PRESENTAN QUERELLA CONTRA CARABINEROS POR DETENCIÓN ILEGAL A PERIODISTA Y DEFENSORA DDHH PAULINA ACEVEDO

En el Día Internacional de la Libertad de Expresión, fue presentada esta mañana una querella criminal en contra de los autores, cómplices y encubridores de los delitos apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público, contenidos en los artículos 150 D y siguientes del Código Penal y artículo 193 nº4 del mismo código punitivo, por la detención arbitraria e ilegal que afectó a la periodista y defensora de derechos humanos, Paulina Acevedo Menanteau, mientras realizaba labores de cobertura de la remoción de la estatua de Baquedano desde Plaza Italia, el pasado 12 de marzo, perfectamente acreditada y con permiso colectivo para realizar estas funciones.

La acción se dirige de manera principal en contra de los funcionarios de Carabineros de Chile en su calidad de partícipes y responsables, así como de todas aquellas autoridades civiles que hayan contribuido con su aquiescencia al accionar criminar perpetrado en contra de la profesional, a su encubrimiento e impunidad.

Adicionalmente, se solicita que por haber sido víctima de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de agentes estatales, los hechos denunciados se analicen a la luz de los artículos 4 (vida) y 5 (integridad personal), 7 (libertad), 11 (honra y dignidad) y 13 (libertad de pensamiento y expresión) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 2 y 4  de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), configurándose estos hechos criminales como constitutivos de graves violaciones a derechos humanos y de violencia estatal contra la mujer, prohibidos por los artículos 1.1 (obligación de respetar y garantizar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y  artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.

La querella pide se oficie a Carabineros para remitan copia autorizada y legible de todo libro de novedades, órdenes y demás, relativo a los funcionarios de Carabineros involucrados o presentes en el lugar de los hechos, se identifique el carro policial en el que fue detenida y se otorgue copias de las bitácoras y grabaciones del mismo, y se tome declaración a todos los funcionarios que participaron en los hechos, entre ellos la carabinera Mella y la Teniente Tatiana Domínguez, ambas de la 40° comisaría COP de lo Espejo, identificadas por la víctima como las funcionarias que efectuaron el procedimiento, en el caso de Domínguez como la persona que ordenó la detención.

“Presento esta querella para que se sancione a todos los funcionarios responsables de violar mis derechos humanos, al detenerme de forma ilegal y adulterar el parte policial con hechos falsos para intentar ocultar su proceder criminal, porque este tipo de acciones de violencia estatal no pueden seguir quedando en la impunidad, señaló la periodista y defensora de derechos humanos.

«Lo hago además en el día internacional de la Libertad de Expresión, para visibilizar el masivo aumento de detenciones de este tipo por parte de Carabineros en contra de la prensa y comunicadores, en particular de mujeres en el último tiempo. Por eso la importancia de denunciar y de presentar acciones, hago un llamado a ello a mis colegas comunicadores, para poner freno a estos graves y vejatorios hechos”, agregó.

La querella, cuenta con el patrocinio de la abogada Karinna Fernández y la procuradora Valentina Gatica, especializadas en defensa legal de víctimas de vulneración a derechos humanos.

 

Mayores informaciones y entrevistas:

Karina Fernández, abogada, +56942809015

Paulina Acevedo, querellante, +56989006510

 

Registros de la detención:

https://www.gamba.cl/2021/03/democracia-carabineros-detuvo-a-periodista-que-cubria-remocion-estatua-de-baquedano/

 

Organizaciones defensoras de DDHH solicitan urgente intervención en el caso de la detención arbitraria a la periodista Paulina Acevedo

Durante la madrugada del 12 de marzo de 2021, la periodista y defensora de Derechos Humanos, Paulina Acevedo, fue objeto de una detención ilegal por parte de Carabineros de Chile y puesta en libertad tras más de 14 horas retenida, ante lo cual se levanta esta acción internacional urgente.

La profesional se encontraba cubriendo el retiro de la estatua del General Manuel Baquedano en Plaza Italia, portando credencial de prensa y permiso único colectivo para el ejercicio periodístico en el marco de las medidas sanitarias por el COVID19, cuando personal de carabineros detiene a su hijo, Simón Basilio, quien se encontraba cumpliendo labores de registro fotográfico. Ella se acerca para pedir explicaciones de lo que está sucediendo, y carabineros decide tomarla también detenida, confiscando todo su equipo de trabajo una vez trasladados a la 19° comisaría de Providencia.

La defensora fue pasada a control de detención y luego sobreseída de todos los cargos a solicitud de la propia fiscalía, al estimar que los cargos eran inexistentes y que debió ser liberada esa misma madrugada.

 

Debido a la gravedad de estos hechos y a fin de evitar que ella, su hijo o cualquier otras persona que cumpla labores informativas sea objeto de detenciones arbitrarias, en la acción se solicita de manera urgente: adoptar medidas apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de Paulina Acevedo, de su hijo Simón Basilio y de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Chile; poner fin a todo tipo de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra de Paulina Acevedo y de todas las personas defensores de derechos humanos en Chile; y garantizar que los y las periodistas, incluida Paulina Acevedo, pueden llevar a cabo su legítima labor sin obstrucciones ni tema a represalias.

A continuación, el llamado urgente de Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la tortura (OMCT) al Estado de Chile:

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CARTA ABIERTA A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y NIÑEZ RESPECTO A LA SITUACIÓN DE NNA EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) que migran requieren de un enfoque y de atención especial por parte de los Estados a los que llegan, dado que por lo general las circunstancias de traslado pueden significar un grave daño para su integridad física, sicológica y emocional. Ser NNA migrante implica además una condición de doble vulnerabilidad, y si bien la mayoría de ellos viajan acompañados(as) por sus progenitores o cuidadores, esto no significa que lo hagan bajo un régimen de protección, especialmente cuando el viaje implica enfrentar contextos adversos, como cruzar fronteras, atravesar pasos no habilitados o condiciones climáticas extremas. Como es el caso de los NNA que han llegado al poblado de Colchane recientemente y que según cifras -no oficiales- entregadas por los medios de comunicación, serían alrededor de 235. 

Es necesario e indispensable que las autoridades chilenas enfrenten la crisis migratoria que se vive en el norte del país, como una de carácter humanitario, poniendo especial atención en la protección de los derechos de NNA que están llegando a territorio chileno, lo que hasta ahora no se ha llevado a cabo. Para ello, se deben desarrollar procedimientos adecuados para identificar las circunstancias en las que los NNA migrantes se encuentran al llegar al país y así se adopten todas las medidas necesarias para salvaguardar su protección, aplicando el principio de igualdad y no discriminación, es decir, sin hacer distinciones por su nacionalidad, origen étnico o racial, género o estatus migratorio de estos NNA o de sus padres. Entre las medidas de protección a implementar, se incluye el asegurar condiciones dignas de vivienda, alimentación, atención de salud y acceso a la educación, todos derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que Chile ratificó en 1990. 

De acuerdo a la CDN y otros estándares internacionales aplicables, el interés superior del niño debe ser garantizado en todas las decisiones y medidas de protección que se adopten por parte de los Estados para los NNA migrantes. Esto implica, por ejemplo, reconocerles el estatus de refugiado de acuerdo a la legislación nacional y los estándares de protección del Derecho Internacional, el que debe ser interpretado de acuerdo a la condición especial de vulnerabilidad de los NNA migrantes, es decir, teniendo en cuenta que la falta de una vivienda, de acceso a servicios básicos como agua, salud o alimentación en sus países de origen o la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pueden llegar a ser entendidas como situaciones que amenazan su desarrollo y sobrevivencia, así como una forma de persecución que los Estados deberán tener en consideración al momento de calificar a los niños y niñas que buscan tener el estatuto de refugiado. 

En esta misma línea, y siempre aplicando el principio del interés superior del niño, la medida de expulsión del país al que migran y el retorno al país de origen, debería ser la excepción y no la regla, entendiendo que los NNA migrantes se encuentran en una situación de especial vulneración y que, en muchos casos, su migración se debe a motivos contrarios a su voluntad, como son condiciones de extrema pobreza, conflictos armados, violencia familiar, falta de servicios básicos, entre otros. Es por ello que vemos con gran preocupación las declaraciones emitidas por el Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Rodrigo Delgado, quien hace unos días señaló que las expulsiones del país de personas migrantes que hayan ingresado de manera irregular, se adoptará como una política sistemática del actual gobierno. En este sentido, consideramos que los NNA que hayan ingresado por pasos no habilitados, no deberían ser amenazados con retornar a su país por parte de la autoridad estatal, sin que primero se consideren las condiciones que tendrían que 

enfrentar estos NNA al regresar a sus países de origen, anteponiendo así el interés superior del niño frente a cualquier medida administrativa que se adopte. 

Asimismo, se debiese asegurar el derecho a la reunificación familiar, entendida la familia en sentido amplio, en caso de que quienes ingresen al país lo hagan para reunirse con sus hijos, hijas o padres, pues es un mecanismo fundamental para permitir el goce de la vida en familia, en particular, cuando se trata de personas en movilidad humana. Según el artículo 10, apartado 1 de la CDN: “Toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares”. Por consiguiente, se insta al Estado chileno a reconocer la reunificación familiar como un derecho fundamental, por tanto, no pueden proceder las expulsiones de progenitores o cuidadores de NNA migrantes, aún cuando estos hayan ingresado por pasos no habilitados. Esto además no debería constituir un delito, sino únicamente una falta administrativa. 

Son lamentables las múltiples situaciones de vulneraciones de derechos de quienes han ingresado a Chile en busca de una vida mejor y que hoy se encuentran en diversas localidades del norte del país sobreviviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad. Son cientos de personas, NNA, mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, que cruzan las fronteras, muchas veces por horas y a pie, con altos niveles de deshidratación y en estado de shock, lo cual se agudiza por las condiciones climáticas adversas como el calor, la altura y la falta de oxígeno, llevando a muchos de ellos a la muerte. Quienes sobreviven, están siendo derivados a residencias sanitarias, donde las organizaciones de la sociedad civil no pueden comprobar la situación en que se encuentran sus ocupantes y, particularmente, cómo lo están sobrellevando mujeres embarazadas y NNA. 

Por todo lo anteriormente señalado, es que solicitamos de manera urgente una visita in loco de organismos internacionales como ACNUR y UNICEF para constatar el estado en el que se encuentran NNA migrantes y sus familias, y colaborar en la implementación de medidas de protección integrales que aseguren sus derechos humanos. 

Santiago, 15 de febrero de 2021 

Firman: 

Movimiento Acción Migrante

Observatorio Ciudadano

Afrodescendientes acusan exclusión y negación en discusión de escaños reservados del Proceso Constituyente

Mediante una carta abierta el pueblo afrodescendiente, sus comunidades y organizaciones, acusan ser víctimas de exclusión, negación e invisilización histórica por parte del Estado chileno, que se traduce en límites a su derecho de participación política en el Proceso Constituyente, con especial atención a su condición de pueblo tribal a través de la fórmula de escaño reservado.

Hoy la Cámara de Diputados votó en forma separada el informe de la comisión mixta de Constitución, aprobando por una parte los escaños reservados para Pueblos Indígenas (140 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones), y por la otra, rechazando el escaño propuesto para el Pueblo tribal afrodescendiente (82 votos a favor, 49 en contra y 17 abstenciones), al no alcanzarse el quórum necesario correspondiente a 3/5.

A continuación compartimos el texto difundido.

EL ESTADO CHILENO EXCLUYE, NIEGA E INVISIBILIZA AL PUEBLO AFRODESCENDIENTE CHILENO

Desde la creación del Estado de Chile, la élite política se ha encargado de negar y excluir al pueblo afrochileno. Sus descendientes hemos sobrevivido a la esclavitud, al colonialismo, a la dictadura y en este proceso constituyente, que por primera vez en la historia de nuestro país es colectivo, seguimos siendo objeto del racismo estructural, que se expresa y se encuentra inserto ahora en el Congreso Nacional. La discusión que se da sobre escaños reservados para pueblos indígenas y tribal afrodescendientes es un reflejo de la sistemática violencia que como pueblos racializados hemos vivido históricamente y que hoy se agudiza contra el pueblo afrochileno, ya que expresamente en la Comisión Mixta se evidenció que el voto por separado concluirá en un rechazo de la participación efectiva de los y las afrodescendientes mediante el escaño reservado.

La exclusión, negación y racismo contemporáneos no es algo nuevo y se traduce entre otros en hechos como estos:

  • En el 2011 el Gobierno de Chile excluyó a los afrodescendientes del censo del 2012, y luego en el 2016 nuevamente excluye a nuestro pueblo del censo abreviado del 2017, llegando esta privación de derechos a instancia judiciales nacionales, donde el poder judicial del Estado sin atender nuestras demandas rechazó el recurso, teniendo que llegar con nuestra denuncia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, causa que hoy está en discusión.

Producto también de la movilización por nuestros derechos, en abril de 2019 y tras una larga tramitación en el Congreso se publica en el Diario Oficial la Ley N° 21.151 que otorga reconocimiento al Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno. A pesar de que esta norma nos otorga reconocimiento jurídico como sujetos de derechos colectivos, esta negación por parte del estado chileno persiste en el proceso constituyente:

  • En efecto, en noviembre de 2019 los partidos políticos llegaron a un acuerdo para iniciar este proceso constituyente, en el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, del cual se excluye a los pueblos indígenas y tribales. Negándonos nuevamente la opción de ser partícipes de este importante proceso.
  • Posteriormente, en enero de 2020, se inició la discusión en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para la inclusión de la participación de los pueblos originarios mediante escaños reservados, momento en donde el Diputado Luis Rocaful presenta la indicación de incluir al pueblo tribal afrodescendiente, pero acción esta no consiguió el quórum necesario por parte de los mismos parlamentarios que meses atrás habían votado a favor de la ley N° 21.151.
  • Desde febrero de este año hasta la fecha la Comisión de Constitución del Senado, recibe diversas recomendaciones por parte de expertos y representantes del pueblo afrochileno sobre los argumentos históricos y antropológicos con relación a la presencia afro en Chile, así como argumentos jurídicos, basados tanto en el derecho interno como internacional a partir de las obligaciones del Estado de Chile y que existen en materia de derecho hacia nuestro pueblo.
  • Posteriormente, diversos senadores y senadoras presentaron ante la Comisión de Constitución indicaciones que proponen incluir al pueblo tribal afrodescendiente; parlamentarios como Carolina Goic, Alejandro Navarro y José Miguel Insulza de la oposición, más el Senador del oficialismo José Durana, con el fin de iniciar un proceso representativo con los distintos pueblos.
  • Sin embargo en las últimas dos semanas, al no haber acuerdo en sala, se constituyó la Comisión mixta de Constitución, en la cual la discusión y trabas para avanzar en dicha propuesta de escaños reservados se hizo evidente, en particular del pueblo afrochileno, con la negación, exclusión y desconocimiento de nuestros derechos por parte del sector de Chile Vamos, con argumentos racistas de que no debemos estar en el proceso constituyente, y que han sido refutados por distintos espacios académicos, políticos y sociales.
  • Por otro lado, el gobierno de Sebastián Piñera a través de la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, ha presentado ante dicha comisión argumentos falsos sobre la inexistencia de acciones administrativas y estudios técnicos sobre la presencia afrodescendiente en Chile. Negando de esta manera, veinte años de trabajo y la inversión pública de nuestro pueblo con diversos organismos de la administración del Estado en la región de Arica y Parinacota, en especial el sostenido con la secretaría regional ministerial y que ha implicado la conformación de una mesa intersectorial afrodescendiente del Ministerio de Desarrollo Social.
  • Finalmente, es importante relevar que la coalición del oficialismo, liderados por los parlamentarios Galilea y Coloma, han propiciado una campaña comunicacional de desprestigio y exclusión hacia el pueblo tribal afrodescendiente, entregando argumentos que no se ajustan a derecho y que invisibilizan a los afrodescendientes, entregando justificaciones impropias por las cuales no debemos estar en este proceso constituyente.

Conclusiones

La discusión que se desarrolla actualmente en el Congreso Nacional no se ajusta a lo establecido en el derecho internacional y nacional, alejándose expresamente de la base matriz de la ley 21.151 de Reconocimiento del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno. En este sentido, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de noviembre del 2019, no considera lo establecido por esta ley y en los estándares internacionales que amparan la participación efectiva del Pueblo Tribal Afrodescendiente, como lo es el Convenio 169 de la OIT, el cual es vinculante para el Estado de Chile.

Cabe señalar también a este respecto que dicho Convenio señala que los gobiernos deben  establecer los medios a través de los cuales los pueblos a los que es aplicable, incluyendo el pueblo tribal afrodescendiente “…puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan” (artículo 6 1. b).

La exclusión del pueblo tribal afrodescendiente de contar con representación en la Convención Constitucional vulnera los derechos de participación política y los principios de igualdad y no discriminación que reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los cuales buscan una participación efectiva de los pueblos en todos los escenarios de toma de decisión. Este contexto además es contrario a todo lo que busca implementar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes decretado por Naciones Unidas el año 2015 mediante Resolución N°68/237 de la Asamblea General Para el periodo 2015 a 2024. Bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, los Estados miembros de Naciones Unidas, dentro de los que se encuentra Chile, se comprometen con la elaboración de acciones que tengan por objeto eliminar la discriminación racial y las brechas de desigualdad de esta población, así como facilitar el desarrollo de las personas afrodescendientes del mundo a través de la participación efectiva en cada uno de los procesos políticos de sus países, poniendo así en práctica el plan de acción del Decenio que señala expresamente en relación a la participación política el deber de “Los estados miembros, cuando sea pertinente, la observación electoral con enfoque afrodescendiente”.

Es reprobable el comportamiento de los parlamentarios que en reiteradas oportunidades han invisibilizado al pueblo afrochileno, a través de concepciones y estereotipos racistas, profundizando su nacionalismo y racismo estructural a la hora de defender argumentos que excluyen a los afrodescendientes del proceso formal de participación en el proceso constituyente.

Algo ausente en el proceso de negociación para una nueva constitución donde no ha sido considerado el Pueblo Tribal Afrodescendiente de Chile, evidenciando una responsabilidad política de gran envergadura primeramente de la Ministra Karla Rubilar, quien ha negado sistemáticamente el trabajo desarrollado con los afrodescendientes en la región de Arica y Parinacota, evidenciado una ignorancia de nuestra historia y cultura en todos los espacios de discusión sobre el proceso en cuestión; y del Intendente Roberto Erpel, que ha sido incapaz de trabajar colaborativamente con los afrodescendientes, siendo responsable de la inactividad de la agenda pública del Pueblo tribal Afrodescendiente en la región. Por último, y más grave aún, queremos denunciar públicamente la inactividad en el proceso de trabajo que existió en algún momento con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la Región de Arica y Parinacota, representado por la Seremi Macarena Vargas Pampaloni, quien además de desaparecer la figura del encargo de las temáticas afrodescendientes en la Seremi, no trabajó desde su llegada con nuestro pueblo dejando en evidencia su conducta racista frente a las múltiples necesidades de nuestro pueblo, no ejerciendo su labor de representante de la Ministra en torno a el desarrollo de los reglamentos que le darían oportunidad a nuestra ley.

COMUNIDADES , ORGANIZACIONES , ONG´S , COLECTIVOS Y LA MESA TÉCNICA Y POLÍTICA DEL PUEBLO TRIBAL AFRODESCENDIENTE EN CHILE.

Declaración de la Misión Quebeco-Canadiense de Observación de los Derechos Humanos en Chile

RESPONSABILIDAD DE CANADÁ FRENTE A LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 10 de diciembre, y la realización con este motivo, de campañas internacionales de denuncia de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Chile y …

• CONSIDERANDO que el gobierno liberal de Justin Trudeau continua presentándose como un ardiente defensor de los derechos humanos y se enorgullece de convertirlo en la brújula de sus políticas internacionales;

• CONSIDERANDO que éste persiste en mantener un silencio inaceptable ante los abusos generalizados y sistemáticos a los derechos humanos que se están produciendo en Chile bajo el régimen del presidente Sebastián Piñera, aunque en el caso de otros países (como Venezuela), se apresuró en condenarlos;

• CONSIDERANDO que hace menos de un año, nuestra Misión Quebeco-Canadiense de observación de los derechos humanos en Chile y diversas otras misiones internacionales de observación, pudimos observar gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese país entre el 18 de octubre de 2019 y fines de enero de 2020 : más de 31 muertos, 3.600 heridos (incluidas 400 víctimas de lesiones oculares), cientos de casos de violencia sexual y 10.000 arrestos;

• CONSIDERANDO que unos 2.000 presos políticos aún permanecen en prisión preventiva, algunos desde octubre de 2019, la mayoría de ellos,simplemente por haber ejercido su derecho a manifestarse;

• CONSIDERANDO que continúan graves violaciones a los derechos humanos incluso en el contexto de pandemia, en particular hacia las comunidades indígenas Mapuche, en sus propios territorios;

• CONSIDERANDO que se ha denunciado públicamente la existencia de graves violaciones de derechos humanos que afectan a niños, las más recientes de las cuales han motivado la destitución de su cargo de Director General de Policía;

• CONSIDERANDO que en Chile hay no menos de 40 empresas mineras canadienses que promueven más de 100 proyectos mineros, y esto, muy a menudo violando los derechos de los pueblos originarios, como lo hacen actualmente 6 empresas canadienses en el caso de la comunidad Colla Pai-Ote, en la región de Atacama, en el norte de Chile, donde los conflictos se desarrollan desde hace cerca de 10 años. Sabiendo también que para un estado con pretensiones democráticas como Canadá, es su responsabilidad asegurar que las empresas que trabajan bajo su bandera en un país extranjero, respeten los derechos humanos.

• CONSIDERANDO que enviamos al gobierno canadiense un informe detallado de nuestra Misión y una solicitud de reunión con nuestros miembros para discutir esta situación,sin haber recibido nunca respuesta;

• ANTE la responsabilidad que pesa sobre los hombros de un Estado de derecho como Canadá la cual está llamado a asumir.

Nosotros, miembros de la Misión Quebeco-Canadiense de observación de los derechos humanos en Chile, llamamos al Gobierno de Canadá a:

Þ Asumir efectivamente sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos y a llamar al orden a las empresas canadienses responsables de reiterados abusos de derechos humanos en Chile – a menudo con el apoyo tácito de la Embajada de Canadá en la región – y que de garantías a la posibilidad de reclamación, justicia y reparación;
Þ Comprometerse a condenar en voz alta y clara las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos perpetradas bajo la presidencia del Presidente Piñera;
Þ Aceptar reunirse con nosotros para discutir las graves situaciones mencionadas anteriormente.

Luc Allaire
Responsable de relaciones internacionales de la Centrale des syndicats du Québec – CSQ (Central de sindicatos de Quebec) y presidente del Centre international de solidarité ouvrière – CISO (Centro internacional de solidaridad obrera)

Marcos Ancelovici
Titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Sociología de Conflictos Sociales y profesor del Departamento de Sociología de la Université du Quebec à Montréal

Marie-Christine Doran
Profesora titular de la Escuela de Estudios Políticos y directora del Observatorio Violencia, Criminalización y Democracia de la Université d’Ottawa

Denise Gagnon
Representante sindical de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec – FTQ (Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec) y presidente de la Fundación Salvador Allende de Montreal

Pierre Mouterde
Ensayista y exprofesor de filosofía del Collège Limoilou

Isabel Orellana
Profesora de la Facultad de Ciencias de la educación y del Instituto de Ciencias Ambientales, directora del Centro de Investigación en Educación y Formación en Medioambiente y Ecociudadanía – Centr’ERE, de la Université du Quebec à Montreal -UQAM

Ricardo Peñafiel
Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política, Université du Quebec à Montréal; vicepresidente (relaciones inter-sindicales) del Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM – SPPEUQAM (Sindicato de profesoras y profesores docentes de la UQAM); co-director del Grupo de Investigación sobre los Imaginarios Políticos – GRIPAL; representante sindical del Consejo Central del Montreal Metropolitano de la Confédération des syndicats nationaux – CSN (Confederación de Sindicatos Nacionales) y de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec – FNEEQ (Federación Nacional de Docentes de Quebec)

Diciembre 2020

Organizaciones de sociedad civil presentan informe sobre la situación de derechos humanos en contexto Covid-19

  • El informe destaca que durante la pandemia el gobierno ha superpuesto “intereses económicos y privados en desmedro de la efectiva protección de los derechos fundamentales de la población civil”.

 

Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano

 

Con un lanzamiento virtual en el marco de la semana internacional de los Derechos Humanos, fue presentado el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de pandemia Covid-19”, elaborado de forma colaborativa por diversas organizaciones de sociedad civil.

Dividido en cinco capítulos, el primero de ellos -de carácter introductorio- aborda el contexto general en el que se produce el informe, marcado por las demandas del denominado estallido social y los desafíos adicionales que la pandemia representa para la garantía de los derechos humanos; así también los discursos y medidas gubernamentales, y de modo específico las medidas de gestión y el Plan de Acción implementado.

Luego el informe hace revisión a diversas dimensiones de afectación a derechos humanos. Así, en el capítulo dos, referido a los derechos civiles y políticos, se analiza en profundidad la agenda legislativa en el actual contexto de pandemia y si ésta responde al respeto de los pilares de una institucionalidad democrática, la afectación a las libertades personales, a la libertad de expresión y comunicación, la ocurrencia de graves hechos en el marco del Estado de excepción constitucional y las precarias condiciones penitenciarias.

En el siguiente capítulo, dedicado a derechos económicos, sociales y culturales, se señalan puntos críticos que se agudizan en el actual escenario, en particular la situación del derecho a la salud, que no se encuentra garantizado en la actual Constitución y donde se da cuenta del largo camino para que este sea considerado como fundamental; el derecho al trabajo, a la luz de lo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos fundamentales de la OIT; así como el derecho a la vivienda adecuada, a la educación, al medio ambiente, y el impacto de proyectos de inversión a los derechos humanos.

El cuarto capítulo, en tanto, se hace un recorrido por la situación de diversos grupos vulneralizados o que se encuentran mayormente expuestos a violencia de género o institucional. Es el caso de las mujeres, que debido a las medidas de confinamiento se ven expuestas a una convivencia con su agresor o se les ha dificultado su acceso a salud reproductiva y métodos de anticoncepción; los pueblos indígenas, donde se cruzan dimensiones de ruralidad, etnicidad, pobreza y etaria, constatando el informe además que no existe -y por tanto la necesidad de incorporar- una consideración a la variable étnica en los registros administrativos y sanitarios, para implementar estrategias de intervención culturalmente adecuadas para su protección y atención.

Finalmente, se formulan un conjunto de recomendaciones para superar algunas de las situaciones detectadas. En materia penitenciaria, por ejemplo, aumentar la provisión de productos sanitarios y proveer a la población penal de material informativo sobre la prevención de contagios por Covid-19; en el ámbito laboral, asegurar un ingreso básico a las familias que no cuentan con salarios; y en materia educacional, considerar herramientas tecnológicas para estudiantes con diferentes grados o tipo de discapacidad que les impida participar adecuadamente de un proceso de educación a distancia, por mencionar algunas.

Durante la presentación informe, representantes de organizaciones que participaron en su elaboración entregaron información detallada sobre las temáticas que les correspondió abordar y generales de contexto. “La pandemia tiene como base y ha evidenciado la precarización del modelo y específicamente hacia sujetos históricos y del presente que han sido parte del movimiento social”, planteó Milena Morales, de la Red de Observadoras de Derechos Humanos de Valparaíso.

Añade que “en el Plan paso a paso, llama a la preocupación que solo uno de ellos tenga como objetivo disminuir la interacción, y todos los restantes sean de apertura de las distintas actividades fuera del confinamiento, evidenciando que no es plan de cuidado sino más bien de retorno a actividades en contexto de normalidad, donde el foco no está en la población sino en la productividad de la producción. Existe además una discursividad de la responsabilidad individual, sin entregar condiciones efectivas para que esos cuidados puedan ser posibles”.

Por su parte Anita Peña, investigadora en temas de género, políticas sociales y desigualdad económica y social de Corporación Miles, destaca ante el aumento de la violencia intrafamiliar que “fue a partir de la observación civil y la visibilización de las organizaciones feministas, que se pudieron acortar las brechas digitales para realizar denuncias», y que “la pandemia ha visibilizado además la injusta división social del trabajo y acceso a los servicios de salud reproductiva con más de 140.000 mujeres que han discontinuado el uso de anticonceptivos”.

En cuanto a la situación de los pueblos originarios, Natividad Llanquileo, abogada mapuche y parte del equipo de CIDSUR, advierte que “los pueblos indígenas no han sido consultados ni forman parte de las estadísticas públicas del MINSAL, lo cual vuelve muy difícil el seguimiento epidemiológico. Existiendo un abandono por parte del Estado al no considerar la vulnerabilidad de esto pueblos ni la construcción de estrategias y adopción de medidas con su participación».

En contexto de una epidemia sanitaria, el acceso a atención de salud oportuna era fundamental, más considerando que «a partir de la pandemia se han profundizados problemas ya bastante crónicos del sistema de salud chileno. Se trata de un sistema de salud en el cual el estado actúa subsidiariamente cuando la persona no puede solventar su propio problema de salud. A esto se suma una lógica de desregulación y fragmentación de este sistema», apuntó Nelson Reyes, de la organización Salud para todas y todos.

Asimismo, preocupa que “la gestión del Ministerio de Salud durante la pandemia ha implicado un retroceso de 20 años en materia de garantías, debido a la suspensión unilateral de cirugías y exámenes incluyendo prestaciones AUGE/GES, abolición de Ley de Derechos y Deberes”, agregó.

Otro ámbito fuertemente impactado es la educación, donde “las desigualdades en el acceso se han agudizado a causa de la pandemia, incrementado los factores de riesgo, como es el que muchos estudiantes se hayan visto obligado a desertar del sistema. Las herramientas que se han desarrollado requieren en la mayor parte de nuestro territorio conexión a internet, de un adulto siempre presente y de un espacio apropiado, y aproximadamente el 40 por ciento”, advierte Claudia Silva de Educación 2020.

El Covid-19 ha afectado también una dimensión indispensable para la satisfacción de los derechos humanos, como es la dignidad humana desde la especificidad de cada territorio. “Los derechos al hábitat, entre los cuales está el derecho humano a una vivienda adecuada, se incumplen aún más en tiempo de pandemia. En efecto, desde finales de mayo, en el momento álgido del Covid en Chile, las autoridades sanitarias expresaron la dificultad de aplicar protocolos de cuarentena en casi la mitad de las ciudades del país, pues cerca del 30 a 40% de las viviendas evidencian niveles de precariedad, producto del hacinamiento y la falta de acceso a servicios deficientes”, recalca Ana Sugranyes de Ciudad Común.

“Por lo mismo es especialmente preocupante el desalojo forzado de familias desde sus viviendas, que es la violación más violenta de este derecho. En esta pandemia, los Estados procuraron hacer una moratoria de desalojos; para esto, se aprobó la Ley 21.226. Sin embargo, la práctica del desalojo individual y colectivo se mantiene a diario, dejando a familias sin sus bienes y derechamente en la calle, una situación que afecta especialmente a personas migrantes”, concluyó.

Las organizaciones que participaron en la elaboración del informe son: Abofem Wallmapu, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos (CDH), Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Centro de Investigación y Promoción de Los Derechos Humanos (CINPRODH), Corporación Ciudad Común, Corporación de Estudios Sociales y Educación SUR, Corporación Humanas, Corporación Opción, Corporación Miles, Educación 2020, Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR), Movimiento Salud para todas y Todos, Observatorio Ciudadano, Red de Observadoras de Derechos Humanos de Valparaíso, Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), Red de Defensa de los Territorios, Red de Peritos Independientes, Women’s Link Worldwide

 

Revisa el informe completo en el siguiente enlace:

https://observatorio.cl/final_informecovidddhh_9_12/

 

El video de la presentación puedes verlo en el link:

https://facebook.com/observatoriociudadanochile/videos/1863067483843404/

Declaración a un año del “estallido Social” y del Plebiscito de la Misión Internacional de Observación de DDHH de Organizaciones de sociedad civil

Declaración frente a un año del “estallido Social” y realización del Plebiscito por una Nueva Constitución

Organizaciones participantes a la Misión internacional de observación de derechos humanos de la sociedad civil presente del 6 al 11 de noviembre 2019

 

A un año del estallido social y a una semana del plebiscito nacional para una nueva Constitución para Chile, las organizaciones firmantes, hacemos pública nuestra preocupación por la persistencia de situaciones violatorias a los derechos humanos en el país, y llamamos a un plebiscito que cumpla con todas las garantías de un proceso electoral democrático.

Como señaláramos en el Informe de la Misión[1], las manifestaciones sociales de 2019 fueron el reflejo de un descontento de la población hacia las autoridades políticas, los poderes del Estado y prácticas de quienes detentan los espacios de poder, que fue creciendo paulatinamente desde el retorno de la democracia.

En el centro del proceso social y político iniciado en octubre de 2019 se encuentra la profunda desigualdad que ha generado la institucionalidad heredada de la dictadura cívico militar, asegurada en la Constitución de 1980. La reivindicación de una democracia plena ha sido parte esencial del proceso en curso: una sociedad en que la salud y la seguridad social, la educación, la vivienda, los derechos laborales, un medio ambiente sano y el agua sean derechos efectivamente garantizados. Y una sociedad en que los grupos sometidos a condiciones estructurales de desigualdad y discriminación, como las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes, puedan vivir como plenos sujetos de derecho.

Como Misión Internacional de Observación a Chile constatamos que las graves violaciones a los derechos humanos las semanas que siguieron al 18 de octubre de 2019, no constituyeron hechos aislados, sino que fueron expresión de prácticas de violencia estatal arraigadas en las fuerzas de orden y seguridad que se pueden rastrear desde hace años y que se verificaron en gran cantidad y en todo el país.

Con máxima preocupación constatamos que el actuar abusivo de Carabineros de Chile, lejos de disminuir se ha agudizado. Las imágenes de un adolescente lanzado al río Mapocho por un Carabinero; el ataque con el carro lanza aguas a una persona con discapacidad física y la represión a las manifestaciones del 12 de octubre, entre otras situaciones, dan cuenta de que las autoridades siguen sin adoptar las medidas necesarias para poner término a las graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes policiales del Estado.

En relación con esta materia reiteramos las recomendaciones que se realizaron en el Informe de la Misión de Observación en  Chile relativas a:

– Investigar con celeridad las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas inmediatas, disciplinarias y/o penales, respecto de funcionarios públicos responsables por violaciones de derechos humanos, en particular en casos de violación al derecho a la vida e integridad personal e incluyendo a los superiores jerárquicos que autorizaron o avalaron las operaciones policiales.

– Iniciar un proceso de reforma profunda de Carabineros de Chile destinada a democratizar su estructura y a revisar su rol en la sociedad chilena, adecuando sus normas, protocolos y reglamentos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El proceso constituyente impulsado por la ciudadanía movilizada puede constituir una oportunidad histórica para el inicio de la construcción de las bases de un país donde la promoción y protección de los derechos humanos constituyen el fundamento de una democracia inclusiva en la que todas y todos nos sentimos parte.

Sin embargo, constatamos con preocupación, que el proceso constituyente aún adolece de limitaciones desde la perspectiva democrática y de derechos humanos, que pueden ser remediadas. Es esencial que se establezcan mecanismos que aseguren la participación de los pueblos originarios y la elección de las personas independientes en el órgano constituyente encargado de la redacción de la Nueva Constitución.

Con vistas al próximo domingo 25, hacemos un llamado a las autoridades  para que tomen las medidas necesarias para asegurar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto. Entre ellas, que adopten protocolos sanitarios efectivos, se facilite el traslado de la población a los lugares de votación a través del transporte gratuito, se adopten sistemas de apoyos para personas con discapacidad psicosocial, etc.

Esperamos que este proceso democrático único en la historia de Chile se desarrolle en el más pleno ejercicio de las libertades y derechos de su población. Por ello, alentamos a las autoridades a levantar el Estado de Excepción vigente dada la trascendencia que tendrá para las actuales y futuras generaciones que el momento en que realice el plebiscito para decidir sobre una nueva Constitución sea realizado bajo un estado de excepción regulado por una Constitución redactada durante una dictadura cívico militar.

La superación de la crisis política y social que ha vivido Chile manifestada en el estallido social y que se ha prolongado hasta ahora, solo será posible a través de la generación de una Nueva Constitución que permita construir una nueva institucionalidad, inclusiva e intercultural, cimentada en los derechos humanos que nos asisten como personas y como pueblos.

 

 

Alianza Global contra la Incineración de Basura (GAIA), EEUU.

Artículo 19, Brasil.

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), Argentina.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina.

Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Canadá.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA)

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina.

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

Perú Equidad, Perú

 

[1] Informe disponible en el enlace: https://www.cels.org.ar/web/2020/01/chile-publicacion-del-informe-final-de-la-mision-internacional-de-observacion/

Ya se encuentra disponible el documental “La Comunidad Colla Pai Ote: un territorio de vida amenazado”

El Observatorio Ciudadano y la Comunidad Colla Pai Ote los invitan a visualizar el documental “La Comunidad Colla Pai Ote: un territorio de vida amenazado”. A través de las voces e imágenes de la vida cotidiana de sus comuneros y comuneras el documental nos muestra cómo sus formas de vida tradicionales se han visto afectadas por la intervención de proyectos mineros en la zona, y como sus lucha por el reconocimiento, protección y titulación de su territorio de uso y ocupación ancestral sigue aún sin ser atendida.

Este trabajo se documentó en enero del 2020 y ha sido elaborado como parte del proyecto “Protección de territorios de vida” que ejecuta el Observatorio Ciudadano con el el apoyo de la International Land Coalition (Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra) a través de su “Iniciativa de co-aprendizaje para la protección comunitaria de la tierra” y del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial- PNUD en el marco de la Iniciativa Mundial de Apoyo a los TICCA.

El documental complementa el trabajo previo del Observatorio Ciudadano con la Comunidad Colla Pai Ote para identificar y evaluar los impactos que los proyectos mineros, desarrollados por empresas canadienses, están teniendo sobre sus derechos humanos. Sus resultados se encuentran contenidos en el Informe “Evaluación de impacto en derechos humanos de proyectos mineros canadienses en territorio colla en Chile: el caso de Kinross y la Comunidad Pai Ote. Disponible en: https://observatorio.cl/evaluacion-de-impacto-en-derechos-humanos-de-proyectos-mineros-canadienses-en-territorio-colla-en-chile-el-caso-de-kinross-y-la-comunidad-pai-ote/

El documental puede ser visualizado AQUÍ

Argentina suma democracia ambiental: Ratificó el acuerdo de Escazú

La ratificación de Argentina eleva a 10 el número de Estados que ya lo han ratificado en la región, restando solo uno para su entrada en vigor.

“La ratificación de Escazú se logró en un momento clave, ya que el Acuerdo otorga herramientas fundamentales para hacer frente a la emergencia sanitaria y sus muy severas consecuencias económicas y sociales. Cuando, además, la crisis climática nos golpea de manera directa al agravar las consecuencias de los incendios intencionales propagados por gran parte del territorio nacional, todo lo que signifique proteger personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad es no solo bienvenido, sino absolutamente necesario. Por eso celebramos que Argentina se haya convertido en el décimo país en ratificar. Estamos, ahora sí, a un paso de la entrada en vigor. ¡Sigamos pidiendo #EscazúAhora!”. Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

“El Acuerdo de Escazú garantiza a mi generación que no se sigan tomando decisiones a nuestras espaldas que pongan en riesgo nuestro futuro”. Nicole Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima Argentina y representante por Argentina del Acuerdo de Escazú.

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020. – Con 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy el proyecto de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “’Acuerdo de Escazú’’, al que más de 220 organizaciones y más de 400 personas individuales ya habían manifestado su adhesión.

Así, nuestro país -que había sido un actor clave en el proceso de negociación previo a la adopción del tratado- se convirtió en el 10° de la región en concretar su ratificación. Para que finalmente entre en vigor, se necesita alcanzar la ratificación en al menos 1 país más (11 en total).

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental a nivel regional que busca promover los derechos de la ciudadanía de acceso a la información, la participación pública en cuestiones que la afecten, y la justicia en asuntos ambientales. Es, a su vez, el primero en el mundo que establece -de manera vinculante- claras garantías para proteger a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales, cuestión sumamente relevante para América Latina y el Caribe, la región donde más personas son asesinadas por año por realizar esa tarea (Global Witness, 2020).

La efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe significará un paso hacia la consolidación de la democracia ambiental y el fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y a un desarrollo justo, sostenible e inclusivo.

CONTACTOS
Andrés Nápoli: +5491144965055
Nicole Becker +5491156945012

Coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano obtiene primer lugar en Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias

El abogado Felipe Guerra Schleef, Coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano y miembro del Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, obtuvo el primer lugar en la segunda versión del Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias del Tercer Tribunal Ambiental, con el trabajo “La invalidación impropia en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Ambiental: Un caso de laguna axiológica en el Derecho ambiental chileno”.

La información fue entregada el pasado lunes 14 de septiembre, por el Presidente del Tribunal, Ministro Iván Hunter Ampuero, quien destacó el alto nivel de las postulaciones y felicitó a los ganadores de esta segunda versión del Concurso.

Informó, además, que la premiación se desarrollará en la ceremonia de aniversario institucional, que se llevará a cabo en diciembre; y anunció que en los próximos días se abrirá la convocatoria para la tercera versión de esta actividad.