Los pueblos indígenas en el proceso constituyente chileno

https://debatesindigenas.org/notas/149-pueblos-indigenas-proceso-constituyente-chileno.html

Por José Aylwin y Hernando Silva*

La elección de la constituyente mapuche Elisa Loncón como Presidenta graficó el protagonismo de los pueblos indígenas en la redacción de la nueva Carta Magna. En el mismo sentido, la victoria de Gabriel Boric significó un mayor respaldo institucional y el compromiso de dotar a la Convención con los recursos necesarios para su funcionamiento. La reciente aprobación de la Iniciativa N° 94-1 acrecienta la esperanza de que Chile se convierta en un Estado Plurinacional.

Además de cuestionar la institucionalidad heredada de la dictadura, las exclusiones y las inequidades, la revuelta social de octubre de 2019 puso en tela de juicio el modelo de relacionamiento histórico del Estado con los pueblos originarios. El estallido social posicionó la demanda de estos pueblos por la reconfiguración de Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, así como el reconocimiento de sus derechos colectivos, en especial, el derecho al territorio y a la libre determinación.

Para las elecciones de mayo de 2021, la articulación de los pueblos originarios logró la inclusión de 17 escaños reservados para indígenas sobre un total de 155 que componen la Convención Constitucional: siete para el pueblo Mapuche, dos para el pueblo Aymara y uno para cada uno de los demás pueblos reconocidos por ley. Tras la aplicación de las normas de corrección de paridad, los pueblos indígenas quedaron representados por nueve mujeres y ocho hombres

Aunque se trata de una representación inferior a la demografía indígena, que asciende al 12,8% de la población total, y que tampoco se consideró al pueblo tribal afrodescendiente reconocido por ley en 2020, la elección de constituyentes indígenas significó un hito histórico. En Chile, es la primera vez que los pueblos indígenas participan junto a la sociedad chilena en la elaboración de la Carta Magna que establece nuevas bases de convivencia interétnica e intercultural.Imagen

La Constituyente y la consulta previa

La Convención Constitucional fue constituida el 4 de julio de 2021. Desde su inicio, las temáticas relativas a los derechos de los pueblos indígenas cobraron gran relevancia. En lo formal, se destaca la conformación de una Comisión Provisoria sobre “Participación y Consulta Indígena”. Este órgano recibió a 69 comunidades y personas naturales a lo largo de 22 sesiones para conocer sus opiniones en la generación de propuestas reglamentarias relativas a la participación y consulta de los pueblos en el proceso.

Como resultado, se redactó un Reglamento que recoge, de manera explícita, el derecho propio o consuetudinario de los pueblos originarios, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; las Observaciones y Recomendaciones de los Comités de Tratados de Derechos Humanos y de las Relatorías Especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La elección de constituyentes indígenas significó un hito histórico. Es la primera vez que los pueblos indígenas participan junto al pueblo chileno en la elaboración de la Carta Magna que establece nuevas bases de convivencia interétnica.

El Reglamento considera la realización de una consulta indígena constituyente y diversas instancias de participación, como la iniciativa constituyente de pueblos originarios, con el objetivo de que los pueblos originarios puedan proponer textos constitucionales para ser debatidos por la Convención. Para que se implemente el proceso de participación y consulta, también se consideró la conformación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad

Uno de los principales problemas que ha enfrentado esta Comisión para la implementación del proceso de consulta indígena ha sido los acotados tiempos del proceso constituyente: solo se dispondrá de dos meses para su realización. Además del reducido presupuesto, es necesario recordar que la coalición de derecha encabezada por Sebastián Piñera gobernará el país hasta marzo de 2022. Si bien el presidente electo, Gabriel Boric, ya se ha comprometido a dotar a la Convención Constituyente con los recursos necesarios, estos llegarán muy tarde.

Participación indígena y libre determinación

La inclusión de los pueblos indígenas y de sus derechos está planteada desde el artículo N°1 del Reglamento General de la Convención: “Una asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario”. Además, se incluye otra serie de derechos indígenas: autonomía, territorio, bienes comunes y pluralismo jurídico. A su vez, cada una de las comisiones cuenta con la participación de al menos dos representantes de escaños reservados indígenas.

En este sentido, el 27 de enero de 2022 la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral aprobó la norma que declara a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural. Patrocinada por 16 constituyentes y liderada por los convencionales indígenas, la iniciativa N° 94-1 indica que los pueblos indígenas son “titulares del derecho de libre determinación” y de los derechos colectivos reconocidos y garantizados por la nueva Constitución y el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.

La iniciativa N° 94-1 señala que el Estado deberá garantizar la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en la estructura del Estado.

En virtud de esa libre determinación, la propuesta asegura que tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Asimismo, deberán ser reconocidos sus territorios, patrimonio, lengua, cultura, instituciones y jurisdicciones propias. La iniciativa N° 94-1 también señala que el Estado deberá garantizar la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en la estructura del Estado y los órganos de elección popular.

La propuesta reconoce al menos 11 pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado chileno: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan y Selk’nam. La iniciativa no descarta que otros pueblos puedan ser reconocidos por ley. Finalmente, se señala que el Estado deberá garantizar el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas con el objetivo de reconocer la diversidad étnica de los pueblos preexistentes.

Hacia un Estado Plurinacional

Si bien recién fue votada en general y aún resta la votación en particular para, posteriormente, pasar al pleno de la Convención, la Iniciativa N° 94-1 es indicativa de la conciencia que existe en la mayoría de las y los constituyentes. En general, la sociedad chilena comprende la necesidad de que la nueva Constitución reconozca a Chile como un Estado Plurinacional. Solo de este modo se pondrá fin a los dos siglos de negación y exclusión que caracterizaron a la historia de nuestro país.

Junto al reconocimiento de los derechos indígenas colectivos, el debate sobre la plurinacionalidad es demostrativa de la agencia que los pueblos indígenas de Chile han tenido para transformar su relación con el Estado y la sociedad chilena a través de la vía institucional. Un análisis minucioso sobre la coyuntura política chilena nos lleva a pensar que el texto constitucional elaborado por la Convención Constituyente propondrá que nuestro país asuma su plurinacionalidad.

Hernando Silva es director del Observatorio Ciudadano y coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad.

José Aylwin es coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.

Iniciativas de norma de Pueblos Originarios

Corresponde ahora que estas iniciativas, que con esfuerzo han levantado los diferentes pueblos originarios, sean debidamente debatidas, reflexionadas y aprobadas en las comisiones respectivas y en el pleno de la Convención Constituyente y sus contenidos pasen a formar parte de la nueva Carta Constitucional.

Publicada en El Desconcierto

Vencido el plazo para que los diferentes pueblos originarios que habitan Chile presenten sus iniciativas de normas al proceso constituyente, 248 iniciativas de normas trabajadas desde los pueblos originarios han sido presentadas y entrarán al debate constitucional.

Esto, sin duda, hay que celebrarlo por muchos motivos: primero, porque la participación y aportes de los pueblos originarios estará presente en la construcción de la nueva Carta Fundamental, no solo a través de los y las convencionales de escaños reservados que redactarán el nuevo texto constitucional, sino que también porque sus aportes presentados en los diferentes espacios de participación popular que se han abierto, como las audiencias públicas, las semanas territoriales, la Consulta Indígena recientemente anunciada y las iniciativas de norma, serán debatidos en las diferentes comisiones y pleno de la Convención Constituyente.

Asimismo, el haber contemplado un mecanismo especial para la presentación de iniciativas de normas para los pueblos originarios, -que dependiendo del pueblo al que se pertenecía, requería de un número determinado de patrocinios de comunidades u organizaciones indígenas, o de un cacicazgo tradicional o 120 firmas-, fue una acción importante que los ayudó a superar barreras en su participación.

La construcción de estas iniciativas ha implicado un arduo trabajo desde los diferentes territorios. El resultado es que los diez pueblos indígenas reconocidos legalmente, han logrado presentar iniciativas de norma. Y si bien el pueblo tribal afrodescendiente chileno, a pesar de estar reconocido legalmente, no fue considerado en este mecanismo especial de iniciativas normativas, y no logró reunir las 15.000 firmas para presentar su iniciativa popular de norma para el “Reconocimiento constitucional del pueblo afrodescendiente chileno”, se ha incluido en algunas iniciativas de normas indígenas que buscan “asegurar el acceso a los derechos fundamentales a toda la población indígena y afrodescendiente de Chile” o el “reconocimiento y oficialización de la medicina ancestral indígena y/o tribal”, entre otras.

Sobre las iniciativas presentadas, son diversas y amplias las temáticas que se desarrollan, siendo las referidas a “Derechos fundamentales” las más numerosas (98 iniciativas), seguidas por “Formas de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal” (41 iniciativas) y «Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios” (28 iniciativas), entre otras.

En general los temas presentados son transversales a todas las temáticas que trabajará la Convención Constituyente, aunque con un fuerte énfasis en las demandas históricas de los pueblos indígenas u originarios. Así por ejemplo, han ingresado iniciativas vinculadas al reconocimiento del genocidio y reparación a los pueblos indígenas; el reconocimiento a la preexistencia de las naciones y pueblos originarios que habitan Chile; el reconocimiento y aplicación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados entre los pueblos y naciones preexistentes; el reconocimiento de Chile como estado plurinacional e intercultural; escaños reservados para pueblos originarios, creación de tribunales indígenas, reconocimiento y promoción de la salud y medicina ancestral, protección y garantía de los derechos lingüísticos, reconocimiento a principios indígenas como el Itrofill Mongen; el reconocimiento, resguardo y protección de los derechos de la naturaleza y; la garantía y promoción a los medios de comunicación indígena.

Sirve resaltar en estas propuestas, la garantía a los derechos territoriales que han sido abordados por los diez pueblos originarios, a través de diversas iniciativas que buscan la restitución, protección y garantía de los territorios ancestrales, incluyendo en el concepto de territorio ancestral -en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos-, los espacios costeros y marinos, los sitios de significación cultural y espiritual, los caminos ancestrales y sitios de trashumancia, las áreas de producción, aprovechamiento y conservación de la naturaleza en sus múltiples dimensiones; así como el control político, cultural y espiritual que los pueblos quieren ejercer sobre dichos espacios, resaltando el rol de los pueblos originarios como custodios de estos territorios. Incluyendo una iniciativa que solicita garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas en áreas silvestres protegidas, solicitando que “los pueblos indígenas cuyas tierras y territorios de uso y ocupación tradicional hayan sido declarados como Áreas Silvestres Protegidas sin su consulta y consentimiento libre previo e informado, tienen el derecho a que dicha propiedad les sea restituida si así lo demandaran». Por lo que la importancia del territorio se hace evidente en las múltiples iniciativas que lo abordan y como un derecho que garantiza la reproducción social, espiritual, política y cultural de los pueblos indígenas que habitan Chile.

El derecho al agua, es otra iniciativa que casi todos los pueblos originarios han abordado, sea exigiendo la restitución del agua como bien común para todas las formas de vida, o el reconocimiento de este derecho desde la perspectiva de los pueblos y naciones originarias, respetando la relación espiritual y cultural que guardan los pueblos indígenas con las aguas y, la reparación, restitución o indemnización por las aguas superficiales y subterráneas que tradicionalmente hayan poseído, ocupado u utilizado y que hayan sido agotadas, confiscadas o dañadas, entre otros.

Asimismo, algunas iniciativas se enfocan en grupos específicos dentro de los pueblos originarios, como las mujeres indígenas; los niños, niñas y adolescentes; las personas indígenas en situación de discapacidad y las personas mayores indígenas. Y de estas iniciativas, la mayoría busca garantizar los derechos de las mujeres indígenas, como el derecho a vivir una vida libre violencias, exigiendo al Estado el deber de prevenir, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres indígenas, especialmente aquellas que sean producto de la desigualdad estructural; el garantizar una educación indígena con enfoque antirracista, que permita educarse en un espacio libre, sano y sin violencia; el derecho a la participación de las mujeres indígenas garantizando la implementación de criterios de representatividad y paridad que permitan asegurar la participación efectiva de la mujer indígena en cargos políticos y dentro de sus comunidades; la creación de tribunales indígenas con perspectiva de género; el garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas pertenecientes a naciones originarias de acuerdo a las costumbres de cada pueblo; el reconocer y promover la producción alimentaria, junto a la distribución y consumo de alimentos, entre otras importantes iniciativas. Esto, sin duda, ayudará a abordar los derechos de estos colectivos desde un enfoque interseccional, visibilizando las múltiples barreras y discriminaciones que afrontan no solo por pertenecer a pueblos originarios, sino también por ser mujeres, niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores.

Corresponde ahora que estas iniciativas, que con esfuerzo han levantado los diferentes pueblos originarios, sean debidamente debatidas, reflexionadas y aprobadas en las comisiones respectivas y en el pleno de la Convención Constituyente y sus contenidos pasen a formar parte de la nueva Carta Constitucional. Por nuestra parte, corresponde conocer estas propuestas, difundirlas y apoyarlas, para empezar a reconocernos como la sociedad diversa, plural y multilingüe que somos, y porque el asegurar que los derechos de todos los pueblos se encuentren garantizados, es una deuda que como sociedad y país tenemos con los pueblos originarios.

Karina Vargas Hernández
Karina Vargas Hernández es coordinadora del Programa Derechos de los Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano de Chile.

Licitación del litio y el proceso constituyente

*Por José Aylwin y Marcel Didier.

A pocos meses de su término, el Gobierno de Sebastián Piñera se encuentra empecinado en sacar adelante una convocatoria nacional e internacional para licitar y adjudicar Contratos Especiales de Operación (CEOL) para producir un total de 400 mil toneladas de litio comercializable, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas cada una. Las adjudicaciones serán por un plazo de 7 años, prorrogables por otros dos, para hacer exploración geológica y los estudios y desarrollo de proyectos, a los que se sumarán otros 20 años de producción, sin una ubicación específica en cualquier parte del territorio del país. Las cuotas irán asociadas a una autorización de comercialización por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCChEN).

En días pasados se realizó la apertura a dicha convocatoria. Se trata de seis ofertas realizadas por cinco empresas: BYD Chile SPA (con oferta de 61.000.999 USD$); Albemarle Ltda. (con oferta de 60.000.000 USD$); Cosayach Caliche SPA (con oferta de 30.100.000 USD$); Servicios y Operaciones Mineras del Norte SA (con oferta de 60.000.000 USD$); y la Sociedad Química y Minera de Chile SA (con dos ofertas, una de 14.050.000 USD$ y otra de 19.100.000 USD$), todas por cuotas de 80 mil toneladas cada uno, salvo Albemarle, que realizó  una oferta por dos de ellas, por un total de 160 mil toneladas, y SQM que realizó una oferta por 80 mil toneladas y dos por un total de 160 mil toneladas.

El Comité Especial de Licitación creado por el Gobierno para estos efectos debía reunirse el 6 de enero para proponer al Ministro de Minería la adjudicación de esta licitación. 

La decisión del actual Gobierno de llevar adelante esta convocatoria y adjudicar la licitación no solo a poco de terminar su período, sino en el contexto del desarrollo de un proceso constituyente impulsado con la aprobación de una amplia mayoría de la ciudadanía, resulta altamente cuestionable por múltiples razones. No puede escapar al actual Gobierno el hecho que las normas que rigen la propiedad y formas de concesión de los bienes comunes, generalmente denominados recursos naturales, han sido fuertemente cuestionadas. Ellas han resultado en la apropiación por privados, generalmente grandes conglomerados empresariales, de bienes comunes, como yacimientos mineros, el agua dulce y los recursos del mar, hecho que ha estado entre los factores que explican el malestar popular que gatilló el estallido social.

En el caso del litio, si bien la legislación vigente reserva el litio para el Estado y la Constitución de 1980 dispone que este mineral no metálico no es susceptible de concesión minera, quedando su exploración, explotación y beneficio en manos del Estado, es bien sabido que este, a través de Corfo, ha facilitado su explotación por empresas privadas de capitales nacionales y extranjeras, principalmente Albemarle y SQM. Ello a través de contratos de largo plazo que han sido impugnados tanto por las comunidades indígenas atacameñas o lickanantay directamente afectadas por sus operaciones, las que no fueron consultadas previo a su suscripción como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, sino también por amplios sectores políticos y sociales.

Cabe recordar que, en el caso de SQM, la prolongación de sus actividades para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el 2030 y el aumento en las cuotas de extracción en virtud de un contrato suscrito por Corfo con esta empresa el 2018, fue seriamente cuestionada por el hecho de que sus altos directivos se habían visto involucrados en diversos delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la política investigados por la justicia chilena y extranjera.

La actividad extractiva de esta empresa, además, ha generado serios impactos en derechos humanos del pueblo lickanantay, según fue constatado en un reciente estudio del Observatorio Ciudadano. Entre los derechos que, de acuerdo a esta Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, se han visto gravemente vulnerados por la actividad de esta empresa se encuentran el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la libre determinación y definición en prioridades de desarrollo; el derecho a la participación en los beneficios y la compensación justa por los daños ocasionados; el derecho sobre la tierra y el territorio; y los derechos de agua.   

Tratándose de una licitación que deja abiertas la exploración y la explotación del litio por los adjudicatarios a todo el territorio nacional, resulta evidente que dicha actividad se centrará en los salares andinos del norte del país –principalmente en el Salar de Atacama–, donde se encuentran las mayores reservas de las sales de las que se extrae el litio, salares que forman parte de las tierras y territorios de uso y ocupación ancestral del pueblo lickanantay, quechua y colla, entre otros pueblos indígenas. 

Cabe señalar además que el proceso de licitación en desarrollo por el actual Gobierno no ha estado exento de irregularidades y no cuenta con las garantías mínimas de transparencia; además, los breves plazos considerados en el proceso imposibilitaron la participación de nuevos actores. Al igual que en los contratos anteriormente suscritos entre Corfo con SQM y Albemarle, respectivamente, de nuevo se vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el consentimiento de los pueblos originarios que puedan verse afectados.

Junto con ello, cabe resaltar que el Estado de Chile se encuentra en litigio con ambas empresas que aparecen como oferentes en esta licitación, por lo que la adjudicación a ellas parece un contrasentido; con SQM un proceso sancionatorio ambiental por incumplimiento de su permiso ambiental que data de 2006, y con Albemarle en un proceso de arbitraje internacional con el Estado de Chile por el incumplimiento del contrato de explotación en el Salar de Atacama firmado en 2016. Al efecto, Corfo denunció a inicios de 2021 a la empresa estadounidense ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por una diferencia no pagada de aproximadamente 15 millones de dólares relativa a menores comisiones.

Lo más grave de esta decisión, sin embargo, es que ella afecta gravemente la capacidad de la Convención Constitucional como órgano representativo de la soberanía popular de definir, hacia el futuro y por un largo tiempo, no solo la propiedad, la potencial concesión o no del litio a empresas, así como su origen, sean nacionales o extranjeras, que puedan participar de la exploración y explotación de este mineral no metálico que hoy se convierte en un elemento clave de la transición energética a nivel global.

Al respecto cabe señalar que ya ha sido presentada desde la sociedad civil a la Convención Constitucional una iniciativa popular de norma (Comité de Defensa y Recuperación del Cobre –Iniciativa Nº 5.602–), y debatida por la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional, propuestas que, teniendo presente la importancia tanto estratégica como económica del litio, apuntan a que su desarrollo sea entregado a empresas de propiedad del Estado o mediante la fórmula de una Empresa Nacional del Litio similar a la de Codelco.

Se trata de una propuesta que también forma parte del programa de gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, con lo que, junto a pasarse a llevar la capacidad del órgano constituyente de definir libremente los actores protagónicos en la explotación del litio, hipoteca la voluntad popular que por una mayoría significativa respaldó a dicho candidato y a su programa de gobierno.

Por todo lo anterior es que nos sumamos a los actores sociales y políticos que han demandado al gobierno que suspenda el proceso de licitación y adjudicación del litio en desarrollo. Ello hasta que la Convención Constitucional, como órgano depositario de la soberanía popular, establezca las nuevas reglas que regirán en la materia, asegurándose de este modo que ellas, luego del referéndum de salida previsto para el presente año, cuenten con la legitimidad que les daría la ciudadanía. 

*José Aylwin es Coordinador del Programa Globalización y DD.HH. del Observatorio Ciudadano.

Marcel Didier es Abogado del Observatorio Ciudadano.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/01/08/licitacion-del-litio-y-el-proceso-constituyente/

Plataforma de la Sociedad Civil propone a la Convención avanzar a un Estado solidario. Presentan propuesta constitucional sobre Derechos Humanos y Empresas

Organismo que reúne cerca de 20 organizaciones presentó un documento que aborda la relación entre derechos humanos, sociales y ambientales y la actividad empresarial.


15 de diciembre de 2021, distintos lugares de Chile.

Las organizaciones integrantes de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, presentamos a los y las integrantes de la Convención Constitucional y a la sociedad interesada, insumos para el debate sobre los contenidos de la nueva Constitución, en cuanto ésta definirá la relación entre derechos humanos, en particular, derechos sociales y ambientales, y las actividades económicas.

Las reflexiones y propuestas de la Plataforma se derivan del derecho internacional de los derechos humanos, y abordan objetivos de la actividad empresarial para el bien común, así como algunos límites que el Estado debiera poner a las actividades económicas en función de la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.


Después de identificar el déficit de la actual Constitución en estos ámbitos, la propuesta elabora sobre principios del estado y la economía, derechos, sistema de tributación, las obligaciones del Estado y de las empresas en relación con los derechos humanos que debieran estar recogidas en la nueva Constitución, las empresas de propiedad del estado y el financiamiento estatal de la actividad económica.


Entre otras cosas, el documento propone superar el Estado subsidiario y “avanzar a un Estado solidario que procure el buen vivir, la vida digna, el bienestar social y el desarrollo humano sostenible sin discriminación alguna, lo que implica incluir en la Constitución la declaración del Estado de Chile como ‘Estado democrático y social de derechos’”, definir obligaciones de las empresas para con los derechos consagrados en la Constitución, y determinar la independencia de las instituciones fiscalizadoras. La versión completa y un resumen ejecutivo se pueden descargar en las páginas web de las organizaciones
integrantes de la Plataforma.


Prontamente, la Plataforma publicará una propuesta concreta de articulado relacionada a estos temas.


La Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas fue constituida formalmente el 1 de junio de 2021, y está integrada por el Centro de Derechos Humanos de la UDP, el Observatorio Ciudadano, Fundación Fiel Chile, Central Unitaria de Trabajadores, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la UFRO, Chile Sustentable, Ciudad Común, Ciudadanía Inteligente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile, Corporación de Estudios Sociales y Educación, Defensoría Ambiental, Facultad de Economía y Negocios de la UAH, FIMA, The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Greenpeace, Newenko, y Terram.

Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas
Contacto: José Aylwin, jaylwin@observatorio.cl; Roberto Morales, rmorales@fielchile.cl;
Judith Schönsteiner, Judith.schonsteiner@udp.cl.

Comunicado FIDH-OC: «En momentos de polarización, nuevo gobierno debe garantizar respeto a derechos humanos»

París – Santiago – 14 de diciembre de 2021. En vísperas de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 19 de diciembre en Chile, la FIDH – Federación Internacional por los Derechos Humanos, y su organización miembro en Chile, el Observatorio Ciudadano, urgen al futuro presidente electo a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos en todos sus ámbitos.

Las elecciones presidenciales se dan en un contexto complejo, en que existe una creciente polarización de la sociedad chilena en temas centrales de derechos humanos, como son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos de los pueblos indígenas, de los y las migrantes y de la diversidad sexual. Por otra parte, estas tienen lugar en momentos en que se desarrolla un proceso constituyente encaminado a la elaboración de una nueva constitución política. Cabe recordar que este proceso fue la consecuencia del estallido social iniciado en octubre de 2019, en que miles de chilenos se movilizaron por una sociedad más justa. El estallido generó un acuerdo trasversal que derivó en un plebiscito nacional, en que el 79% de la población votante aprobó la opción de redactar una nueva Constitución mediante una Convención Constitucional. Valoramos el que esta Convención, cuya propuesta de texto constitucional será sometido a un referéndum en 2022, fuera electa democráticamente por la ciudadanía, y cuente con paridad de género y representantes de pueblos indígenas, así como de representantes de la diversidad de la sociedad chilena.

Es por ello que nuestras organizaciones consideran vital que quien encabece el nuevo gobierno se comprometa a respetar, acompañar y apoyar el proceso constituyente hasta que este concluya con su mandato. Junto a ello resulta fundamental que, en momentos de tanta polarización de la sociedad como la que se ha vivido en el contexto del estallido social y a la fecha, en el que el Estado ha sido responsable de graves violaciones de derechos humanos, quien asuma la presidencia de garantías del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos adquiridas por el Estado mediante tratados internacionales de derechos humanos.

Ello es particularmente relevante en el caso de la Araucanía y regiones aledañas, territorio tradicional del pueblo mapuche, donde la acción impulsada desde el Estado, la que hoy incluye la declaratoria de estado de emergencia y la militarización de la zona, lejos de mejorar la ya deteriorada convivencia intercultural en ellas existente, ha intensificado el enfrentamiento y clima de violencia de manera peligrosa. Nuestras organizaciones consideran fundamental que el nuevo gobierno electo ponga fin a la estrategia de militarización de la Araucanía y regiones aledañas, a la criminalización del pueblo mapuche, sustituyéndola por una convocatoria amplia al pueblo mapuche y sus organizaciones a un proceso de diálogo, en consonancia con el debate en desarrollo en la Convención Constitucional sobre el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas en la nueva carta fundamental del país.

Cabe recordar que la estrategia de criminalización de la protesta mapuche por parte del Estado chileno ha sido representada por diversas instancias internacionales como violatoria de derechos humanos contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile. Ello en particular en el caso Norín Catrimán y otros, que nuestras organizaciones acompañaron, en el cual este fue condenado por la Corte Interamericana por violaciones al debido proceso, principio de legalidad, y al principio de igualdad y no discriminación.

La FIDH y el Observatorio Ciudadano urgen a quien resulte electo presidente en las próximas elecciones, cualquiera sea su orientación política, brinde todo su apoyo al proceso constituyente en desarrollo; y aborde el contexto de violencia y polarización que se vive en el país, en especial en la Araucanía y regiones aledañas, mediante el dialogo y reformas democráticas que garanticen los derechos humanos de los pueblos de Chile en todos los ámbitos.

Pueblos indígenas y nueva Constitución

Por José Aylwin*

Qué duda cabe de que los pueblos indígenas han irrumpido como actores protagónicos del proceso constituyente. Ello no solo se refleja en la participación de 17 representantes de 10 pueblos indígenas en la Convención Constitucional, sino también en la elección de una mujer mapuche a la cabeza de dicha Convención. Se refleja, además, en la centralidad que en la constituyente ha adquirido el debate sobre la plurinacionalidad e interculturalidad, los que han sido incorporados como principios en su reglamento general.

Ello no es una casualidad, sino consecuencia de una larga negación de la que estos pueblos han sido objeto por parte del “Estado-nación” y de la sociedad chilena. También es el resultado de la acción colectiva impulsada por los movimientos indígenas, visibilizando su exclusión y social y política, la apropiación de sus territorios y exigiendo el reconocimiento de sus derechos colectivos en Chile.

Los desafíos de la Convención en este sentido no son menores. En cuanto al proceso, ello supone, más allá de la inclusión en ella de los representantes indígenas, de un involucramiento activo de los diversos pueblos y comunidades en el debate constituyente. El reglamento de consulta y participación indígena recientemente aprobado por la Convención, con las indicaciones promovidas por los convencionales de pueblos indígenas y aprobado por una amplísima mayoría, es un buen augurio en este sentido.

En cuanto a los contenidos de la nueva Constitución, las demandas que los pueblos indígenas han formulado en el contexto de la constituyente se fundamentan en aquellos derechos que les han sido reconocidos ya por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el primero ratificado, y el segundo aprobado por Chile. Así, demandan la inclusión en la nueva Constitución de derechos políticos, como la libre determinación y la autonomía, la justicia e instituciones propias, la participación, la consulta y el consentimiento. A ello se agrega el reconocimiento en ella de los derechos territoriales, incluyendo aquellos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de uso y ocupación tradicional. También de sus derechos culturales que, junto a sus lenguas, incluyen derechos sobre su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y a la propiedad intelectual sobre los mismos.

Otro antecedente fundamental para tomar en consideración en un nuevo texto constitucional es el constitucionalismo latinoamericano referido a estos pueblos. Entre las constituciones que los pueblos indígenas en Chile han observado con interés se encuentra la de Colombia de 1991, la que además de establecer la representación indígena en el Congreso, protegió sus tierras colectivas y reconoció las entidades territoriales indígenas y su autonomía interna. También han puesto atención en las constituciones de Ecuador de 2008 y de Bolivia de 2009, las que junto deconstruir la ficción del “Estado-nación” para dar origen a estados plurinacionales – reestructurando para ello las instituciones públicas en el caso de Bolivia – proponen la interculturalidad como forma de relación entre los pueblos diferenciados, acogiendo en ellas concepciones indígenas como el buen vivir como legado cultural de los pueblos indígenas, o los derechos de la naturaleza en el caso de la constitución de Ecuador.

Los desafíos de la constituyente son aún mayores si consideramos el recrudecimiento de la violencia en el centro sur del país (Wallmapu), territorio en el cual los hechos de fuerza son cada vez más frecuentes. No podemos desconocer que la violencia ejercida en contra de bienes y personas son hoy imputables no solo a las fuerzas policiales del Estado, sino a grupos radicales, tanto de la sociedad mapuche como chilena, con graves implicancias para los derechos humanos y la convivencia intercultural.

Quienes como el gobierno actual piensan que los estados de emergencia y la presencia militar en esa parte del país lograrán recomponer la convivencia intercultural entre el pueblo mapuche y el estado y sociedad chilena están equivocados. La convivencia pacífica y armónica entre estados y los pueblos diversos que habitan en ellos que han sido objeto de exclusión y despojo, solo se puede construir a partir del diálogo y del establecimiento de una institucionalidad de la mayor jerarquía que reconozca sus derechos y ponga fin a dicha exclusión y despojo, y establezca nuevas formas de relación justas. Ese es el imperativo de la Convención Constitucional en el momento actual.

 

* Coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano
El contenido de esta columna forma parte del libro “Derechos Sociales y el Momento Constituyente en Chile”, editado por el Programa de Derecho Ambiental y Cambio Climático y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, la Universidad de Essex (Reino Unido) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR).

 

Publicada originalmente por La Tercera: https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/columna-de-jose-aylwin-pueblos-indigenas-y-nueva-constitucion/4CMT6J2AZRCNVB67FZJBGRR4EE/

PUEBLO TRIBAL AFRODESCENDIENTE ANTE DISCRIMINACIÓN EN VOTACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Ante los hechos de racismo y discriminación hacia el pueblo tribal afrodescendiente, ocurridos este miércoles 21 de julio por parte de la Convención Constitucional, específicamente en las votaciones de integración y objetivos provisorios sobre Derechos Humanos, Participación y Consulta Indígena, Participación Popular, Comunicaciones y Descentralización, donde la convencional por el distrito 1, Carolina Videla presentó indicaciones para que se incluyera en al menos dos comisiones al pueblo tribal afrodescendiente.

Consideramos como pueblo legalmente reconocido ante la ley 21.151 y amparados por el Convenio 169 de la OIT, que esta señal que hoy los y las convencionales constituyentes han manifestado con su voto de rechazo, perpetúa y profundizan más el racismo estructural que históricamente ha tenido nuestro pueblo afrochileno y que, de igual forma, es la continuidad del acto de discriminación arbitraria que la derecha nos hizo al negarnos la posibilidad de tener un escaño reservado.

De igual forma, nos preocupa el comportamiento de los y las convencionales de sectores que hoy representan al pueblo, a sectores más excluidos de la sociedad y a los que representan a los pueblos originarios, históricamente discriminados, al no empatizar, solidarizar y sensibilizar con la no inclusión de nuestro pueblo afrodescendiente en los procesos, contenidos y espacios dentro de la convención.

Mientras una multinacional como Nestlé hace un gesto de no discriminación racial cambiando de nombre a un producto de mercado que considera como tal, la institución que debería devolver la dignidad del pueblo de Chile, en su primera etapa de este proceso, da señales de racismo y discriminación hacia un sector excluido históricamente.

Exigimos a la presidenta Elisa Loncon y al vice presidente Jaime Bassa, líderes de esta importante institución, que conozcan, promuevan, sensibilicen, empaticen y promocionen el derecho que tenemos el pueblo tribal afrodescendiente a ser parte en todo este proceso, más allá de no tener una representación directa. De igual forma, invitamos a todo el pleno de los y las convencionales constituyentes a que se interioricen histórica, antropológica, política y jurídicamente sobre nuestro pueblo para que en el momento de votar puedan hacerlo con conocimiento y conciencia.

Un Estado Plurinacional es con todas, todos y todes, en la cual ningún pueblo ni sectores sociales puedan quedar fuera.

Finalmente, informamos que como pueblo seguiremos luchando de la misma forma que nuestros ancestros y ancestras lucharon por la libertad, y si es necesario encadenarnos afuera de la convención, lo haremos, si es necesario hacer una huelga de hambre arriesgando nuestras vidas, también lo haremos para que de una vez comprendan que este nuevo Chile lo hacemos tod@s.

MESA DEL PUEBLO AFROCHILENO
e-mail: puebloafrochileno@gmail.com
Arica, 22 de julio de 2021

Organizaciones sociales, académicas y académicas presentan documentos con aspectos mínimos para garantizar la participación ciudadana en la Convención

  • A casi una semana de la instalación oficial de la Convención Constitucional, más de 80 organizaciones sociales, centros de estudio, representantes de la academia dieron a conocer el documento denominado “Aspectos mínimos para garantizar la participación e incidencia ciudadana en la Convención Constitucional”.
  • El texto busca establecer canales formales desde la propia Convención Constitucional para garantizar, posibilitar, recibir y conducir una participación ciudadana inclusiva e incidente.

 

Ocho puntos tiene el documento trabajado desde hace un par de semanas por diversas organizaciones sociales, centros de estudios, academia, para poder establecer aspectos mínimos para garantizar la participación ciudadana en la Convención, esto, en el contexto de lo que está por determinar por los las y los constituyentes, ante la posibilidad de una comisión de participación ciudadana que pueda resguardar su ejercicio.

Dentro de los puntos que se destacan, están: resguardar instancias para recibir las propuestas que ya han sido elaboradas desde los territorios, organizaciones sociales, academias, centros de estudio, y otras plataformas con experiencia práctica; atributos de legitimidad, tales como inclusión y accesibilidad; transparencia y rendición de cuentas desde las y los convencionales con sus territorios; perspectiva de género; promoción y resguardo de la interculturalidad y la pertinencia social y territorial, relevando las necesidades de los grupos con mayor vulneración de derecho; contar con una sistematización de las diversas propuestas emanadas desde los territorios para que la participación ciudadana sea incidente, junto con instancias y dispositivos de devolución hacia la ciudadanía que permitan la trazabilidad; un órgano técnico a cargo de la participación ciudadana, de manera de asegurar el cumplimiento de todas las etapas de un proceso participativo; que se resguarde un presupuesto asociado al órgano técnico y que sea suficiente; un sistema de información continuo que permita a la ciudadanía estar al tanto de los avances de la Convención durante todo el proceso y por último que se resguarde un presupuesto asociado al órgano  técnico y que sea suficiente, entre otras.

El documento ya ha sido enviado a todas y todos los constituyentes y se espera ser entregado próximamente a la mesa directiva de la Convención, su presidenta Elisa Loncón y vicepresidente Jaime Bassa, o bien a las y los eventuales integrantes de la comisión de participación ciudadana.

 

Quienes firman el documento son:

  • ABOFEM
  • Acción Solidaria
  • Acuerdo por la Movilidad a Energía Humana
  • Agrupación de mujeres afrodescendientes rurales “Hijas de Azapa”
  • Ahora Nos Toca Participar
  • Alforjeando
  • Asociación Artículo 25
  • Balloon Latam
  • Bicicultura
  • Centro Chileno de Asuntos Públicos
  • Centro de Emprendimiento Integral
  • Centro de Innovación para las Contrataciones y Abastecimiento Estatal
  • Centro de Urbanismo Cristiano
  • Chiletransparente
  • Ciclo Arica
  • Ciudad Emergente
  • Ciudadanos y Clima
  • Comunidad Bahai
  • Consti TU+YO
  • Corporación Humanas
  • Corporación Nuestra Casa
  • EITI Chile
  • Espacio Público
  • Fundación Barrabases
  • Fundación Camiseteados
  • Fundación Chile Despierto
  • Fundación Chile Educar Chile
  • Fundación Círculo en Red
  • Fundación Ciudadanía Inteligente
  • Fundación Desarrollo Público
  • Fundación Emilia
  • Fundación Estrella del Norte
  • Fundación Ideas Mil
  • Fundación Mercado Transparente
  • Fundación MicroMype
  • Fundación Multitudes
  • Fundación Para la Confianza
  • Fundación Superación de la Pobreza
  • Fundación Trascender
  • Guías y Scouts de Chile
  • Innovaciente
  • Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías
  • Les Constituyentes
  • Momento Constituyente
  • Movimiento de Jóvenes Ciegos de Chile
  • Mujeres indígenas Warminaka Newen
  • Niñas Valientes
  • Nuevo Pacto Social Chile:
    • ACCIÓN ag
    • ADIR
    • Red Chilena de Gobierno Abierto
    • Red de Organizaciones Independientes
    • Red de Organizaciones de Voluntariado
    • Comunidad de Organizaciones Solidarias
    • Chile COSOC
    • Red de Movilidad Sustentable
  • Observatorio Ciudadano
  • Observatorio Nueva Constitución, Pamela Figueroa, Carolina Gómez y Tomás Jordán.
  • ONG Afrochilenos Lumbanga
  • ONG Leasur
  • ONG Cegecis, Los Ríos
  • Plataforma Contexto
  • Plataforma Voz Propia
  • Proyecto Reinserción
  • Red de Acción Carcelaria
  • Red Latinoamericana de Abastecimiento
  • Red OSEV Víctimas de la Violencia Vial
  • Red para la Participación
  • Red Regional de la Familia
  • Rumbo Colectivo
  • Servicio Jesuita a Migrantes
  • Somos Ñuble
  • Techo Chile – Fundación Vivienda
  • WorldVision Internacional Chile
  • Yo Cuido

Personas firmantes:

  • Álvaro V. Ramírez-Alujas, profesor Universidad de Chile y fundador e investigador GIGAPP.
  • Carolina Garrido Silva, cientista política e integrante de la Red de Politólogas
  • Danae Mlynarz Puig, Centro Latinoamericano para el desarrollo rural, miembro de la Red para la Participación
  • Gonzalo Delamaza, Corporación Innovación y Ciudadanía.
  • Igor Morales V, Capítulo Chileno de la World Compliance Association
  • Ingebork Block, Directora Capitulo Chileno Ombudsman
  • Jimena Luna, Fundación Vida Independiente de Chile
  • Leonardo Moreno, Fundación Avina Chile
  • María Belén Lagos Cordero, Movimiento de Jóvenes Ciegos de Chile, Colectivo de mujeres feministas con discapacidad de Chile
  • Rodrigo Marquez Arellano, FLACSO Chile y Universidad de Valparaíso
  • Tomás Montenegro, Jóvenes Ciegos de Chile.

Para conocer el documento completo, puedes revisar aquí.

Chile ante una nueva constitución: Entrevista a Mabel Cobos, integrante del Observatorio Ciudadano

Por Lourdes Álvarez Nájera

El proceso para redactar una nueva constitución en Chile inspira a toda la región. No se detiene y cada día se recarga de actos que representan una “reparación histórica, un poco de justicia simbólica ante el racismo, machismo, misoginia, el colonialismo, el despojo y la discriminación”, según Mabel Cobos Fontana, profesional del área de ciudadanía e interculturalidad de la oenegé Observatorio Ciudadano, organización de defensa, promoción y documentación de derechos humanos en ese país, que conversó con Prensa Comunitaria sobre el tema.

El domingo 4 de julio la doctora Elisa Loncon, indígena mapuche, activista, lingüista y profesora fue electa como presidenta de la Convención Constitucional, que será la encargada de encabezar el proceso para la nueva constitución, con una serie de sesiones durante los próximos nueve meses, que se puede extender hasta 12, informó Cobos.

Además, esa Convención Constitucional deberá definir el reglamento y las comisiones de trabajo, para así redactar la nueva Constitución chilena, en un proceso donde participan 155 representantes de diversos sectores, en su mayoría independientes, jóvenes, de diversas disciplinas y quehaceres, entre los cuales se encuentran los 17 representantes de escaños reservados para pueblos indígenas.

Entre las mujeres constituyentes de los pueblos indígenas también se encuentra Francisca Linconao, machi, reconocida lideresa y autoridad espiritual del pueblo Mapuche, que según Front Line Defenders, presentó en 2008 un recurso de protección ante la Corte Suprema de Chile, con el objetivo de impedir la tala ilegal en los bosques que afectaba al pueblo Mapuche y fue la primera líder indígena en denunciar, ante tribunales chilenos, las violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, logrando implementar la protección a los derechos de los pueblos indígenas, desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“La verdad es que ver a dos mujeres mapuche en esta Constituyente, una lingüista, profesora, doctora en humanidades y la otra, una machi, líder espiritual mapuche, quien fuera encarcelada por el Estado de Chile y luego absuelta de los cargos que se le imputaban, es tremendamente emocionante. Que la Doctora Elisa Loncon fuese electa presidenta de la Convención fue un acto de reparación histórica, un poco de justicia simbólica, ante el racismo, el colonialismo, el despojo y la discriminación que han sufrido largamente las naciones originarias”, comentó Cobos.

Una nueva constitución con empuje estudiantil

Cuando se haya redactado el nuevo documento de la Constitución se convocará a la población chilena a un nuevo proceso de votación para conocer si la aprueba o no, en un plebiscito ratificatorio que sería aproximadamente en septiembre de 2022.

Chile atraviesa por un momento histórico, en el que según Cobos, en el que por primera vez la ciudadanía, representada por sus diversos sectores, con paridad de género, e inclusión de los pueblos y naciones originarias, tiene la posibilidad de elaborar una Constitución que sea el reflejo de los sueños y anhelos de la sociedad, respondiendo al clamor ciudadano manifestado en las masivas movilizaciones desde el 18 de octubre de 2019.

“Un proceso que se logra en las calles con la porfía de los y las estudiantes secundarios y que recoge las demandas de los pueblos y organizaciones sociales, tales como justicia social, dignidad, equidad de género y una nueva constitución que acabe con el legado neoliberal de la dictadura de -Agusto- Pinochet”, agregó Cobos.

El papel de las organizaciones sociales, feministas, medioambientalistas, de derechos humanos, migrantes e indígenas han sido fundamentales en este proceso, agregó la entrevistada. “Pero no podemos olvidar que todo esto comenzó con los y las estudiantes secundarios saltando los torniquetes del metro, llamando a una evasión ante el alza del precio del transporte público, en octubre de 2019, lo que se transformó en la chispa que inició una revuelta que demandaba, entre otras cosas, una nueva constitución. Así que por supuesto son los y las jóvenes los protagonistas de este proceso histórico que vivimos. Y son quienes continuamente han llevado al país a remover sus cimientos y a cuestionar la realidad injusta”, subrayó.

Cobos recordó los procesos que el sector estudiantil lideró en 2001 con el “mochilazo”, en 2006 con la “revolución pingüina”, con las masivas protestas estudiantiles en 2011 y 2018 con las “tomas feministas”, movilizaciones estudiantiles en las distintas universidades de Chile contra el acoso sexual y por una educación no sexista. “Han sido las juventudes en la historia reciente, las encargadas de liderar los cambios, las revueltas, las protestas en el país”, enfatizó.

“La constitución será feminista o no será”

Entre lo que considera como uno de los mayores logros del proceso de una nueva constitución, Cobos señaló la instalación de una convención paritaria. “Es algo único en el mundo, en todo este proceso y de años y años de lucha feminista, por fin se ve reflejada la fuerza y potencia de las mujeres y la necesidad de hacerle frente al machismo, la misoginia y el patriarcado en la política. La constitución será feminista o no será, es la consigna y esperamos que así sea. Al menos son varias las constituyentes feministas en la Convención”.

Otro de los puntos que adicionó refiere a los escaños reservados para los pueblos indígenas, aunque Cobos indicó que no fue una pelea fácil. “Sin embargo, se ve empañado porque no se logró escaños para el pueblo tribal afrochileno reconocido por ley desde 2019. Con todo, destacó la diversidad de voces, trayectorias y experiencias de las y los constituyentes”.

“Vivimos procesos similares con Jacobo Árbenz y Salvador Allende”

En consideración de la entrevistada, la población de Guatemala “no debe bajar los brazos, ni perder la esperanza”, porque en Chile y en Guatemala se vivieron procesos históricos y políticos similares durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán y Salvador Allende.

“Vivimos golpes, dictaduras y genocidio. Vivimos transiciones democráticas fallidas o incompletas que creo que lo único que puedo decir es que los cambios se logran luchando, en las calles, con organización, con conciencia, con convicción, con alegría, con esperanza. Puede que ahora estemos celebrando un triunfo de las calles en Chile, pero esto no vino gratis, hubo muertes, heridos, víctimas de trauma ocular y cientos de personas que se encuentran aún encarceladas en el marco de la revuelta de octubre, en prisión preventiva sin un debido proceso o juicios justos. Entonces, la lucha no cesa. Es constante, porque el poder no querrá cambiar las cosas así como así. Hay costos, hay sufrimiento, hay violencia, hay represión, pero aun así los y las luchadoras no han parado, han seguido levantándose una y otra vez, con porfía y con un horizonte claro: que otro país, uno más justo y digno, es posible”.

 

Publicado originalmente por Prensa Comunitaria (Guatemala): https://www.prensacomunitaria.org/2021/07/chile-ante-una-nueva-constitucion-que-guatemala-no-baje-los-brazos-ni-la-esperanza

Declaración Pública Observatorio Ciudadano Frente a la instalación de la Convención Constitucional

Nuestro país está ad portas de enfrentar un momento histórico. Es la primera vez en que la ciudadanía representada por sus diversos sectores, con paridad de género, e inclusión de los pueblos y naciones originarias, tiene la posibilidad de elaborar una Constitución que sea el reflejo de los sueños y anhelos de nuestra sociedad, respondiendo al clamor ciudadano manifestado en las masivas movilizaciones desde el 18 de octubre de 2019.

Dicho proceso debe realizarse considerando la participación efectiva y aportes de la ciudadanía y de sus representantes en la Convención Constitucional. Para ello, es trascendental que el Estado, a través de las diversas instituciones que se involucren en el proceso constituyente, colaboren en la creación de condiciones que permitan hacer efectiva la  participación de las y los constituyentes electos, así como de la ciudadanía en general.

Respecto a la generación de las condiciones que permitan la participación plena de las y los constituyentes en el proceso, es imprescindible que el Gobierno –a través de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES)– comprenda las diversas realidades de quienes integran el órgano constituyente. Ello considerando su diversidad de género, étnica, etaria y territorial, para de esta forma permitir que quienes realicen dicha labor puedan hacerlo con todas las condiciones materiales necesarias para asumir  y desarrollar sus funciones.

Un ejemplo claro de ello, es el de las y los constituyentes de escaños reservados de los pueblos originarios, quienes en ejercicio de sus derechos fundamentales, han planteado  diversos requerimientos logísticos al Gobierno relativos a sus prácticas culturales y espirituales, las que inicialmente no fueron atendidas de manera eficaz por la SEGPRES. El  desconocimiento inicial de dichos requerimientos, además de dar cuenta de la carencia de un enfoque intercultural, generó un clima de confrontación y desconfianza, la que afortunadamente fue resuelta tras diversas gestiones de las y los convencionales de escaños reservados de pueblos indígenas.

En cuanto a la participación más amplia de la ciudadanía en  el proceso constituyente, consideramos que ella es un requisito fundamental para dar legitimidad al futuro texto constitucional a ser elaborado por la Convención Constitucional. Para posibilitar dicha participación, es necesario, en primer término, garantizar la transparencia del proceso, transmitiendo públicamente todas las sesiones de la Convención, lo que permitiría a la ciudadanía conocer los temas tratados y las votaciones de cada uno y una de los y las convencionales. Por otro lado, resulta esencial la generación de espacios que permitan la participación efectiva de la ciudadanía, mediante audiencias públicas para que la Convención escuche los planteamientos que realicen diversos sectores de la sociedad. En este sentido, es importante también que se puedan recoger las voces, ideas y sentires de comunidades que no obtuvieron representación en la Convención, tales como el pueblo tribal afrochileno y las comunidades migrantes.

Asimismo, resulta  fundamental que se generen instancias que permitan a la ciudadanía dirimir frente a nudos críticos que se generen en el proceso constituyente, para de esta forma resolver de manera soberana dichas situaciones. El diálogo intercultural, sin duda, será  fundamental para posibilitar intercambios de los distintos pueblos, cosmovisiones y culturas hoy participantes en este proceso. Ello a objeto de alcanzar consensos en igualdad de condiciones entre estos pueblos y culturas, sin imposiciones de ningún tipo, como las que hasta hoy han sido impuestas por sectores dominantes en la sociedad chilena. Por otro lado, se hace imprescindible involucrar a las y los diversos actores sociales en el proceso mediante un trabajo territorial permanente de las y los convencionales, en el que se nutran de las propuestas ciudadanas y que estos a su vez den cuenta ante los territorios del debate en la Convención Constitucional. 

Finalmente, celebramos la puesta en marcha de este proceso democrático histórico para el país, y esperamos que a través de él, se recojan las demandas de la ciudadanía, naciones y pueblos que por tanto tiempo han sido ignoradas. Asimismo, anhelamos que una nueva Carta Magna se traduzca en mayor justicia social, dignidad, equidad y bienestar para todas las personas  y pueblos que habitamos en Chile. Como Observatorio Ciudadano nos ponemos a disposición de la ciudadanía y convencionales electos para que este proceso se lleve a cabo satisfactoriamente y podamos construir una sociedad más inclusiva, intercultural y respetuosa de los derechos humanos.

 

Observatorio Ciudadano

03 de julio de 2021