Desafíos de la visita presidencial a La Araucanía

por José Aylwin y Hernando Silva

El Presidente Boric está haciendo efectiva en estos días su esperada visita a La Araucanía. Se trata no solo de la visita a la región más pobre del país, sino de aquella en que la demografía indígena, en este caso mapuche, es de las más altas del país, llegando a conformar casi un tercio de su población. Como sabemos, además, en  dicha región y regiones aledañas se verifica el que posiblemente sea el conflicto sociopolítico más grave del país.

Si bien no se trata de un conflicto nuevo, sino de uno de antiguo que tiene su origen en la forma en que el Estado chileno estableció su soberanía y propiedad en esa parte del país históricamente habitada por el pueblo mapuche, desde hace algunas décadas se ha tornado más violento. Así, la violencia impuesta por el Estado en el pasado a través de la confiscación de las tierras mapuche y el arrinconamiento de su población en espacios reduccionales insuficientes para garantizar la vida material y cultural mapuche, se ha agudizado en las últimas décadas como consecuencia de la criminalización de la protesta social mapuche en defensa de derechos que han sido reconocidos a los pueblos indígenas por tratados internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT.

Dichas circunstancias han derivado en el ejercicio de la fuerza por parte de personas y organizaciones pertenecientes al pueblo mapuche. Esta última fuerza, que inicialmente se encontraba orientada en contra de la propiedad, en muchos casos afecta hoy la vida e integridad de las personas, independientemente de su condición étnica. La evidencia indica, además, que el uso de la fuerza por parte de organizaciones mapuche hoy no está relacionada solo a la legítima reivindicación de derechos, sino también a fines ajenos a ella, como son el robo de madera y otras circunstancias delictivas.

Frente a esta realidad, la estrategia seguida por diferentes gobiernos en los últimos años ha sido la de la contención de la violencia mapuche a través de políticas de seguridad, antes lideradas por las fuerzas policiales, hoy por fuerzas militares, y la persecución judicial. Se trata de una estrategia de la que el Gobierno del Presidente Boric no ha podido abstraerse, pese a su intento inicial de enfrentar el conflicto a través de estrategias centradas en el diálogo con el pueblo mapuche, poniendo énfasis además en el impulso de políticas de reparación y  desarrollo (Buen Vivir.) Aunque ello pueda ser entendible en el contexto del innegable recrudecimiento de los hechos de violencia en lo que va corrido de la actual administración, y de la presión de la opinión pública nacional y regional, los énfasis del actual Gobierno parecen nuevamente estar enfocados en el impulso de políticas de seguridad orientadas a contener la violencia existente en la región, más que en la resolución de los problemas de fondo que generan dicha conflictividad.

La evidencia de los conflictos étnicos caracterizados por el uso de la fuerza existentes en diferentes partes del mundo, como el que se vive hoy en La Araucanía entre sectores del pueblo mapuche y el Estado chileno, es que las estrategias de seguridad, si bien son necesarias para mantener el orden público y garantizar la integridad de la población, por sí solas son absolutamente insuficientes para disminuir la violencia. Ello, más aún en el caso de un pueblo, como es el mapuche, que tiene una larga tradición de resistencia a toda forma de dominación, incluyendo la dominación incaica, hispana y chilena.

Para ello se requiere con urgencia el desarrollo de procesos dialógicos que permitan el abordaje de las principales demandas legítimas del pueblo mapuche por el reconocimiento y ejercicio derechos humanos de carácter colectivo largamente postergados, como lo son la tierra, los recursos naturales, el derecho a definir sus planes de vida o prioridades de desarrollo, hoy seriamente afectados por, entre otros, una industria de monocultivos forestales que se ha expandido de manera inconsulta en sus territorios de ocupación tradicional, con graves impactos sociales, culturales y ambientales en sus comunidades.   

Tales procesos, no solo son recomendados por instrumentos de derechos humanos, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (en su artículo 40 refiere al derecho que estos pueblos tienen a “procedimientos justos y equitativos para la resolución de controversias con los Estados u otras partes”), sino que encuentran antecedentes muy relevantes en la historia y la tradición mapuche. En efecto, el relacionamiento entre los mapuche y la colonia hispana, y más tarde, hasta mediados del siglo XIX, entre los mapuche y el Estado chileno, se  basó en parlamentos, en la conversación, los que celebrados periódicamente por más de trescientos años, se tradujeron  en tratados en los que se establecieron las bases de una convivencia generalmente pacífica en esta parte del país.

Sería deseable entonces que durante esta y sus próximas visitas a La Araucanía, el Presidente Boric, junto con reunirse con las víctimas de la violencia que hoy afecta a la región, y con actores públicos y privados relevantes para la definición de una estrategia que garantice la seguridad, y la integridad física y síquica hoy cotidianamente violentada en muchas localidades de la región, pueda reunirse también con organizaciones representativas del mundo mapuche. Ello, a objeto de escuchar sus visiones sobre cómo abordar la conflictividad y violencia en la región, así como los problemas de fondo que subyacen a la relación entre el pueblo mapuche y el Estado. Escuchar también de sus representantes las propuestas que, sobre la base de su tradición histórica, hagan acerca de las modalidades a través de las cuales podría impulsarse un diálogo constructivo entre ambas partes.

El que haya organizaciones mapuche que hasta la fecha rechacen el diálogo y la conversación como mecanismos para resolver controversias históricas, no significa que el Gobierno del Presidente Boric no pueda sostener conversaciones con aquellos sectores del pueblo mapuche dispuestos a hacerlo. Ello, con mayor razón en momentos en que la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional, en que se establecían mecanismos institucionales para abordar los problemas de relacionamiento entre los pueblos indígenas y el Estado y sociedad chilena, fuera rechazada en el plebiscito de septiembre pasado.

Sería muy esperanzador que de dichas conversaciones emergiera un nuevo proceso dialógico, que se traduzca en la apertura de un espacio para parlamentar, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que permita abordar las raíces de la  conflictividad creciente que hoy vive esta parte del país, antes de que la violencia siga escalando en ella, afectando a todas y todos quienes vivimos allí.

ORGANIZACIONES DE DD.HH. ENTREGAN CARTA A LUCIANO RIVAS GOBERNADOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

Mediante la presente la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía, instancia que desde hace más de 10 años aglutina a  diversas organizaciones e instituciones que realizan labores de promoción y defensa de los Derechos Humanos en la región, nos dirigimos a usted para darle a conocer nuestra opinión respecto a la compleja situación que vive actualmente La Araucanía, bajo el Estado de Emergencia que mantiene a las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio cumpliendo labores de control de Orden Público.

  • Condenamos enérgicamente los terribles hechos acaecidos el día miércoles 03 de Noviembre en la comuna de Cañete que derivaron en la pérdida de la vida de un joven de 23 años y tres heridos incluido menor de edad, todos pertenecientes al Pueblo Mapuche, esto producto de disparos de efectivos de las Fuerzas Armadas que ocupan las Provincias del Bio Bio, Arauco, Cautín y Malleco. Lo anterior nos confirma lo peligroso que es mantener esta bélica medida, que evade las soluciones de fondo al conflicto del Estado chileno con el Pueblo Mapuche. Esperamos que los hechos sean investigados de manera imparcial, y que se establezcan las sanciones penales correspondientes para sus responsables.
  • No se trata de hechos que no advirtiéramos con antelación, ni tampoco se aleja a la historia que el Pueblo Mapuche ha vivido desde la vuelta a la democracia. Al contrario, como Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos pensamos que hoy en día se reproduce un patrón de ocupación y de criminalización hacia el Pueblo Mapuche y que durante estás últimas dos décadas organismos internacionales de Derechos Humanos han denunciado. Nos referimos a Relatores Especiales en materia de derechos humanos e indígenas y Comités de Tratados de las Naciones Unidas, todos los cuales han manifestado categóricamente mediante sus observaciones y recomendaciones que la criminalización y el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado no son la forma efectiva de hacer frente a la situación de conflictividad que se vive en territorio mapuche.
  • Cabe hacer presente que desde el asesinato de Alex Lemun acontecido en el año 2002 las cosas no han cambiado mucho, y que el foco de los diversos Gobiernos de turno durante estas dos decadas ha sido abordar la relación con el Pueblo Mapuche como un asunto de seguridad y bajo un enfoque criminal. Por otro lado, ninguno de los diálogos que se han desarrollado desde el retorno a una frágil democracia han generado el reconocimiento de algunos de los derechos básicos que son exigidos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el derecho al territorio y a la restitución de las tierras usurpadas o el derecho a la autonomía. Al contrario, por un lado la falta de eficacia de las políticas públicas en materia de protección del territorio y, por otro lado, el privilegio otorgado a los interés particulares de empresas extractivistas como de la industria forestal o del sector energético, han agudizado a lo largo de estos años la relación con el mundo indígena en general y con el Pueblo Mapuche en particular.
  • Junto con lo anterior, nos parece preocupante que, en el contexto actual, usted en su calidad de Gobernador de La Araucanía realice un llamado a participar en una instancia “participativa” cuya finalidad es “conocer la opinión de los ciudadanos de las 32 comunas de La Araucanía respecto a la renovación del Estado de Emergencia en la región” en la denominada “Consulta Araucanía”. Cómo Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía manifestamos nuestro rechazo ante la utilización del derecho a la participación de la ciudadanía por parte del Gobierno Regional, el que pretende manipular el verdadero concepto de participación con el fin de legitimar las políticas represivas y de militarización del Estado en territorio mapuche. La premura con que se realizará, la falta de información sobre las implicancias de la extensión del Estado de Excepción, la modalidad excluyente por ser solo una consulta online, la falta de visibilización pública y de acercamiento a la ciudadanía, son aspectos que hacen que la “Consulta Araucanía” no pueda ser considerada como una instancia de participación efectiva de acuerdo a los estándares internacionales relativos al derecho a la participación considerados en diversos instrumentos internacionales de las Naciones Unidas.
  • La instalación y potencial renovación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, se ha traducido en la profundización de la militarización de ciertos territorios de nuestra Región con miras a hacer frente a los hechos de violencia que se viven pero que, en la práctica, se traduce en un conjunto de medidas que buscan criminalizar, violentar y desmovilizar a las comunidades que hoy se encuentran llevando adelante procesos de reivindicación territorial, debido al despojo que data desde 1856 y respecto del cual el Estado no ha entregado ningún mecanismo efectivo para su resolución. Este despojo ha sido reconocido en instrumentos creados por el mismo Estado como es la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001-2003).

Por tanto, y en atención a todo lo antes expuesto es que exigimos la suspensión de la consulta, y que no sea prorrogado el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, para evitar nuevas muertes y vulneraciones de Derechos Humanos producto del actuar de las Fuerzas Armadas. Y exigimos una investigación objetiva y bajo estándares de Derechos Humanos que otorguen protección a las víctimas en relación a los últimos acontecimientos.

Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos – Agrupación de Ex-Presos Políticos «Enrique Pérez» – Centro de Investigación y Defensa del Sur (CIDSUR) – Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco (CINPRODH)- – Comisión Ética Contra la Tortura – Observatorio Ciudadano – Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) – Red de Defensa de los Territorios de La Araucanía – Red Independiente de Peritos

 

Violencia en Wallmapu: cómo se impuso y cómo superarla

En días recientes hemos visto como nuevamente hechos de violencia acaban con la vida y ponen en peligro la integridad de personas, lesionando gravemente la convivencia interétnica en el Wallmapu, territorio ancestral mapuche, en la parte sur de Chile.

La muerte de un comunero mapuche a manos de carabineros, ocurrida durante una acción de sabotaje en contra de una faena forestal, en la cual un trabajador resultó gravemente herido por disparos de encapuchados, a lo que siguió la quema de maquinarias y vehículos forestales en días posteriores, hechos auto adjudicados por referentes mapuche, dan cuenta del recrudecimiento de la violencia en esta parte del país.

Se trata de hechos lamentables y condenables cada vez más frecuentes que no nos pueden, ni nos deben, dejar de impactar. Con preocupación percibimos que se impone una lógica de guerra, que desde el estado y sectores de la sociedad chilena por un lado se alienta, y que algunos sectores del pueblo mapuche, por otro, parecen tentados a seguir. Ello ocurre justamente en momentos en que se inicia el trabajo de la Convención Constitucional a través del cual se busca precisamente nuevas formas de convivencia entre el estado chileno y los pueblos indígenas, objetivo que dichos sectores parecieran con sus acciones empeñados en impedir.

Como en la mayor parte de las situaciones de escalamiento de la violencia, sabemos cómo estas se inician, pero no como terminan. Así sabemos, o deberíamos saber a estas alturas si tenemos algún conocimiento de la historia de Chile, cómo se originó el conflicto en esta parte del país. Fue hace ya casi cinco siglos atrás a través de una guerra de conquista, también conocida por la historiografía tradicional como la guerra de Arauco, mediante la cual los españoles ocuparon un territorio hasta entonces habitado y controlado por el pueblo mapuche, intentando someter a sus integrantes y a su territorio al dominio de la corona.

También sabemos que, aunque los españoles fueron exitosos en su intento por dominar parte del territorio mapuche -el pikun mapu- en el centro del país, no lo fueron al sur del Bío Bío. Como consecuencia de la resistencia mapuche los primeros se comprometieron a través de parlamentos o tratados, a respetar sus territorios y autoridades al sur del Bío Bío. Más tarde, sin embargo, el estado de Chile, incumpliendo lo convenido en dichos acuerdos, así como también en aquellos que fueron suscritos por sus primeros gobiernos, mantuvo la lógica de la guerra. Ello al invadir el Wallmapu en la segunda mitad del siglo XIX y al reducir a este pueblo a un cinco por ciento de sus tierras al sur del Bío Bío, sometiendo a sus integrantes a sus leyes y gobiernos.

No bastando lo anterior, durante el siglo XX, el estado dividió sus tierras comunitarias, promovió su apropiación por particulares, dando origen al latifundio en la zona, e imponiendo su lengua y cultura, a fin de consolidar el despojo y la dominación mapuche. Durante la dictadura cívico militar ese proceso no solo se vio acelerado, sino que se promovió el desarrollo por privados de iniciativas forestales, hidroeléctricas, pisícolas, proceso que se mantiene hasta hoy y, que por su magnitud, algunos mapuche denominan la tercera invasión de Wallmapu.

El caso más crítico es el de la expansión forestal, la que hoy ocupa más de dos millones de hectáreas al sur del Bío Bío, 1.5 millones de ellas en manos de dos grandes conglomerados, en contraposición con el millón de hectáreas que el estado hoy reconoce a un pueblo de casi dos millones de integrantes. Los monocultivos forestales no solo se han instalado sobre tierras de ocupación tradicional mapuche, sino que también han empobrecido los ecosistemas y la biodiversidad, así como sus economías tradicionales incrementando la pobreza material, hecho constatado por los indicadores oficiales (Casen 2020), deteriorando sustancialmente la convivencia interétnica e intercultural en todo Wallmapu.

Frente a la protesta inicialmente pacífica impulsada por los mapuche frente a esta realidad desde hace al menos dos décadas, el estado respondió con todo su aparataje policial y legal, ejerciendo violencia física en contra de las comunidades y sus familias. Ello resultó en la muerte de al menos una decena de integrantes de comunidades, en innumerables casos de tortura y tratos crueles en contra de estos, incluyendo casos que afectaron a niñ@s, mujeres y ancian@s. También resultó en la persecución de centenares de líderes mapuche, los que han sido víctima de largos procesos judiciales, prolongada prisión preventiva, y condenas contrarias al debido proceso como lo ha señalado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Incumpliendo sus obligaciones adquiridas al amparo de la ley sobre desarrollo indígena (19.253 de 1993) y del Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile el 2008, y sin respuesta adecuada del estado -más allá de la compra de tierras reduccionales usurpadas- a las demandas del pueblo mapuche, entre las que se incluye la salida de las forestales de Wallmapu y el reconocimiento de los territorios de uso y ocupación tradicional junto con formas de autonomía y control de los mismos, como era previsible, la respuesta de algunas de sus organizaciones mapuche se ha tornado cada vez más frontal. Ella ha incluido el desarrollo de acciones de fuerza en contra de bienes, en particular aquellos de propiedad de las forestales, acciones que en no pocos casos han afectado la vida e integridad de un número igualmente no menor de personas no mapuche.

Teniendo claridad entonces de cómo se ha generado la violencia en esta parte del país, y la responsabilidad que cabe al estado y la sociedad chilena en ello, cabe preguntarse entonces ¿cómo salimos de esta espiral de violencia? ¿cómo salimos de la lógica de la guerra?

Conflictos interétnicos como el que hoy se vive en Wallmapu no son poco comunes en el mundo. Ellos existen en muchos estados excluyentes auto concebidos como monoétnicos. La experiencia demuestra que ellos han sido abordados o a través del diálogo y del entendimiento, o del enfrentamiento. Sabido es que el camino del enfrentamiento, de la guerra, tiene tanto desde la perspectiva estratégica como de los derechos humanos serios peligros. Desde la primera perspectiva, estas suelen tener como triunfantes a quienes tienen el monopolio de las armas, cuestión que en este caso claramente pone al estado chileno en una posición de privilegio por sobre organizaciones mapuche que actualmente reivindican el uso de la fuerza.

Pero más importante que ello, aunque las demandas del pueblo mapuche son desde una perspectiva histórica y contemporánea legítimas, y condenemos que el estado chileno haya impuesto a sangre y fuego su visión e intereses sobre los del pueblo mapuche, tampoco podemos, desde la perspectiva de los derechos humanos, justificar pasar por encima de la vida y la integridad de otros sectores que habitan el Wallmapu. El peligro es grande.

Posiblemente conscientes de ello, y basado en la larga tradición mapuche de parlamentar, es que una parte no menor del movimiento mapuche apostó al proceso constituyente como una alternativa para abordar y superar los conflictos históricos y presentes con el estado y la sociedad chilena. Tal como los representantes mapuche, así como de otros pueblos indígenas que participan de la Convención Constitucional mediante el mecanismo de escaños reservados han señalado, a través de su participación en esta instancia, que se aspira a refundar el “estado-nación” excluyente hasta ahora existente, para dar paso al reconocimiento de Chile como estado plurinacional. Junto a ello, apuestan a que la nueva constitución que emane de ella establezca las bases de una futura convivencia basada en los derechos colectivos que como pueblos les corresponden, entre ellos la libre determinación y autonomía, y los derechos a la tierra y el territorio.

Dada la gravedad del contexto actual, sin embargo, y teniendo presente que un acuerdo constitucional que emane de la Convención y que establezca las nuevas bases de una convivencia entre el estado, el pueblo mapuche y los demás pueblos indígenas tomará tiempo, es que se requiere con urgencia y en el corto plazo de la generación de instancias de diálogo para abordar los temas más urgentes de la convivencia interétnica e intercultural en Wallmapu, impidiendo así que el escenario de violencia siga en aumento.

Constatando que las autoridades del gobierno actual, en sus últimos meses en el poder, y luego de su fracasada gestión del conflicto en Wallmapu, carecen de credibilidad para convocar a espacios de conversación y entendimiento, pensamos que, con el asentimiento de ambas partes, este podría ser convocado desde entidades como el Sistema de Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o en su defecto, desde centros de mediación internacional de trayectoria en negociaciones de paz.

Tanto el proceso constituyente como la convocatoria a instancias de diálogo urgente entre el pueblo mapuche y el estado constituyen herramientas fundamentales para revertir una espiral de violencia creciente que hoy se vive en Wallmapu, así como para avanzar hacia nuevas formas de convivencia intercultural basadas en el respeto a los derechos de los pueblos y las personas que aquí habitamos.

Estamos en un momento crucial; o se buscan caminos de entendimiento interétnico en Wallmapu o se consolida la lógica de la guerra. Apostamos a lo primero.

Autores de la columna: Lorena Arce Letelier, José Aylwin Oyarzún, Rubén Sánchez Curihuentro y Hernando Silva Neriz, integrantes del Observatorio Ciudadano.

Publicada por El Mostrador: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/07/22/la-violencia-en-wallmapu-sobre-como-se-impuso-y-como-superarla/

Fotografía: Agencia ATON