“Más allá de lo condenable de los graves hechos que dieron origen a este segundo juicio en este caso, el veredicto deja en evidencia que la búsqueda de justicia frente a ellos no puede hacerse sin pruebas fundadas, y a través del uso de una legislación, como es la ley antiterrorista”, advierte su director, José Aylwin.

Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano, 26 de noviembre de 2016

El Observatorio Ciudadano valoró la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que este miércoles absolvió a 11 comuneros mapuche, entre ellos la defensora de derechos humanos, Machi Francisca Linconao, imputados por del delito de incendio con resultado de muerte en el denominado caso Luchsinger Mackay, hecho ocurrido la madrugada del 04 de enero de 2013 en el fundo La Granja Lumahue, de la comuna de Vilcún.

El juez José Ignacio Rau, al dar a conocer el veredicto del tribunal, señaló que la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público y los querellantes de la causa resultó insuficiente para demostrar el carácter terrorista del ilícito, así como para formar convicción en los jueces respecto de la participación que correspondió a los acusados en los hechos.

Tras conocerse la absolución de los comuneros, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, señaló: “valoramos el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en el caso Luchsinger Mackay. Más allá de lo condenable de los graves hechos que dieron origen a este segundo juicio en este caso, el veredicto deja en evidencia que la búsqueda de justicia frente a ellos no puede hacerse sin pruebas fundadas, y a través del uso de una legislación, como es la ley antiterrorista, que no garantiza el debido proceso; resultando esto en una prisión preventiva de un año y medio para las once personas mapuche imputadas, algunos de ellos defensores de derechos humanos, y en la vulneración de la presunción de inocencia, con un daño irreparable para su reputación, y en última instancia sus vidas”.

Asimismo, destacó que al margen de la “importante responsabilidad que en esta situación cabe al Ministerio Público, como entidad persecutora, cabe subrayar la responsabilidad del ejecutivo, que se hizo parte del proceso haciendo las mismas imputaciones del Ministerio Público. Por lo mismo, este veredicto absolutorio debería llevar al gobierno a revisar la estrategia de criminalización en contra de personas mapuche de la que hasta ahora se ha hecho parte, privilegiando el diálogo y el reconocimiento de los derechos colectivos de este pueblo como única manera de encontrar salidas al conflicto intercultural que se vive en la Araucanía y regiones aledañas”, sostuvo.

Por su parte, Hernando Silva, coordinador del Área Jurídica de la misma organización, agregó que “el veredicto nos parece ajustado a derecho, toda vez que durante el juicio el Ministerio Público no tuvo forma de acreditar la participación de los imputados en los hechos y que la acusación no podía sostenerse sobre la declaración de un coimputado que declaró producto de la coerción ejercida en su contra por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones”.

En efecto, la única fuente de información de la que derivan todas las demás pruebas de imputación, respecto de la participación de los acusados, está constituida por las dos declaraciones de José Peralino Huinca prestadas en fase de investigación. “Sin embargo, la declaración de fecha 08 de noviembre de 2013 a juicio de estos sentenciadores adolece de vicios de legalidad que impiden otorgarle mérito probatorio”, se planteó en la audiencia al dar lectura al acta de deliberación.

Lo anterior, a juicio de Silva, “viene una vez más a dejar en evidencia el mal actuar del Ministerio Público, el que levanta procesos penales amparados por la Ley Antiterorista en contra de personas mapuche con la finalidad de criminalizarlos y de mantenerlos en prolongadas prisiones preventivas, pese a que existe un consenso internacional y recomendaciones explícitas al Estado de Chile de que no haga uso de esta legislación especial. Es momento de que el Ministerio Público se haga cargo de su actuar deficiente y vulneratorio del debido proceso”, finalizó.

La lectura del fallo absolutorio de la machi Francisca Linconao Huircapán, y los comuneros José Peralino Huinca, José Tralcal Coche, Juan Segundo Tralcal Coche, Juan Segundo Tralcal Quidel, Luis Sergio Tralcal Quidel, José Arturo Córdoba Tránsito, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Sergio Catrilaf Marilef, Sabino Catrilef Quidel, se dará a conocer el 14 de noviembre a las 11:00 horas.

Información relacionada (incluyendo acta de deliberación y video de la audiencia):

http://www.pjud.cl/web/guest/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/caso-luchsinger-mackay-top-de-temuco-absuelve-a-comuneros-mapuches-por-falta-de-participacion-en-los-hechos

Las indicaciones son una construcción colectiva, basada en estándares internacionales de derechos humanos, indígenas y de conservación, que buscan sean incorporados a la normativa en discusión parlamentaria.

El pasado lunes el Observatorio Ciudadano y el Consorcio TICCA, junto a representantes de comunidades indígenas, presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente del senado un conjunto de observaciones y propuestas de modificación a introducir al Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín Nº 9.404-12), que esta tramita actualmente.

Las indicaciones que se formulan al proyecto, se basan en estándares internacionales de derechos humanos, de pueblos indígenas y de conservación, proponiendo redacciones alternativas a su texto en temas relativos al principio participativo, el reconocimiento adecuado de los territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales, la participación en la gestión, la modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado, la elaboración de informes de aspectos culturales previo a la creación de un área protegida, el procedimiento para la elaboración de planes de manejo de área protegidas, la creación de áreas protegidas de propiedad privada y las infracciones a los instrumentos de conservación de la biodiversidad.

En la sesión participaron Lorena Arce, coordinadora del Consorcio TICCA para el Cono Sur, y José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, exponiendo estos estándares y sobre los territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA). Además se realizaron exposiciones de experiencias de conservación de biodiversidad indígenas en Chile, por parte de Leciticia González, quien dio cuenta de la experiencia de comanejo -o gestión compartida de áreas protegidas- del pueblo atacameño; Joaquín Miliñir, en el caso de la Comunidad de Quinquén, y Carolina Huenucoy, de la comunidad kawésqar de Puerto Edén, respecto de los problemas de superposición del Parque Nacional Bernando O’ Higgins sobre las tierras y mares de uso tradicional de este pueblo.

Tras la reunión Lorena Arce señaló que “las propuestas que presentamos en esta sesión son el resultado de un largo proceso en el que hemos estado trabajando con representantes de diversas comunidades para que este proyecto de ley logre reconocer de manera apropiada los aportes que hacen las comunidadedes, tanto indígenas como locales, a la conservación de la biodiversidad. Agregó que “es importante que entendamos que la conservación no se logra sólo a través de las áreas protegidas del estado o recientemente de privados, sino que existen otros medios, como las prácticas, los usos consuetudinarios y los conocimientos tradicionales, que han demostrado ser efectivos para la protección y conservación de la naturaleza”.

Por su parte José Aylwin sostuvo que “a través de estas propuestas las organizaciones que las suscribimos queremos poner énfasis en que la conservación de la biodiversidad no se puede seguir haciendo de espaldas a los pueblos indígenas y comunidades locales y vulnerando sus derechos”.

Aylwin agregó que “si bien el proyecto en debate reconocía la figura de las áreas de conservación indígena, inicialmente no considerada, esta es muy insuficiente por cuanto considera solo las tierras de propiedad legal de las comunidades. En consonancia con las directrices internacionales se propone la inclusión de la figura de los territorios indígenas de conservación y areas conservadas por comunidades locales, las que abarcan tanto areas terrestres como marítimas, tanto de propiedad legal como de uso tradicional”.

París-Ginebra-Temuco, 18 de octubre de 2017 – El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, concluye que las graves irregularidades observadas en el proceso Lucksinger-Mackay en contra de la defensora de derechos humanos la Machi Francisca Linconao y de los diez comuneros mapuches, debe impedir su condena.

El día de hoy el Observatorio, publica una nota con las principales constataciones realizadas luego de la Misión de Observación Judicial, que realizó del 2 al 6 de octubre 2017, en la que se concluye que hay una indebida aplicación de la Ley Antiterrorista contra las 11 personas, así como graves irregularidades a lo largo del Proceso penal. Destaca por ejemplo el hecho de que la acusación contra los comuneros mapuches no contiene una descripción clara, detallada y circunstanciada sobre las condiciones de tiempo y lugar de los hechos y las conductas atribuidas a cada uno de ellos. Igualmente, resulta preocupante que la acusación se realizó casi exclusivamente a través de un único testimonio, que, según manifestaciones realizadas en el proceso judicial, habría sido obtenido bajo coacción por parte de miembros de fuerzas de seguridad a una persona, al parecer con algún grado de discapacidad cognitiva. Finalmente, destaca el hecho de que la acusación se dirigió en contra de un grupo de personas que a la fecha de los hechos no se conocían entre sí.

“Constatamos que leyes de excepción antiterroristas y de inteligencia están siendo aplicadas para perseguir a personas defensoras del pueblo mapuche, en particular a sus líderes, teniendo como consecuencia el debilitamiento de las demandas territoriales de los mapuches y el estancamiento de las medidas necesarias para garantizar el goce de sus derechos internacionalmente reconocidos”, señaló Diana Murcia, abogada penalista colombiana experta en Derechos Humanos y miembro de la Misión.

Las fallas en el sistema, las prácticas del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones y la demora legislativa y ejecutiva para tomar cartas en el asunto, producen múltiples víctimas de estos procedimientos. En primer lugar, se victimiza al  pueblo mapuche bajo la etiqueta de terrorista, debilitando sus estructuras y reforzando un contexto general de impunidad. En segundo lugar, las víctimas de los delitos investigados y sus familiares no acceden a la garantía de justicia, pues se investiga y juzga a quienes no son autores de las infracciones penales. En tercer lugar, a la sociedad en su conjunto no encuentra salvaguarda en los organismos de investigación judicial. Finalmente, el conjunto del Estado se ve afectado al involucrarse ingentes recursos en acciones judiciales desgastantes y fallidas.

El documento contiene recomendaciones para asegurar plenas garantías para las actividades de las personas defensoras de derechos humanos del pueblo mapuche y garantizar los derechos del pueblo mapuche, así como de las personas sometidas a procesos penales bajo la Ley Antiterrorista.

“El encuentro con otros comuneros mapuches afectados en otros procesos por terrorismo y de miembros de la comunidad, nos permite afirmar que existe un patrón institucional de persecución penal bajo las leyes de excepción que ha vinculado indebidamente al pueblo mapuche y las y los defensores de sus derechos con el terrorismo penetrando el imaginario de la opinión pública y de la sociedad civil sobre este pueblo indígena”, señaló Matias Duarte, abogado penalista argentino experto en Derechos Humanos y miembro de la Misión.

La Misión durante su estancia en Temuco se entrevistó con la defensora de derechos humanos, la Machi Francisca Linconao y los comuneros mapuches acusados en este y otros casos, con sus abogados, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública, la Intendencia Regional que representa al Poder Ejecutivo Nacional como querellante en el juicio y con el jefe de los Fiscales de la Región de la Araucania.

Contexto

El juicio se origina por hechos ocurridos el día 4 de enero del año 2013 en los que Werner Luchsinger y Vivianne Mackay fallecieron como consecuencia del ataque incendiario de su vivienda ubicada en el Fundo Granja Lumahue, predio que se encuentra dentro del territorio de ocupación tradicional indígena. Los once mapuches fueron acusados por el hecho en un proceso judicial en el que se invocó la Ley Antiterrorista utilizando como argumento la supuesta finalidad de “compeler a los agricultores de la región a hacer abandono de sus predios”.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Se adjunta informe

Para obtener más información, por favor contacten con:

• FIDH: Audrey Couprie/ Samuel Hanryon: (+ 33) 1 43 55 25 18; José Carlos Thissen: +51 95 41 31 650
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui (+41) 22 809 49 39

Integrantes de la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria (CSCP), se reunieron con el Ministro de Medio Ambiente para entregarle el documento “Diagnóstico y Propuestas para una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”. En la reunión los distintos participantes de la comisión, expusieron a grandes rasgos las propuestas del documento y sus principales preocupaciones ante una reforma al SEIA.

En la instancia el parlamentario Daniel Melo (PS), le manifestó al Ministro Marcelo Mena, que la CSCP, nació como una comisión paralela a la comisión creada por la Presidenta, debido a la mínima representación del mundo ambiental, ciudadano y del trabajo, así como la sobre representación del mundo empresarial en dicha instancia presidencial, Sobre las propuestas, el parlamentario indicó, la necesidad de una reforma que equilibre los desbalances del sistema y que evalué los proyectos de mejor manera, elevando los estándares de la participación ciudadana.

En la misma línea Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable, manifestó que” la reciente crisis de desempeño del SEIA en los casos de Til Til y Dominga , debido a la concentracion territorial de cargas ambientales, y el intervencionismo de los superiores jerarquicos del SEA respectivamente, constituyen un llamado urgente  a la presidenta  para avanzar hacia un Sistema de Evaluacion Ambiental   con un estantar OECD, que incluya criterios de ordenamiento territorial, y participacion ciudadana  incidente y vinculante. Chile no puede perpetuar un sistema que  impone proyectos  contra la voluntad de las comunidades y sin trasparentar como se evitaran los impactos ambientales”

Por su parte Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señaló “Nuestro principal interés es que los proyectos que ingresan al SEIA sean evaluados incorporando todas las visiones necesarias, pero con especial vista a la necesidad de prevenir daños ambientale. Por eso, nos parece que si vamos a reformular esta instancia, el proceso debe considerar las propuestas de todos y no solo aquellas representativas de los titulares de los proyectos. En ese sentido, el trabajo de esta mesa ha sido muy abierto y esperamos que nuestras propuestas sean acogidas, así como que se haga un proceso abierto de participación ciudadana respecto de las mismas”.

Así mismo, Doris Sandoval y Carlos Sierralta, representantes de los trabajadores y dirigentes de FENATRAMA, indicaron que una reforma al SEIA requiere de la participación activa de los trabajadores, esto porque son ellos quienes conocen las falencias del sistema, así como el dónde se pueden mejorar los procesos.

 “Entendemos que nuestro rol dirigencial considera también, la capacidad de ejercer la crítica y autocrítica responsable, respecto de los procesos en los que participamos directamente como funcionarios/as; y desarrollar opinión sobre el perfeccionamiento de la evaluación ambiental en Chile. De igual forma, nuestro norte es la defensa del rol técnico de nuestro accionar, el respeto de las decisiones técnicas tomadas en las regiones y la profundización de la participación ciudadana”,  indicó la Directora de FENATRAMA Doris Sandoval.

Tras escuchar a los comisionados, el Ministro de Medio Ambiente señaló que las mejoras al SEIA se harían en tres líneas de trabajo, la primera en relación a un instructivo presidencial que permita ordenar la tramitación de los proyectos: en una segunda línea la modificación del reglamento en cuanto a la agilización de proyectos y mejoras a la participación ciudadana;  y una tercera línea sería un proyecto de ley que mejore procedimientos, entre ellos la participación ciudadana.

Por último, como resultado de la reunión, el Ministro abrió la posibilidad de realizar un proceso de participación ciudadana para las reformas reglamentarias, así como se planteó la posibilidad de un trabajo conjunto, con el fin de hacer un cruce entre las propuestas planteadas por la CSCP y la Comisión Presidencial, que permitan realizar una reforma equilibrada con la representación de los diversos mundos que son afectados por los proyectos de inversión a evaluar.