José Aylwin, abogado de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano

A menos de un mes del plebiscito del 25 de octubre próximo, las encuestas dan una clara ventaja en favor de la opción Apruebo una Nueva Constitución para Chile (Apruebo) sobre la que se opone a ella (Rechazo). La derrota de esta última opción es tan evidente, que cada vez son más los personeros de la derecha chilena que, ya sea por oportunismo o realismo, se han sumado al Apruebo. Aunque los resultados de dichas encuestas en relación al órgano encargado de la elaboración de la Nueva Constitución a ser electo en abril de 2021 de ganar el Apruebo son más estrechos, todas ellas dan ventaja a la opción Convención Constitucional a ser electa en su totalidad por la ciudadanía, por sobre la Mixta Constitucional, a ser electa solo en una mitad por la ciudadanía e integrada en la otra mitad por parlamentarios designados por el Congreso Nacional.

Las tendencias comparadas en materia de construcción constitucional en estados democráticos demuestran que las constituciones modernas son elaboradas crecientemente por órganos constituyentes plenamente electos por la ciudadanía, comúnmente denominados Asambleas Constituyentes. Así en los procesos de elaboración constitucional verificados a nivel global en los últimos quince años (2000-2015), las Asambleas Constituyente han sido el mecanismo más utilizado (41% de los casos). En el contexto de América Latina, un 46% de los 28 cambios constitucionales verificados desde 1947 a la fecha se han materializado a través de este mecanismo (PNUD, 2015).

Ello no es una casualidad; los órganos constituyentes totalmente electos por la ciudadanía permiten una mejor representación de las diversidades existentes en los estados, hasta hace poco negadas o excluidas de estas instancias. De allí la importancia del triunfo de la opción Convención Constitucional por sobre la Convención Mixta. La primera opción adquiere más relevancia teniendo presente que dicho Congreso, acuerdo a una encuesta del CEP, llegó a contar a diciembre de 2019 con una confianza de tan solo un 3% de la población encuestada.

Es en este contexto que hoy se debaten en el parlamento diversas iniciativa orientadas a superar las barreras impuestas por el sistema sistema electoral vigente a participación política de los independientes en instancias de toma de decisión, a fin de posibilitar su inclusión efectiva en el futuro órgano constituyente. Una reforma constitucional aprobada en marzo pasado por el Congreso Nacional (Ley N° 21.216) junto con establecer la paridad entre hombres y mujeres en la elección de convencionales constituyentes, permitió la inscripción de listas independientes para la elección de convencionales. Para hacer posible dicha inscripción, sin embargo, se requiere cumplir con el requisito de patrocinio obtenido ante notario (o ante el Servicio de Registro Civil) de un número equivalente al 0,4% de votos válidos en la última elección de diputados y cuyos domicilios electorales estén en el respectivo distrito, con un máximo de 1.5% por lista, debiendo estos patrocinios estar suscritos de manera presencial.

Dadas las dificultades que ello impone a la participación de los independientes en el órgano constituyente, en particular en el contexto de la pandemia, es que recientemente fue presentada una moción parlamentaria liderada por el Diputado Auth, suscrita por diputados de oposición y de Evópoli, en la que se propone rebajar dichos requisitos, disminuyendo a un 0,2 el porcentaje de electores exigido para la inscripción de una candidatura individual, y a 0,5% para inscribir una lista independiente. La moción propone además, de manera excepcional, que el Servicio Electoral pueda disponer de su plataforma digital en la recepción de los patrocinios de candidaturas y listas independientes a través del sistema de clave única del Estado. (Boletín 13790-07). Otra iniciativa fue presentada este mes por los senadores Huenchumilla y Guiller a objeto de que las listas de candidatos independientes que se conformen en los distritos electorales puedan acordar pactos electorales con uno o más partidos políticos. Dicha iniciativa propone además que esta inscripción pueda realizarse bajo las reglas de la ley N°19.799, sobre Documentos electrónicos, con firma electrónica, y propone normas sobre financiamiento electoral de las listas de dichos candidatos, a fin de igualarlos a los partidos políticos en dicha materia (Boletín N° 13.792-07)

Finalmente, la semana pasada el diputado Jackson junto a la bancada del Frente Amplio presentaron otro proyecto promoviendo, junto a la incorporación de candidatos independientes, el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en las deliberaciones del órgano constituyente. Para lo primero, el proyecto propone permitir que los candidatos independientes a la Convención, sea constitucional o mixta constitucional, puedan asociarse entre ellos al interior de un pacto electoral con uno o más partidos políticos, de modo de no requerir patrocinio ciudadano. Asimismo, el proyecto propone establecer que, en el caso de que los candidatos independientes requieran el patrocinio ciudadano, este pueda materializarse mediante un sistema en línea con la clave única proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en lugar de la firma presencial ante notario. Para lo segundo, el proyecto propone establecer la obligación del órgano convencional de incorporar en el procedimiento de formación de la nueva constitución, mecanismos de participación ciudadana. (Boletín 13804-07)

El gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia, y de la Secretaría General de Gobierno, se reunió con grupos de independientes a objeto de analizar las iniciativas, manifestando disposición a apoyar la iniciativa del diputado Auth a través de una indicación del ejecutivo. De acuerdo a informaciones de prensa, sin embargo, el gobierno vería con distancia la rebaja de los porcentajes requeridos para la inscripción de candidatura individual y listas de independientes propuestas por la iniciativa parlamentaria.

La importancia de la participación de independientes en el órgano constituyente está determinada por la naturaleza misma de las constituciones, las que además de ser instrumentos legales, son también instrumentos políticos y sociales que expresan los valores de una sociedad, permiten la construcción de acuerdos entre los distintos sectores en ella existentes, y la distribución del poder (International IDEA, 2014). De allí que la participación en los procesos de construcción constitucional de las diversidades expresadas, además de aquella de naturaleza étnica y sexual, por los independientes que representan el sentir de la comunidad, más allá de los partidos políticos, sea fundamental para que el texto que emane de ella cuente una adhesión social que asegure su efectividad. Dicha participación adquiere mayor relevancia aun en el contexto de la grave crisis de credibilidad de los partidos políticos, los que de acuerdo al mismo Centro de Estudios Públicos llegaron a diciembre de 2019 a contar con una confianza de la población que no superaba el 2% del total encuestado.

A ello se suma por cierto la importancia, señalada en artículos anteriores, de que el órgano constituyente que con mucha probabilidad será electo en abril próximo, cuente con una representación de los pueblos indígenas proporcional a su población, cercana al 13% del total del país. cuestión que está siendo analizada por el Senado a partir de una moción parlamentaria (Boletín 13129-07).

Si la nueva Constitución ha de ser lo que el jurista Patricio Zapata ha denominado con acierto “la casa de todos y todas”, a través de la cual se ponga término a las exclusiones de todo tipo que han sido características de la historia republicana, exclusiones que como sabemos fueron el detonante del estallido social de octubre de 2019, se hace urgente que el parlamento apruebe las iniciativas señaladas. Ello a fin de establecer mecanismos que posibiliten la participación de los y las independientes, que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, en el órgano encargado de la construcción la nueva carta fundamental para Chile. Solo de esta manera se podrá conseguir la adhesión al futuro texto constitucional que surja de este proceso, y a través de dicha adhesión, lograr la estabilidad que garantice una sana e inclusiva convivencia democrática.