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Con una gran asistencia Observatorio Ciudadano lanza libro sobre migración en Antofagasta
- La publicación, reúne estándares internacionales y legislación comparada en la materia, además de realizar un análisis al proyecto de Sebastián Piñera y sistematizar propuestas desde organizaciones migrantes y de sociedad civil.
- La actividad, que convocó a una multiplicidad de actores, contó también con la presencia dela Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, y la diputada regional, Marcela Hernando.
Observatorio Ciudadano, 29 junio de 2018
En el Salón de Extensión de la Universidad de Antofagasta fue lanzado este jueves el libro “Derechos de las y los Trabajadores Migrantes: estándares internacionales, legislación comparada y perspectivas en Chile”, de los autores Mabel Cobos, Marcel Didier y Paulina Acevedo, todos ellos miembros del equipo de profesionales del Observatorio Ciudadano.
El libro, que contó para su formulación con el apoyo de Fundación AVINA, busca convertirse en una herramienta de consulta, orientación y empoderamiento respecto de los derechos humanos hoy garantizados en torno a la movilidad humana, ello en el marco de la discusión parlamentaria sobre una nueva ley de migraciones para Chile.
Los comentarios a la publicación estuvieron a cargo del Dr. Alejandro Bustos, Director de la Unidad de Investigación Acción de Migración e Interculturalidad de la Universidad de Antofagasta; Ignacio Barrientos, Jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública de Antofagasta; Beni Zambrano, Presidenta de la Agrupación Intercultural Miranda.
Respecto a la publicación
En el marco de la discusión para adoptar una nueva ley de migraciones en Chile, el presente documento busca contribuir a que dicho proceso considere el desarrollo evolutivo que ha experimentado el derecho humano a migrar en las últimas décadas, así como la perspectiva y propuestas de las organizaciones migrantes y de la sociedad civil.
Para ello, hace revisión a los principales estándares internacionales y regionales aplicables a la movilidad humana, con especial atención a la migración laboral, los cuales el Estado tiene el deber de garantizar, proteger y promover en virtud de los compromisos internacionales que ha contraído con la ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, realiza un análisis comparado de las más recientes legislaciones adoptadas en la región, a fin de que sus disposiciones sean ilustrativas del modo de implementar dichas directrices.
Seguidamente, efectúa un análisis de los aspectos más controversiales del proyecto de ley ingresado por la presente administración de Sebastián Piñera, desde una perspectiva de derechos humanos, y mediante una metodología participativa, recoge los planteamientos de diversas organizaciones con miras a convertirse en indicaciones a ser consideradas durante la tramitación legislativa.
El libro puede ser descargado y compartido desde el siguiente links:
Fabiola Letelier es la ganadora del Premio Nacional de DDHH 2018
Fabiola Letelier, la abogada de 88 años experta en DD.HH fue elegida por el Consejo del INDH como Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, el órgano superior del Instituto premió su labor y amplia trayectoria en la defensa y promoción de los derechos fundamentales, además de su incansable y significativa búsqueda de la verdad y la justicia, pergaminos que finalmente, la hicieron merecedora de este galardón.
La ceremonia de entrega oficial del premio se realizará el próximo lunes 23 de julio, a las 11 horas, en el hall central del Museo Nacional de Bellas Artes.
En representación del consejo, la directora, Consuelo Contreras Largo, señala que “El consejo se decidió por Fabiola porque fue una mujer que se abrió espacios en tiempos hóstiles para el género y aún así ella luchó para defender y promover los derechos de las personas en dictadura”.
Además la directora INDH, añadió que “se trata de un premio muy merecido por todos sus años de lucha incluso cuando su familia sufrió el asesinato de Orlando Letelier, años de perseverancia que para nosotros y para mi como directora del INDH es un honor entregar el premio a una defensora de los derechos humanos como Fabiola”.
Trayectoria de Fabiola Letelier
Fabiola Letelier Del Solar nació en Temuco el 17 de julio de 1929, es la segunda de tres hijos, desde muy pequeña le quedó grabada la miseria que sufrían los más pobres en su ciudad natal, por ello decidió encauzar esto años más tarde estudiando derecho en la Universidad de Chile desde donde se tituló en 1963.
De ahí en adelante comenzó su camino sin retorno en la defensa y promoción de los derechos humanos. Es así como desde el ´74 al ´76 fue secretaria ejecutiva de recepción para la delegación chilena a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer mundo. Mismo tiempo que dividió labores para dedicarse junto a otros seis abogados a conformar el equipo jurídico del Comité Pro Paz, y después Fabiola siguió su trabajo jurídico en la Vicaría de la Solidaridad hasta 1980.
A principio de la década de los ´80 fue co-fundadora del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), en donde fue presidenta y directora jurídica hasta 1998.
En 1980 también fue elegida dentro de la mesa directiva constituyente de la Asociación Latín Americana de Derechos Humanos. También desde ese tiempo ha sido integrante de la Asociación Americana de Juristas.
Dentro de sus diversos aportes ayudó en la creación de la Corte Penal Internacional y colaboró con el juez español, Baltazar Garzón para procesar a Augusto Pinochet.
Por todos estos hechos, más su lucha indeclinable, alzando la voz por la justicia es que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos le otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos a Fabiola Letelier.
Premio Nacional de DDHH 2018
En su misión de promover la plena vigencia de los derechos humanos de las personas en Chile, al INDH le corresponde entregar el Premio Nacional de los Derechos humanos –cada dos años- a quien/quienes se hayan destacado en la promoción de una memoria histórica sana y en la protección y defensa de los derechos humanos de quienes habitan en el territorio de Chile.
En sus tres versiones anteriores -2011, 2014 y 2016- fueron galardonados, respectivamente, Viviana Diaz, por su incansable defensa de los derechos fundamentales durante la dictadura, María Soledad Cisternas, por su férrea labor en pro de los derechos de las personas con discapacidad y el sacerdote jesuita, José Aldunate por su importante labor en la protección y denuncia no violenta de las violaciones a los derechos fundamentales durante la dictadura.
La ignomniosa propuesta de reparación de congresistas UDI
Último informe sobre actuar policial del INDH constata que persisten situaciones de violencia
En 2016 un 75% de las marchas observadas por el Instituto Nacional de Derechos (INDH) culminó con acciones represivas por parte de Carabineros de Chile; mismo año que se registró una disminución del uso de gases lacrimógenos de un 88 % en 2015 a un 62,5 % en 2016; también se vieron denuncias de golpes con resultado de lesiones y desnudamientos a personas detenidas; y el uso de armas no letales y letales en el contexto del conflicto del Estado y el pueblo mapuche.
Todo lo anterior, forma parte del Informe Programa de Derechos Humanos, Función Policial y Orden Público 2016, realizado por el INDH y que en su quinta edición da cuenta del seguimiento al actuar de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en el marco de manifestaciones sociales, de personas bajo custodia policial, de desalojos forzosos y de grupos vulnerables. Además de la respuesta estatal ante posibles casos de violaciones de derechos.
Respecto de este último punto el Instituto determinó las responsabilidades políticas del Estado en el actuar policial, concluyendo que faltan respuestas por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de algunas situaciones, por ejemplo un incumplimiento en la actualización de las cifras de controles preventivos de identidad efectuados trimestralmente (Ley Corta Antidelincuencia).
En la misma línea, se detectó una falta de sistematización de los datos entregados por parte de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, e incongruencias en informaciones solicitadas al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensoría Penal Pública.
Informe
Es así como el INDH constató que en las manifestaciones públicas hay una falta de focalización en el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Especiales, repercutiendo su actuación en algunas ocasiones en más del 50% de las personas asistentes. Asimismo, se observó que el 43% de las manifestaciones culminan con heridos.
Respecto de personas que se encuentran bajo la custodia policial se reveló una ausencia de constatación de lesiones de quienes son detenidos, privaciones de libertad arbitrarias, y malos tratos físicos y psicológicos.
Este mismo informe también da cuenta de la función policial y de su relación con grupos vulnerables, por ejemplo con el pueblo mapuche. En este ámbito informa sobre la existencia de numerosos casos de violencia cometidos en el contexto del conflicto del Estado con el pueblo mapuche que han afectado a comuneros/as y también a personal de Carabineros de Chile, y el uso de armas no letales y letales que ocasionaron daños en la integridad física y psíquica de las personas.
En relación con esto último, según el INDH, existe una ausencia de control interno en el uso de este armamento y en el cumplimiento de estándares internacionales que regulan esta materia.
En términos del trabajo de carabineros en el contexto de desalojo de personas, en algunos casos, como campamentos, se constató que sus protocolos resultan insuficientes para delimitar su accionar. En los prácticos el INDH dice que el uso de la fuerza aplicado no ha respetado los principios de necesidad y proporcionalidad en estas situaciones.
Casos emblemáticos
El estudio emitido por el Instituto aborda casos emblemáticos ocurridos en 2016, por ejemplo las agresiones que sufrieron dos funcionarias del INDH de la sede Antofagasta, que fueron detenidas arbitrariamente y agredidas por Carabineros cuando intentaban visitar a los/as detenidos/as luego de una marcha, función facultada por ley al INDH.
También el caso de una mujer embarazada que abortó a su hijo producto de la agresión por parte de una funcionaria de la 3ª Comisaría de Santiago; los manoseos de los que habrían sido víctimas alumnas del Liceo Manuel de Salas detenidas en una manifestación, y los desnudamientos que habrían sufrido otros jóvenes.
Comunicaciones
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Eliodoro Yáñez 832, Providencia, Santiago
(+56)2 28878800 – www.indh.cl
Lanzamiento libro: “Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en Chile hoy: las amenazas al agua, a la biodiversidad y a la protesta social”
En momentos en que en Chile se debaten propuestas de reforma legal y constitucional que atañen a los pueblos indígenas y a los derechos sobre recursos naturales y al medio ambiente, el Observatorio Ciudadano publicó el libro “Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en Chile hoy: las amenazas al agua, a la biodiversidad y a la protesta social”.
Seguir leyendoCHILE: A pesar de la absolución de Machi Linconao, Estado continúa aplicando Ley Antiterrorista de forma discriminatoria
París-Temuco-Ginebra, 13 de junio de 2018 – El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y la organización miembro de la FIDH y de la OMCT en Chile, el Observatorio Ciudadano, manifiestan su satisfacción por la segunda absolución de la Machi Francisca Linconao (autoridad espiritual tradicional del pueblo mapuche), reconocida defensora de derechos humanos del pueblo mapuche y de su territorio y de otros 7 comuneros. Sin embargo, las organizaciones manifiestan asimismo su preocupación por la condena bajo la ley antiterrorista de otros 3 comuneros Mapuche, 2 de ellos a prisión perpetua.
El Observatorio realizó dos misiones de observación judicial en este proceso y presentó sus conclusiones el 18 de octubre de 2017 y el 20 de abril de 2018, respectivamente. En ambos casos, se concluyó que el proceso adolecía de numerosas irregularidades, que debían llevar a la absolución de la Machi Linconao y de los comuneros mapuches.
En este ultimo juicio, el Observatorio observó con preocupación la salida abrupta de una de los tres jueces integrantes del Tribunal a pocos días de finalizar un proceso que la jueza había presenciado durante 2 meses. Conforme a lo manifestado por la jueza ante la Asociación Chilena de Seguridad, su salida se habría dado por haber sido objeto de presión indebida y acoso laboral por el Presidente del Tribunal, al parecer con la intención de condenar a los mapuches. Estos hechos serían un grave atentado contra la imparcialidad e independencia del poder judicial.
“La doble absolución de la Machi Linconao en este lamentable caso es una confirmación de lo observado durante los dos juicios: la Ley Antiterrorista es usada contra miembros del pueblo mapuche, sus líderes y defensores, como patrón para criminalizar, estigmatizar y amedrentar las reivindicaciones de esta comunidad a sus territorios ancestrales”, señalaron las organizaciones.
Tras la realización de dos juicios orales, en un proceso que ha durado más de dos años y en el cual la gran mayoría de los imputados pasaron más de un año en prisión preventiva, se absolvió de toda responsabilidad penal a la Machi Linconao y a siete personas más pertenecientes al pueblo mapuche, producto de su evidente inocencia y de la ausencia de toda prueba razonable presentada por el Ministerio Público y los querellantes particulares en su contra. Sin embargo, es lamentable que, en las mismas circunstancias, se haya declarado la culpabilidad de los otros tres imputados mapuche en este caso.
En efecto, la culpabilidad de los dirigentes mapuche José Tralcal y de Luis Tralcal, a quiénes se les condenó a presidio perpetuo simple[1] fue fundamentada en la sentencia del Tribunal Oral en las cuestionadas declaraciones de José Peralino, quien también fue condenado a 5 años en este juicio. Este imputado mapuche se retractó posteriormente de dichas declaraciones, alegando que fueron obtenidas bajo coacción y apremios ilegítimos y su incorporación al juicio adoleció de graves vicios formales (no fueron hechas ante su abogado, no se le leyeron sus derechos, y no hubo ningún tipo de registro), y fue precisamente por carecer de todo valor probatorio que habían sido desestimadas en el juicio anterior.
Resulta preocupante además, que el Tribunal Oral haya cambiado la calificación jurídica de los hechos que dieron lugar al juicio, la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay. Estos hechos lamentables habían sido calificados por las instancias judiciales que lo conocieron en los dos juicios previos – otro Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y la Corte Suprema- como delito común de incendio con resultado de muerte. Sin embargo, en esta ocasión fueron calificados como delito terrorista a pesar de que el delito terrorista supone la existencia de un elemento subjetivo, la intención de generar terror en la población, circunstancia que no fue acreditada en los primeros dos juicios.
Es necesario recordar que el Estado de Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber violado los derechos fundamentales garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos a ocho miembros del pueblo Mapuche, a causa de la utilización de la Ley Antiterrorista en su contra. En dicha sentencia la Corte concluyó que al aplicarla a integrantes del pueblo mapuche el Estado de Chile violó, entre otros derechos, la legalidad y presunción de inocencia, las garantías judiciales, y la libertad personal[2].
Los mapuches condenados como autores del delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista son José Tralcal Coche y Luis Sergio Tralcal Quidel, condenados a la pena de presidio perpetuo, así como el señor José Peralino Huinca, condenado a 5 años de prisión en libertad provisional. El resto de los acusados fueron absueltos: la defensora de derechos humanos la Machi Francisca Linconao Huircapan, José Arturo Cordova Tránsito, Juan Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef y Eliseo Catrilaf Romero.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para más información, por favor, contacten con:
- FIDH: Samuel Hanryon (Frances, Ingles): + 33 6 72 28 42 94 / José Carlos Thissen (Español): + 51 95 41 31 650
- OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 39
[1] En Chile, el presidio perpetuo simple es de 20 años, a partir de los cuales puede beneficiarse de la libertad condicional, y el presidio perpetuo calificado es de 40 años.
[2] El análisis de la Sentencia de la Corte está disponible aquí: https://www.fidh.org/es/region/americas/chile/15839-corte-interamericana-de-derechos-humanos-condena-a-chile-en-caso-mapuche
Comunidad Indígena Territorial de Belén rechaza exploraciones mineras en territorio ancestral
Su más rotundo rechazo manifestó la Comunidad Indígena territorial de Belén, comuna de Putre, Región Arica y Parinacota, Chile, frente la realización de exploraciones mineras en el sector de Millune y su entorno, por parte de la transnacional Río Tinto, empresa de capitales anglo australianos.
Situación que alertó a la organización territorial que en asamblea rechazó este tipo de intervención por el inminente daño socioambiental que provocaría la actividad minera en la precordillera, solicitando información formalmente sobre el proyecto a Río Tinto.
“La Comunidad Indígena territorial de Belén, como dueña, protectora y defensora de su territorio y patrimonio, cuidadosa y respetuosa de nuestra Pachamama (Madre Tierra) se opone firme e irrevocablemente al desarrollo de la industria minera en el territorio de Belén, la comunidad conoce el daño irreparable e invaluable que esta actividad económica provoca al medio ambiente, sus recursos naturales, al patrimonio y a la salud de las personas”, señala la comunidad en la carta enviada a la sede Chile de la transnacional minera.
Sin embargo, la empresa respondió sin entregar el proyecto, indicando que el Código Minero, al concesionario le permite “catar y cavar libremente en terrenos abiertos e incultos, cualquiera sea su dueño”. Añade en la misiva que se hallan en una etapa temprana de exploraciones, que implica perforar cuatro plataformas de sondajes.
Ante esta situación la comunidad de Belén se mantiene en alerta y no descartando nuevas acciones para conocer el detalle del proyecto que se despliega en su territorio ancestral.
Cabe destacar que Río Tinto posee el 30% de la propiedad de Escondida y lleva más de 20 años realizando exploraciones en Chile, con iniciativas como Palmani, Mamuta en la Región.
publicado en: http://programa-ayni.blogspot.com/2018/06/comunidad-indigena-territorial-de-belen.html
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Leyla Noriega Zegarra
- Periodista
- +56 983572636
- twitter: @leylanz – @AYNI2013
- http://www.programa-ayni.blogspot.com
Encabeza importante conversatorio sobre historiografía mapuche en el Museo de la Memoria
Bajo el nombre ‹‹La historia desde la mirada indígena›› el conversatorio busca dialogar en torno a una mirada historiográfica mapuche para la construcción de nuevas historias, que superan la lógica uninacional, eurocéntrica y racializadora que ha dominado el espectro de ideas durante más de 150 años. El encuentro será el miércoles 13 de junio a las 19:00 horas en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Matucana 501).
Los historiadores y cientistas sociales chilenos que han estudiado en los últimos años la historia mapuche han ido poniendo el acento en aspectos que vinculan al pueblo mapuche con las diferentes aristas de la historia chilena, occidental y republicana. En este sentido, la cosmovisión mapuche siempre fue quedando relegada a un segundo plano, como zonas grises.
Contraria a esta aproximación, se ha ido erigiendo y decantando una Historiografía Mapuche, como un sitial para el debate y la discusión, amplia, libre y fundada, que se aleja de los discursos anti indígenas y racistas arraigados en la cultura chilena desde lo escrito por Diego Barros Arana y su “Historia General”.
¿Cuál es el potencial de esta Historiografía? ¿Qué aporte concreto hace al estudio de la Historia en estas latitudes australes? El conversatorio organizado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos invita a develar alguna de estas respuestas a través de las ponencias de Claudio Alvarado Lincopi, miembro del Centro de Estudios e Investigación – Comunidad de Historia Mapuche; Fernando Pairican Padilla, director de Colección Pensamiento mapuche contemporáneo de Pehuén ediciones e investigador asociado al Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR); y Paula Gonzaléz, directora teatral que ha dirigido la premiada obra ‹‹Ñuke: una mirada íntima hacia la resistencia mapuche››, y que hoy prepara su nuevo trabajo llamado ‹‹Trewa››. Modera Pedro Canales Tapia, del Instituto de Estudios Avanzados de Universidad de Santiago de Chile.
La historiografía mapuche se ha constituido en una escritura que asume un compromiso claro y decidido con los proyectos de autonomía. Esta historiografía es parte de un proceso de eclosión de nuevos actores políticos visibilizados a partir de diversas rebeliones contra el modelo neoliberal que acecha y constriñe a comunidades indígenas y territorios.
Esta actividad es parte del ciclo de conversatorios ‹‹Memorias, justicia y derechos de los pueblos indígenas›› que organiza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como parte de su programación anual, la cual está dedicada a poner en valor las memorias indígenas, y en este caso particular, conmemorando los 10 años del asesinato de Matías Catrileo Quezada en la Araucanía.
Expositores:
- Claudio Alvarado Lincopi: Licenciado y Profesor en Historia y Ciencias Sociales. Magister en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata. Ha participado en diversas organizaciones políticas y educativas mapuche en Santiago. Es miembro del Centro de Estudios e Investigación – Comunidad de Historia Mapuche.
- Fernando Pairican Padilla: Doctor en Historia. Universidad de Santiago de Chile. Miembro de la Comunidad de Historia Mapuche. Director de Colección Pensamiento mapuche contemporáneo de Pehuén ediciones. Es investigador asociado a CIIR.
- Paula González: Estudió actuación teatral, es Magíster en Cine y ha trabajado como docente y directora teatral. Ha dirigido la premiada obra Ñuke y hoy prepara su nuevo trabajo, Trewa. Es parte del Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR).
Modera:
- Pedro Canales Tapia. Doctor. Académico e investigador. Instituto de Estudios Avanzados. Universidad de Santiago de Chile. Miembro del Grupo de Trabajo Kuifike.
Conversatorio Historiografía Mapuche
Fecha: miércoles 13 junio 2018.
Horario: 19:00 horas
Lugar: Auditorio Museo de la Memoria y los DDHH, Matucana 501
Gabriel Marín Figueroa
Periodista / Área de Comunicaciones
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos /// Matucana 501 Santiago
gmarin@museodelamemoria.cl (56) 225 979 609
Organizaciones manifiestan preocupación y exigen que el gobierno de a conocer su proyecto de Reforma al SEIA
Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de la institucionalidad ambiental y parlamentarios, agrupados en la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria (CSCP) llaman a la Ministra de Medio Ambiente a dar a conocer públicamente proyecto de reforma al SEIA y asegurar la participación ciudadana en el mismo.
Con preocupación ven ambientalistas, funcionarios y parlamentarios la noticia conocida a través de la prensa del proyecto que pretende dar una nueva forma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quienes durante los años previos han trabajado en una propuesta de mejora del mismo sistema, la cual fuera entregada a la anterior administración. Esta inquietud se ha profundizado ante la reciente modificación al interior del SEA que eliminó el Departamento de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena.
A juicio de los miembros de la CSCP, esta información debiera ser difundida a toda la comunidad, de manera de hacer un proceso transparente. En este sentido miran con preocupación los anuncios de que el proyecto sería enviado en las “próximas semanas” al Congreso. “Como comisión, coincidimos en el diagnóstico de que hay que hacer una profunda reformulación a este sistema y para eso nos autoconvocamos el año 2015 y trabajamos una propuesta bastante acabada. Nos gustaría hacer entrega de estos resultados a la Ministra Cubillos y ser parte activa de cualquier proceso que se proyecte en esta materia”, señaló el Director Ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa.
El anuncio y las alarmas se suman a las suspicacias que días antes se levantaron frente a la agenda pro inversión y las modificaciones que ella contempla para el SEIA, así como la propuesta del gobierno de crear la “Oficina de Proyectos Sustentables” la cual también fue informada sin dar antecedentes a la sociedad y actores involucrados. “Confiamos en que existe buena fe en hacer que el proceso de reforma del SEIA sea más transparente y participativo de lo que actualmente es, sin embargo, la forma a través de la cual nos hemos enterado de estos proyectos va en la dirección opuesta”, explicó Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable.
Los representantes de esta mesa harán llegar una solicitud a la autoridad nacional para que los reciba y explique los alcances de sus propuestas y las instancias que se abrirán para la participación ciudadana. “Lo importante es que el SEIA se convierta verdaderamente en un procedimiento que busque proteger el medio ambiente y no simplemente en hacer más fácil la ejecución de proyectos de inversión”, puntualiza Francisco Cabrera, Presidente de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, FENATRAMA.
A juicio de José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, «las reformas anunciadas en relación al SEIA, así como sobre la agenda pro inversión, en ningún caso pueden resultar en un detrimento a estándares ambientales y sociales ya establecidos en la ley nacional y en los tratados internacionales sobre la materia de los que Chile es parte. Esto además resultaría contradictorio con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, a los que Chile ha adherido, los que obligan al Estado a revisar y adecuar su legislación para que la actividad de empresas no resulte en la vulneración de estos derechos, entre ellos los derechos ambientales y de pueblos indígenas».
En esta misma dirección, la académica de Idea USACH, Gloria Baigorrotegui, señala “En los últimos años uno de los aprendizajes en temas ambientales imposible de obviar es aquel que reconoce el valor que la ciudadanía le viene otorgando al hecho de hacerse escuchar, de alzar su voz. Si agilizar procesos significa eliminar, reducir o simplificar canales comunicativos con la ciudadanía, se arriesgan no sólo malos resultados, sino hacer más débil y frágil la propia institucionalidad. Esto último, además, nos sitúa en una dirección contraria a la del cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el objetivo 16 de Naciones Unidas”.
Modificaciones al SEA
A esta preocupación se suma una reorganización administrativa en el SEA, ejecutada el 1 de junio y que eliminó el Departamento de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena, cuestión que preocupa transversalmente a organizaciones, parlamentarios y sindicatos, por ser una medida regresiva y que afecta la calidad de la evaluación ambiental, así como potencialmente podría aumentar los conflictos de los proyectos de inversión. “Esta decisión demuestra el doble discurso que tienen las actuales autoridades. Por un lado, dicen que fortalecen la Participación Ciudadana, pero por otro, la restringen a una gestión meramente administrativa, procedimental. Por ello, llamamos a la ciudadanía a defender este derecho para seguir profundizándolo y no a retrotraerlo, como pretende esta medida”, sentenció el dirigente de los trabajadores del Medio Ambiente.
Además, el proyecto del Ejecutivo implicaría la eliminación de las direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental; reemplazándolas por 3 macrozonas, cuya localización está determinada por la existencia de los Tribunales Ambientales, es decir regiones de Antofagasta, Metropolitana y de Los Ríos. Esto significaría quitarle a las regiones su función esencial de evaluación técnica con pertinencia local.
*Componen la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria para la reforma del SEIA:
FENATRAMA, FENATRAOS, ONG FIMA, Chile Sustentable, Observatorio Ciudadano, CODEFF, Ecosistemas, RADA, Alerta Isla Riesco, Corporación Costa Carrera, CODESA, Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Ética en los Bosques, Fundación Decide, Fundación Nahuelbuta, IEP, Más Antofagasta, MODEMA, Red Campus Sustentable, Gloria Baigorrotegui académica IDEA- USACH, Gabriel Boric, Cristina Girardi, Giorgio Jackson, Daniel Melo, Camila Vallejo, Alfonso de Urresti.