• El informe destaca que durante la pandemia el gobierno ha superpuesto “intereses económicos y privados en desmedro de la efectiva protección de los derechos fundamentales de la población civil”.

 

Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano

 

Con un lanzamiento virtual en el marco de la semana internacional de los Derechos Humanos, fue presentado el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de pandemia Covid-19”, elaborado de forma colaborativa por diversas organizaciones de sociedad civil.

Dividido en cinco capítulos, el primero de ellos -de carácter introductorio- aborda el contexto general en el que se produce el informe, marcado por las demandas del denominado estallido social y los desafíos adicionales que la pandemia representa para la garantía de los derechos humanos; así también los discursos y medidas gubernamentales, y de modo específico las medidas de gestión y el Plan de Acción implementado.

Luego el informe hace revisión a diversas dimensiones de afectación a derechos humanos. Así, en el capítulo dos, referido a los derechos civiles y políticos, se analiza en profundidad la agenda legislativa en el actual contexto de pandemia y si ésta responde al respeto de los pilares de una institucionalidad democrática, la afectación a las libertades personales, a la libertad de expresión y comunicación, la ocurrencia de graves hechos en el marco del Estado de excepción constitucional y las precarias condiciones penitenciarias.

En el siguiente capítulo, dedicado a derechos económicos, sociales y culturales, se señalan puntos críticos que se agudizan en el actual escenario, en particular la situación del derecho a la salud, que no se encuentra garantizado en la actual Constitución y donde se da cuenta del largo camino para que este sea considerado como fundamental; el derecho al trabajo, a la luz de lo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos fundamentales de la OIT; así como el derecho a la vivienda adecuada, a la educación, al medio ambiente, y el impacto de proyectos de inversión a los derechos humanos.

El cuarto capítulo, en tanto, se hace un recorrido por la situación de diversos grupos vulneralizados o que se encuentran mayormente expuestos a violencia de género o institucional. Es el caso de las mujeres, que debido a las medidas de confinamiento se ven expuestas a una convivencia con su agresor o se les ha dificultado su acceso a salud reproductiva y métodos de anticoncepción; los pueblos indígenas, donde se cruzan dimensiones de ruralidad, etnicidad, pobreza y etaria, constatando el informe además que no existe -y por tanto la necesidad de incorporar- una consideración a la variable étnica en los registros administrativos y sanitarios, para implementar estrategias de intervención culturalmente adecuadas para su protección y atención.

Finalmente, se formulan un conjunto de recomendaciones para superar algunas de las situaciones detectadas. En materia penitenciaria, por ejemplo, aumentar la provisión de productos sanitarios y proveer a la población penal de material informativo sobre la prevención de contagios por Covid-19; en el ámbito laboral, asegurar un ingreso básico a las familias que no cuentan con salarios; y en materia educacional, considerar herramientas tecnológicas para estudiantes con diferentes grados o tipo de discapacidad que les impida participar adecuadamente de un proceso de educación a distancia, por mencionar algunas.

Durante la presentación informe, representantes de organizaciones que participaron en su elaboración entregaron información detallada sobre las temáticas que les correspondió abordar y generales de contexto. “La pandemia tiene como base y ha evidenciado la precarización del modelo y específicamente hacia sujetos históricos y del presente que han sido parte del movimiento social”, planteó Milena Morales, de la Red de Observadoras de Derechos Humanos de Valparaíso.

Añade que “en el Plan paso a paso, llama a la preocupación que solo uno de ellos tenga como objetivo disminuir la interacción, y todos los restantes sean de apertura de las distintas actividades fuera del confinamiento, evidenciando que no es plan de cuidado sino más bien de retorno a actividades en contexto de normalidad, donde el foco no está en la población sino en la productividad de la producción. Existe además una discursividad de la responsabilidad individual, sin entregar condiciones efectivas para que esos cuidados puedan ser posibles”.

Por su parte Anita Peña, investigadora en temas de género, políticas sociales y desigualdad económica y social de Corporación Miles, destaca ante el aumento de la violencia intrafamiliar que “fue a partir de la observación civil y la visibilización de las organizaciones feministas, que se pudieron acortar las brechas digitales para realizar denuncias», y que “la pandemia ha visibilizado además la injusta división social del trabajo y acceso a los servicios de salud reproductiva con más de 140.000 mujeres que han discontinuado el uso de anticonceptivos”.

En cuanto a la situación de los pueblos originarios, Natividad Llanquileo, abogada mapuche y parte del equipo de CIDSUR, advierte que “los pueblos indígenas no han sido consultados ni forman parte de las estadísticas públicas del MINSAL, lo cual vuelve muy difícil el seguimiento epidemiológico. Existiendo un abandono por parte del Estado al no considerar la vulnerabilidad de esto pueblos ni la construcción de estrategias y adopción de medidas con su participación».

En contexto de una epidemia sanitaria, el acceso a atención de salud oportuna era fundamental, más considerando que «a partir de la pandemia se han profundizados problemas ya bastante crónicos del sistema de salud chileno. Se trata de un sistema de salud en el cual el estado actúa subsidiariamente cuando la persona no puede solventar su propio problema de salud. A esto se suma una lógica de desregulación y fragmentación de este sistema», apuntó Nelson Reyes, de la organización Salud para todas y todos.

Asimismo, preocupa que “la gestión del Ministerio de Salud durante la pandemia ha implicado un retroceso de 20 años en materia de garantías, debido a la suspensión unilateral de cirugías y exámenes incluyendo prestaciones AUGE/GES, abolición de Ley de Derechos y Deberes”, agregó.

Otro ámbito fuertemente impactado es la educación, donde “las desigualdades en el acceso se han agudizado a causa de la pandemia, incrementado los factores de riesgo, como es el que muchos estudiantes se hayan visto obligado a desertar del sistema. Las herramientas que se han desarrollado requieren en la mayor parte de nuestro territorio conexión a internet, de un adulto siempre presente y de un espacio apropiado, y aproximadamente el 40 por ciento”, advierte Claudia Silva de Educación 2020.

El Covid-19 ha afectado también una dimensión indispensable para la satisfacción de los derechos humanos, como es la dignidad humana desde la especificidad de cada territorio. “Los derechos al hábitat, entre los cuales está el derecho humano a una vivienda adecuada, se incumplen aún más en tiempo de pandemia. En efecto, desde finales de mayo, en el momento álgido del Covid en Chile, las autoridades sanitarias expresaron la dificultad de aplicar protocolos de cuarentena en casi la mitad de las ciudades del país, pues cerca del 30 a 40% de las viviendas evidencian niveles de precariedad, producto del hacinamiento y la falta de acceso a servicios deficientes”, recalca Ana Sugranyes de Ciudad Común.

“Por lo mismo es especialmente preocupante el desalojo forzado de familias desde sus viviendas, que es la violación más violenta de este derecho. En esta pandemia, los Estados procuraron hacer una moratoria de desalojos; para esto, se aprobó la Ley 21.226. Sin embargo, la práctica del desalojo individual y colectivo se mantiene a diario, dejando a familias sin sus bienes y derechamente en la calle, una situación que afecta especialmente a personas migrantes”, concluyó.

Las organizaciones que participaron en la elaboración del informe son: Abofem Wallmapu, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos (CDH), Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Centro de Investigación y Promoción de Los Derechos Humanos (CINPRODH), Corporación Ciudad Común, Corporación de Estudios Sociales y Educación SUR, Corporación Humanas, Corporación Opción, Corporación Miles, Educación 2020, Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR), Movimiento Salud para todas y Todos, Observatorio Ciudadano, Red de Observadoras de Derechos Humanos de Valparaíso, Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), Red de Defensa de los Territorios, Red de Peritos Independientes, Women’s Link Worldwide

 

Revisa el informe completo en el siguiente enlace:

https://observatorio.cl/final_informecovidddhh_9_12/

 

El video de la presentación puedes verlo en el link:

https://facebook.com/observatoriociudadanochile/videos/1863067483843404/