Plataforma de la Sociedad Civil propone a la Convención avanzar a un Estado solidario. Presentan propuesta constitucional sobre Derechos Humanos y Empresas

Organismo que reúne cerca de 20 organizaciones presentó un documento que aborda la relación entre derechos humanos, sociales y ambientales y la actividad empresarial.


15 de diciembre de 2021, distintos lugares de Chile.

Las organizaciones integrantes de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, presentamos a los y las integrantes de la Convención Constitucional y a la sociedad interesada, insumos para el debate sobre los contenidos de la nueva Constitución, en cuanto ésta definirá la relación entre derechos humanos, en particular, derechos sociales y ambientales, y las actividades económicas.

Las reflexiones y propuestas de la Plataforma se derivan del derecho internacional de los derechos humanos, y abordan objetivos de la actividad empresarial para el bien común, así como algunos límites que el Estado debiera poner a las actividades económicas en función de la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.


Después de identificar el déficit de la actual Constitución en estos ámbitos, la propuesta elabora sobre principios del estado y la economía, derechos, sistema de tributación, las obligaciones del Estado y de las empresas en relación con los derechos humanos que debieran estar recogidas en la nueva Constitución, las empresas de propiedad del estado y el financiamiento estatal de la actividad económica.


Entre otras cosas, el documento propone superar el Estado subsidiario y “avanzar a un Estado solidario que procure el buen vivir, la vida digna, el bienestar social y el desarrollo humano sostenible sin discriminación alguna, lo que implica incluir en la Constitución la declaración del Estado de Chile como ‘Estado democrático y social de derechos’”, definir obligaciones de las empresas para con los derechos consagrados en la Constitución, y determinar la independencia de las instituciones fiscalizadoras. La versión completa y un resumen ejecutivo se pueden descargar en las páginas web de las organizaciones
integrantes de la Plataforma.


Prontamente, la Plataforma publicará una propuesta concreta de articulado relacionada a estos temas.


La Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas fue constituida formalmente el 1 de junio de 2021, y está integrada por el Centro de Derechos Humanos de la UDP, el Observatorio Ciudadano, Fundación Fiel Chile, Central Unitaria de Trabajadores, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la UFRO, Chile Sustentable, Ciudad Común, Ciudadanía Inteligente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile, Corporación de Estudios Sociales y Educación, Defensoría Ambiental, Facultad de Economía y Negocios de la UAH, FIMA, The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Greenpeace, Newenko, y Terram.

Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas
Contacto: José Aylwin, jaylwin@observatorio.cl; Roberto Morales, rmorales@fielchile.cl;
Judith Schönsteiner, Judith.schonsteiner@udp.cl.

Elecciones presidenciales y la fractura de Chile

Por José Aylwin*

Contra toda lógica, el candidato Kast propone mantener la institucionalidad que acrecentó las inequidades en el país y terminó por fracturar la sociedad. Frente a la protesta social que, de frustrarse los esfuerzos por construir una nueva institucionalidad más justa y democrática (a través del proceso constituyente en desarrollo) con toda certeza se intensificará, Kast no tiene más propuesta que la mantención del orden público, es decir: el uso de la fuerza.

Como pocas veces antes en la historia del país, las elecciones presidenciales del próximo 19 de diciembre serán determinantes en el futuro de Chile. Quien salga electo en ellas no sólo conducirá el gobierno durante el próximo periodo presidencial, sino su liderazgo como Jefe de Estado resultará gravitante en el destino del país en las próximas décadas. Ello es consecuencia de la incidencia que el futuro Presidente, con toda certeza, tendrá en el proceso constituyente en desarrollo, proceso a través del cual, por mandato ciudadano, se está elaborando una propuesta de bases institucionales que deberían regir la convivencia entre las personas y los pueblos de Chile hacia el futuro.

Como sabemos, las posturas de los candidatos sobre la materia son abiertamente opuestas. Desde mucho antes de ser candidato presidencial, Gabriel Boric ha sido un activo promotor del impulso de un proceso orientado a la construcción de un pacto social inclusivo expresado en una nueva Constitución que permita profundizar la democracia y los derechos humanos y poner término a las inequidades y exclusiones a las que la Constitución de 1980, a pesar de sus modificaciones, ha dado lugar. Luego, como candidato, ha otorgado un claro respaldo al proceso constituyente, así como a la Convención Constitucional electa democráticamente para conducirlo, señalando que respetará y apoyará su trabajo de elaboración constitucional, así como su autonomía.

En contraste con ello, José Antonio Kast ha sido un claro detractor de dicho proceso. En efecto, Kast estuvo entre el 20% de los ciudadanos que en el plebiscito de 2020 rechazó la opción en favor de la elaboración de una nueva Constitución, manifestando con ello su voluntad de mantener la vigencia de la Constitución de 1980. Y, si bien como candidato ha señalado que respetará a la Convención Constitucional, ha advertido que, si esta no respeta entre otros el derecho a libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, de propiedad privada, la impugnaría, y haría todo lo posible por que fuese rechazada. No puede obviarse tampoco que algunos de sus adherentes han hecho pública su intención de boicotear el trabajo de la Convención Constitucional.

Lo anterior es grave. No puede olvidarse que el proceso constituyente fue consecuencia directa del estallido social, y que el mismo fue gatillado por el malestar social frente múltiples situaciones de inequidad, abusos y marginación de que amplios sectores del país fueron objeto como consecuencia directa de la permanencia prolongada de la Constitución de 1980, la que el candidato Kast ha pretendido mantener.

Tampoco debe olvidarse que la prolongada negativa del sector político que Kast representa al desarrollo de proceso constituyente orientado a la elaboración de una nueva Constitución, proceso que venía siendo demandado por la ciudadanía desde hace al menos una década, terminó por generar una profunda fractura en la sociedad chilena, fractura que se expresa en un clima de creciente polarización y enfrentamiento perceptible a lo largo del país.

Contra toda lógica, el candidato Kast propone mantener la institucionalidad que acrecentó las inequidades en el país y terminó por fracturar la sociedad. Frente a la protesta social que, de frustrarse los esfuerzos por construir una nueva institucionalidad más justa y democrática (a través del proceso constituyente en desarrollo) con toda certeza se intensificará, Kast no tiene más propuesta que la mantención del orden público, es decir: el uso de la fuerza. Ello en particular en zonas de conflicto, como en la Araucanía y regiones aledañas.

En su reciente libro Una breve historia de la igualdad, Thomas Piketty, economista francés, nos dice que “el camino hacia la igualdad es fruto de luchas y rebeliones contra la injusticia, y resultado de un proceso de aprendizaje de medidas institucionales y sistemas legales, sociales, fiscales y educativos que nos permitan hacer de la igualdad una realidad duradera”. El mismo autor constata que, a pesar de los muchos desafíos hoy existentes para hacer de la igualdad jurídica una realidad en la práctica, los avances en esta dirección en todo el mundo son evidentes. Con todo, constata que lamentablemente los avances hacia sociedades más igualitarias muchas veces se ven debilitados por, entre otros factores, “la amnesia histórica y el nacionalismo intelectual”.

Las reflexiones de Piketty resultan iluminadoras en el contexto de las elecciones presidenciales del próximo domingo. El dilema de esta elección, entonces, es cuál es la opción presidencial más adecuada para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y, como consecuencia, superar la fractura y la polarización que hoy se vive en el país; si aquella que favorece la construcción de un pacto social expresado en una nueva Constitución a través de un dialogo inclusivo de todos los sectores y pueblos  del país, de una institucionalidad que pueda ser reconocida como la “casa de todos” y no de unos pocos que han concentrado el poder económico, o la opción que propone la mantención de la institucionalidad que generó dichas inequidades y como efecto de ello, la fractura social, así como el uso de la fuerza para quienes demandan justicia e igualdad, y por lo mismo se oponen a dicha institucionalidad. En lo fundamental, eso es lo que l@s ciudadan@s debemos decidir en estas elecciones presidenciales.


*Abogado, magíster en Derecho. Coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.

Columna publicada en El Desconcierto: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/12/17/elecciones-presidenciales-y-la-fractura-de-chile.html

Comunicado FIDH-OC: «En momentos de polarización, nuevo gobierno debe garantizar respeto a derechos humanos»

París – Santiago – 14 de diciembre de 2021. En vísperas de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 19 de diciembre en Chile, la FIDH – Federación Internacional por los Derechos Humanos, y su organización miembro en Chile, el Observatorio Ciudadano, urgen al futuro presidente electo a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos en todos sus ámbitos.

Las elecciones presidenciales se dan en un contexto complejo, en que existe una creciente polarización de la sociedad chilena en temas centrales de derechos humanos, como son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos de los pueblos indígenas, de los y las migrantes y de la diversidad sexual. Por otra parte, estas tienen lugar en momentos en que se desarrolla un proceso constituyente encaminado a la elaboración de una nueva constitución política. Cabe recordar que este proceso fue la consecuencia del estallido social iniciado en octubre de 2019, en que miles de chilenos se movilizaron por una sociedad más justa. El estallido generó un acuerdo trasversal que derivó en un plebiscito nacional, en que el 79% de la población votante aprobó la opción de redactar una nueva Constitución mediante una Convención Constitucional. Valoramos el que esta Convención, cuya propuesta de texto constitucional será sometido a un referéndum en 2022, fuera electa democráticamente por la ciudadanía, y cuente con paridad de género y representantes de pueblos indígenas, así como de representantes de la diversidad de la sociedad chilena.

Es por ello que nuestras organizaciones consideran vital que quien encabece el nuevo gobierno se comprometa a respetar, acompañar y apoyar el proceso constituyente hasta que este concluya con su mandato. Junto a ello resulta fundamental que, en momentos de tanta polarización de la sociedad como la que se ha vivido en el contexto del estallido social y a la fecha, en el que el Estado ha sido responsable de graves violaciones de derechos humanos, quien asuma la presidencia de garantías del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos adquiridas por el Estado mediante tratados internacionales de derechos humanos.

Ello es particularmente relevante en el caso de la Araucanía y regiones aledañas, territorio tradicional del pueblo mapuche, donde la acción impulsada desde el Estado, la que hoy incluye la declaratoria de estado de emergencia y la militarización de la zona, lejos de mejorar la ya deteriorada convivencia intercultural en ellas existente, ha intensificado el enfrentamiento y clima de violencia de manera peligrosa. Nuestras organizaciones consideran fundamental que el nuevo gobierno electo ponga fin a la estrategia de militarización de la Araucanía y regiones aledañas, a la criminalización del pueblo mapuche, sustituyéndola por una convocatoria amplia al pueblo mapuche y sus organizaciones a un proceso de diálogo, en consonancia con el debate en desarrollo en la Convención Constitucional sobre el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas en la nueva carta fundamental del país.

Cabe recordar que la estrategia de criminalización de la protesta mapuche por parte del Estado chileno ha sido representada por diversas instancias internacionales como violatoria de derechos humanos contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile. Ello en particular en el caso Norín Catrimán y otros, que nuestras organizaciones acompañaron, en el cual este fue condenado por la Corte Interamericana por violaciones al debido proceso, principio de legalidad, y al principio de igualdad y no discriminación.

La FIDH y el Observatorio Ciudadano urgen a quien resulte electo presidente en las próximas elecciones, cualquiera sea su orientación política, brinde todo su apoyo al proceso constituyente en desarrollo; y aborde el contexto de violencia y polarización que se vive en el país, en especial en la Araucanía y regiones aledañas, mediante el dialogo y reformas democráticas que garanticen los derechos humanos de los pueblos de Chile en todos los ámbitos.

Chile ante una nueva constitución: Entrevista a Mabel Cobos, integrante del Observatorio Ciudadano

Por Lourdes Álvarez Nájera

El proceso para redactar una nueva constitución en Chile inspira a toda la región. No se detiene y cada día se recarga de actos que representan una “reparación histórica, un poco de justicia simbólica ante el racismo, machismo, misoginia, el colonialismo, el despojo y la discriminación”, según Mabel Cobos Fontana, profesional del área de ciudadanía e interculturalidad de la oenegé Observatorio Ciudadano, organización de defensa, promoción y documentación de derechos humanos en ese país, que conversó con Prensa Comunitaria sobre el tema.

El domingo 4 de julio la doctora Elisa Loncon, indígena mapuche, activista, lingüista y profesora fue electa como presidenta de la Convención Constitucional, que será la encargada de encabezar el proceso para la nueva constitución, con una serie de sesiones durante los próximos nueve meses, que se puede extender hasta 12, informó Cobos.

Además, esa Convención Constitucional deberá definir el reglamento y las comisiones de trabajo, para así redactar la nueva Constitución chilena, en un proceso donde participan 155 representantes de diversos sectores, en su mayoría independientes, jóvenes, de diversas disciplinas y quehaceres, entre los cuales se encuentran los 17 representantes de escaños reservados para pueblos indígenas.

Entre las mujeres constituyentes de los pueblos indígenas también se encuentra Francisca Linconao, machi, reconocida lideresa y autoridad espiritual del pueblo Mapuche, que según Front Line Defenders, presentó en 2008 un recurso de protección ante la Corte Suprema de Chile, con el objetivo de impedir la tala ilegal en los bosques que afectaba al pueblo Mapuche y fue la primera líder indígena en denunciar, ante tribunales chilenos, las violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, logrando implementar la protección a los derechos de los pueblos indígenas, desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“La verdad es que ver a dos mujeres mapuche en esta Constituyente, una lingüista, profesora, doctora en humanidades y la otra, una machi, líder espiritual mapuche, quien fuera encarcelada por el Estado de Chile y luego absuelta de los cargos que se le imputaban, es tremendamente emocionante. Que la Doctora Elisa Loncon fuese electa presidenta de la Convención fue un acto de reparación histórica, un poco de justicia simbólica, ante el racismo, el colonialismo, el despojo y la discriminación que han sufrido largamente las naciones originarias”, comentó Cobos.

Una nueva constitución con empuje estudiantil

Cuando se haya redactado el nuevo documento de la Constitución se convocará a la población chilena a un nuevo proceso de votación para conocer si la aprueba o no, en un plebiscito ratificatorio que sería aproximadamente en septiembre de 2022.

Chile atraviesa por un momento histórico, en el que según Cobos, en el que por primera vez la ciudadanía, representada por sus diversos sectores, con paridad de género, e inclusión de los pueblos y naciones originarias, tiene la posibilidad de elaborar una Constitución que sea el reflejo de los sueños y anhelos de la sociedad, respondiendo al clamor ciudadano manifestado en las masivas movilizaciones desde el 18 de octubre de 2019.

“Un proceso que se logra en las calles con la porfía de los y las estudiantes secundarios y que recoge las demandas de los pueblos y organizaciones sociales, tales como justicia social, dignidad, equidad de género y una nueva constitución que acabe con el legado neoliberal de la dictadura de -Agusto- Pinochet”, agregó Cobos.

El papel de las organizaciones sociales, feministas, medioambientalistas, de derechos humanos, migrantes e indígenas han sido fundamentales en este proceso, agregó la entrevistada. “Pero no podemos olvidar que todo esto comenzó con los y las estudiantes secundarios saltando los torniquetes del metro, llamando a una evasión ante el alza del precio del transporte público, en octubre de 2019, lo que se transformó en la chispa que inició una revuelta que demandaba, entre otras cosas, una nueva constitución. Así que por supuesto son los y las jóvenes los protagonistas de este proceso histórico que vivimos. Y son quienes continuamente han llevado al país a remover sus cimientos y a cuestionar la realidad injusta”, subrayó.

Cobos recordó los procesos que el sector estudiantil lideró en 2001 con el “mochilazo”, en 2006 con la “revolución pingüina”, con las masivas protestas estudiantiles en 2011 y 2018 con las “tomas feministas”, movilizaciones estudiantiles en las distintas universidades de Chile contra el acoso sexual y por una educación no sexista. “Han sido las juventudes en la historia reciente, las encargadas de liderar los cambios, las revueltas, las protestas en el país”, enfatizó.

“La constitución será feminista o no será”

Entre lo que considera como uno de los mayores logros del proceso de una nueva constitución, Cobos señaló la instalación de una convención paritaria. “Es algo único en el mundo, en todo este proceso y de años y años de lucha feminista, por fin se ve reflejada la fuerza y potencia de las mujeres y la necesidad de hacerle frente al machismo, la misoginia y el patriarcado en la política. La constitución será feminista o no será, es la consigna y esperamos que así sea. Al menos son varias las constituyentes feministas en la Convención”.

Otro de los puntos que adicionó refiere a los escaños reservados para los pueblos indígenas, aunque Cobos indicó que no fue una pelea fácil. “Sin embargo, se ve empañado porque no se logró escaños para el pueblo tribal afrochileno reconocido por ley desde 2019. Con todo, destacó la diversidad de voces, trayectorias y experiencias de las y los constituyentes”.

“Vivimos procesos similares con Jacobo Árbenz y Salvador Allende”

En consideración de la entrevistada, la población de Guatemala “no debe bajar los brazos, ni perder la esperanza”, porque en Chile y en Guatemala se vivieron procesos históricos y políticos similares durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán y Salvador Allende.

“Vivimos golpes, dictaduras y genocidio. Vivimos transiciones democráticas fallidas o incompletas que creo que lo único que puedo decir es que los cambios se logran luchando, en las calles, con organización, con conciencia, con convicción, con alegría, con esperanza. Puede que ahora estemos celebrando un triunfo de las calles en Chile, pero esto no vino gratis, hubo muertes, heridos, víctimas de trauma ocular y cientos de personas que se encuentran aún encarceladas en el marco de la revuelta de octubre, en prisión preventiva sin un debido proceso o juicios justos. Entonces, la lucha no cesa. Es constante, porque el poder no querrá cambiar las cosas así como así. Hay costos, hay sufrimiento, hay violencia, hay represión, pero aun así los y las luchadoras no han parado, han seguido levantándose una y otra vez, con porfía y con un horizonte claro: que otro país, uno más justo y digno, es posible”.

 

Publicado originalmente por Prensa Comunitaria (Guatemala): https://www.prensacomunitaria.org/2021/07/chile-ante-una-nueva-constitucion-que-guatemala-no-baje-los-brazos-ni-la-esperanza

Convención Constituyente en Chile: Esperanzas, críticas, y las posibilidades de un cambio estructural respecto a los pueblos originarios

Por Víctor Alejandro E. Saldivia Saldaña

 

En la Convención Constituyente que planea empezar su trabajo de elaboración de una nueva constitución política para Chile en 2021, se colocan las esperanzas no solo de los sectores sociales marginados en lo económico, sino que los pueblos originarios también consideran a la misma como una posibilidad de instaurar sus derechos en la nueva carta fundamental.

Sin embargo, tanto el apoyo a la participación como la confianza en que algún tipo de beneficio para los pueblos originarios puede resultar de la Convención, no es unánime. Ciertos sectores consideran que la partición en la Convención no es la forma adecuada de reivindicar los derechos de los pueblos, como parte de la derecha chilena rechaza la consideración de los pueblos originarios como colectividades con identidades diferenciadas que merecen que sus derechos sean reconocidos y respetados. Debido a que el discurso tanto dentro como fuera de estas colectividades no es homogéneo, resulta informativo el analizar las palabras de representantes y candidatos para intentar comprender qué piensan y por qué apoyan o rechazan la participación en esta reforma constitucional.

Este informe se divide en cuatro secciones. En primer lugar, hacemos un análisis del discurso en relación con la discusión sobre el establecimiento de escaños reservados para los pueblos originarios. En esta primera parte empezamos a ver las diferencias en las perspectivas tanto dentro como fuera de las organizaciones indígenas respecto de la participación en una institución política no propuesta ni aprobada por los pueblos originarios como el vehículo para la satisfacción de sus derechos. En la segunda sección, tomamos en cuenta las diferentes acusaciones de racismo y paternalismo que son consideradas subyacentes a dicha institución política, no solo por cómo fue establecida sino también por cómo los escaños reservados fueron rechazados por ciertos sectores de la sociedad chilena. En la tercera parte hablaremos del posible reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y cómo este reconocimiento podría funcionar dentro del estado chileno, considerando la plurinacionalidad como un elemento guía para la participación política. En la cuarta sección finalmente analizamos las esperanzas de representantes y candidatos indígenas sobre qué puede lograrse mediante la participación en la Convención Constituyente. Por último, cerramos con unas consideraciones finales sobre los discursos y las posibilidades reales de cambios profundos en la constitución política y la política chilena en general respecto de los pueblos originarios.

 

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Afrodescendientes acusan exclusión y negación en discusión de escaños reservados del Proceso Constituyente

Mediante una carta abierta el pueblo afrodescendiente, sus comunidades y organizaciones, acusan ser víctimas de exclusión, negación e invisilización histórica por parte del Estado chileno, que se traduce en límites a su derecho de participación política en el Proceso Constituyente, con especial atención a su condición de pueblo tribal a través de la fórmula de escaño reservado.

Hoy la Cámara de Diputados votó en forma separada el informe de la comisión mixta de Constitución, aprobando por una parte los escaños reservados para Pueblos Indígenas (140 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones), y por la otra, rechazando el escaño propuesto para el Pueblo tribal afrodescendiente (82 votos a favor, 49 en contra y 17 abstenciones), al no alcanzarse el quórum necesario correspondiente a 3/5.

A continuación compartimos el texto difundido.

EL ESTADO CHILENO EXCLUYE, NIEGA E INVISIBILIZA AL PUEBLO AFRODESCENDIENTE CHILENO

Desde la creación del Estado de Chile, la élite política se ha encargado de negar y excluir al pueblo afrochileno. Sus descendientes hemos sobrevivido a la esclavitud, al colonialismo, a la dictadura y en este proceso constituyente, que por primera vez en la historia de nuestro país es colectivo, seguimos siendo objeto del racismo estructural, que se expresa y se encuentra inserto ahora en el Congreso Nacional. La discusión que se da sobre escaños reservados para pueblos indígenas y tribal afrodescendientes es un reflejo de la sistemática violencia que como pueblos racializados hemos vivido históricamente y que hoy se agudiza contra el pueblo afrochileno, ya que expresamente en la Comisión Mixta se evidenció que el voto por separado concluirá en un rechazo de la participación efectiva de los y las afrodescendientes mediante el escaño reservado.

La exclusión, negación y racismo contemporáneos no es algo nuevo y se traduce entre otros en hechos como estos:

  • En el 2011 el Gobierno de Chile excluyó a los afrodescendientes del censo del 2012, y luego en el 2016 nuevamente excluye a nuestro pueblo del censo abreviado del 2017, llegando esta privación de derechos a instancia judiciales nacionales, donde el poder judicial del Estado sin atender nuestras demandas rechazó el recurso, teniendo que llegar con nuestra denuncia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, causa que hoy está en discusión.

Producto también de la movilización por nuestros derechos, en abril de 2019 y tras una larga tramitación en el Congreso se publica en el Diario Oficial la Ley N° 21.151 que otorga reconocimiento al Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno. A pesar de que esta norma nos otorga reconocimiento jurídico como sujetos de derechos colectivos, esta negación por parte del estado chileno persiste en el proceso constituyente:

  • En efecto, en noviembre de 2019 los partidos políticos llegaron a un acuerdo para iniciar este proceso constituyente, en el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, del cual se excluye a los pueblos indígenas y tribales. Negándonos nuevamente la opción de ser partícipes de este importante proceso.
  • Posteriormente, en enero de 2020, se inició la discusión en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para la inclusión de la participación de los pueblos originarios mediante escaños reservados, momento en donde el Diputado Luis Rocaful presenta la indicación de incluir al pueblo tribal afrodescendiente, pero acción esta no consiguió el quórum necesario por parte de los mismos parlamentarios que meses atrás habían votado a favor de la ley N° 21.151.
  • Desde febrero de este año hasta la fecha la Comisión de Constitución del Senado, recibe diversas recomendaciones por parte de expertos y representantes del pueblo afrochileno sobre los argumentos históricos y antropológicos con relación a la presencia afro en Chile, así como argumentos jurídicos, basados tanto en el derecho interno como internacional a partir de las obligaciones del Estado de Chile y que existen en materia de derecho hacia nuestro pueblo.
  • Posteriormente, diversos senadores y senadoras presentaron ante la Comisión de Constitución indicaciones que proponen incluir al pueblo tribal afrodescendiente; parlamentarios como Carolina Goic, Alejandro Navarro y José Miguel Insulza de la oposición, más el Senador del oficialismo José Durana, con el fin de iniciar un proceso representativo con los distintos pueblos.
  • Sin embargo en las últimas dos semanas, al no haber acuerdo en sala, se constituyó la Comisión mixta de Constitución, en la cual la discusión y trabas para avanzar en dicha propuesta de escaños reservados se hizo evidente, en particular del pueblo afrochileno, con la negación, exclusión y desconocimiento de nuestros derechos por parte del sector de Chile Vamos, con argumentos racistas de que no debemos estar en el proceso constituyente, y que han sido refutados por distintos espacios académicos, políticos y sociales.
  • Por otro lado, el gobierno de Sebastián Piñera a través de la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, ha presentado ante dicha comisión argumentos falsos sobre la inexistencia de acciones administrativas y estudios técnicos sobre la presencia afrodescendiente en Chile. Negando de esta manera, veinte años de trabajo y la inversión pública de nuestro pueblo con diversos organismos de la administración del Estado en la región de Arica y Parinacota, en especial el sostenido con la secretaría regional ministerial y que ha implicado la conformación de una mesa intersectorial afrodescendiente del Ministerio de Desarrollo Social.
  • Finalmente, es importante relevar que la coalición del oficialismo, liderados por los parlamentarios Galilea y Coloma, han propiciado una campaña comunicacional de desprestigio y exclusión hacia el pueblo tribal afrodescendiente, entregando argumentos que no se ajustan a derecho y que invisibilizan a los afrodescendientes, entregando justificaciones impropias por las cuales no debemos estar en este proceso constituyente.

Conclusiones

La discusión que se desarrolla actualmente en el Congreso Nacional no se ajusta a lo establecido en el derecho internacional y nacional, alejándose expresamente de la base matriz de la ley 21.151 de Reconocimiento del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno. En este sentido, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de noviembre del 2019, no considera lo establecido por esta ley y en los estándares internacionales que amparan la participación efectiva del Pueblo Tribal Afrodescendiente, como lo es el Convenio 169 de la OIT, el cual es vinculante para el Estado de Chile.

Cabe señalar también a este respecto que dicho Convenio señala que los gobiernos deben  establecer los medios a través de los cuales los pueblos a los que es aplicable, incluyendo el pueblo tribal afrodescendiente “…puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan” (artículo 6 1. b).

La exclusión del pueblo tribal afrodescendiente de contar con representación en la Convención Constitucional vulnera los derechos de participación política y los principios de igualdad y no discriminación que reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los cuales buscan una participación efectiva de los pueblos en todos los escenarios de toma de decisión. Este contexto además es contrario a todo lo que busca implementar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes decretado por Naciones Unidas el año 2015 mediante Resolución N°68/237 de la Asamblea General Para el periodo 2015 a 2024. Bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, los Estados miembros de Naciones Unidas, dentro de los que se encuentra Chile, se comprometen con la elaboración de acciones que tengan por objeto eliminar la discriminación racial y las brechas de desigualdad de esta población, así como facilitar el desarrollo de las personas afrodescendientes del mundo a través de la participación efectiva en cada uno de los procesos políticos de sus países, poniendo así en práctica el plan de acción del Decenio que señala expresamente en relación a la participación política el deber de “Los estados miembros, cuando sea pertinente, la observación electoral con enfoque afrodescendiente”.

Es reprobable el comportamiento de los parlamentarios que en reiteradas oportunidades han invisibilizado al pueblo afrochileno, a través de concepciones y estereotipos racistas, profundizando su nacionalismo y racismo estructural a la hora de defender argumentos que excluyen a los afrodescendientes del proceso formal de participación en el proceso constituyente.

Algo ausente en el proceso de negociación para una nueva constitución donde no ha sido considerado el Pueblo Tribal Afrodescendiente de Chile, evidenciando una responsabilidad política de gran envergadura primeramente de la Ministra Karla Rubilar, quien ha negado sistemáticamente el trabajo desarrollado con los afrodescendientes en la región de Arica y Parinacota, evidenciado una ignorancia de nuestra historia y cultura en todos los espacios de discusión sobre el proceso en cuestión; y del Intendente Roberto Erpel, que ha sido incapaz de trabajar colaborativamente con los afrodescendientes, siendo responsable de la inactividad de la agenda pública del Pueblo tribal Afrodescendiente en la región. Por último, y más grave aún, queremos denunciar públicamente la inactividad en el proceso de trabajo que existió en algún momento con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la Región de Arica y Parinacota, representado por la Seremi Macarena Vargas Pampaloni, quien además de desaparecer la figura del encargo de las temáticas afrodescendientes en la Seremi, no trabajó desde su llegada con nuestro pueblo dejando en evidencia su conducta racista frente a las múltiples necesidades de nuestro pueblo, no ejerciendo su labor de representante de la Ministra en torno a el desarrollo de los reglamentos que le darían oportunidad a nuestra ley.

COMUNIDADES , ORGANIZACIONES , ONG´S , COLECTIVOS Y LA MESA TÉCNICA Y POLÍTICA DEL PUEBLO TRIBAL AFRODESCENDIENTE EN CHILE.

La participación de los independientes en el órgano constituyente

José Aylwin, abogado de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano

A menos de un mes del plebiscito del 25 de octubre próximo, las encuestas dan una clara ventaja en favor de la opción Apruebo una Nueva Constitución para Chile (Apruebo) sobre la que se opone a ella (Rechazo). La derrota de esta última opción es tan evidente, que cada vez son más los personeros de la derecha chilena que, ya sea por oportunismo o realismo, se han sumado al Apruebo. Aunque los resultados de dichas encuestas en relación al órgano encargado de la elaboración de la Nueva Constitución a ser electo en abril de 2021 de ganar el Apruebo son más estrechos, todas ellas dan ventaja a la opción Convención Constitucional a ser electa en su totalidad por la ciudadanía, por sobre la Mixta Constitucional, a ser electa solo en una mitad por la ciudadanía e integrada en la otra mitad por parlamentarios designados por el Congreso Nacional.

Las tendencias comparadas en materia de construcción constitucional en estados democráticos demuestran que las constituciones modernas son elaboradas crecientemente por órganos constituyentes plenamente electos por la ciudadanía, comúnmente denominados Asambleas Constituyentes. Así en los procesos de elaboración constitucional verificados a nivel global en los últimos quince años (2000-2015), las Asambleas Constituyente han sido el mecanismo más utilizado (41% de los casos). En el contexto de América Latina, un 46% de los 28 cambios constitucionales verificados desde 1947 a la fecha se han materializado a través de este mecanismo (PNUD, 2015).

Ello no es una casualidad; los órganos constituyentes totalmente electos por la ciudadanía permiten una mejor representación de las diversidades existentes en los estados, hasta hace poco negadas o excluidas de estas instancias. De allí la importancia del triunfo de la opción Convención Constitucional por sobre la Convención Mixta. La primera opción adquiere más relevancia teniendo presente que dicho Congreso, acuerdo a una encuesta del CEP, llegó a contar a diciembre de 2019 con una confianza de tan solo un 3% de la población encuestada.

Es en este contexto que hoy se debaten en el parlamento diversas iniciativa orientadas a superar las barreras impuestas por el sistema sistema electoral vigente a participación política de los independientes en instancias de toma de decisión, a fin de posibilitar su inclusión efectiva en el futuro órgano constituyente. Una reforma constitucional aprobada en marzo pasado por el Congreso Nacional (Ley N° 21.216) junto con establecer la paridad entre hombres y mujeres en la elección de convencionales constituyentes, permitió la inscripción de listas independientes para la elección de convencionales. Para hacer posible dicha inscripción, sin embargo, se requiere cumplir con el requisito de patrocinio obtenido ante notario (o ante el Servicio de Registro Civil) de un número equivalente al 0,4% de votos válidos en la última elección de diputados y cuyos domicilios electorales estén en el respectivo distrito, con un máximo de 1.5% por lista, debiendo estos patrocinios estar suscritos de manera presencial.

Dadas las dificultades que ello impone a la participación de los independientes en el órgano constituyente, en particular en el contexto de la pandemia, es que recientemente fue presentada una moción parlamentaria liderada por el Diputado Auth, suscrita por diputados de oposición y de Evópoli, en la que se propone rebajar dichos requisitos, disminuyendo a un 0,2 el porcentaje de electores exigido para la inscripción de una candidatura individual, y a 0,5% para inscribir una lista independiente. La moción propone además, de manera excepcional, que el Servicio Electoral pueda disponer de su plataforma digital en la recepción de los patrocinios de candidaturas y listas independientes a través del sistema de clave única del Estado. (Boletín 13790-07). Otra iniciativa fue presentada este mes por los senadores Huenchumilla y Guiller a objeto de que las listas de candidatos independientes que se conformen en los distritos electorales puedan acordar pactos electorales con uno o más partidos políticos. Dicha iniciativa propone además que esta inscripción pueda realizarse bajo las reglas de la ley N°19.799, sobre Documentos electrónicos, con firma electrónica, y propone normas sobre financiamiento electoral de las listas de dichos candidatos, a fin de igualarlos a los partidos políticos en dicha materia (Boletín N° 13.792-07)

Finalmente, la semana pasada el diputado Jackson junto a la bancada del Frente Amplio presentaron otro proyecto promoviendo, junto a la incorporación de candidatos independientes, el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en las deliberaciones del órgano constituyente. Para lo primero, el proyecto propone permitir que los candidatos independientes a la Convención, sea constitucional o mixta constitucional, puedan asociarse entre ellos al interior de un pacto electoral con uno o más partidos políticos, de modo de no requerir patrocinio ciudadano. Asimismo, el proyecto propone establecer que, en el caso de que los candidatos independientes requieran el patrocinio ciudadano, este pueda materializarse mediante un sistema en línea con la clave única proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en lugar de la firma presencial ante notario. Para lo segundo, el proyecto propone establecer la obligación del órgano convencional de incorporar en el procedimiento de formación de la nueva constitución, mecanismos de participación ciudadana. (Boletín 13804-07)

El gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia, y de la Secretaría General de Gobierno, se reunió con grupos de independientes a objeto de analizar las iniciativas, manifestando disposición a apoyar la iniciativa del diputado Auth a través de una indicación del ejecutivo. De acuerdo a informaciones de prensa, sin embargo, el gobierno vería con distancia la rebaja de los porcentajes requeridos para la inscripción de candidatura individual y listas de independientes propuestas por la iniciativa parlamentaria.

La importancia de la participación de independientes en el órgano constituyente está determinada por la naturaleza misma de las constituciones, las que además de ser instrumentos legales, son también instrumentos políticos y sociales que expresan los valores de una sociedad, permiten la construcción de acuerdos entre los distintos sectores en ella existentes, y la distribución del poder (International IDEA, 2014). De allí que la participación en los procesos de construcción constitucional de las diversidades expresadas, además de aquella de naturaleza étnica y sexual, por los independientes que representan el sentir de la comunidad, más allá de los partidos políticos, sea fundamental para que el texto que emane de ella cuente una adhesión social que asegure su efectividad. Dicha participación adquiere mayor relevancia aun en el contexto de la grave crisis de credibilidad de los partidos políticos, los que de acuerdo al mismo Centro de Estudios Públicos llegaron a diciembre de 2019 a contar con una confianza de la población que no superaba el 2% del total encuestado.

A ello se suma por cierto la importancia, señalada en artículos anteriores, de que el órgano constituyente que con mucha probabilidad será electo en abril próximo, cuente con una representación de los pueblos indígenas proporcional a su población, cercana al 13% del total del país. cuestión que está siendo analizada por el Senado a partir de una moción parlamentaria (Boletín 13129-07).

Si la nueva Constitución ha de ser lo que el jurista Patricio Zapata ha denominado con acierto “la casa de todos y todas”, a través de la cual se ponga término a las exclusiones de todo tipo que han sido características de la historia republicana, exclusiones que como sabemos fueron el detonante del estallido social de octubre de 2019, se hace urgente que el parlamento apruebe las iniciativas señaladas. Ello a fin de establecer mecanismos que posibiliten la participación de los y las independientes, que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, en el órgano encargado de la construcción la nueva carta fundamental para Chile. Solo de esta manera se podrá conseguir la adhesión al futuro texto constitucional que surja de este proceso, y a través de dicha adhesión, lograr la estabilidad que garantice una sana e inclusiva convivencia democrática.