

Recordando que los derechos de las y los migrantes venezolanos se encuentran protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a los que Chile está obligado a través de diferentes instrumentos internacionales que ha ratificado y se encuentran vigentes, en el petitorio demandan de manera urgente el “establecimiento de albergues para las personas migrantes venezolanas que se encuentran en situación de calle y administrativa irregular en las principales regiones y localidades” y que no sean antesala de expulsiones colectivas. Al respecto, exigen el cese inmediato de este tipo de expulsiones, extender el proceso de regularización extraordinario, y suprimir la exigencia de autodenuncia ante la PDI, que algunos servicios públicos exigen para brindar atención, lo cual no es exigido por la ley.

En el petitorio solicitan además que “la autoridad administrativa, con uso de sus facultades legales y reglamentarias, dicte a la brevedad una norma interna que permita regularizar a la población venezolana que se encuentra en Chile, en situación migratoria irregular, considerando la especial situación socio política actual de su país de origen”, tal como ocurrió en el año 2018, priorizando la regularización de niños, niñas y adolescentes, así como también a mujeres embarazadas y adultos y adultas mayores.

Finalmente, piden “asegurar la integridad física y psíquica de las personas migrantes ante la violencia xenófoba y racista de grupos nacionalistas que, en marchas no autorizadas, difunden odio y han actuado sin impedimentos por parte de las fuerzas de orden público, a pesar de agredir descontroladamente a familias enteras”.

 

Lea el petitorio completo en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/1NEAJHoaFaz_cxQsBHwInr8Cotvr5Sme6HsOBKhJJLAM

 

Mayores informaciones y entrevistas:

Lorena Zambrano, AMPRO-Tarapacá +56988100870

Eduardo Cardoza, MAM

Organizaciones sociales, académicas y académicas presentan documentos con aspectos mínimos para garantizar la participación ciudadana en la Convención

  • A casi una semana de la instalación oficial de la Convención Constitucional, más de 80 organizaciones sociales, centros de estudio, representantes de la academia dieron a conocer el documento denominado “Aspectos mínimos para garantizar la participación e incidencia ciudadana en la Convención Constitucional”.
  • El texto busca establecer canales formales desde la propia Convención Constitucional para garantizar, posibilitar, recibir y conducir una participación ciudadana inclusiva e incidente.

 

Ocho puntos tiene el documento trabajado desde hace un par de semanas por diversas organizaciones sociales, centros de estudios, academia, para poder establecer aspectos mínimos para garantizar la participación ciudadana en la Convención, esto, en el contexto de lo que está por determinar por los las y los constituyentes, ante la posibilidad de una comisión de participación ciudadana que pueda resguardar su ejercicio.

Dentro de los puntos que se destacan, están: resguardar instancias para recibir las propuestas que ya han sido elaboradas desde los territorios, organizaciones sociales, academias, centros de estudio, y otras plataformas con experiencia práctica; atributos de legitimidad, tales como inclusión y accesibilidad; transparencia y rendición de cuentas desde las y los convencionales con sus territorios; perspectiva de género; promoción y resguardo de la interculturalidad y la pertinencia social y territorial, relevando las necesidades de los grupos con mayor vulneración de derecho; contar con una sistematización de las diversas propuestas emanadas desde los territorios para que la participación ciudadana sea incidente, junto con instancias y dispositivos de devolución hacia la ciudadanía que permitan la trazabilidad; un órgano técnico a cargo de la participación ciudadana, de manera de asegurar el cumplimiento de todas las etapas de un proceso participativo; que se resguarde un presupuesto asociado al órgano técnico y que sea suficiente; un sistema de información continuo que permita a la ciudadanía estar al tanto de los avances de la Convención durante todo el proceso y por último que se resguarde un presupuesto asociado al órgano  técnico y que sea suficiente, entre otras.

El documento ya ha sido enviado a todas y todos los constituyentes y se espera ser entregado próximamente a la mesa directiva de la Convención, su presidenta Elisa Loncón y vicepresidente Jaime Bassa, o bien a las y los eventuales integrantes de la comisión de participación ciudadana.

 

Quienes firman el documento son:

  • ABOFEM
  • Acción Solidaria
  • Acuerdo por la Movilidad a Energía Humana
  • Agrupación de mujeres afrodescendientes rurales “Hijas de Azapa”
  • Ahora Nos Toca Participar
  • Alforjeando
  • Asociación Artículo 25
  • Balloon Latam
  • Bicicultura
  • Centro Chileno de Asuntos Públicos
  • Centro de Emprendimiento Integral
  • Centro de Innovación para las Contrataciones y Abastecimiento Estatal
  • Centro de Urbanismo Cristiano
  • Chiletransparente
  • Ciclo Arica
  • Ciudad Emergente
  • Ciudadanos y Clima
  • Comunidad Bahai
  • Consti TU+YO
  • Corporación Humanas
  • Corporación Nuestra Casa
  • EITI Chile
  • Espacio Público
  • Fundación Barrabases
  • Fundación Camiseteados
  • Fundación Chile Despierto
  • Fundación Chile Educar Chile
  • Fundación Círculo en Red
  • Fundación Ciudadanía Inteligente
  • Fundación Desarrollo Público
  • Fundación Emilia
  • Fundación Estrella del Norte
  • Fundación Ideas Mil
  • Fundación Mercado Transparente
  • Fundación MicroMype
  • Fundación Multitudes
  • Fundación Para la Confianza
  • Fundación Superación de la Pobreza
  • Fundación Trascender
  • Guías y Scouts de Chile
  • Innovaciente
  • Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías
  • Les Constituyentes
  • Momento Constituyente
  • Movimiento de Jóvenes Ciegos de Chile
  • Mujeres indígenas Warminaka Newen
  • Niñas Valientes
  • Nuevo Pacto Social Chile:
    • ACCIÓN ag
    • ADIR
    • Red Chilena de Gobierno Abierto
    • Red de Organizaciones Independientes
    • Red de Organizaciones de Voluntariado
    • Comunidad de Organizaciones Solidarias
    • Chile COSOC
    • Red de Movilidad Sustentable
  • Observatorio Ciudadano
  • Observatorio Nueva Constitución, Pamela Figueroa, Carolina Gómez y Tomás Jordán.
  • ONG Afrochilenos Lumbanga
  • ONG Leasur
  • ONG Cegecis, Los Ríos
  • Plataforma Contexto
  • Plataforma Voz Propia
  • Proyecto Reinserción
  • Red de Acción Carcelaria
  • Red Latinoamericana de Abastecimiento
  • Red OSEV Víctimas de la Violencia Vial
  • Red para la Participación
  • Red Regional de la Familia
  • Rumbo Colectivo
  • Servicio Jesuita a Migrantes
  • Somos Ñuble
  • Techo Chile – Fundación Vivienda
  • WorldVision Internacional Chile
  • Yo Cuido

Personas firmantes:

  • Álvaro V. Ramírez-Alujas, profesor Universidad de Chile y fundador e investigador GIGAPP.
  • Carolina Garrido Silva, cientista política e integrante de la Red de Politólogas
  • Danae Mlynarz Puig, Centro Latinoamericano para el desarrollo rural, miembro de la Red para la Participación
  • Gonzalo Delamaza, Corporación Innovación y Ciudadanía.
  • Igor Morales V, Capítulo Chileno de la World Compliance Association
  • Ingebork Block, Directora Capitulo Chileno Ombudsman
  • Jimena Luna, Fundación Vida Independiente de Chile
  • Leonardo Moreno, Fundación Avina Chile
  • María Belén Lagos Cordero, Movimiento de Jóvenes Ciegos de Chile, Colectivo de mujeres feministas con discapacidad de Chile
  • Rodrigo Marquez Arellano, FLACSO Chile y Universidad de Valparaíso
  • Tomás Montenegro, Jóvenes Ciegos de Chile.

Para conocer el documento completo, puedes revisar aquí.

Crean plataforma de la Sociedad Civil para incidir en Nueva Constitución y Plan Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas

Convocados por Observatorio Ciudadano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y por la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), las ONGs Chile Sustentable, Ciudad Común, Ciudadanía Inteligente, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Hábitat y Vivienda Colegio de Arquitectos de Chile, ConstiTu+yo, Defensoría Ambiental, FIMA, GI-ESCR, Greenpeace, Newenko, Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación, y Terram, así como la Central Unitaria de Trabajadores, junto a los primeros tres, han constituido la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas.

La Plataforma surge como espacio de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, indígenas, laborales y ambientales, para participar activamente en los procesos de elaboración de una Nueva Constitución y del Segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas en Chile. Se busca incidir en la adopción de instrumentos que regulen, promuevan y faciliten el pleno respeto a estos derechos por parte de los actores económicos, privados y públicos.

A las organizaciones les une una preocupación de larga data por las temáticas enunciadas, y por la defensa de comunidades, grupos y personas ante los impactos negativos de las actividades económicas en ejercicio de sus derechos humanos. Quieren hacer escuchar esa voz de manera coordinada en los procesos constituyente y de elaboración del Plan de Acción.

En particular, la Plataforma pretende trabajar en los siguientes aspectos en relación con el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas:

  • Acompañar críticamente el diseño del nuevo PAN, contrastándolo con los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos, particularmente, las obligaciones internacionales del Estado de Chile en relación con la prevención de violaciones a los derechos humanos y ambientales, la protección de los derechos humanos y del medioambiente, y el acceso a la justicia.
  • Velar por que el proceso cuente con una participación adecuada de sociedad civil y de comunidades y pueblos afectados por la actividad de empresas;
  • Incidir en los contenidos y metas del nuevo PAN y establecerse como instancia de sociedad civil de monitoreo de  la implementación del nuevo PAN.

En relación con la Nueva Constitución, la Plataforma busca incidir a favor de:

  • Concepción del Estado como Estado social y democrático de derechos.
  • Equidad, solidaridad, sustentabilidad y dignidad como principios de la economía, y el desarrollo humano, la vida digna, y el buen vivir de la población garantizando la sustentabilidad ambiental como objetivos de la actividad económica.
  • Actores económicos diversos.
  • Promoción de inclusión del trabajo en la nueva CP entendido como eje del desarrollo económico y social y consagración de los derechos laborales colectivos e individuales.
  • Límites a la actividad de las empresas, para garantizar el respeto a los derechos humanos, laborales, ambientales e indígenas.
  • Obligaciones estatales en materia de su propia actividad económica, y en relación con la negociación y adopción de los acuerdos económicos.

La plataforma fue presentada, de forma virtual, este martes 01 de junio de 2021. La charla inaugural estuvo a cargo de Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Revisa el video de la transmisión del lanzamiento en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/observatoriociudadanochile/videos/311026380603183

 

Contacto para periodistas:

+56989006510

comunicaciones.derecho@mail.udp.cl

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Declaración a un año del “estallido Social” y del Plebiscito de la Misión Internacional de Observación de DDHH de Organizaciones de sociedad civil

Declaración frente a un año del “estallido Social” y realización del Plebiscito por una Nueva Constitución

Organizaciones participantes a la Misión internacional de observación de derechos humanos de la sociedad civil presente del 6 al 11 de noviembre 2019

 

A un año del estallido social y a una semana del plebiscito nacional para una nueva Constitución para Chile, las organizaciones firmantes, hacemos pública nuestra preocupación por la persistencia de situaciones violatorias a los derechos humanos en el país, y llamamos a un plebiscito que cumpla con todas las garantías de un proceso electoral democrático.

Como señaláramos en el Informe de la Misión[1], las manifestaciones sociales de 2019 fueron el reflejo de un descontento de la población hacia las autoridades políticas, los poderes del Estado y prácticas de quienes detentan los espacios de poder, que fue creciendo paulatinamente desde el retorno de la democracia.

En el centro del proceso social y político iniciado en octubre de 2019 se encuentra la profunda desigualdad que ha generado la institucionalidad heredada de la dictadura cívico militar, asegurada en la Constitución de 1980. La reivindicación de una democracia plena ha sido parte esencial del proceso en curso: una sociedad en que la salud y la seguridad social, la educación, la vivienda, los derechos laborales, un medio ambiente sano y el agua sean derechos efectivamente garantizados. Y una sociedad en que los grupos sometidos a condiciones estructurales de desigualdad y discriminación, como las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes, puedan vivir como plenos sujetos de derecho.

Como Misión Internacional de Observación a Chile constatamos que las graves violaciones a los derechos humanos las semanas que siguieron al 18 de octubre de 2019, no constituyeron hechos aislados, sino que fueron expresión de prácticas de violencia estatal arraigadas en las fuerzas de orden y seguridad que se pueden rastrear desde hace años y que se verificaron en gran cantidad y en todo el país.

Con máxima preocupación constatamos que el actuar abusivo de Carabineros de Chile, lejos de disminuir se ha agudizado. Las imágenes de un adolescente lanzado al río Mapocho por un Carabinero; el ataque con el carro lanza aguas a una persona con discapacidad física y la represión a las manifestaciones del 12 de octubre, entre otras situaciones, dan cuenta de que las autoridades siguen sin adoptar las medidas necesarias para poner término a las graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes policiales del Estado.

En relación con esta materia reiteramos las recomendaciones que se realizaron en el Informe de la Misión de Observación en  Chile relativas a:

– Investigar con celeridad las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas inmediatas, disciplinarias y/o penales, respecto de funcionarios públicos responsables por violaciones de derechos humanos, en particular en casos de violación al derecho a la vida e integridad personal e incluyendo a los superiores jerárquicos que autorizaron o avalaron las operaciones policiales.

– Iniciar un proceso de reforma profunda de Carabineros de Chile destinada a democratizar su estructura y a revisar su rol en la sociedad chilena, adecuando sus normas, protocolos y reglamentos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El proceso constituyente impulsado por la ciudadanía movilizada puede constituir una oportunidad histórica para el inicio de la construcción de las bases de un país donde la promoción y protección de los derechos humanos constituyen el fundamento de una democracia inclusiva en la que todas y todos nos sentimos parte.

Sin embargo, constatamos con preocupación, que el proceso constituyente aún adolece de limitaciones desde la perspectiva democrática y de derechos humanos, que pueden ser remediadas. Es esencial que se establezcan mecanismos que aseguren la participación de los pueblos originarios y la elección de las personas independientes en el órgano constituyente encargado de la redacción de la Nueva Constitución.

Con vistas al próximo domingo 25, hacemos un llamado a las autoridades  para que tomen las medidas necesarias para asegurar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto. Entre ellas, que adopten protocolos sanitarios efectivos, se facilite el traslado de la población a los lugares de votación a través del transporte gratuito, se adopten sistemas de apoyos para personas con discapacidad psicosocial, etc.

Esperamos que este proceso democrático único en la historia de Chile se desarrolle en el más pleno ejercicio de las libertades y derechos de su población. Por ello, alentamos a las autoridades a levantar el Estado de Excepción vigente dada la trascendencia que tendrá para las actuales y futuras generaciones que el momento en que realice el plebiscito para decidir sobre una nueva Constitución sea realizado bajo un estado de excepción regulado por una Constitución redactada durante una dictadura cívico militar.

La superación de la crisis política y social que ha vivido Chile manifestada en el estallido social y que se ha prolongado hasta ahora, solo será posible a través de la generación de una Nueva Constitución que permita construir una nueva institucionalidad, inclusiva e intercultural, cimentada en los derechos humanos que nos asisten como personas y como pueblos.

 

 

Alianza Global contra la Incineración de Basura (GAIA), EEUU.

Artículo 19, Brasil.

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), Argentina.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina.

Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Canadá.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA)

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina.

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

Perú Equidad, Perú

 

[1] Informe disponible en el enlace: https://www.cels.org.ar/web/2020/01/chile-publicacion-del-informe-final-de-la-mision-internacional-de-observacion/