Las iniciativas de normas constituyentes surgidas en los talleres impulsados por el Observatorio Ciudadano  

Normas sobre derechos territoriales en Áreas Protegidas, derechos lingüísticos, la propiedad del agua desde la perspectiva del pueblo mapuche, sobre el uso de la coca para el pueblo likanantai y el reconocimiento al derecho a migrar, han sido algunas de estas iniciativas.

En el marco del proceso constituyente, el Observatorio Ciudadano junto a Contexto, con el apoyo de la Unión Europea, ha desarrollado ocho talleres con organizaciones representativas de los pueblos indígenas y organizaciones de grupos de protección especial, para fomentar su participación en este proceso. En total, han sido tres con el pueblo mapuche, cuatro con pueblo lickanantai y uno de ellos con migrantes

La importante participación y debate que se ha dado en cada uno de ellos, ha llevado consigo la elaboración de normas indígenas que fueron presentadas durante el proceso dispuesto por la Convención Constitucional (CC) para subir a la plataforma estos documentos preparados de manera colectiva por los miembros de comunidades.

A continuación, detallamos estos talleres y las normas que surgieron de ellos:

Taller presencial con organizaciones mapuche de Curarrehue, desarrollado el miércoles 5 de enero, en Aldea intercultural de Curarrehue. Participaron diez dirigent@s de comunidades, y acordaron generar propuestas sobre derecho a la propiedad y administración de los pueblos indígenas sobre Áreas Silvestres Protegidas.  De este encuentro surgió una Iniciativa de Norma de Pueblos Indígenas sobre Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas en Áreas Protegidas, que fue presentada en enero de 2022 por un total de 16 organizaciones de distintos pueblos indígenas, incluyendo el pueblo yagán, kawéskar, colla y mapuche, en la Plataforma de la CC.  

Luego, tuvo lugar un taller presencial con organizaciones mapuche de Trawun de Comunidades de Temuco, viernes 7 de enero, en Ruka Lirkay, comuna de Temuco.  Participaron 15 dirigent@s de comunidades, y acordaron generar propuestas sobre derechos lingüisticos, y derecho al agua. En este encuentro, surgió laIniciativa de Norma de Pueblos Indígenas sobre “derechos lingüísticos del pueblo mapuche y educación propia en los territorios como medida de reparación histórica”, presentada a Plataforma de la CC en enero de 2022, y la Iniciativa sobre “derechos territoriales del pueblo mapuche planes reguladores urbanos, rurales, títulos de merced y mercado inmobiliario, de la misma fecha.

El segundo taller presencial con miembros del Consejo de Comunidades Mapuche Kimun Newen de Puyehue, lunes 24 de enero, en Entre Lagos, comuna de Puyehue, región de Los Lagos.  Participaron 23 dirigent@s de comunidades. En el taller se entregaron antecedentes sobre el desarrollo de la CC y se explicaron los espacios y mecanismos de participación popular en que los pueblos indígenas pueden hacer llegar sus aportes e incidir en el proceso. Así mismo se acordó elaborar una norma de pueblos originarios sobre derecho al agua que se trabajó en el taller. Dicha iniciativa sobre “Derecho al agua desde la perspectiva del pueblo nación mapuche”, fue presentada por el Consejo a la Plataforma de la CC en enero de 2022.  

Talleres con pueblo Likanantai

En un encuentro virtual, se concretó un taller vía zoom con organizaciones del Pueblo Likanantai, el sábado 8 de enero, organizado en conjunto con el Convencional del Pueblo Likanantai, Felix Galleguillos. Aquí participaron 25 dirigent@s de comunidades. En este taller, a modo de introducción se revisaron los principales hitos del proceso constituyente en curso, los reglamentos elaborados por la Convención Constituyente, y el procedimiento general de participación ciudadana. Asimismo, de forma particular, se revisaron las normas y reglas relativas a la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente, mediante los mecanismos de audiencias públicas, elaboración de iniciativas constitucionales indígenas y la Consulta Indígena. 

Luego, se desarrolló un taller presencial con organizaciones del Pueblo Likanantai, lunes 10 de enero en el Oasis de Calama, del que participaron 21 dirigent@s de comunidades.  En este taller, a modo de introducción se revisaron los principales hitos del proceso constituyente en curso, los reglamentos elaborados por la CC, y el procedimiento general de participación ciudadana. Asimismo, de forma particular, se revisaron las normas y reglas relativas a la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente, incluyendo la Consulta Indígena. Se abordaron derechos relativos a vivienda y acceso al agua potable, toda vez que hay un número importantes de comuneros y comuneras del pueblo likanantai que residen en la ciudad de Calama donde encuentran dificultades al acceso a vivienda dignas. Además, hubo particular interés en materias relativas a derechos a tierras, territorios y recursos naturales.   

También con comunidades likanantai, el martes 11 de enero, tuvo lugar en la localidad de Lasana, Alto Loa, un taller del que participaron 20 dirigent@s de comunidades. En este taller, se revisaron de forma particular las normas y reglas relativas a la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente, mediante los mecanismos de audiencias públicas, elaboración de iniciativas constitucionales indígenas y la consulta indígena. En este taller, hubo particular interés en debatir y recoger información relativa a derechos a tierras, territorios y recursos naturales. Además, se dialogó respecto a elaborar iniciativas de normas constitucionales referidas al consumo y uso tradicional de hoja de coca (Erythroxylum coca), que se materializó posteriormente en la Iniciativa Nº 1.234 «Consagración del derecho indígena al uso de la hoja de coca en espacios ceremoniales, laborales y cotidianos»; y la Iniciativa Nº 1.430 «Reconocimiento de los sistemas culturales de salud ancestral y el uso de la hoja de coca del pueblo atacameño-lickanantay».

Al día siguiente, 12 de enero, se realizó un taller presencial con organizaciones del Pueblo Likanantai, en San Pedro de Atacama, del que participarom 35 dirigent@s de comunidades.  En este taller, los temas de interés de l@s participantes fueron relativos a derechos a tierras y territorios, a las autonomías territoriales indígenas y respecto a la propiedad de los bienes o recursos naturales, en particular, el litio. Además, se debatió acerca de la posibilidad de presentar Iniciativa constitucional relativa a la restitución y repatriación del patrimonio ancestral del pueblo likanantai.

Taller con comunidad migrante

Junto a la comunidad migrante, el OC desarrolló un taller en el que se discutió sobre la presentación de iniciativa populares.  El primero de ellos fue un taller informativo sobre “Participación migrante y promigrante en la Convención Constitucional: ¿Qué es la Iniciativa Popular de Norma migrante?”, realizado el 12 de enero con 21 inscritos y 15 asistentes. Este encuentro fue organizado por el Observatorio Ciudadano junto a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. En el taller, además entregarse  antecedentes sobre el desarrollo de la Convención Constitucional, y la participación de grupos  excluidos como migrantes y afrodescendientes, se centró en el análisis de la Iniciativa Popular de Norma sobre Reconocimiento Constitucional del Derecho a Migrar y de los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas en Chile y de Chilenos en el Exterior, elaborada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes; Movimiento de Acción Migrante; Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes entre otras organizaciones con apoyo del Observatorio Ciudadano.

Declaración por aprobación del Segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos

SIN PARTICIPACION CIUDADANA INCIDENTE NI CONSULTA INDIGENA, GOBIERNO SALIENTE APROBÓ SEGUNDO PLAN DE ACCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS A DÍAS DEL CAMBIO DE MANDO

De manera extraoficial la Plataforma de Sociedad Civil Chilena sobre Derechos Humanos y Empresas ha tomado conocimiento de que el Comité Interministerial de DDHH y Empresas en sesión del 3 de marzo pasado habría aprobado a la segunda versión del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas (PAN) propuesto para el período 2022-2025. De acuerdo a la información disponible, este segundo PAN, cuya elaboración ha sido coordinada por la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, sería dado a conocer previo el término de la administración del Presidente Sebastián Piñera.

Como Plataforma consideramos este hecho de la mayor gravedad. Sin entrar en el análisis del contenido, del que solo conocemos sus lineamientos generales, la elaboración de esta segunda versión del PAN ha sido realizada sin seguir las recomendaciones que la propia Facultad de Derecho de la PUC, contratada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, propuso para estos efectos. Dichas orientaciones consideraban fundamental para la elaboración de este segundo PAN la participación activa no solo de pueblos indígenas, sino también de los que definía como “grupos vulnerables”, entre los que se consideraban población en condiciones de pobreza, mujeres, adultos mayores, y comunidades directamente afectadas por empresas.

En contraste con ello, la participación de la ciudadanía se restringió a mecanismos que no tuvieron real incidencia en la elaboración del PAN, fue apresurada, no se publicó previamente la metodología que se iba a aplicar, y no incluyó la consulta de medidas concretas propuestas para el PAN. La insuficiencia de la metodología de este mecanismo para recabar la perspectiva de la ciudadanía en una materia de tanta importancia, así como el incumplimiento con los estándares internacionales en la materia, fue una de las razones por las cuales en su momento la Plataforma decidió no participar de este proceso.  

Por otro lado, los encuentros en línea que, de acuerdo a lo señalado por la Subsecretaría de DDHHs del Ministerio de Justicia, habrían sido convocadas en noviembre pasado con pueblos indígenas y afrodescendientes, no solo no siguieron las directrices propuestas para estos efectos por la consultoría referida, sino que tampoco cumplían con los requerimientos del derecho internacional sobre participación, en particular, con la consulta que, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, corresponde realizar con los pueblos indígenas y tribales, como es el caso del pueblo tribal afrodescendiente.

Cabe señalar que esta segunda versión del PAN, que se dio a conocer al Comité 360 por el actual gobierno a pocos días de su término, tampoco fue sometida a la consideración del Comité 360, entidad con representación de gremios empresariales, sociedad civil, academia, sindicatos y de organizaciones indígenas. Al Comité le fue encomendado dar seguimiento al primer PAN elaborado el 2017 durante la administración de la Presidenta Bachelet y de asesorar a la Subsecretaria de DDHH a cargo de su implementación y proyección de esta materia, pero no fue citado desde agosto 2021 y las recomendaciones elaboradas por varios de sus integrantes para el mecanismo de partipación no fueron incorporadas.

Lo anterior es particularmente preocupante si se toma en consideración el descontento social expresado durante el estallido de octubre del 2019 y del cual debemos hacernos cargo como país. Por lo mismo, esta Plataforma considera que, más allá del abordaje institucional de la relación entre las empresas y los derechos humanos que está siendo debatido en la Convención Constitucional, resulta indispensable un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas elaborado en forma participativa, que incorpore la visión de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y en general de aquellos sectores y comunidades afectadas directamente en sus derechos por la actividad de empresas.

Por lo anteriormente señalado es que llamamos al gobierno del Presidente electo Gabriel Boric a tener presente los problemas de legitimidad de este segundo PAN, elaborado y aprobado en forma apresurada por el gobierno saliente y a convocar a la elaboración participativa, con involucramiento de todos los sectores sociales, de un nuevo PAN que aborde de manera profunda y sistemática la relación entre las empresas y los derechos humanos en el país para el futuro próximo.

Ello por cuanto se busca lograr, con todas las medidas apropiadas incluyendo la regulación, la fiscalización, la planificación territorial y los incentivos positivos, el respeto a los derechos humanos que las Naciones Unidas estipulan es responsabilidad – también – de las empresas.

Plataforma de Sociedad Civil Chilena sobre Derechos Humanos y Empresas

10 de marzo de 2022

Observatorio Ciudadano y Movimiento de Acción Migrante entregan informe al Relator Especial de la ONU

Este lunes 28 de febrero, el Movimiento de Acción Migrante y el Observatorio Ciudadano entregaron un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en el país al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Felipe González Morales.

Este informe contiene respuestas a las preguntas específicas solicitadas por el Relator Especial, quien ha decidido dedicar su próximo informe para el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, a examinar los acontecimientos recientes y los ejemplos que ilustran formas eficaces de prevenir las violaciones de los derechos humanos en las fronteras internacionales, tanto en tierra como en el mar, así como también pretende evaluar el impacto en los derechos humanos de las medidas de gestión de fronteras, incluyendo medidas temporales introducidas en el contexto de la pandemia de la COVID-19, o como parte de un estado de emergencia.

En este informe se da, además, respuesta a las consultas hechas por el Relator y las normativas en el ámbito migratorio entraron en vigor en el último tiempo, como Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería, los decretos N° 296 y N° 125 y el Decreto Supremo N° 295.

El documento indica que, contraria a las recomendaciones de organismos internacionales, la política migratoria ha estado enfocada en la seguridad nacional y el control migratorio. Desde ahí se detallan las consecuencias que han generado las medidas tomadas por el gobierno amparado en las normativas antes señaladas.

Uno de los aspectos que destaca el informe es la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes que cruzan fronteras, a veces no acompañados, sin que las medidas adoptadas sean acordes al principio de interés superior del niño, niña o adolescente, ni se respete la Convención de los Derechos del Niño. “Asimismo es preocupante la situación de mujeres migrantes embarazadas, puérperas o madres que han sufrido violencia obstétrica, negación de atención médica y que se encuentran en una mayor vulnerabilidad. En el mismo sentido, también preocupa la situación de las personas migrantes mayores”, se lee.

«»El objetivo del informe era presentar evidencia sobre las nuevas medidas migratorias del gobierno que han impactado gravemente en los derechos de las personas migrantes, en particular la promulgación de la nueva ley de migraciones y su reglamento, las restricciones en los desplazamientos, la militarización de las fronteras y las devoluciones en caliente o “reconducciones”, las que contravienen los estándares internacionales y recomendaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas», señala Mabel Cobos, consultora del área de ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano.

A esto agregó Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante: “El informe retrata la falta de atención del fenómeno migratorio en el marco del COVID-19 y del aumento del flujo de ciudadanos venezolanos, además de la inacción por parte del gobierno y la utilización política de la migración, con lo cual los Derechos Humanos están en total regresión en el país”.

Finalmente, se solicita que la información entregada en el informe contribuya “a generar recomendaciones y medidas en el ámbito migratorio acorde al enfoque de derechos humanos y que éstas sean recogidas por el nuevo gobierno que asume próximamente”.

“Confiamos en que el proceso constituyente en curso en el país, asegure y promueva los derechos de las personas migrantes a nivel constitucional. De otro modo, las constantes vulneraciones a los derechos de quienes migran a Chile, continuarán”, cierra el informe.

El informe lo puedes revisar a continuación:

Monitoreo de Carabineros a políticos: fichas incluyen a Lavín, al exintendente Jouannet y al alcalde de Cerro Navia

Investigación de Ciper Chile

Informes reservados de la inteligencia de Carabineros incluyen fichas de un intendente de La Araucanía, gobernadores, seremis, jefes de la Conadi y asesores del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios. Uno de los registros es sobre el exministro de Educación y presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. También hay una nómina de militantes del FPMR confeccionada en 2019, en la que se incluye al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo: “La inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, dijo a CIPER el edil. En los documentos figuran fichas de militantes del PS y PPD, dos partidos que han integrado coaliciones de gobierno durante tres décadas, pero que la inteligencia policial califica como “asistémicos”.

El 25 de agosto de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet nombró como intendente de La Araucanía a Andrés Jouannet. De inmediato, personal de inteligencia de Carabineros se puso manos a la obra para elaborar una ficha con los antecedentes de la máxima autoridad de la zona. El documento forma parte de la mayor filtración de registros reservados de la inteligencia policial, a la que CIPER tuvo acceso y que revisamos para elaborar esta tercera entrega de la serie de reportajes “Archivos secretos de carabineros” (vea los dos artículos anteriores sobre el monitoreo al movimiento estudiantil y la segunda, acerca del del reclutamiento y uso de informantes). Por razones de seguridad, CIPER mantiene bajo reserva las identidades y datos sensibles de agentes, informantes y otras personas que pudieran verse expuestas con la difusión de sus antecedentes.

Jouannet, actual diputado electo, fue el más alto representante del Poder Ejecutivo en la convulsionada Región de La Araucanía entre agosto de 2015 y noviembre de 2016. Por lo mismo, se trataba de la autoridad local a la que Carabineros debía entregar las informaciones de seguridad pública. A pesar de ese vínculo, la inteligencia policial elaboró en secreto una ficha que concentró todos sus antecedentes personales, su trayectoria política, su historia laboral y hasta sus bienes raíces.

“Yo no estaba al tanto de que se hacían fichas y monitoreo de autoridades políticas”, dijo Andrés Jouannet a CIPER cuando le mostramos ese documento. Al revisarlo, detectó errores en su información personal básica, por lo que cuestionó la “poca rigurosidad” de la inteligencia policial. Eldocumento, señaló.

Este tercer reportaje sobre los documentos de la inteligencia de Carabineros pone el foco sobre los informes que funcionarios policiales realizan sobre autoridades, partidos y procesos eleccionarios. Decenas de documentos reservados de la policía evidencian el constante monitoreo que realiza sobre altos funcionarios públicos, dirigentes políticos y partidos legales que han formado coaliciones de gobierno durante tres décadas y que entre sus militantes han tenido a presidentes de la República, ministros y parlamentarios. De hecho, hay informes secretos de Carabineros que califican al PS y al PPD como partidos “radicales” y “asistémicos”.

Entre los expertos consultados por CIPER sobre estos documentos, no hay un consenso sobre sí Carabineros está facultado legalmente para monitorear a autoridades. En lo que sí coincidió la mayoría de los entrevistados, es que los informes revelan la escasa formación política de los agentes que los elaboran, lo que implicaría que se están gastando recursos públicos en el procesamiento de información inexacta y, por lo mismo, inútil.

En los miles de documentos revisados por CIPER hay fichas o perfiles de un exministro y presidenciable de la UDI, de gobernadores, secretarios regionales ministeriales y asesores de gobierno. Incluso, hay registros sobre cónsules de otros países en Temuco. También hay fichas sobre autoridades comunales de la UDI y RN, y un foco especial sobre las actividades del Partido Comunista.

Uno de los aspectos más delicados tiene que ver con un documento de 2019 que enlista a supuestos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Entre los 270 nombres y fotografías que aparecen allí, figura el actual alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. En conversación con CIPER, Tamayo negó participar o haber participado alguna vez en el FPMR: “La Inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, señaló.

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PERFILES DE AUTORIDADES

Entre los archivos analizados para esta investigación, hay uno sobre el exministro y excandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. La ficha se confeccionó cuando era ministro de Educación, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Bajo el título I.B.S. (información básica del sujeto) se detallan antecedentes de Lavín, como su fecha de nacimiento, los nombres de sus padres, su estado civil, los nombres y antecedentes de sus hijos, domicilio, nivel de estudios, militancia, religión, nivel socioeconómico, licencia de conducir, vehículos que posee y sus bienes raíces. También hay referencias a su carrera política, las que se presentan como “antecedentes relacionados con el conflicto” (aunque no se detalla el conflicto que originó este rastreo de datos), y a hitos de su trayectoria profesional.

Cuando CIPER le mostró al exintendente Andrés Jouannet, su ficha elaborada por personal de inteligencia de Carabineros, se mostró sorprendido: “No tenía conciencia de este documento. Es bien impreciso, tengo 16 hermanos, y ahí solo aparecen ocho. Eso demuestra la poca rigurosidad. Es un documento bien precario”.

Jouanet, quien tuvo una relación cercana con la policía uniformada debido a la naturaleza del cargo que ejerció, asegura que la autoridad civil no le ordena a la inteligencia de Carabineros elaborar fichas políticas:

– No corresponde que la inteligencia de Carabineros elabore este tipo de perfiles, desde el punto de vista legal ni del punto de vista de la inteligencia. Eso hace que se pierda mucho tiempo y energía. Tenemos un problema con Carabineros, desde el punto de vista de sus capacidades. Estamos hablando de que se pierde tiempo haciendo estos perfiles mediocres, mientras ocurren crímenes y delitos graves.

Joaquín Lavín, ex candidato presidencial

Para Jouannet, esta información refuerza la idea de que la institución policial requiere de una reforma profunda: “Cuando Carabineros se manda solo, tiene problemas. Esto demuestra que Carabineros funciona con una línea paralela. Estas cosas son anómalas”.

Entre los documentos revisados por CIPER también hay una ficha de un exgobernador de una provincia de La Araucanía, militante DC, que ejerció en el cargo entre 1996 y 2006. Sobre él el informe de inteligencia dice que es “proclive a Carabineros, lo que se ha reflejado en el abierto apoyo a los proyectos e iniciativas de seguridad pública implementados por la institución (…), asiste a todas las ceremonias de Carabineros”.

Sobre un exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), figura un perfil con información personal (familia, religión, postura política, trayectoria laboral), donde también se incluyen otros antecedentes de corte político. Acerca de la impresión que generó al interior de la Conadi su nombramiento, el informe policial dice: “Se percibió al interior de la entidad fiscal como contraproducente”.

En otro documento, denominado “Perfil cónsules”, la inteligencia de Carabineros señala sobre el cónsul de España en Temuco que es “muy cercano a Carabineros y normalmente asiste a las ceremonias institucionales”. En cambio, sobre el cónsul de Italia se dice que “se desconoce alguna vinculación con nuestra institución”.

LOS DATOS DEL ALCALDE

Los funcionarios de inteligencia de Carabineros incluyeron al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, en un expediente sobre militantes del FPMR. Ese documento, fechado en 2019, presenta una lista de 270 personas que serían “actuales integrantes de esta orgánica”.

En el informe se menciona su nombre, RUT, dirección, se dice que es kinesiólogo y que pertenece a la “facción Cerro Navia y del Círculo Bolivariano”. Al conocer el contenido del documento, el alcalde señala: “Nunca he participado en el FPMR. Nací el 81 y nunca estuve ahí. Sí fui parte de las Juventudes Comunistas y cuando fui concejal formé parte de los Círculos Bolivarianos, pero esa instancia, que llevaba vecinos a Venezuela a operarse de cataratas, terminó hace más de diez años”.

Tamayo agrega: “Es sorprendente que se destinen recursos a esto, en vez de perseguir a narcotraficantes ¿Quién dio estas instrucciones? Tengo domicilio y trabajo conocidos. Es decepcionante que el trabajo de la policía se enfoque en grupos políticos”.

Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia.

En ese documento sobre supuestos integrantes del FPMR también aparecen los datos del actor Daniel Alcaino. Consultado por CIPER, señaló: “Todo es mentira. Jamás he militado en el FPMR ni en ningún partido”.

El periodista Juan Cristóbal Peña, que ha investigado la historia del FPMR (ha publicado dos libros al respecto: “Los Fusileros” y “Jóvenes Pistoleros”), analizó el documento:

– Sin conocer las fuentes de esta información, se nota una gran desprolijidad y ligereza en el origen y el análisis de los datos reunidos en estas fichas. Hay omisiones importantes, casos de personas con antecedentes penales, o buscadas por la justicia por procesos judiciales de alta connotación pública (como los casos Edwards y Guzmán), que no están consignadas ahí. Y hay a la vez gente que, cuanto más, tiene simpatías por movimientos subversivos, pero en ningún caso han sido operativos. A simple vista, parece información obtenida de fuentes públicas, sin procesar ni menos contrastar. Francamente, si ese es el nivel de la Inteligencia de Carabineros, es hora de preocuparse.

MONITOREO SOBRE PARTIDOS

Son muchos los antecedentes sobre personas que han trabajado en el aparato público que aparecen en los documentos revisados por CIPER: asesores de ministros, jefes de gabinete y autoridades regionales. Por ejemplo, sobre un exasesor legal del Ministerio del Interior, militante PS, se dice que es hijo de un amigo del exgeneral director de Carabineros, Alejandro Bernales, y que “por los antecedentes recogidos en fuentes cercanas, su progenitor nunca ha podido comprender que su hijo mantenga una postura radical y revolucionaria frente a temas emblemáticos como tampoco su tendencia política contraria a la de él”. Se agrega que “posee cinturón negro en artes marciales, acreditados son los comentarios que dicen relación con que ha participado   en competencias clandestina autodenominadas ‘Todo Vale’”.

Ese documento evidencia que los perfiles no solo se elaboran con la información disponible en fuentes públicas, sino con personas próximas al “blanco de interés”. También pone de manifiesto que, para los analistas de inteligencia de Carabineros, militar en el PS es “una postura radical y revolucionaria” que debe ser monitoreada.

También hay un perfil del exintegrante del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Aylwin Oyarzún, hijo del Presidente Patricio Aylwin. Sobre él se menciona que “participa activamente mediante comunicados de prensa y recursos judiciales, denunciando y rechazando hechos de violencia al interior de comunidades mapuches a nivel nacional e internacional”, y que estaría “ligado a colectividades de izquierda, proclives al Partido Comunista”.

José Aylwin tampoco estaba al tanto de que existían perfiles suyos elaborados con recursos de Carabineros:

– Esto es demostrativo de que en Chile se realizan labores de inteligencia sobre lo que el sistema de Naciones Unidas conoce como defensores de Derechos Humanos. Me parece que hay una distorsión absoluta de la labor policial, con información que además resulta absolutamente falsa, mi militancia ha sido siempre, desde hace 40 años, la defensa de los Derechos Humanos. No tengo vinculación alguna con el Partido Comunista, ni con ningún partido, nunca he sido militante.

“Es información errada y tendenciosa”, dijo Aylwin. Y finalizó: “Es lamentable que se destinen recursos públicos para ello. Esto hace pensar en una reforma profunda a las policías, y en su subordinación al poder civil”.

FOCO SOBRE EL PC

Son decenas los documentos de inteligencia de Carabineros que se refieren a actividades o bien a militantes del Partido Comunista, un partido político con representación legal, con una bancada de 13 diputados y dos senadores, y con alcaldes y concejales electos en todo Chile, que además formará parte de la coalición gobernante a partir de marzo próximo ¿Por qué los agentes de la policía uniformada vigilan al PC?

El 11 de enero de 2020 agentes de Carabineros estaban en Conchalí, monitoreando la realización de la “Fiesta de los abrazos” que la colectividad realizó en esa comuna de la Región Metropolitana. El documento al que accedió CIPER señala que se trató de una diligencia enmarcada en el “ámbito poblacional”.

“Posteriormente los participantes dan inicio a su actividad donde procedieron a ofrecer a las personas que llegaban al lugar, artículos artesanales, juegos para niños, ventas de diversos tipos de abarrotes, foros sobre la actualidad política y debates, logrando detectar dentro de los asistentes a GUILLERMO TEILLIER DEL VALLE presidente del Partido Comunista”, se señala en el documento (ver aquí).

En el informe también se menciona que “durante la realización de dicha actividad de igual forma se logró detectar a BORIS ANTHONY BARRERA MORENO, diputado del Partido Comunista por el distrito 9, quien fue principal organizador de la actividad”.

¿Cuál es el valor que tiene está información sobre una actividad el PC que es totalmente pública? ¿Cuál es la importancia de “detectar” a dos diputados comunistas en un evento abierto de su partido?

Diez años antes de ese documento sobre la “Fiesta de los abrazos” realizada en Conchalí, la Dipolcar firmó otro informe que incluía al PC, esta vez referido a su relación con otros movimientos de izquierda en América del Sur y sus vínculos con el gobierno de Venezuela. Bajo el título “Movimiento continental bolivariano, una amenaza real”, se detallan supuestos vínculos del PC chileno con el gobierno venezolano y representantes de las FARC colombianas. En ese documento se especifica que “el PC y el MPMR (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez) son las organizaciones que han tenido un mayor acercamiento con el Gobierno de Venezuela y con el pensamiento bolivariano”, y agrega que militantes del PC ocuparon cargos en la directiva del Movimiento Continental Bolivariano.

En una ficha sobre un militante comunista de Temuco, se detalla que se trata de un médico cirujano que ha colaborado con comuneros mapuche que han realizado huelgas de hambre. En el perfil que sobre él realizó la Dipolcar, se agrega que lo habían detectado en reuniones “clandestinas” con la ACES (una organización de escolares) de la localidad de Cautín. También quedó registrado que mantenía relaciones cercanas con la Unión Nacional Estudiantil (UNE), un colectivo universitario que luego participó en la formación de Convergencia Social, el partido del presidente electo Gabriel Boric.

En otro perfil de un supuesto miembro del PC aparecen inconsistencias políticas. Primero se asegura que se trata de un militante comunista que trabaja junto a la agrupación “Ayun mapu” contra la construcción de un nuevo aeropuerto en La Araucanía, y luego se agrega que es candidato a alcalde por el Partido Humanista.

Otros informes de la Dipolcar incluyen perfiles de militantes de las Juventudes Comunistas. En otros se pone el foco en los vínculos de células comunistas con comunidades mapuche y organizaciones sociales.

CHATS FALSOS INVOLUCRAN A GIORGIO JACKSON

En los expedientes de la inteligencia de Carabineros también aparecen archivos inéditos con registros del montaje de la Operación Huracán, como un chat falso entre Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social y actual convencional constituyente, y un periodista de un periódico mapuche, donde se habla de supuestas gestiones de Barraza en favor de los comuneros.

Otro de los chats falsos que aparecen en el compilado de conversaciones inventadas por funcionarios de Carabineros para tratar de sustentar la Operación Huracán, es un diálogo entre el diputado Giorgio Jackson (RD) y el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul:

Jackson: Como estas hermano
Negro: perseguido por el estado

Jackson: ¿??

Negro: me siguen, estoy pinchado no me dejan vivir

Jackson: no puede ser en un estado de derecho, voy a presionar y pedir explicaciones

Esa conversación jamás existió y no queda claro para qué iba a ser utilizada esa información. En febrero de 2017 el montaje de la Operación Huracán fue descubierto y actualmente los oficiales de inteligencia involucrados son procesados por la justicia.

LÍMITES LEGALES

En un documento titulado “Presentación elecciones 2012” de la Dipolcar de La Araucanía, se analizan las candidaturas a alcaldes y concejales de ese año, y los principales “riesgos” que presentarían algunas de ellas. Se incluye como un “riesgo electoral” la existencia de distintas candidaturas de una familia mapuche al municipio de Cholchol, o que un candidato a concejal “continuamente esté subiendo a su página web procedimientos del conflicto indígena y dañando la imagen institucional (de Carabineros)”.

También hay expedientes sobre militantes del Partido Ecologista Verde en Puerto Montt, sobre la creación de un partido político mapuche (Wallmapuwen), y sobre vínculos con comunidades indígenas por parte de dirigentes del PPD y el PS, los que en un documento son definidos como partidos políticos “asistémicos”.

Para Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y que también ha sido asesor del Ministerio del Interior, si no se le entregan lineamientos claros a la policía, hay riesgos respecto de la elaboración de información de inteligencia sobre las actividades políticas.

– Cuando los escenarios pasan a ser genéricos y no hay objetivos claros, corremos el riesgo de que la inteligencia se diseñe en base a prejuicios políticos. Como los partidos de izquierda, en general, promueven el cambio social, y las policías -al aplicar la ley- promueven la estabilidad social, hay un sesgo hacia esos partidos. Es un sesgo ideológico de las policías y que puede explicarse por su historia: son naturalmente conservadoras.

Sobre los informes políticos que elabora la Dipolcar, Frühling agrega que el riesgo está en el tipo de herramientas que se utilizan para obtener la información: “El límite de estas acciones está relacionado con las herramientas que emplee: si estas actividades son abiertas, no hay razón para preocuparse demasiado por ellas, pero si se utilizaron medidas intrusivas para monitorear partidos o políticos, eso sí puede ser un problema incluso legal, si no cuenta con la autorización que exige la ley”.

Pedro Anguita, exjefe de la división jurídica de la ANI y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes, plantea que las policías pueden hacer análisis que incluyan a políticos, si esa información sirve para mirar todos los aspectos de un fenómeno que puede implicar riesgos para la convivencia social:

– Los organismos de inteligencia policial tienen como principal usuario de la información que generan al general director de la institución, y ellos no solo debe tener una visión vinculada a delitos o crímenes que involucran la seguridad nacional. Además, deben saber cómo se mueven los actores de una determinada comunidad o tema. Por ejemplo, para estudiar lineamientos vinculados con robos u homicidios en los que se emplean armas, es necesario saber qué diputados apoyan la Ley de Armas, bajo qué argumentos y cuáles son sus redes.

Otro profesional que conoce por dentro al sistema de inteligencia chileno, plantea sus dudas: “No te sabría decir si la Dipolcar tiene las herramientas técnicas y la preparación política para hacer ese tipo de trabajos, como la proyección de escenarios políticos. Depende mucho de las personas que hacen eso y qué grado de especialización tienen sobre el tema”.

Carolina Sancho, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) y exfuncionaria del Ministerio del Interior, cree que los cambios que requiere el sistema de inteligencia tienen que considerar su control efectivo por parte de las autoridades:

– Entre los asuntos que especialmente requieren cambios, destaca el control que se efectúa a esta función de Estado, involucrando sus actividades y objetivos, debidamente validados por las máximas autoridades. Se requiere contar con una visión compartida de la función de inteligencia, como capacidad orientada a asesorar en el proceso de toma de decisiones en temas relacionados con los riesgos, amenazas y oportunidades a enfrentar en la segunda década del siglo XXI, considerando un horizonte de tiempo tentativamente al 2050, es decir, no sólo el corto y mediano plazo, sino también el largo.

La discusión olvidada del litio: informe describe los problemas que SQM ha causado al pueblo lickanantay

INTERFERENCIA conversó con Marcel Didier, abogado del Observatorio Ciudadano, quienes evacuaron un estudio que da cuenta de cómo la explotación del litio -en este caso de una empresa que no ganó la reciente licitación- afecta los derechos de los pueblos indígenas aledaños a los salares.

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de suspender el proceso de licitación del litio tras dos recursos presentados, tanto por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, como por integrantes de diversos pueblos originarios, la discusión pública sobre el proceso que llevó a cabo el gobierno también está considerando otros elementos que no fueron tenidos en cuenta en un primer término por los distintos actores que se enfrentaron en ella.

En particular se trata de los efectos que esta industria sobre pueblos indígenas. En cuanto al segundo recurso presentado, este fue presentado el 12 de enero “en favor de la comunidad Colla Pai Ote y en favor de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión” y plantea que “esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile, y por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio, sean los salares de Atacama (Atacama), Maricunga (Copiapó), Coipasa, Salar del Huasco (Tarapacá), u otros”, donde se hace alusión a que en el proceso se vulneró el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, “por no haberse completado la consulta indígena a que obliga el derecho nacional e internacional, de acuerdo al petitorio”. De tal modo, los argumentos van más allá sobre la mera temporalidad del concurso o quiénes pudiesen resultar ganadores.

En efecto, la acción legal presentada por Ariel León Bacián, de los pueblos aymará-quechua; Nancy Piñones, del pueblo aymará; Verónica Henríquez, del pueblo mapuche; Esteban Araya, del pueblo lickanantay o atacameño; Rafael Tuki, del pueblo rapa nui; y Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena colla Pai Ote, encuentra un correlato cercano en la “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena Lickanantay” (ver la publicación completa aquí), un estudio de febrero de 2021 y presentado en agosto de ese año en donde se evidencia cómo la compañía chilena ha afectado los derechos del pueblo atacameño en su ejercicio de explotación del litio. 

INTERFERENCIA se comunicó con uno de los autores, el abogado Marcel Diedier del Observatorio Ciudadano para conocer más detalles de cómo se ve en perspectiva la publicación a la luz del concurso público que se ha tomado la agenda durante las últimas semanas. Esto, pese a que SQM no ganó este concurso, pero cuyo actuar sirve de proxy de la industria. 

La publicación fue financiada por la Fundación Heinrich Böll Cono Sur y contó con el apoyo del Consejo de Pueblos Atacameños, organización que agrupa a las comunidades lickanantay o atacameñas de Atacama la Alta, donde se encuentra el Salar de Atacama donde SQM desarrolla sus operaciones, así como con el involucramiento de las comunidades del Salar que integran este pueblo. 

Sin consulta indígena y en plena escasez hídrica

Según su propia definición, el trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la Región de Antofagasta.

Para su realización se utilizó como referencia la guía metodológica Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad, que ha sido elaborada por OXFAM y la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH en 2011 y utilizada desde entonces por muchas comunidades afectadas en sus derechos por empresas en todo el mundo.

Se trata de una metodología que busca proveer de herramientas a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos.

En conversación con este medio, Dieder explicó que “hemos hecho dos publicaciones en territorio lickanantay, que son las evaluaciones de impacto en derechos humanos. Nosotros hicimos una en lo que se denomina el “triángulo del litio” entonces indagamos qué empresas trabajan en Argentina, Bolivia y Chile, y cuáles han sido las comunidades que han sido impactadas. En el caso de suelo chileno, en particular el trabajo se hizo en base a las dos principales empresas que explotan el mineral en suelo chileno que son Albemarle y SQM. Pero además, el documento desarrolla las responsabilidades en primer parte del Estado de Chile pero también otros países involucrados que tienen inversiones en empresas de litio como China y Canadá”. 

Según el estudio, la realización de este trabajo estuvo motivada por las múltiples denuncias que durante los últimos años han venido formulando tanto el Consejo de Pueblos Atacameños como las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama por las que consideran como graves afectaciones por parte de esta empresa a los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas tanto en el derecho nacional como internacional.

Tales denuncias adquieren mayor gravedad teniendo presente que el 2018 Corfo celebró con SQM nuevos contratos que le permitirán seguir desarrollando sus operaciones en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando significativamente el volumen de extracciones de litio y, por lo mismo, sus impactos en las comunidades atacameñas aledañas y en el ecosistema de dicho Salar.

A ello se suma el hecho de que SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones, según informó Cochilco.

Consultado sobre si en su percepción ha quedado fuera de la discusión pública sobre la licitación el impacto que tiene la industria del litio en las comunidades, en el entendido de que la conversación se ha centrado más sobre el recurso y su adjudicación, Dieder opina que “lo que ha faltado en el discurso es mencionar a los afectados. He escuchado hablar de comunidades, pero ni siquiera al pueblo lickanantay, entonces eso es bastante grave. Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”. 

En esa línea, el abogado describió que “entre las cosas que me ha llamado la atención en el discurso de las distintas fuerzas políticas es cómo la oposición le impugna al actual gobierno de que esto se hizo rápidamente e incluso han presentado recursos de protección que han resultado inadmisibles. Y en ese sentido, para mí es inadmisible que la oposición no considere que esto viene desde marzo de 2021, con un hito en junio del año pasado y la licitación la conocemos como tal en octubre. El Consejo de Pueblos Atacameños también interpuso un recurso de protección pero dentro del plazo porque estaban pendientes de lo que ocurre en su territorio, entonces llama la atención que los bloques del Congreso realicen estas acciones a último momento cuando esto se pudo haber frenado con mucha anterioridad y no la última semana”. 

En cuanto a la afectación del territorio por las empresas SQM y Albemarle, que fueron consideradas en el estudio, y el hecho de que ambas hayan quedado fuera de los beneficiados que anunció el gobierno en su momento, Dieder explicó que “hay una falta de consulta de todas las empresas que están trabajando hoy en el Salar de Atacama. No hay ningún proyecto que haya sido sometido a la consulta indígena. Eso es un asunto también bastante grave por el impacto que se genera porque tanto Albemarle como SQM se encuentran dentro de las empresas que producen más litio a nivel mundial, entonces es increíble que compañías de esa envergadura, que obviamente tienen que cumplir con determinados estándares a nivel internacional para poder operar, no cumplan ni siquiera con la consulta indígena”. 

Así, según el jurista, “desde las empresas, uno podría escuchar que esto entró en vigencia de forma posterior, en relación a la vigencia del Convenio 169, pero bien sabemos que los últimos convenios han sido cuando el 169 ya estaba en vigencia, lo que da cuenta de los derechos que están siendo afectados”. 

A juicio de uno de los autores del informe “acá uno de los temas más importantes es el agua. En la ley indígena también hay una regulación particular al respecto en los artículos 63 y 64 que establece una especial protección de las aguas que les pertenecen a los pueblos del norte de Chile. En un contexto de escasez, esta explotación que han tenido SQM y Albemarle que durante décadas extrajeron litio sin que hubiese una fiscalización, cuando no existía una institucionalidad ambiental como la que existe actualmente. Recién en 2010 con distintas leyes y la creación de algunas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental recién se iniciaron las primeras fiscalizaciones a todo tipo de empresa. Y cuando se fiscaliza a SQM, la autoridad administrativa se da cuenta que está incumpliendo su RCA para producir y explotar litio, por lo que se inició un proceso sancionatorio. Y ahí se pudo dar cuenta que se extrajeron más cuotas de salmuera que lo que estaba concedido en el permiso, y ese es un proceso que se encuentra abierto”. 

Didier sostiene que “los pueblos atacameños siempre han defendido que la extracción de salmuera es directamente la extracción de agua, que está combinada con determinadas sales y químicos. Y si a eso se le suma la extracción que han tenido SQM, Albemarle, Minera Escondida y Minera Zaldívar que son las cuatro que operan en el Salar de Atacama, juntan casi 4 mil litros de agua por segundo. Es decir, una cifra muy elevada para la escasez de agua que hay en el norte”. 

Otro punto a abordar fue la incertidumbre que generó en las comunidades el hecho de que la licitación no especificara en qué lugar se iba a hacer la exploración y extracción de litio. Al respecto, el abogado manifestó que “estimo que el gobierno no hizo las consultas pertinentes porque cómo la licitación estaba abierta a todos los salares del norte de Chile se podrían ver eventualmente afectados distintos pueblos. Entonces era difícil determinar a quién había que consultar, pero obviamente esto deja en suspenso y en una situación de mucha incertidumbre a las comunidades que están en esos territorios respecto de lo que va a ocurrir. Inicialmente, cómo estaban estas 400 mil toneladas si uno va sacando la cuenta de la disponibilidad que tiene cada salar, inevitablemente se tendría que haber tocado el Salar de Atacama. Y si ya sabemos que está con un estrés hídrico, ahí está el peligro, y la posibilidad de que el salar sea explotado ahora por nuevas empresas”.

Fuente: https://interferencia.cl/articulos/la-discusion-olvidada-del-litio-informe-describe-los-problemas-que-sqm-ha-causado-al

Licitación del litio y el proceso constituyente

*Por José Aylwin y Marcel Didier.

A pocos meses de su término, el Gobierno de Sebastián Piñera se encuentra empecinado en sacar adelante una convocatoria nacional e internacional para licitar y adjudicar Contratos Especiales de Operación (CEOL) para producir un total de 400 mil toneladas de litio comercializable, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas cada una. Las adjudicaciones serán por un plazo de 7 años, prorrogables por otros dos, para hacer exploración geológica y los estudios y desarrollo de proyectos, a los que se sumarán otros 20 años de producción, sin una ubicación específica en cualquier parte del territorio del país. Las cuotas irán asociadas a una autorización de comercialización por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCChEN).

En días pasados se realizó la apertura a dicha convocatoria. Se trata de seis ofertas realizadas por cinco empresas: BYD Chile SPA (con oferta de 61.000.999 USD$); Albemarle Ltda. (con oferta de 60.000.000 USD$); Cosayach Caliche SPA (con oferta de 30.100.000 USD$); Servicios y Operaciones Mineras del Norte SA (con oferta de 60.000.000 USD$); y la Sociedad Química y Minera de Chile SA (con dos ofertas, una de 14.050.000 USD$ y otra de 19.100.000 USD$), todas por cuotas de 80 mil toneladas cada uno, salvo Albemarle, que realizó  una oferta por dos de ellas, por un total de 160 mil toneladas, y SQM que realizó una oferta por 80 mil toneladas y dos por un total de 160 mil toneladas.

El Comité Especial de Licitación creado por el Gobierno para estos efectos debía reunirse el 6 de enero para proponer al Ministro de Minería la adjudicación de esta licitación. 

La decisión del actual Gobierno de llevar adelante esta convocatoria y adjudicar la licitación no solo a poco de terminar su período, sino en el contexto del desarrollo de un proceso constituyente impulsado con la aprobación de una amplia mayoría de la ciudadanía, resulta altamente cuestionable por múltiples razones. No puede escapar al actual Gobierno el hecho que las normas que rigen la propiedad y formas de concesión de los bienes comunes, generalmente denominados recursos naturales, han sido fuertemente cuestionadas. Ellas han resultado en la apropiación por privados, generalmente grandes conglomerados empresariales, de bienes comunes, como yacimientos mineros, el agua dulce y los recursos del mar, hecho que ha estado entre los factores que explican el malestar popular que gatilló el estallido social.

En el caso del litio, si bien la legislación vigente reserva el litio para el Estado y la Constitución de 1980 dispone que este mineral no metálico no es susceptible de concesión minera, quedando su exploración, explotación y beneficio en manos del Estado, es bien sabido que este, a través de Corfo, ha facilitado su explotación por empresas privadas de capitales nacionales y extranjeras, principalmente Albemarle y SQM. Ello a través de contratos de largo plazo que han sido impugnados tanto por las comunidades indígenas atacameñas o lickanantay directamente afectadas por sus operaciones, las que no fueron consultadas previo a su suscripción como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, sino también por amplios sectores políticos y sociales.

Cabe recordar que, en el caso de SQM, la prolongación de sus actividades para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el 2030 y el aumento en las cuotas de extracción en virtud de un contrato suscrito por Corfo con esta empresa el 2018, fue seriamente cuestionada por el hecho de que sus altos directivos se habían visto involucrados en diversos delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la política investigados por la justicia chilena y extranjera.

La actividad extractiva de esta empresa, además, ha generado serios impactos en derechos humanos del pueblo lickanantay, según fue constatado en un reciente estudio del Observatorio Ciudadano. Entre los derechos que, de acuerdo a esta Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, se han visto gravemente vulnerados por la actividad de esta empresa se encuentran el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la libre determinación y definición en prioridades de desarrollo; el derecho a la participación en los beneficios y la compensación justa por los daños ocasionados; el derecho sobre la tierra y el territorio; y los derechos de agua.   

Tratándose de una licitación que deja abiertas la exploración y la explotación del litio por los adjudicatarios a todo el territorio nacional, resulta evidente que dicha actividad se centrará en los salares andinos del norte del país –principalmente en el Salar de Atacama–, donde se encuentran las mayores reservas de las sales de las que se extrae el litio, salares que forman parte de las tierras y territorios de uso y ocupación ancestral del pueblo lickanantay, quechua y colla, entre otros pueblos indígenas. 

Cabe señalar además que el proceso de licitación en desarrollo por el actual Gobierno no ha estado exento de irregularidades y no cuenta con las garantías mínimas de transparencia; además, los breves plazos considerados en el proceso imposibilitaron la participación de nuevos actores. Al igual que en los contratos anteriormente suscritos entre Corfo con SQM y Albemarle, respectivamente, de nuevo se vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el consentimiento de los pueblos originarios que puedan verse afectados.

Junto con ello, cabe resaltar que el Estado de Chile se encuentra en litigio con ambas empresas que aparecen como oferentes en esta licitación, por lo que la adjudicación a ellas parece un contrasentido; con SQM un proceso sancionatorio ambiental por incumplimiento de su permiso ambiental que data de 2006, y con Albemarle en un proceso de arbitraje internacional con el Estado de Chile por el incumplimiento del contrato de explotación en el Salar de Atacama firmado en 2016. Al efecto, Corfo denunció a inicios de 2021 a la empresa estadounidense ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por una diferencia no pagada de aproximadamente 15 millones de dólares relativa a menores comisiones.

Lo más grave de esta decisión, sin embargo, es que ella afecta gravemente la capacidad de la Convención Constitucional como órgano representativo de la soberanía popular de definir, hacia el futuro y por un largo tiempo, no solo la propiedad, la potencial concesión o no del litio a empresas, así como su origen, sean nacionales o extranjeras, que puedan participar de la exploración y explotación de este mineral no metálico que hoy se convierte en un elemento clave de la transición energética a nivel global.

Al respecto cabe señalar que ya ha sido presentada desde la sociedad civil a la Convención Constitucional una iniciativa popular de norma (Comité de Defensa y Recuperación del Cobre –Iniciativa Nº 5.602–), y debatida por la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional, propuestas que, teniendo presente la importancia tanto estratégica como económica del litio, apuntan a que su desarrollo sea entregado a empresas de propiedad del Estado o mediante la fórmula de una Empresa Nacional del Litio similar a la de Codelco.

Se trata de una propuesta que también forma parte del programa de gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, con lo que, junto a pasarse a llevar la capacidad del órgano constituyente de definir libremente los actores protagónicos en la explotación del litio, hipoteca la voluntad popular que por una mayoría significativa respaldó a dicho candidato y a su programa de gobierno.

Por todo lo anterior es que nos sumamos a los actores sociales y políticos que han demandado al gobierno que suspenda el proceso de licitación y adjudicación del litio en desarrollo. Ello hasta que la Convención Constitucional, como órgano depositario de la soberanía popular, establezca las nuevas reglas que regirán en la materia, asegurándose de este modo que ellas, luego del referéndum de salida previsto para el presente año, cuenten con la legitimidad que les daría la ciudadanía. 

*José Aylwin es Coordinador del Programa Globalización y DD.HH. del Observatorio Ciudadano.

Marcel Didier es Abogado del Observatorio Ciudadano.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/01/08/licitacion-del-litio-y-el-proceso-constituyente/

Plataforma de la Sociedad Civil propone a la Convención avanzar a un Estado solidario. Presentan propuesta constitucional sobre Derechos Humanos y Empresas

Organismo que reúne cerca de 20 organizaciones presentó un documento que aborda la relación entre derechos humanos, sociales y ambientales y la actividad empresarial.


15 de diciembre de 2021, distintos lugares de Chile.

Las organizaciones integrantes de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, presentamos a los y las integrantes de la Convención Constitucional y a la sociedad interesada, insumos para el debate sobre los contenidos de la nueva Constitución, en cuanto ésta definirá la relación entre derechos humanos, en particular, derechos sociales y ambientales, y las actividades económicas.

Las reflexiones y propuestas de la Plataforma se derivan del derecho internacional de los derechos humanos, y abordan objetivos de la actividad empresarial para el bien común, así como algunos límites que el Estado debiera poner a las actividades económicas en función de la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.


Después de identificar el déficit de la actual Constitución en estos ámbitos, la propuesta elabora sobre principios del estado y la economía, derechos, sistema de tributación, las obligaciones del Estado y de las empresas en relación con los derechos humanos que debieran estar recogidas en la nueva Constitución, las empresas de propiedad del estado y el financiamiento estatal de la actividad económica.


Entre otras cosas, el documento propone superar el Estado subsidiario y “avanzar a un Estado solidario que procure el buen vivir, la vida digna, el bienestar social y el desarrollo humano sostenible sin discriminación alguna, lo que implica incluir en la Constitución la declaración del Estado de Chile como ‘Estado democrático y social de derechos’”, definir obligaciones de las empresas para con los derechos consagrados en la Constitución, y determinar la independencia de las instituciones fiscalizadoras. La versión completa y un resumen ejecutivo se pueden descargar en las páginas web de las organizaciones
integrantes de la Plataforma.


Prontamente, la Plataforma publicará una propuesta concreta de articulado relacionada a estos temas.


La Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas fue constituida formalmente el 1 de junio de 2021, y está integrada por el Centro de Derechos Humanos de la UDP, el Observatorio Ciudadano, Fundación Fiel Chile, Central Unitaria de Trabajadores, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la UFRO, Chile Sustentable, Ciudad Común, Ciudadanía Inteligente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile, Corporación de Estudios Sociales y Educación, Defensoría Ambiental, Facultad de Economía y Negocios de la UAH, FIMA, The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Greenpeace, Newenko, y Terram.

Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas
Contacto: José Aylwin, jaylwin@observatorio.cl; Roberto Morales, rmorales@fielchile.cl;
Judith Schönsteiner, Judith.schonsteiner@udp.cl.

Elecciones presidenciales y la fractura de Chile

Por José Aylwin*

Contra toda lógica, el candidato Kast propone mantener la institucionalidad que acrecentó las inequidades en el país y terminó por fracturar la sociedad. Frente a la protesta social que, de frustrarse los esfuerzos por construir una nueva institucionalidad más justa y democrática (a través del proceso constituyente en desarrollo) con toda certeza se intensificará, Kast no tiene más propuesta que la mantención del orden público, es decir: el uso de la fuerza.

Como pocas veces antes en la historia del país, las elecciones presidenciales del próximo 19 de diciembre serán determinantes en el futuro de Chile. Quien salga electo en ellas no sólo conducirá el gobierno durante el próximo periodo presidencial, sino su liderazgo como Jefe de Estado resultará gravitante en el destino del país en las próximas décadas. Ello es consecuencia de la incidencia que el futuro Presidente, con toda certeza, tendrá en el proceso constituyente en desarrollo, proceso a través del cual, por mandato ciudadano, se está elaborando una propuesta de bases institucionales que deberían regir la convivencia entre las personas y los pueblos de Chile hacia el futuro.

Como sabemos, las posturas de los candidatos sobre la materia son abiertamente opuestas. Desde mucho antes de ser candidato presidencial, Gabriel Boric ha sido un activo promotor del impulso de un proceso orientado a la construcción de un pacto social inclusivo expresado en una nueva Constitución que permita profundizar la democracia y los derechos humanos y poner término a las inequidades y exclusiones a las que la Constitución de 1980, a pesar de sus modificaciones, ha dado lugar. Luego, como candidato, ha otorgado un claro respaldo al proceso constituyente, así como a la Convención Constitucional electa democráticamente para conducirlo, señalando que respetará y apoyará su trabajo de elaboración constitucional, así como su autonomía.

En contraste con ello, José Antonio Kast ha sido un claro detractor de dicho proceso. En efecto, Kast estuvo entre el 20% de los ciudadanos que en el plebiscito de 2020 rechazó la opción en favor de la elaboración de una nueva Constitución, manifestando con ello su voluntad de mantener la vigencia de la Constitución de 1980. Y, si bien como candidato ha señalado que respetará a la Convención Constitucional, ha advertido que, si esta no respeta entre otros el derecho a libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, de propiedad privada, la impugnaría, y haría todo lo posible por que fuese rechazada. No puede obviarse tampoco que algunos de sus adherentes han hecho pública su intención de boicotear el trabajo de la Convención Constitucional.

Lo anterior es grave. No puede olvidarse que el proceso constituyente fue consecuencia directa del estallido social, y que el mismo fue gatillado por el malestar social frente múltiples situaciones de inequidad, abusos y marginación de que amplios sectores del país fueron objeto como consecuencia directa de la permanencia prolongada de la Constitución de 1980, la que el candidato Kast ha pretendido mantener.

Tampoco debe olvidarse que la prolongada negativa del sector político que Kast representa al desarrollo de proceso constituyente orientado a la elaboración de una nueva Constitución, proceso que venía siendo demandado por la ciudadanía desde hace al menos una década, terminó por generar una profunda fractura en la sociedad chilena, fractura que se expresa en un clima de creciente polarización y enfrentamiento perceptible a lo largo del país.

Contra toda lógica, el candidato Kast propone mantener la institucionalidad que acrecentó las inequidades en el país y terminó por fracturar la sociedad. Frente a la protesta social que, de frustrarse los esfuerzos por construir una nueva institucionalidad más justa y democrática (a través del proceso constituyente en desarrollo) con toda certeza se intensificará, Kast no tiene más propuesta que la mantención del orden público, es decir: el uso de la fuerza. Ello en particular en zonas de conflicto, como en la Araucanía y regiones aledañas.

En su reciente libro Una breve historia de la igualdad, Thomas Piketty, economista francés, nos dice que “el camino hacia la igualdad es fruto de luchas y rebeliones contra la injusticia, y resultado de un proceso de aprendizaje de medidas institucionales y sistemas legales, sociales, fiscales y educativos que nos permitan hacer de la igualdad una realidad duradera”. El mismo autor constata que, a pesar de los muchos desafíos hoy existentes para hacer de la igualdad jurídica una realidad en la práctica, los avances en esta dirección en todo el mundo son evidentes. Con todo, constata que lamentablemente los avances hacia sociedades más igualitarias muchas veces se ven debilitados por, entre otros factores, “la amnesia histórica y el nacionalismo intelectual”.

Las reflexiones de Piketty resultan iluminadoras en el contexto de las elecciones presidenciales del próximo domingo. El dilema de esta elección, entonces, es cuál es la opción presidencial más adecuada para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y, como consecuencia, superar la fractura y la polarización que hoy se vive en el país; si aquella que favorece la construcción de un pacto social expresado en una nueva Constitución a través de un dialogo inclusivo de todos los sectores y pueblos  del país, de una institucionalidad que pueda ser reconocida como la “casa de todos” y no de unos pocos que han concentrado el poder económico, o la opción que propone la mantención de la institucionalidad que generó dichas inequidades y como efecto de ello, la fractura social, así como el uso de la fuerza para quienes demandan justicia e igualdad, y por lo mismo se oponen a dicha institucionalidad. En lo fundamental, eso es lo que l@s ciudadan@s debemos decidir en estas elecciones presidenciales.


*Abogado, magíster en Derecho. Coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.

Columna publicada en El Desconcierto: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/12/17/elecciones-presidenciales-y-la-fractura-de-chile.html

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA RED DE EQUIPOS DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

¡DERECHOS HUMANOS CONQUISTADOS, NI UN PASO ATRÁS!

Quienes conocen sus derechos, tienen mayores posibilidades de defenderlos, exigirlos, ejercerlos, y respetarlos en una sociedad diversa. Es por eso que la educación en derechos humanos resulta clave para avanzar en la construcción de una cultura verdaderamente respetuosa de los derechos humanos.

Así fue señalado en el preámbulo de la Declaración Universal de 1948, al afirmar “que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”.  

La importancia de educar en derechos humanos ha sido reconocida de manera creciente y amplia por los Estados y consecuentemente con ello se ha impulsado, a partir del año 2005, un Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, del cual Chile es parte. Junto con ello nuestro país ha ido avanzando en la creación de instituciones destinadas a la protección y promoción de derechos humanos y ha dado importantes pasos para incorporar la Educación en Derechos Humanos en todo el sistema educacional desde la educación parvularia hasta la Educación Superior. Así también se ha hecho cargo de reforzar la inclusión educativa en todos los niveles educacionales y avanzar en promover la erradicación de discriminaciones y prejuicios que afectan a niñas, niños y mujeres, personas en situación de discapacidad, migrantes o pertenecientes a pueblos indígenas.

En la actual coyuntura electoral, se advierten riesgos de retrocesos, específicamente, en el programa de la candidatura de J. Kast; donde se amenaza la existencia de dos instituciones claves para la protección y promoción de derechos, como son el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Además, se pretende incorporar de manera obligatoria la asignatura de religión en todas las escuelas y liceos, lo que afecta la libertad de enseñanza y de credo de las familias; como asimismo derogar el decreto 170 que ha permitido generar los programas de inclusión escolar para estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto se suma a otras propuestas que no contribuyen al desarrollo de una cultura respetuosa de derechos humanos y que, por el contrario, favorece la vulneración, como lo es detener personas en lugares secretos sin orden judicial; derogar la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, entre otras medidas que van en contra de los principios de progresividad e igualdad y no discriminación de los derechos humanos.

En razón de lo anterior, la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos REEDH, considera que la posibilidad de que se establezca un gobierno de estas características constituye una amenaza para los derechos humanos y en consecuencia llama a participar informadamente de las elecciones presidenciales, por la implicancia que reviste este proceso en la sociedad chilena actual.

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