ONG’s de América Latina y el Caribe reflexionan sobre los impactos de las empresas y los derechos humanos

INTRODUCCIÓN

11 de octubre de 2023. Las organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de América Latina y el Caribe que, convocadas por la Plataforma Latinoamericana sobre Empresas y Derechos Humanos, nos reunimos de forma previa al VIII Foro Regional de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que se celebra en Santiago de Chile, para compartir nuestras experiencias de trabajo sobre los impactos de las empresas en los derechos humanos. Esta convocatoria acontece en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar en Chile, herida histórica que permanece viva en la memoria y que nos recuerda que no podemos ceder a las atrocidades del poder en la defensa de los derechos humanos.

La historia nos ha enseñado dolorosamente que el poder corporativo asociado a las elites políticas puede llegar a ser perverso. Así, en nuestro encuentro constatamos con preocupación que los derechos de las poblaciones vulnerables y la naturaleza en Latinoamérica y el Caribe se ven crecientemente afectados por la presencia de gran cantidad de empresas y entidades financieras que operan en la región, las cuales no cumplen con su responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.

Por las razones anteriores, en nuestro encuentro preparatorio abordamos las siguientes materias: el impacto de las empresas extractivas en los derechos humanos y ambientales; la falta de mecanismos de denuncia y de reparación frente a entidades del sector financiero; las consecuencias negativas de la agroindustria; la criminalización y persecución de personas defensoras de derechos, principalmente comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; la necesidad de mejorar la rendición de cuenta de las empresas; y la debida diligencia y el rol de Naciones Unidas.

IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES DE EMPRESAS EN LOS DERECHOS HUMANOS

EMPRESAS EXTRACTIVAS, AGROINDUSTRIA Y SECTOR FINANCIERO:

La crisis climática ha llevado a la creación de falsas y fáciles soluciones —como la «transición energética»—  que no representan verdaderas transformaciones y respuestas a la crisis ecológica que vive el planeta al no cambiar positivamente el modelo de producción y consumo. Si bien es necesario transitar al decrecimiento y buscar energías limpias, la extracción del cobre y litio para dicha transición fortalece el extractivismo minero. Por ende, sin las medidas adecuadas de prevención, se sigue con la destrucción ambiental. Todo esto mientras se insiste en la explotación de combustibles fósiles que son la base del calentamiento global.

Este modelo de transición energética corporativa, propuesto por el norte global, no considera el impacto en los pueblos indígenas, comunidades campesinas y pueblos afrodescendiente. Tampoco en su propuesta se incluye la atención a las comunidades afectadas por el extractivismo petrolero. Todo ello, reproduce un esquema neocolonial y racista que convierte a la región en una zona de explotación y sacrificio.

Asimismo, la expansión de la agroindustria significa la concentración de la tierra, la valorización del monocultivo, el desplazamiento de la pequeña agricultura, el incremento de la degradación ecológica, la afectación de las fuentes de agua y el suelo. Además, la agroindustria descansa en condiciones de trabajo altamente precarias, donde el trabajo forzado, la trata de personas y ls formas de esclavitud moderna ocurren de manera transversal y sistemática en todos los países de la región.

En tanto, las entidades financieras, a través de los flujos de capital hacia distintos sectores empresariales o tipos de inversión, generan impactos directos e indirectos sobre los derechos humanos. ¡Deben hacerse responsables de los impactos de su financiamiento!

Los activos ilícitos o economías ilegales que propician violaciones a los derechos humanos —como el trabajo forzoso y la trata de personas, la vulneración de derechos colectivos e individuales—, y los daños al medio ambiente —que ocurren en las operaciones y cadenas de suministro de las empresas— ingresan a la economía formal (y también son favorecidos en algunos casos por estas) sin ningún tipo de análisis de trazabilidad, favoreciendo actos de ocultación y disimulación del origen ilícito de dichos activos, como es el caso de la explotación aurífera y el uso del mercurio en la minería ilegal, lo cual constituye el delito de lavado de activos, poniendo en cuestión la integridad y sostenibilidad de los mercados y el sector financiero.

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

La defensa de los derechos humanos frente a las actividades de las empresas es eminentemente colectiva: en la primera línea se encuentran pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidades campesinas. En represalia, las comunidades son objeto de violencia, criminalización y estigmatización por parte de las empresas, por lo tanto, es necesario reconocerlas como «comunidades defensoras» y ampliar el espectro de protección en su favor.

Nuestra región sigue siendo la más peligrosa del mundo para las personas defensoras del territorio y el ambiente, y los Estados no están cumpliendo con su obligación de protegerlas. América Latina tiene el 42 % de persons criminalizadas a nivel mundial. En respuesta a ello, se vienen implementado mecanismos de autoprotección, como protocolos, comités de vigilancia y control territorial, sistemas de alerta temprana y guardias indígenas. No obstante, estos siguen siendo insuficientes. Particularmente, cuando los Estados no cumplen con sus obligaciones internacionales, que les exige generar entornos seguros para el trabajo de defensores y defensoras, y cuando son las mismas empresas las que promueven tácticas de división comunitaria, persecución y criminalización de las personas defensoras de la tierra y los derechos humanos, se genera una situación estructural de violaciones a los derechos humanos que debe ser resuelta urgentemente.

EL MARCO REGULATORIO: DEBIDA DILIGENCIA

La adopción de marcos normativos que tomen en cuenta el rol de la cadena de valor de las empresas en la región es esencial. Aunque existen leyes que regulan a las empresas en diferentes ámbitos, constatamos su falta de implementación. Es necesario comprender por qué las leyes no se cumplen en el ámbito empresarial (v.gr. captura corporativa, inestabilidad laboral, asimetrías de poder, entre otros fenómenos) y actuar para que se respeten.

En términos de debida diligencia, resaltamos la importancia de articular esta materia con otros instrumentos (tratados de comercio e inversión y de derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú). La debida diligencia debe implementarse como una obligación más y no debe ser empleada para reemplazar otro tipo de responsabilidades, tales como la penal, la administrativa o la civil, tanto para las propias empresas como para sus propietarios y ejecutivos.

A su vez, se deben ampliar los espacios de diálogo y participación para incluir movimientos sociales, sindicatos y democratizar el lenguaje de la debida diligencia, promoviendo una mayor conciencia ciudadana en materia de empresas y derechos humanos.

Finalmente, destacamos la importancia del acceso a la justicia de personas afectadas en diferentes jurisdicciones: las víctimas deben tener la oportunidad de acceder a tribunales nacionales y que estos incorporen el enfoque y doctrina de los derechos humanos en sus decisiones judiciales; asimismo, también es relevante que las víctimas puedan acceder a otros mecanismos de reparación, como tribunales europeos, en el marco de leyes de debida diligencia ratificadas en esa región.

EL ROL DE NACIONES UNIDAS

El propósito de espacios como el Foro y los procedimientos especiales que buscan avanzar en la consolidación de mecanismos de protección a los derechos humanos y el medio ambiente, en el marco de la conducta empresarial responsable y respetuosa de los derechos humanos, hasta la fecha han demostrado ser insuficientes e inefectivos. No existe un diálogo interseccional entre los diferentes procedimientos (como la implementación de los Principios Rectores y los trabajos hacia un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos), esto evidencia cómo los derechos humanos y ambientales están entrampados en una burocracia internacional que desgasta la participación de la sociedad civil, traduciendose ello en el agotamiento y desesperanza de los titulares de derechos.

No basta únicamente con entablar reuniones una o dos veces al año en estos foros cuando el resultado de los diálogos no tiene un carácter vinculante y estos no se traducen en respuestas efectivas, acorde a las realidades latinoamericanas y de las comunidades afectadas por la operación empresarial y entidades financieras en nuestra región. Necesitamos avanzar del concepto limitante de la debida diligencia y abordar la responsabilidad jurídica de las empresas y entidades financieras, así como la creación de mecanismos de acceso a la justicia y reparación de víctimas de abusos corporativos.

RECOMENDACIONES

Considerando los aspectos previamente abordados, las organizaciones firmantes declaran y recomiendan:

  1. Implementar cambios profundos en los patrones de producción, comercialización y consumo vinculados con las industrias extractivas sobre el interés comercail de las entidades empresariales y financieras. Ello con el objetivo de garantizar la supremacía de los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente, el acceso justo y democrático a la tierra y el respeto de los territorios indígenas, las condiciones de trabajo decente y políticas de protección para la pequeña agricultura;
  2. Los Estados —en consulta con la sociedad civil y titulares de derechos— deben evaluar las deficiencias en la implementación de las leyes existentes, con enfoque especial en cuestiones étnicas, género y otras situaciones de vulnerabilidad, y determinar los ajustes normativos y el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y administración de justicia que se requieran para hacer efectivo el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las empresas y el sector financiero, incluyendo la creación de mecanismos de denuncia y monitoreo para víctimas de violaciones a los derechos humanos y daños ambientales;
  3. Los Estados deben asegurar, a través de marcos normativos y políticas públicas efectivas, que las empresas e instituciones financieras que proveen insumos para la denominada «transición energética» respeten los derechos ambientales y humanos, en particular, de los pueblos y comunidades que habitan en los sitios de explotación o dependen de los mismos ecosistemas y recursos hídricos;
  4. Las empresas deben abstenerse de violar los derechos humanos y ambientales. Al mismo tiempo, deben adoptar medidas orientadas a prevenir cualquier forma de violación a tales derechos e impulsar procesos de debida diligencia en los procesos de gestión de riesgos, junto con la reparación efectiva de los daños causados;
  5. Las empresas deben abstenerse de obstaculizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, comunidades tradicionales y sindicatos;
  6. Los Estados que aún no lo han hecho deben ratificar el Acuerdo de Escazú y, además, deben desarrollar e implementar, con recursos suficientes, leyes y políticas para garantizar un ambiente habilitante y seguro para la defensa de los derechos humanos, incluyendo el reconocimiento y fortalecimiento de los diversos sistemas de autoprotección comunitarios que existen en la región;
  7. Las instituciones financieras que participen de instrumentos de finanzas sustentables deben garantizar el respeto de los derechos humanos y ambientales, para que las finanzas sustentables, en particular las que se contabilizan para la reducción de GEI, no escondan violaciones, tales como trabajo esclavo, trabajo infantil, destrucción de ecosistemas o contaminaciones masivas. Igualmente, deben prevenir el blanqueamiento de imagen, asegurándose que la información sobre derechos humanos proporcionadas por sus clientes sea correcta, verificada en terreno con las organizaciones de la sociedad civil o las comunidades directamente afectadas;
  8. Los Estados deben regular, fiscalizar y sancionar a las instituciones financieras si incumplen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, en particular, su responsabilidad de abstenerse de financiar proyectos empresariales que vulneren los derechos humanos, laborales y ambientales. Para ello, las autoridades deben abordar de manera integral y sistémica la prevención y detección de los flujos ilícitos provenientes – por señalar algunos ejemplos, del trabajo forzoso, la trata de personas y formas contemporáneas de esclavitud, la destrucción ambiental y del territorio, y otras violaciones a los derechos humanos. Resulta imperativo erradicar prácticas de auditoría y fiscalización ineficaces, incluidas las prácticas de greenwashing y considerar su sanción. Llamamos a implementar la confiscación, embargo y extinción del dominio de los activos ilícitos y con ello priorizar la remediación a las víctimas;
  9. La Organización de las Naciones Unidas debe incrementar, fortalecer y mejorar el diálogo con la sociedad civil y las comunidades afectadas, y trabajar en la construcción de espacios de diálogos reales entre iguales, contrarrestando las asimetrías de poder que hace que las empresas y gobiernos cuenten con mayores recursos, comparados con la sociedad civil, para participar en tales espacios;
  10. Pese a la existencia de los Principios Rectores, los planes nacionales de acción, leyes nacionales de debida diligencia, las Líneas Directrices de la OCDE y otros mecanismos orientados a promover una conducta empresarial responsable, las violaciones a los derechos humanos y ambientales continúan agravándose. Por lo tanto, exigimos con urgencia avanzar hacia un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, en cuya negociación la sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes sean escuchados efectivamente.
  11. Nos preocupa altamente que la captura corporativa sea cada vez más una herramienta presente en algunos escenarios de la Organización de Naciones Unidas, por ello, en atención a los principios de transparencia y rendición de cuentas, es necesario que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos publique el origen de su financiamiento y cómo este es implementado en su agenda estratégica, incluidos el desarrollo de los foros regionales y globales.

Organizaciones de la sociedad civil firmantes:

  1. ActionAid, Guatemala
  2. Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Ecuador
  3. Amazon Watch
  4. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Chile
  5. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
  6. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), Perú
  7. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Perú
  8. Conectas Direitos Humanos, Brasil
  9. CooperAcción, Perú
  10. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú
  11. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Perú
  12. Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Perú
  13. FIMA, Chile
  14. Foro Ciudadano de Justicia y los Derechos Humanos (FOCO)
  15. Fundación Ecuménica e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), Perú
  16. Fundación Libera contra la trata de personas y la esclavitud, Chile
  17. Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, México
  18. Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)
  19. Grupo de Trabajo de Impactos por Hidrocarburos del Perú
  20. Justiça Global, Brasil
  21. Observatorio Ciudadano, Chile
  22. Oxfam Brasil
  23. Oxfam México
  24. Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú
  25. Protección Internacional Mesoamérica, Guatemala
  26. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), México
  27. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México
  28. Red Muqui, Perú
  29. Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC)
  30. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Perú

Borrador sujeto a consulta: Agenda legislativa para la responsabilidad legal de las empresas por abusos a los derechos humanos y daño al medio ambiente en Latinoamérica

12 de octubre de 2023. La FIDH y sus miembros latinoamericanos Justica Global, Movimento Nacional de Dereitos Humanos, Observatorio Ciudadano y Perú Equidad participaron en el Foro preliminar de la sociedad civil y en el Foro Regional de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, celebrado en Santiago (Chile) del 10 al 12 de octubre de 2023.

En este contexto, las organizaciones presentaron la versión preliminar de un informe que tiene como objeto delinear las áreas clave de reforma legal necesarias para instaurar en los ordenamientos jurídicos internos de los países latinoamericanos un régimen efectivo de responsabilidad legal empresarial por abusos a los derechos humanos y daño al medio ambiente. Si bien hace mayor referencia a las experiencias particulares de Chile, Perú y Brasil, es de relevancia para toda la región.

El informe no busca presentar propuestas exhaustivas o terminadas. Por el contrario, busca brindar elementos iniciales, abiertos y perfectibles que generen reflexión y diálogo y contribuyan al proceso colectivo de elaboración de leyes y regímenes efectivos de responsabilidad legal empresarial para América Latina.

Un primer borrador del informe ya está disponible aquí. Estará abierto a comentarios de organizaciones de la sociedad civil y expertos hasta el 15 de noviembre de 2023. Las aportaciones deben enviarse antes de esta fecha por correo electrónico a mondialisation@fidh.org.

Foro de Empresas y Derechos Humanos: encuentro regional busca limitar el extractivismo en América Latina y Caribe

La FIDH, Observatorio Ciudadano, Perú Equidad, Movimento Nacional de Direitos Humanos y Justicia Global se reúnen con representantes del gobierno y de la sociedad civil para exigir la aplicación de nuevas normativas que frenen la acción de las multinacionales dado el grave impacto en territorios y comunidades de la región.

Santiago, 10 Octubre de 2023. Entre los días 11 y 12 de Octubre se realizará en Santiago, Chile, el VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros Observatorio Ciudadano, de Chile, Perú Equidad, de Perú, el Movimento Nacional de Direitos Humanos y Justicia Global, de Brasil, participarán en el encuentro con el objetivo de dar a conocer el trabajo que vienen desarrollando para promover marcos normativos que exijan la responsabilidad de empresas en materia de derechos humanos y el medio ambiente. También estarán presentes en el Foro Preparatorio de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas,  organizado por la Plataforma Latinoamericana sobre la temática,  para compartir su visión y experiencia en la región y a nivel global sobre la afectación de derechos por empresas y las estrategias para frenar la impunidad corporativa.

Este encuentro adquiere especial importancia en América Latina, cuya economía se basa significativamente en la extracción y comercialización de materias primas, lo cual afecta de manera especial a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales Ello es particularmente relevante en el contexto de abusos por parte de actores económicos, así como del grave incumplimiento por parte de los Estados de la región de su obligación de proteger los derechos humanos de las actividades corporativas, y también la resistencia de otros países a cumplir sus obligaciones extraterritoriales cuando sus empresas cometen abusos en el extranjero.

José Aylwin, Coordinador del programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano, considera que “la realización de este Foro Regional en Chile es una oportunidad clave para socializar las tendencias internacionales y comparadas en la materia, considerando que en este país las empresas, predominantemente extractivas, ha tenido severos impactos en los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, y que no existe un marco normativo para hacer exigibles sus obligaciones y las del Estado en derechos humanos. Esto a objeto de poner freno a los abusos a estos derechos hoy predominantes en el actuar corporativo”.

Hacia una normativa transversal de derechos humanos

Uno de los principales objetivos del encuentro es impulsar normativas vinculantes sobre la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y del medio ambiente en el contexto de sus actividades. En concreto, se propondrán a los participantes del Foro – incluyendo Estados y empresas – medidas específicas que aseguren la investigación exhaustiva y diligente de abusos, y sancionen actividades de criminalización, estigmatización, desprestigio, u otras que socavan la labor de las personas defensoras de los derechos humanos.

Al respecto, Jimena Reyes, Directora de las Américas de la FIDH, explica que  “en el grave contexto regional, marcado por la impunidad total de las empresas que transgreden los derechos humanos y el medio ambiente, así como por la violencia en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos que denuncian estas situaciones, urgen acciones inmediatas para que cesen estos abusos y para salvaguardar la integridad de quienes, en el ejercicio de su trabajo de protección de comunidades y de la biodiversidad, están sufriendo una injustificada persecución”.

Asimismo, teniendo en cuenta las graves violaciones de derechos humanos en contra de las mujeres en los países de América Latina y Caribe, la FIDH y sus organizaciones miembro buscarán impulsar una perspectiva transversal, interseccional y diferencial que incluya un enfoque intercultural y de género en las prácticas empresariales.

El encuentro tendrá lugar en la Casa Central de la Universidad de Chile. Puedes revisar más detalles sobre el cronograma del Foro y registrarse en el siguiente enlace: INICIO | My Site 2 (empresas derechoshumanos.org)

Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento chilena: ¿una oportunidad real o más de lo mismo?

El presidente Gabriel Boric dio a conocer la conformación de una Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento durante un acto realizado, el 21 de junio pasado, en La Moneda. Dicha Comisión, que había sido anunciada en 2021 por el mandatario, tiene como objetivo sentar las bases para dar una solución de mediano y largo plazo a las demandas de tierras del pueblo Mapuche y de sus comunidades, hasta ahora no satisfechas. A su vez, busca contribuir a lograr una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el territorio tradicional mapuche en el sur de Chile.

La Comisión apunta al establecimiento de un proceso de diálogo que produzca un acuerdo preliminar con las organizaciones representativas y comunidades mapuche para hacer frente a las expectativas que hoy tienen en cuanto a reparación en materia de tierras. En este marco, debería entregar un informe al Presidente de la República y al Congreso Nacional que proponga modificaciones institucionales y de legislación para estos efectos, incluida la Ley 19.253, conocida como Ley Indígena, hoy vigente. Una vez aprobadas las reformas, la Comisión terminaría su cometido y comenzaría la etapa de la implementación de las medidas por estas propuestas.

La misión de la Comisión

La Comisión está integrada por ocho personalidades de un amplio espectro político, incluyendo a referentes del pueblo mapuche, parlamentarios, representantes del empresariado y de los agricultores de dichas regiones. Su mandato principal es determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos para la reparación por la vía institucional frente al desposeimiento que han sido objeto a través de la historia./p>

Entre los objetivos específicos (Art. 2 Decreto N° 14) de la Comisión se identifican:

a. Realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo Mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile y las brechas persistentes en dicha materia, con el objeto de cuantificar dicha demanda.

b. Propiciar un proceso de diálogo entre los distintos actores políticos de las regiones involucradas con el objeto de alcanzar consensos y otorgar legitimidad a las políticas y soluciones sugeridas en su informe final.

c. Analizar y recomendar mecanismos, reformas, condiciones y formas de reparación que contribuyan a la paz y el entendimiento entre los actores para dar solución al conflicto, considerando los diálogos ya realizados y la información recopilada.

Se trata de una iniciativa de la mayor importancia. Si bien los conflictos por tierras son muy antiguos en las regiones del centro sur de Chile (regiones del Bío Bío a Los Lagos, en el territorio de ocupación tradicional del pueblo mapuche), se han agudizado en las últimas décadas, afectando seriamente la convivencia interétnica en esta parte del país. En los últimos años, comunidades y organizaciones mapuche se han movilizado en demanda de sus tierras de ocupación tradicional de las que fueron desposeídos.

Los desafíos

A través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Estado ha impulsado una política para la adquisición y posterior transferencia de tierras a las comunidades mapuche, pero ha sido muy insuficiente para dar una respuesta a las demandas. En efecto, el mecanismo utilizado por CONADI se limita a abordar las demandas por las tierras que en el pasado fueran reconocidas por el Estado a los mapuche (tierras de propiedad legal) de las que fueran desposeídos, dejando de lado las demandas por tierras de ocupación tradicional que nunca les fueron reconocidas, las que constituyen una parte significativa del reclamo. Por otro lado, el mecanismo de mercado utilizado para estos efectos y los escasos recursos destinados determinan un rezago significativo en la respuesta del Estado frente a esta legítima demanda mapuche.

La falta de una respuesta estatal efectiva a la demanda de tierras del pueblo Mapuche, ha sido una de las principales causas de protesta social. Frente a la protesta, la que ha incluido formas tanto no violentas como violentas, la respuesta del Estado se centrado en la utilización de la fuerza y la persecución penal desproporcionada, resultando muchas veces en situaciones de violación del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y al debido proceso, entre otros derechos humanos afectados. Esta situación ha llevado a un recrudecimiento de los hechos de violencia en estas regiones, que involucran tanto a entidades mapuche como no mapuche. En este marco, en los últimos años el Parlamento ha declarado estado de emergencia en la zona, lo cual ha reforzado la presencia de efectivos militares y generado un serio clima de militarización en el territorio.

En este contexto, la conformación de la Comisión de Paz y Entendimiento, de integración y mandato amplio para buscar y proponer soluciones frente a esta realidad, en particular la problemática de las tierras de ocupación tradicional mapuche en conflicto, resulta esperanzadora. La Comisión viene a abrir una puerta para abordar esta problemática histórica por la vía del diálogo y a través de canales institucionales. Si bien en el pasado se habían conformado instancias para tratar la problemática de las tierras mapuche, como la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato a comienzos de la década del 2000, estas se limitaron a abordar únicamente el desposeimiento del pueblo mapuche de sus tierras de propiedad legal anteriormente reconocidas por el Estado y no de las tierras que nunca les fueron reconocidas.

El éxito del trabajo de la Comisión presenta importantes desafíos que no pueden ser desatendidos. Por un lado, está el desconocimiento que sus integrantes, algunos de los cuales representan a sectores empresariales y gremios (agricultores), pueden llegar a tener sobre los estándares de derechos humanos que deben ser tomados en consideración para la resolución de los conflictos por tierras que afectan a los pueblos indígenas. En efecto, algunos de sus integrantes han manifestado cuestionamientos a que la Comisión aborde en su trabajo las denominadas “tierras ancestrales”, dando a entender que esta debe limitarse solamente a las demandas por tierras que fueron reconocidas a los mapuche por el Estado y de las que hoy no están en poder. También se ha señalado que el foco del trabajo de la Comisión debe estar puesto en la compensación económica por las tierras de las que los mapuche han sido desposeídos.

El marco legal internacional

De acuerdo al estándar internacional aplicable a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile, el fundamento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras no radica en el título otorgado por el Estado, sino en la ocupación tradicional. En línea también con el mismo estándar aplicable, los Estados deben “tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” (art.14.2).

Dicho estándar ha sido desarrollado también en el sistema de la ONU y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este sentido, es muy importante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: desde su decisión en 2001 del caso Awas Tingni vs Nicaragua ha afirmado reiteradamente que la posesión de la tierra basada en la costumbre indígena, aun a falta de título, constituye el fundamento de la propiedad sobre ellas. Además, establece que la estrecha relación que los indígenas tienen con sus tierras debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica.

También, el derecho internacional aplicable establece la posibilidad que el Estado adquiera tierras de igual valor para entregarlas a dichos pueblos o compensarlos por su valor en los casos específicos en que no sea factible restituir las tierras de ocupación tradicional de las que han sido desposeídos. Sin embargo, tales medidas no pueden ser impuestas arbitrariamente a los pueblos indígenas, sino que deben ser establecidas de común acuerdo con sus instituciones representativas.

Frente a ello, también se hace necesario que la Comisión tome en consideración el abordaje y resolución de los conflictos por tierras indígenas en distintos contextos del mundo, incluyendo América Latina (casos de Brasil, Colombia y Argentina) y también otras experiencias, como Canadá y Nueva Zelanda. Dicho conocimiento puede constituir un aporte al trabajo de la Comisión en la búsqueda y determinación de alternativas para dar solución a los conflictos de tierras que afectan la zona centro sur del país y que propiciaron su creación.

Un diálogo social para lograr la paz

Dentro de los espacios de acción de la Comisión es imperativo que se abran instancias que permitan a las comunidades y organizaciones del pueblo Mapuche acreditar las reivindicaciones territoriales según los estándares internacionales. De esta forma, podrán canalizar por la vía institucional sus legítimas demandas ante la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

Dada la diversidad del pueblo Mapuche, otro elemento de especial relevancia es la identificación de vías efectivas de inclusión en el diálogo de las diversas organizaciones representativas a lo largo de todo su territorio. Siempre y cuando los acuerdos que se alcancen posean la legitimidad en los diversos sectores del pueblo mapuche, considerando siempre los estándares de participación contemplados en el derecho internacional de los pueblos indígenas.

En definitiva, la Comisión para la Paz y el Entendimiento es una oportunidad histórica que puede ofrecer un avance cualitativo y cuantitativo hacia la construcción de respuestas estructurales en la reconstrucción del equilibrio social y la convivencia pacífica de todos los actores que habitamos el territorio. Para tal fin, es necesario que se considere de manera seria y estructurante la identificación y resolución de los conflictos relacionados con las tierras de ocupación tradicional mapuche, los estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas y la participación efectiva de todos los sectores mapuche.

De cumplirse estas condiciones, se podrá generar un diálogo social que facilite el alcance de acuerdos para la reconstrucción del equilibrio social y la convivencia pacífica de todos los actores que habitamos el territorio. Así, esta Comisión podrá ser una oportunidad real para lograr la paz, y no más de lo mismo, que hasta ahora no ha dado resultado.

Hernando Silva Neriz es Codirector del Observatorio Ciudadano.

Declaración de Bilbao sobre Defensoras y defensores de derechos humanos

9 de septiembre de 2023-, En el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y del 25 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (1998), también conocida como la Declaración sobre los defensores de derechos humanos (DDH), la Asociación de Institutos de Derechos Humanos (AHRI), reunida en la Universidad de Deusto (Bilbao, España) con la participación de un amplio número de defensoras y defensores, hace un llamamiento a favor de un apoyo firme al rol esencial que desempeñan los DDH para la consecución de una sociedad democrática. Enfatizamos la legitimidad de su trabajo frente a una situación de fuerte deterioro en muchas partes del mundo. Como proclamamos en la Declaración de AHRI en Edimburgo (2018), estamos “profundamente preocupados por los ataques contra los y las defensoras de derechos humanos”.

Lamentablemente, esta proclamación es más urgente que nunca. La adopción de la Declaración sobre los DDH por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 25 años marcó un punto de inflexión, consagrando el derecho a defender los derechos humanos junto con muchos otros derechos que son necesarios para los DDH en su trabajo de promoción de todos los derechos humanos para todas las personas. Entre todos estos derechos, subrayamos la importancia de los derechos a la libertad de asamblea, asociación, opinión y expresión, el derecho a desarrollar y discutir nuevas ideas acerca de los derechos humanos, el derecho al acceso y a la comunicación con órganos internacionales, el derecho a un remedio efectivo, el derecho a acceder a financiación para desarrollar su trabajo, así como el derecho de los DDH a su protección.

La Declaración sobre DDH abrió la puerta a cambios significativos en el ámbito normativo, institucional y jurisprudencial. En primer lugar, se han adoptado un amplio número de normas tanto internas como internacionales para facilitar el trabajo de los DDH. El primer tratado en esta área fue el Convenio sobre Acceso a la Información, la Participación Pública en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente (Convenio de Aarhus, 1998). Una profundización en este terreno vino de la mano del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú, 2018). Nos encontramos ante el primer tratado internacional que establece una protección específica para los y las defensoras ambientales. Asimismo, se han creado varias instituciones relevantes para apoyar el trabajo de los DDH. En el año 2000, la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el mandato del Relator Especial sobre los DDH, quien ha contribuido inmensamente a la aplicación de la Declaración sobre los DDH. En la misma línea, en 2004 la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos estableció una relatoría especial sobre los DDH para monitorear su situación en el continente africano y recomendar medidas efectivas para su protección. Inspirándose en estos mandatos, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos procedió a la creación de la figura del Relator Especial sobre los DDH para mejorar su protección y dotar de una mayor visibilidad al enorme trabajo que realizan para la construcción de una sociedad democrática. El desarrollo institucional más reciente es el primer Relator Especial sobre Defensores Ambientales que acaba de ser nombrado en junio de 2022 en el marco de la Convención de Aarhus.


Otro impacto positivo de la Declaración sobre DDH ha sido la emergencia de una jurisprudencia bastante progresiva sobre el rol legítimo que desempeñan aquellas personas que trabajan en la promoción y protección de todos los derechos humanos. Queremos subrayar el especial significado de algunas decisiones recientes de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos para la creación de un entorno favorable para
el trabajo de los DDH. Esta ambiciosa jurisprudencia puede influir en otros órganos tanto judiciales como cuasi-judiciales, en el ámbito interno e internacional, en un interesante e inspirador proceso de fertilización cruzada de jurisprudencias.

A pesar de la importancia de la adopción de la Declaración sobre los DDH, somos plenamente conscientes de algunos de sus vacíos y limitaciones debido a la influencia decisiva de los Estados en su proceso de adopción por consenso. Por poner un ejemplo, la Declaración no contiene ninguna disposición específica sobre la creciente estigmatización y criminalización a la que se enfrentan los y las DDH. La Declaración es incompleta en su articulación de las obligaciones estatales, en particular la obligación de investigar y enjuiciar los casos de ataques y amenazas contra DDH. La Declaración también guarda silencio sobre el complejo y creciente carácter transnacional del activismo y la represión, así como sobre los deberes de los Estados de proteger y apoyar a los DDH y a otros activistas que se encuentran en el exilio. También se queda corta en abordar los riesgos y amenazas específicos que sufren ciertas categorías de DDH como las mujeres defensoras de derechos humanos, los activistas de la comunidad LGTBIQ+, los defensores ambientales, los y las periodistas, los académicos, los defensores de derechos indígenas, los menores defensores (sobre todo, en el contexto de su contribución a la justicia ambiental global), o las personas defensoras con discapacidad. Todos estos grupos necesitan una protección reforzada que tenga en cuenta las múltiples formas de opresión y las vulnerabilidades que, de manera inter-seccional, les afectan.

Finalmente, la Declaración no se refiere a los deberes de los actores no estatales, en particular grupos armados y compañías privadas. El 25 aniversario de la Declaración es el momento adecuado para afrontar todas estas insuficiencias y lagunas. La necesidad de revisar la Declaración sobre los DDH es especialmente necesaria ante el cada vez más alarmante escenario en el que los DDH tienen que desarrollar su trabajo. De acuerdo con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los DDH, se están enfrentando a restricciones “sin precedentes” ataques que incluyen intimidación, amenazas, asesinatos, desapariciones, tortura y maltrato, detención arbitraria, vigilancia, acoso administrativo y judicial, estigmatización y criminalización por parte de las autoridades estatales y de actores no estatales. También se ven afectados por restricciones ilegítimas a sus derechos a la libertad de opinión y expresión, acceso a la información, acceso a fondos para desarrollar su trabajo, y a sus libertades de asociación, asamblea pacífica y movimiento. Todas estas violaciones de sus derechos más básicos ocurren en un clima de impunidad. Los Estados deben cumplir su obligación de garantizar la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de los derechos de los DDH, así como de su derecho a un remedio efectivo que incluya una reparación integral.


AHRI, como red académica global de institutos de derechos humanos, hace un llamamiento a la comunidad internacional, organizaciones internacionales, Estados, gobiernos regionales y locales, actores no estatales, y a la academia, para que asuman su responsabilidad en la puesta en marcha de medidas efectivas para proteger a los DDH, apoyar sus actividades, y crear un entorno seguro para el pleno ejercicio de sus derechos, para su protección y para garantizar su vital contribución a la sociedad

Pueblo mapuche williche presenta queja en Noruega contra empresa Statkraft en Chile


Este jueves 14 de septiembre comunidades mapuche williche del territorio del Pilmayken, representados por su organización autónoma Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y autoridades ancestrales, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del pueblo mapuche, y el
consejo de lonkos, en representación de más de 150 comunidades indígenas afectadas, presentaron en Oslo una queja contra Statkraft ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Noruega, por posibles violaciones a las Líneas Directrices sobre Empresas Multinacionales (Directrices). Cabe destacar que Chile firmó el Convenio Constitutivo de la OCDE el 7 de mayo de 2010.

Se trata de la primera queja presentada por comunidades indígenas de América contra una empresa noruega, conforme a las recientes reformas de las Directrices, aprobadas en junio de este año. Las comunidades representan a miles de personas indígenas que
habitan y usan ancestralmente el territorio Pilmayken.


En 2009, la entonces empresa chilena promovente de los proyectos hidroeléctricos solicitó la autorización oficial de los mismos sin que las comunidades fueran consultadas y participaran en los estudios de impacto ambiental, social y cultural de dichos proyectos.
Statkraft adquirió en 2015 los activos de la empresa chilena y tres proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén: Rucatayo, Osorno y Los Lagos. No obstante, omitió cumplir con su deber de debida diligencia en materia de derechos humanos con motivo de
dicha adquisición y continúo con el avance de los proyectos sin cambios significativos.

Desde 2011, cuando las comunidades decidieron defender su territorio, han enfrentado diversos obstáculos por parte de las autoridades chilenas, pero también retaliaciones por parte de Statkraft. Desde su involucramiento en los proyectos, la empresa se niega a
reconocer la existencia, el territorio y prácticas ancestrales de las comunidades mapuche williche en el Pilmayken, así como los impactos culturales por sus actividades y el derecho a una consulta indígena y al consentimiento libre, previo e informado. Así también, Statkraft ha omitido proporcionar información clara, exacta y completa a las comunidades sobre el desarrollo de sus proyectos. Aunque la empresa informó recientemente que ha desistido del proyecto Osorno, las comunidades no tienen confirmación del desistimiento de los permisos y autorizaciones correspondientes. Tal renuncia sucedió después de una intensa demanda de las comunidades al reconocimiento
de sus derechos ancestrales.


Antes, en 2021 representantes mapuche williche tuvieron conocimiento de la restitución unilateral del complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante –en propiedad de Statkraft Chile Inversiones Eléctricas– a un tercero, sin consulta con las comunidades mapuche williche,
a pesar del conocimiento público de un proceso de restitución de dicho complejo iniciado desde 2011 por comunidades mapuche williche. Tales actuaciones han generado división comunitaria entre las comunidades asentadas en el territorio Pilmayken, así como la
creación de grupos interés que favorecen a la empresa.


Lejos de contribuir a la mitigación de abusos a los derechos humanos, la empresa ha usado su influencia para ejercer presión económica para avanzar sus proyectos, de manera que el uso de la fuerza pública y la criminalización hacia líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras ha sido constante por parte del Estado Chileno para garantizar dicha inversión.


Las referidas circunstancias constituirían violaciones a las Directrices, que obligan a las empresas a respetar derechos humanos y a identificar, prevenir y mitigar posibles impactos en el desarrollo de sus actividades. Tal obligación se extiende a las empresas con quienes tenga relaciones comerciales, como aquellas de su cadena de suministro y empresas subsidiarias.


“El río Pilmaiquén es sagrado en nuestra cosmovisión, y junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario. Además, es un territorio rico en biodiversidad. Ahora, Statkraft quiere inundar 191 hectáreas y se niega a reconocer nuestros derechos e identidad sobre dichos territorios”, señala Millaray Huichalaf Padrines, autoridad espiritual tradicional mapuche williche.


Las empresas subsidiarias de Statkraft en Chile se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos como indígenas sobre los territorios donde pretenden desarrollar sus proyectos. Por eso, las comunidades mapuche williche acuden al PNC de Noruega,
un mecanismo no judicial de mediación, para buscar un remedio a los referidos abusos, tomando en consideración la responsabilidad de Statkraft SA como empresa matriz –propiedad del Estado Noruego– de conformidad con las Directrices, pero también en
consideración a la Ley noruega de Transparencia.


Las comunidades quejosas esperan que el PNC Noruego conozca de las posibles violaciones a los derechos humanos en que la empresa noruega estaría incurriendo con motivo de sus proyectos en Chile. Así también, que admita la queja y llame a Statkraft a
reconocer los derechos de las comunidades quejosas e impida la continuación de acciones empresariales contrarias a las Directrices.
Así también, que Statkraft genere mecanismos de diálogo y participación genuinos con las comunidades, use su influencia para detener la división comunitaria y la criminalización y violencia contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras
–particularmente mujeres– con motivo de sus proyectos. Finalmente, que aplique estándares adecuados de debida diligencia para reconsiderar su inversión en el territorio mapuche williche.


En la queja presentada el día de hoy, las comunidades mapuche williche cuentan con la asistencia y acompañamiento de Manuela Royo Letelier, Andrea Pietrafesa, el Colectivo de Acción por la Justicia Social (CAJE) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional, una
organización liderada desde el Sur Global que tiene como misión el asegurar la justicia transnacional y la rendición de cuentas empresarial mediante la colaboración, el apoyo y el fortalecimiento de contrapartes ubicadas en el Sur Global que defienden los derechos
económicos, sociales y culturales.

Organizaciones lanzan campaña gráfica colectiva por los 50 años del Golpe

La campaña convocada por el Observatorio Ciudadano y diseñada por Carlos Rodríguez, busca visibilizar el compromiso de las organizaciones en su defensa y promoción de los derechos humanos, particularmente en los temas de  dictadura, migraciones, medioambiente, género, pueblos indígenas y medioambiente.

Con motivo de conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1973, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales lanzaron una campaña gráfica colectiva en el Parque Cultural Valparaíso Ex Cárcel, que representa su compromiso con la lucha por los derechos humanos y con la erradicación de las herencias de la dictadura en nuestro país. 

“A 50 años: Memorias Vivas” es el nombre de esta campaña que ha sido el resultado de un trabajo colaborativo de las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y que cuentan con presencia en siete regiones del país (Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los Ríos). 

Las ilustraciones a cargo del artista Carlos Roríguez Callejas, diseñador en comunicación visual, serigrafista e ilustrador, muestran las distintas líneas de trabajo de las organizaciones, destacando en cada una de ellas los elementos significativos para las temáticas que releva la campaña: migración y exilio, memoria y dictadura, género y diversidad, medioambiente, descentralización y pueblos indígenas. 

Desde el Observatorio Ciudadano, organización convocantede la campaña, se advierte el peligro de la regresión en derechos humanos que hoy, a 50 años del golpe y la instauración de la dictadura militar, se constata. Así en una reciente  alerta  difundida por esta entidad se manifiesta la necesidad de seguir “vigilantes del acontecer político nacional a objeto de impedir la profundización de las tendencias regresivas en derechos humanos que con preocupación constatamos, y de asegurar que se respeten los compromisos internacionales que Chile ha adquirido en la materia. Junto a ello hace un llamado “a los órganos del Estado, a los partidos políticos, y a quienes toman decisiones a tener presente dichos compromisos tanto en el desarrollo de la nueva carta fundamental para Chile, como en las políticas públicas de modo de evitar que la regresión que advertimos se consolide, con todos los peligros que ello involucra para la ya tensionada convivencia social e interétnica en el país”. 

“Es fundamental propiciar espacios colaborativos de reflexión y discusión en torno a la memoria, las políticas de olvido, el negacionismo, para buscar estrategias conjuntas que las desmientan, dando cuenta de las implicancias negativas que tienen para las presentes y futuras generaciones del país. Las comunicaciones deben ir dirigidas a construir puentes entre la memoria y el presente para garantizar la protección a los derechos humanos”, señala la coordinadora del Área de Comunicaciones de la organización, Natalia Figueroa.

El director ejecutivo (i) del Parque Cultural Ex- Cárcel de Valparaíso, Erick Fuentes, señaló sobre este sitio que, dada su condición de centro de detención e interrogatorio de la región de Valparaíso durante la dictadura cívico-militar, es valorable realizar una campaña colectiva que sensibilice sobre estos temas.

“Ejercemos cotidianamente la necesidad de rescatar, proteger y proyectar las memorias colectivas en función del presente y del futuro que esperamos, conscientes de la necesidad de aportar a una cultura de derechos humanos que enfrente el negacionismo y ofrezca nuevas utopías a las nuevas generaciones«, sostiene. 

Desde el Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), organización de derechos humanos que trabaja en temas jurídicos, esta conmemoración de los 50 años tiene múltiples dimensiones. “Primero, reconocemos el trabajo incesante y valiente de las y los familiares, sin cuyo esfuerzo esto no estaría ocurriendo. Luego, destacamos el avance en materias de justicia y reparación en causas de derechos humanos de la dictadura, que aún entendiendo que es una justicia tardía, valoramos la dictación de condenas significativas y trabajo dedicado de los ministros en visita, especialmente el trabajo serio y diligente del Ministro Álvaro Mesa en la región de la Araucanía”, señala la abogada. Pese a eso, reconoce que la búsqueda de justicia y respeto al debido proceso siguen siendo una deuda y un desafío para los grupos en situación de vulnerabilidad, debilitando con esto las garantías de no repetición. 

Para el artista Carlos Rodríguez, en tanto, ser parte de esta campaña conmemorativa trae consigo una importancia emotiva y una responsabilidad política significativa. “Es tomar la historia, deconstruirla y ponerla sobre la mesa. Es algo de lo que, como habitantes de este territorio, debemos hacernos cargo”, sostiene. 

Precisa, además, que trabajarlo desde el arte tiene un simbolismo particular. “Es a través del arte, y sus diversas expresiones, que se hace y se ha hecho resistencia a través de la historia. Hay una parte del arte que denuncia, inquieta, conmueve, molesta, resguarda la memoria. Lo hizo en la dictadura a través de textos, música, panfletos, murales, carteles. Trabajar en conjunto es necesario para conmemorar justamente un periodo en que se intentó anular las reuniones sociales y la organización grupal con pensamiento crítico”, agrega el artista. 

Las organizaciones y colectivos que se hicieron parte de esta campaña son: Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos (REEDH), Observatorio Ciudadano,  FIMA, Organizando Trans Diversidades, CIDSUR, Brigada Migrante Feminista, Parque Cultural Ex Cárcel, Pájarxs entre púas, GeroZoom, AMPRO-Tarapacá, Amiga te recuerdo, Kolectiva Las Kabras, Coordinadora El Apañe, Coordinadora 18 de Octubre Tarapacá, ONG Marq’ay, ONG Migrantes de los Ríos.

Misión de observación internacional sobre derechos humanos en Jujuy: resultados preliminares

Los testimonios recibidos dan cuenta de la existencia de un clima de grave polarización y de diversas formas de violaciones a los derechos humanos tanto individuales como colectivos en la provincia.

Entre el 21 y 25 de agosto de 2023 se realizó una misión internacional de observación conformada por personas pertenecientes a ocho organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en materia de derechos humanos y derechos ambientales. Las representantes de la misión visitaron la provincia de Jujuy, Argentina, para conocer de primera mano las posibles vulneraciones al derecho a la protesta y a la participación, en el marco de la reforma constitucional, aprobada el 16 de junio de 2023, en un breve tiempo que no permitió una amplia deliberación pública. Dicha reforma, lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente en la provincia.


Durante el recorrido, la misión se detuvo en los principales focos de protesta de los últimos dos meses, tales como Abra Pampa, donde se verificó un cierre de ruta y la permanencia en vigilia de más de 67 comunidades, pasando por La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca, el cruce de San Roque y Purmamarca. En todas estas localidades se recibieron numerosos testimonios que dan cuenta de posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas del uso desproporcionado de la fuerza y de armas “menos letales” para la dispersión de la protesta, así como de detenciones arbitrarias y de la criminalización de defensores mediante procesos penales y contravencionales arbitrarios (multas cuantiosas).


La misión internacional dialogó con personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y asociaciones campesinas, también con referentes sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos, docentes, abogadas y personas que dieron cuenta de diversas formas de violación a los derechos humanos tanto individuales como colectivos. La misión también tuvo la oportunidad de reunirse con autoridades provinciales, incluyendo el Ministro de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía y diputadas provinciales en San Salvador de Jujuy. La misión internacional no enfrentó ningún impedimento ni obstaculización durante su estadía en Jujuy por lo cual agradece a todos los actores que brindaron diferentes puntos de vista sobre los hechos acaecidos en el contexto de la reforma.


Las integrantes de esta misión internacional están procesando la información recabada en Jujuy, que será empleada para la elaboración de un informe sobre los hallazgos de la compleja realidad de derechos humanos en la provincia. Sin embargo, la misión considera oportuno adelantar algunas observaciones preliminares, con ánimo de aportar a la construcción del diálogo social. Esta aproximación se realiza respetando la autonomía de las comunidades y el gobierno provincial, tomando como base las obligaciones del Estado argentino y la provincia que se desprenden de instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía legal y constitucional, así como de su legislación interna.

Una reforma constitucional sin participación

La misión internacional pudo constatar que, aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. La elaboración de la reforma se desarrolló con una ausencia de mecanismos de consulta y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a pesar de los numerosos pueblos que habitan en Jujuy (alrededor de 420 comunidades) y de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas. De la información obtenida, se desprenden preocupaciones sobre la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Entre otras, las disposiciones relativas a las tierras fiscales y la ausencia de mecanismos para la protección de tierras indígenas, quienes ancestralmente ocupan estos territorios. La misión recuerda al gobierno provincial que la jurisprudencia interamericana ha reconocido que los derechos de posesión de los pueblos originarios deben ser tutelados por los Estados.


En el contexto de la crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. En ella parece que se favorece el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos y se abren las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, que resulta vital para la existencia de las comunidades originarias. Por otro lado, la reforma limita el derecho de manifestación, libertad de expresión y huelga al prohibir los cierres de ruta. La misión internacional considera que estas disposiciones limitan derechos que resultan esenciales para un estado democrático de derecho.


Aunado a ello, la misión recibió información que da cuenta de una aparente falta de independencia del poder judicial en Jujuy. Ello podría dificultar el control de constitucionalidad y convencionalidad de las reformas constitucionales provinciales, leyes o actos de autoridad arbitrarios. Se debe recordar la importancia que tiene el principio de división de poderes y el sistema de contrapesos para una sociedad democrática. Impacto ambiental y derechos de los pueblos preexistentes. Una reiterada preocupación manifestada por las comunidades indígenas es la relativa a los impactos perjudiciales de la actividad minera, en particular, los proyectos de extracción de litio que se desarrollan en sus territorios. Cabe señalar que estos proyectos requieren la utilización intensiva de productos químicos y agua en cantidades significativas, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los humedales y salares andinos y en general de los acuíferos. Lo anterior, afecta profundamente las prácticas culturales y tradicionales de subsistencia, además del derecho al medio ambiente sano. Ello explica los numerosos conflictos y las tensiones territoriales existentes en los lugares de exploración y explotación minera en Jujuy.


Represión y criminalización de la protesta social


Finalmente, la misión internacional accedió a testimonios de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía en contra de personas de pueblos y comunidades indígenas, defensores ambientales, docentes, jóvenes, mujeres e incluso niños. Así como del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, incluido el uso de armas menos letales como balas de goma y gases lacrimógenos que produjeron daños y lesiones en el cuerpo de manifestantes, incluyendo cabezas y ojos. También se accedió a información sobre hechos de violencia que afectaron a agentes de la policía provincial.

La misión internacional pudo dar cuenta de actos del gobierno provincial y del poder judicial que han causado un efecto amedrentador del ejercicio del derecho a la protesta, que se ven convalidados con normas que limitan el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, se identificó un posible uso abusivo del sistema penal y contravencional para desincentivar las protestas, mediante la aplicación de figuras penales exageradas y aplicación de multas por sumas elevadas de dinero. En entrevistas se pudo percibir la desconfianza hacia las autoridades e instituciones del estado provincial, lo cual ha determinado que personas lesionadas con balas de goma no atiendan su salud ni les hayan sido retiradas las balas por temor a que les impongan una sanción administrativa o se inicie una investigación penal al momento de concurrir al sistema de salud.


Próximos pasos


En los siguientes días la misión se reunirá con autoridades nacionales y con representantes del Tercer Malón por la Paz convocado por autoridades indígenas, situado frente a los Tribunales de Justicia en Buenos Aires. En paralelo, se sistematizará la información recabada, con el fin de elaborar recomendaciones a todos los actores involucrados, en particular a las autoridades provinciales, nacionales e internacionales. Ello con el ánimo de visibilizar la compleja realidad de derechos humanos existente en la provincia de Jujuy y de contribuir al desarrollo de un diálogo entre los distintos actores para la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los derechos humanos.


Suscribimos,

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Pan para el Mundo (PPM)
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc Mx)
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC)
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Movement Law Lab (MLL)

“Yaldad, 200 años de resistencia”: el documental que muestra la lucha de la comunidad mapuche-huilliche de Chiloé

  • “El mensaje que queremos dejar con este tipo de piezas es la profunda convicción de que estas voces e historias son relevantes y son parte de nuestro pasado, presente y futuro”, señala uno de los realizadores.

En el marco de la 17° Muestra de Cine + Video Indígena que se está exhibiendo, fue lanzado el documental “Yaldad, 200 años de resistencia”, dirigido por los realizadores audiovisuales Rosario López y Sebastián Larraín, en el Museo Chileno de Arte Precolombino, en Santiago. La producción cuenta la historia de la comunidad mapuche – huilliche de Yaldad, en Chiloé, a 200 años desde que la corona española les entregara los títulos de Realengo, donde se establece el derecho que tienen sobre las tierras que históricamente han habitado. 

El proceso de este documental contó con el apoyo del Observatorio Ciudadano, organización dedicada a la defensa, promoción y documentación de los derechos humanos, y con la participación activa de la comunidad de Yaldad. De esta manera, los realizadores fueron recogiendo los testimonios que cuentan cómo desde la entrega de su título de Realengo, el Estado y las empresas extractivas, principalmente maderera, les han arrebatado el Fundo de Yaldad, lugar que han habitado durante muchas generaciones. Del equipo creativo también participó Sebastián Pinto, integrando la animación como recurso narrativo, además de pasar algunos días en la comunidad, para tener sus voces y testimonios.

“Nos pusimos en contacto con el lonko Cristian Chiguay, con quien entablamos una comunicación que me permitió, como documentalista, profundizar en la historia  y, a su vez, nos abrió las puertas de la comunidad, entendiendo también la importancia de contar su propia historia como testimonio de una reivindicación mucho más amplia”, señala Sebastián Larraín. 

Así también, detalla que, en marzo de este año, fueron invitados por el Lonko a la primera jineteada realizada en Yaldad, un evento organizado por la comunidad y que reúne la cultura patagónica y chilota en torno a la domadura de caballos. Este encuentro les permitió vincularse profundamente con la comunidad, pudiendo observar y relatar la multiculturalidad que existe en esta comunidad mapuche-huilliche presente en la Buta Wapi Chilwe o isla grande de Chiloé.

“Este tipo de historias y vivencias profundas, que no son tan visibles, con voces que muchas veces son ignoradas o hasta silenciadas, requieren de instituciones como el Observatorio Ciudadano para que puedan ver la luz. El mensaje que finalmente queremos dejar con este tipo de piezas es la profunda convicción de que estas voces e historias son relevantes y son parte de nuestro pasado, presente y futuro”, cierra el documentalista. 

Mientras que desde el Observatorio Ciudadano, su codirectora, Lorena Arce, asegura que la lucha por la reivindicación de las tierras de la comunidad Mon Fen de Yaldad, no puede ser indiferente para nadie. “Es reflejo de la deuda histórica que mantiene el estado de Chile con el pueblo mapuche y de la resistencia y fortaleza de muchas comunidades, que a través de generaciones no han renunciado a sus territorios ni a la búsqueda de justicia. Desde el Observatorio Ciudadano hemos apoyado la realización de este documental buscando que esta historia, que refleja la historia de muchos, no pase inadvertida”, sostiene.

En el contexto de esta muestra de cine indígena se presentan 86 audiovisuales realizados entre 2018 y 2022 que reflexionan sobre las realidades de los pueblos americanos: identidad, conocimiento ancestral,  procesos de resguardo, derechos humanos, protección y defensa de los territorios y lenguas indígenas.

Trailer documental

Las próximas fechas de lanzamiento serán: 

Museo Regional de Ancud

6 de octubre, 6:05 pm

Museo de Antofagasta

20 octubre, 7:05 pm

Centro Cultural Waldo Orellana de Victoria

10 de octubre, 12:05 pm 

Centro Cultural Tongariki 

5 septiembre, 7:00 pm

Revisa el conversatorio posterior al lanzamiento del documental:

Alerta ante el escenario de regresión en derechos humanos en Chile

Diversas situaciones ocurridas en el país en las últimas semanas alertan sobre una tendencia regresiva en derechos humanos. El Observatorio Ciudadano manifiesta su preocupación sobre las implicancias adversas que para estos derechos tienen las siguientes situaciones: 

  • En junio del presente año se instaló la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuyo mandato principal es determinar la demanda de tierras y territorios del pueblo mapuche y proponer mecanismos concretos para su reparación. Contradiciendo dicho acuerdo, el 17 de julio 2023, un grupo de integrantes del Consejo Constitucional, en su mayoría de Renovación Nacional, ingresaron la enmienda transitoria N°14 al texto constitucional en discusión por dicho Consejo a objeto de crear una Comisión de Reparación y Buena Convivencia, encargada de “(…) resolver las solicitudes formuladas en consideración a los títulos señalados en los artículos 12, 63 y 68 de la Ley N° 19.253 (Ley indígena)”, referidas a los derechos de estos pueblos sobre sus tierras. Dicha acción, además de ir en contra del estándar internacional relativo al reconocimiento de los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, es una acción contradictoria con el compromiso asumido en la instalación de la Comisión de Paz y Entendimiento, mediante la cual se busca avanzar para dar respuestas estructurales a la demanda histórica por el despojo de tierras y territorios del pueblo mapuche.
  • La presentación ante el Consejo Constitucional de 400 enmiendas por consejeros y consejeras del Partido Republicano al anteproyecto  constitucional elaborado por la Comisión Experta, muchas de las cuales implican una limitación a los derechos humanos. Entre ellas se propone que los tratados internacionales de derechos humanos queden subordinados al texto constitucional, estándar aún más regresivo que el de la Constitución de 1980; que el deber del Estado en relación con la garantía de los derechos de pueblos indígenas se limite sólo a promover sus culturas y a los derechos que garantiza la propuesta de Constitución y las leyes vigentes, excluyendo de esta forma sus derechos reconocidos en tratados internacionales; y finalmente, que se limite también el derecho a la sindicalización y a la huelga al ceñir su ejercicio dentro del marco de la negociación colectiva. Además de la regresividad en derechos humanos que estas enmiendas plantean, algunas de ellas transgreden las bases que dieron origen al proceso constituyente en desarrollo, por lo que deberían ser objetadas.
  • La decisión del Consejo Constitucional de no realizar un proceso de consulta a los pueblos indígenas respecto al anteproyecto constitucional, tal como había sido solicitado por el consejero de escaño reservado para pueblos indígenas Alihuen Antileo, y respaldado por la Unidad de Consulta Indígena del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha situación implica un grave retroceso frente al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en especial respecto al derecho a la consulta indígena, el que ha sido ampliamente reconocido en el ordenamiento jurídico chileno en el marco de la actual Constitución mediante la incorporación e interpretación de los de instrumentos de derecho internacional que reconocen derechos a los pueblos indígenas, tanto por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la legislación. Es por ello que creemos que la decisión del Consejo Constitucional de no consultar las normas del anteproyecto constitucional en las temáticas relativas a los derechos de los pueblos indígenas es una señal muy preocupante respecto a la legitimidad del proceso.
  • Preocupa la continuidad de situaciones de violencia en La Araucanía y regiones aledañas, y la normalización de un estado de excepción con fuerte presencia militar en la región y en comunidades mapuche por casi un año y medio bajo la administración del presidente Boric. Ello contrasta con la lentitud del gobierno en poner en marcha la Comisión de Paz y Entendimiento, así como de otras iniciativas de diálogo intercultural con los pueblos indígenas como las que han sido propuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y organizaciones del pueblo mapuche. La lentitud desde el Estado para abordar un conflicto histórico a través del diálogo se refleja en la continuidad de acciones de fuerza auto adjudicadas por un grupo de miembros del pueblo mapuche, acciones que rechazamos.
  • Frente a las situaciones aquí referidas, nos hacemos un deber de señalar que como Observatorio Ciudadano seguiremos vigilantes del acontecer político nacional a objeto de impedir la profundización de las tendencias regresivas en derechos humanos que con preocupación constatamos, y de asegurar que se respeten los compromisos internacionales que Chile ha adquirido en la materia. Hacemos un llamado a los órganos del Estado, a los partidos políticos, y a quienes toman decisiones a tener presente dichos compromisos tanto en el desarrollo de la nueva carta fundamental para Chile, como en las políticas públicas de modo de evitar que la regresión que advertimos se consolide, con todos los peligros que ello involucra para la ya tensionada convivencia social e interétnica en el país. 

Equipo Observatorio Ciudadano