La derrota del gueto

Por José Aylwin*

 

Los resultados del plebiscito del 25 de octubre  son categóricos. Cuatro de cinco ciudadanos y ciudadanas  quiere una nueva constitución política para Chile. Igual proporción quiere que dicha constitución sea elaborada por constituyentes íntegramente  electos  por ella para estos efectos.

Con este resultado se da inicio a un proceso que pondrá término definitivo a  una constitución  que no solo fue impuesta en  dictadura,  sino que además, no obstante sus numerosas reformas,  estableció importantes límites a una democracia plena y al ejercicio de los derechos humanos, generando exclusiones y desigualdades de todo tipo.

Como sabemos, dicha constitución – y entramado institucional a que dio origen-   mantuvo dichos límites democráticos  como consecuencia de  su trampa fundacional;  el sistema electoral binominal hasta hace poco vigente, y los quórums supra mayoritarios para su  reforma. Todos los esfuerzos por dotarse de una nueva carta fundamental elaborada de manera plural e inclusiva demandados desde hace al menos una década por movimientos sociales, ciudadanos e indígenas, entre otros, fueron inoficiosos. Sus guardianes, siguiendo las directrices de su otrora ideólogo Jaime Guzmán –  quien sostuvo que el objetivo de esta carta era asegurar que los adversarios a la dictadura, de llegar al poder, no pudiesen hacer algo muy distinto de  lo que esta haría en el- se opusieron tenaz y sistemáticamente a ello, así como  también al cambio del entramado institucional derivado de dicha constitución.

Cuando  la cuidadanía se movilizó  el año pasado para visibilizar dichas exclusiones y exigir una nueva constitución elaborada de modo democrático e inclusivo,  gatillando el proceso constituyente que posibilitó el plebiscito de ayer,  los guardianes de la constitución  cuestionaron su legitimidad argumentando que dicho proceso se había sido gestado bajo presión y fuerza.

Los resultados del plebiscito echan  por tierra dicha argumentación, dando cuenta  de manera incuestionable la voluntad de la inmensa mayoría de los y las cuidadanas de dotarse de una nueva carta fundamental, que exprese el consenso de la sociedad y de los pueblos que habitan el país,  elaborada de manera democrática e inclusiva.

Otra cuestión que los resultados del domingo 25 permitieron  identificar , es quienes han sido hasta hoy los guardianes de la actual constitución: son  un reducido grupo de chilenos que residen en las comunas más ricas del país; Las Condes Vitacura, Barnechea, tres de las tan solo cinco comunas donde ganó la opción  rechazo ( las otras dos, Antártica y Colchane, cuentan con importante proporción de  población  militar, lo que podría explicar los resultados en ellas obtenidos).

Este verdadero gueto económico y social, que logró generar o mantener su riqueza al amparo de la actual constitución,  fue derrotado.  Y aunque quienes lo integran  tienen,  al igual que todos los sectores del país,   todo el derecho a  participar en el proceso de elaboración de una nueva constitución política,  es de esperar  hayan aprendido la lección de su derrota; nunca más pueden ni deben, por poderosos que sean,  imponer su visión de sociedad y Estado de manera antidemocrática  a la del  resto de los y las ciudadanas como lo hicieron hasta ahora con la constitución de 1980.

* Coordinadora del Programa Globalización y Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano
Publicada en El Mostrador: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/10/29/la-derrota-del-gueto/

La participación de los independientes en el órgano constituyente

José Aylwin, abogado de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano

A menos de un mes del plebiscito del 25 de octubre próximo, las encuestas dan una clara ventaja en favor de la opción Apruebo una Nueva Constitución para Chile (Apruebo) sobre la que se opone a ella (Rechazo). La derrota de esta última opción es tan evidente, que cada vez son más los personeros de la derecha chilena que, ya sea por oportunismo o realismo, se han sumado al Apruebo. Aunque los resultados de dichas encuestas en relación al órgano encargado de la elaboración de la Nueva Constitución a ser electo en abril de 2021 de ganar el Apruebo son más estrechos, todas ellas dan ventaja a la opción Convención Constitucional a ser electa en su totalidad por la ciudadanía, por sobre la Mixta Constitucional, a ser electa solo en una mitad por la ciudadanía e integrada en la otra mitad por parlamentarios designados por el Congreso Nacional.

Las tendencias comparadas en materia de construcción constitucional en estados democráticos demuestran que las constituciones modernas son elaboradas crecientemente por órganos constituyentes plenamente electos por la ciudadanía, comúnmente denominados Asambleas Constituyentes. Así en los procesos de elaboración constitucional verificados a nivel global en los últimos quince años (2000-2015), las Asambleas Constituyente han sido el mecanismo más utilizado (41% de los casos). En el contexto de América Latina, un 46% de los 28 cambios constitucionales verificados desde 1947 a la fecha se han materializado a través de este mecanismo (PNUD, 2015).

Ello no es una casualidad; los órganos constituyentes totalmente electos por la ciudadanía permiten una mejor representación de las diversidades existentes en los estados, hasta hace poco negadas o excluidas de estas instancias. De allí la importancia del triunfo de la opción Convención Constitucional por sobre la Convención Mixta. La primera opción adquiere más relevancia teniendo presente que dicho Congreso, acuerdo a una encuesta del CEP, llegó a contar a diciembre de 2019 con una confianza de tan solo un 3% de la población encuestada.

Es en este contexto que hoy se debaten en el parlamento diversas iniciativa orientadas a superar las barreras impuestas por el sistema sistema electoral vigente a participación política de los independientes en instancias de toma de decisión, a fin de posibilitar su inclusión efectiva en el futuro órgano constituyente. Una reforma constitucional aprobada en marzo pasado por el Congreso Nacional (Ley N° 21.216) junto con establecer la paridad entre hombres y mujeres en la elección de convencionales constituyentes, permitió la inscripción de listas independientes para la elección de convencionales. Para hacer posible dicha inscripción, sin embargo, se requiere cumplir con el requisito de patrocinio obtenido ante notario (o ante el Servicio de Registro Civil) de un número equivalente al 0,4% de votos válidos en la última elección de diputados y cuyos domicilios electorales estén en el respectivo distrito, con un máximo de 1.5% por lista, debiendo estos patrocinios estar suscritos de manera presencial.

Dadas las dificultades que ello impone a la participación de los independientes en el órgano constituyente, en particular en el contexto de la pandemia, es que recientemente fue presentada una moción parlamentaria liderada por el Diputado Auth, suscrita por diputados de oposición y de Evópoli, en la que se propone rebajar dichos requisitos, disminuyendo a un 0,2 el porcentaje de electores exigido para la inscripción de una candidatura individual, y a 0,5% para inscribir una lista independiente. La moción propone además, de manera excepcional, que el Servicio Electoral pueda disponer de su plataforma digital en la recepción de los patrocinios de candidaturas y listas independientes a través del sistema de clave única del Estado. (Boletín 13790-07). Otra iniciativa fue presentada este mes por los senadores Huenchumilla y Guiller a objeto de que las listas de candidatos independientes que se conformen en los distritos electorales puedan acordar pactos electorales con uno o más partidos políticos. Dicha iniciativa propone además que esta inscripción pueda realizarse bajo las reglas de la ley N°19.799, sobre Documentos electrónicos, con firma electrónica, y propone normas sobre financiamiento electoral de las listas de dichos candidatos, a fin de igualarlos a los partidos políticos en dicha materia (Boletín N° 13.792-07)

Finalmente, la semana pasada el diputado Jackson junto a la bancada del Frente Amplio presentaron otro proyecto promoviendo, junto a la incorporación de candidatos independientes, el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en las deliberaciones del órgano constituyente. Para lo primero, el proyecto propone permitir que los candidatos independientes a la Convención, sea constitucional o mixta constitucional, puedan asociarse entre ellos al interior de un pacto electoral con uno o más partidos políticos, de modo de no requerir patrocinio ciudadano. Asimismo, el proyecto propone establecer que, en el caso de que los candidatos independientes requieran el patrocinio ciudadano, este pueda materializarse mediante un sistema en línea con la clave única proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en lugar de la firma presencial ante notario. Para lo segundo, el proyecto propone establecer la obligación del órgano convencional de incorporar en el procedimiento de formación de la nueva constitución, mecanismos de participación ciudadana. (Boletín 13804-07)

El gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia, y de la Secretaría General de Gobierno, se reunió con grupos de independientes a objeto de analizar las iniciativas, manifestando disposición a apoyar la iniciativa del diputado Auth a través de una indicación del ejecutivo. De acuerdo a informaciones de prensa, sin embargo, el gobierno vería con distancia la rebaja de los porcentajes requeridos para la inscripción de candidatura individual y listas de independientes propuestas por la iniciativa parlamentaria.

La importancia de la participación de independientes en el órgano constituyente está determinada por la naturaleza misma de las constituciones, las que además de ser instrumentos legales, son también instrumentos políticos y sociales que expresan los valores de una sociedad, permiten la construcción de acuerdos entre los distintos sectores en ella existentes, y la distribución del poder (International IDEA, 2014). De allí que la participación en los procesos de construcción constitucional de las diversidades expresadas, además de aquella de naturaleza étnica y sexual, por los independientes que representan el sentir de la comunidad, más allá de los partidos políticos, sea fundamental para que el texto que emane de ella cuente una adhesión social que asegure su efectividad. Dicha participación adquiere mayor relevancia aun en el contexto de la grave crisis de credibilidad de los partidos políticos, los que de acuerdo al mismo Centro de Estudios Públicos llegaron a diciembre de 2019 a contar con una confianza de la población que no superaba el 2% del total encuestado.

A ello se suma por cierto la importancia, señalada en artículos anteriores, de que el órgano constituyente que con mucha probabilidad será electo en abril próximo, cuente con una representación de los pueblos indígenas proporcional a su población, cercana al 13% del total del país. cuestión que está siendo analizada por el Senado a partir de una moción parlamentaria (Boletín 13129-07).

Si la nueva Constitución ha de ser lo que el jurista Patricio Zapata ha denominado con acierto “la casa de todos y todas”, a través de la cual se ponga término a las exclusiones de todo tipo que han sido características de la historia republicana, exclusiones que como sabemos fueron el detonante del estallido social de octubre de 2019, se hace urgente que el parlamento apruebe las iniciativas señaladas. Ello a fin de establecer mecanismos que posibiliten la participación de los y las independientes, que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, en el órgano encargado de la construcción la nueva carta fundamental para Chile. Solo de esta manera se podrá conseguir la adhesión al futuro texto constitucional que surja de este proceso, y a través de dicha adhesión, lograr la estabilidad que garantice una sana e inclusiva convivencia democrática.