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Organizaciones de Derechos Humanos entregan carta donde piden renuncia de Director General de Carabineros
Reconstrucción del sayel en el sector Ruka Trewa en el Peweñentu, hoy conocido como Parque Nacional Villarrica
1.- El día domingo 10 de noviembre, como Kona Rüpü Mapu Lof hemos realizado la reconstrucción del sayel que existió hasta hace 40 años en el sector Ruka Trewa en el Peweñentu, hoy conocido como Parque Nacional Villarrica. Esta acción es una forma de ejercer nuestros derechos sobre este lugar, relativos al uso y al control territorial de este espacio de vital importancia espiritual para todas las comunidades y que además es el lugar de nacimiento de los cursos de agua que permiten la vida en todos los territorios que rodean el Tafu Pillan (también conocido como Ruka Pillan).
2.- Los sayel, son construcciones que desde tiempos inmemoriales nuestros Kuifikeche, (antepasados), han levantado en los peweñentu con el fin de tener un refugio durante los periodos de recolección del niliu (piñón). Generalmente los sayel se ubican junto a espacios de uso ceremonial y los de esta zona, al igual que los de otros puntos del peweñentu, fueron destruidos a mediados de la década de 1980, por acción del Estado chileno y directamente por CONAF, como forma de borrar los vestigios de uso ancestral de las comunidades de este espacio. Desde esos tiempos, con diversas acciones han buscando restringir el acceso a este lugar donde se han realizado prácticas culturales propias de nuestro pueblo. Hoy, a 4 décadas de esta destrucción, volvemos a reconstruirlo y a levantar nuestro newen para continuar la defensa del territorio.
3.-En la actualidad el calentamiento global y el crítico cambio climático producido por el modelo cultural de occidente, sumado a la irrupción de sus proyectos extractivistas y colonizadores, están destruyendo nuestro territorio, afectando de manera irreversible el espacio del Pewñentu ka Ruka Pillan (nombrado por el Estado como Parque Nacional Villarrica). Para nosotros, este lugar es nuestro ancestral sustento espiritual, cultural y medicinal. Además, cabe señalar que es parte de la Reserva Mundial de la Biósfera, declarada por la UNESCO en 2007 y hoy pretenden intervenirlo y transformarlo en un polo de desarrollo turístico, incentivando la lógica invasiva de visitantes, fenómeno que inminentemente traerá la pérdida del Itrofill Moguen (biodiversidad desde lo mapunche), afectando esta fuente de vida y, por tanto, a todos los que habitan en el territorio aledaño.
4.-Hoy continuamos fortaleciendo nuestros espacios y levantando acciones en defensa de nuestro territorio. Por ello rechazamos la licitación que impulsa CONAF-ARAUCANÍA para intervenir con infraestructuras, acto que se realizó sin consulta a las comunidades como lo establece el Convenio 169, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la gobernanza de sus espacios de uso ancestral.
Continuaremos de diversas formas, en articulación con las comunidades del Inaltu Pillañ (Alrededor del Pillañ) en la defensa y resguardo del Pewñentu ka Ruka Pillan, entendiendo que nuestra lucha es, en lo fundamental, espiritual. Amulepe taiñ weichan.
KONA RÜPÜ MAPU LOF
Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos entrega resultados y recomendaciones preliminares
La misión de Observadores Internacionales de Derechos Humanos ha visitado Chile del día 6 al 11 de noviembre de 2019, en el marco de las protestas ocurridas a partir del 18 de octubre recién pasado. En primer lugar, queremos agradecer a las distintas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Chile que han convocado y organizado esta visita para conocer el contexto político de la protesta social y documentar las graves denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos. A su vez, agradecemos también a las distintas autoridades del Estado Chileno que nos han recibido y entregado información sobre las distintas afectaciones.
Hemos visitado las ciudades de Santiago, Valparaíso y Temuco, para reunirnos con organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, grupos y colectivos que se han organizado en respuesta a las manifestaciones, víctimas e instituciones estatales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Nacional, la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y la Corte Suprema.
El objetivo de este informe preliminar es dar a conocer los principales hallazgos y recomendaciones urgentes identificados por la misión, en base a los testimonios de víctimas y testigos e información aportada por organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas. Por testimonios y por observación de primera mano, vemos que las fuerzas de seguridad utilizan los elementos de disuasión de forma descontrolada, no gradual e indiscriminada.
El protocolo aprobado en marzo de 2019 reguló algunas condiciones que establecen cuándo se pueden utilizar los distintos elementos de fuerza con los que cuenta Carabineros de Chile. Sin embargo, en la práctica, los principios de ultima ratio, proporcionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza están completamente ausentes en el accionar de la fuerza policial y de seguridad.
La Misión está especialmente preocupada por la forma en que se está haciendo uso de armas menos letales por parte de Carabineros, con la intención de herir y castigar a los manifestantes y sin dar cumplimiento a normas mínimas de gradualidad y proporcionalidad.
Como es de público conocimiento, más de 200 personas han sido víctimas de trauma ocular severo quedando en condiciones de discapacidad visual de por vida.
Por los testimonios que hemos recibido, por nuestra observación directa en las manifestaciones, así como por el registro audiovisual que han realizado los medios de comunicación, no hay dudas de que Carabineros utiliza las escopetas antidisturbios sin apego al protocolo hoy vigente, que solo lo permite como último recurso para proteger la integridad física de terceros o las fuerzas de orden público.
Además de que no se cumple con este protocolo, que dice cuándo se puede disparar, más preocupante todavía es la forma y el cómo están disparando. Carabineros no está apuntando en ángulo hacía las piernas. Carabineros está apuntando de forma horizontal, a la cabeza y torso de los manifestantes, lo que no cumple con ninguna norma del uso racional de la fuerza.
Lo anunciado el día de ayer 10 de noviembre 2019 por Carabineros no solo es insuficiente para terminar con la práctica verificada en estas últimas semanas, en tanto no establece reglas claras que prohíban disparar de forma horizontal y al torso, sino que además, agrava la situación y le concede más facultades a las fuerzas del orden público para agredir y herir a los manifestantes.
El protocolo aprobado en marzo de 2019 solo lo permite como último recurso para resguardar la integridad física de Carabineros y terceros. Solo la integridad física. En su comunicado, Carabineros anunció que estas armas se utilizarán cuando exista riesgo de vida de carabineros o civiles, pero agregó también que están serán utilizadas ante una “amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados”.
Permitir la utilización de armas menos letales que tienen gravísimas consecuencias en la vida e integridad física de las personas, para proteger la propiedad pública y privada, es un retroceso respecto de las reglas vigentes y no se ajusta a las normas internacionales de uso racional de la fuerza.
En general, durante las manifestaciones la fuerza pública utiliza los gases lacrimógenos, carros lanza-aguas y escopetas antidisturbios no para repeler un ataque o dispersar una manifestación violenta, sino directamente para aleccionar y castigar a los manifestantes. En el contexto de las manifestaciones masivas, las detenciones realizadas por Carabineros han sido completamente indiscriminadas, deteniendo a personas que se encuentran expresándose pacíficamente y no necesariamente a quienes realizan actos de violencia. En muchas ocasiones, las detenciones ocurren luego de finalizadas las protestas y mediante persecuciones por las calles a la gente que está volviendo a sus casas.
Hemos verificado que las detenciones posteriores a las manifestaciones no cuentan con las salvaguardas necesarias para asegurar la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad. De igual forma, no se aseguran las condiciones mínimas para que las personas heridas puedan constatar lesiones de manera confidencial con el personal médico, ni que se apliquen los protocolos internacionales para detectar casos de tortura y malos tratos.
Además, las personas detenidas no tienen acceso a una asesoría legal en las primeras horas de la detención. En muchos de los casos, la Defensoría Penal Pública no toma contacto con los detenidos sino hasta la audiencia de control al día siguiente de su detención.
Al mismo tiempo, los fiscales, no se apersonan en las comisarías y no realizan control alguno de las condiciones de legalidad de la detención, ni si los funcionarios de Carabineros han atentado contra los derechos y la integralidad de las personas.
A todo esto, se suman aquellas personas que son retenidas o conducidas por las fuerzas de seguridad, privadas de su libertad temporalmente, sin que luego se formalice su detención.
Estas salvaguardas mínimas están destinadas a evitar que en las primeras horas de la detención las personas privadas de su libertad sean sometidas a malos tratos o torturas, como ha ocurrido extendidamente estas últimas semanas.
De las reuniones con las organizaciones y autoridades públicas, así como de los testimonios directos que hemos escuchado, al momento de la detención, durante el traslado en el furgón policial y en la comisaría, se han verificado malos tratos y gravísimos casos de tortura.
Se recibieron numerosos testimonios y coincidentes de diferentes tipos de torturas ocurridas en la detención, durante los traslados, y en la misma comisaría. Las torturas descritas han ido desde golpes con mano abierta y/o luma, rodillazos o puntapiés, en algunos casos por varios agentes, distintas formas de neutralización física e incluso ahorcamientos que en algunos casos han derivado en pérdida de conciencia. Muchas de éstas realizadas con posterioridad a la constatación de lesiones. En otros casos uso prolongado de esposas en diversas posiciones, torsiones de extremidades superiores, y uso de gas irritante, privación de agua y comida, y exposición a temperaturas frías con muchos de los detenidos llegando mojados sin posibilidad de cambiarse de ropa. Merecen especial atención aquellas relacionadas con violencia sexual, como los desnudamientos prolongados acompañados de la realización de sentadillas, o violación sexual realizada con objetos como armas o lumas, infringidas a hombres, mujeres e incluso menores. Por otro lado, se han descrito diversas formas de tortura psicológica, principalmente derivadas de amenazas de muerte, amenazas de violación sexual grupal, o de agresión física a familiares. Estas amenazas se han realizado también con el objetivo de disuadir a los detenidos de que realicen denuncias posteriormente. Incluso se han recibido declaraciones de hostigamiento posterior de las fuerzas policiales hacia las víctimas.
Vale decir que la mayoría de las cifras que se presentan desde las autoridades se basan en casos de denuncias formalizadas de alguna forma para el inicio de un proceso penal, por lo que existe un subregistro en las cifras que se han conocido, que no dan cuenta de la totalidad de los casos de afectación.
Recibimos una gran cantidad de testimonios de personas víctimas de violencia que no realizaron denuncias. En muchos casos por temor a represalias, por hostigamientos posteriores a la detención, principalmente en Temuco y Valparaíso, y en otros muchos casos por descreimiento de que la denuncias tenga algún efecto concreto.
Las acciones desplegadas por el gobierno no han apuntado a desescalar el conflicto y terminar con las prácticas recurrentes de torturas y malos tratos que se han verificado a lo largo del país en el marco de la protesta social de las últimas semanas.
Entre los diferentes testimonios recibidos merece especial atención la afectación a grupos vulnerables, como menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas migrantes y miembros de la comunidad LGTBIQ+I. A pesar de que las acciones se han realizado de forma indiscriminada, hemos podido constatar amenazas de deportación a los migrantes, de violación, de muerte, así como insultos homofóbicos, racistas y misóginos. Merece asimismo una particular atención la afectación masiva a menores de edad que no han sido protegidos por ninguna de las salvaguardas específicas que deben a proteger a estos grupos.
Al entrevistarnos con comunidades Mapuche y habiendo recibido informes de la sociedad civil, identificamos patrones de represión y criminalización de sus actividades que ahora son aplicadas a la sociedad chilena en su conjunto en el marco de las manifestaciones actuales. Contamos con información sólida y consistente sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de miembros del pueblo mapuche al momento de su detención de parte (no exclusivamente) de Grupos de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros. Se revictimiza a las familias mapuche que han sufrido torturas, amedrentamientos, incluso aquellas que fueron heridas de forma irreparable o tienen familiares fallecidos en contextos poco claros, al estar ahora constantemente oyendo tiros, helicópteros y vivenciando situaciones que retraumatizan.
RECOMENDACIONES
- Inmediata desmilitarización de la gestión de las protestas y manifestaciones, priorizando canales de mediación y uso de medidas no violentas, aplicando los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hasta que una evaluación independiente no revise los protocolos de actuación a la luz de las generalizadas afectaciones de derechos producidas, debe suspenderse la utilización de armas de fuego (escopetas) y dejar de utilizarse equipamiento «menos que letal» (gas lacrimógeno, gas pimienta, camiones hidrantes – carro lanza aguas) de manera generalizada y con el objetivo ilegal de producir daños en las personas.
- Durante y después de las manifestaciones, se recomienda que se realicen inspecciones no anunciadas a los lugares de detención administrados por Carabineros, Policía de Investigaciones y a los Centros de Justicia por parte de la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Nacional, el Poder Judicial y el Instituto de Derechos Humanos – INDH. Estas inspecciones deben incluir entrevistas confidenciales con las personas privadas de libertad con el fin de detectar situaciones de torturas y malos tratos, asistir a las víctimas, brindarles adecuada protección contra represalias, investigar los hechos detectados y sancionarlos administrativa y penalmente.
- Se recomienda que todas las personas privadas de libertad accedan sistemáticamente a un control médico de constatación de lesiones en instituciones de salud pública, que este ocurra con la privacidad que corresponde, y que el acta de salud sea completada por personal de salud. También recomienda que se protocolice el accionar médico, con especial énfasis en la detección proactiva de lesiones, conforme al Protocolo de Estambul, que se deje expresa constancia de la conformidad del detenido-paciente, y que el reporte, atendiendo a la confidencialidad, se entregue en sobre cerrado dirigido al juez de garantía. Asimismo, se insta al sistema de salud a llevar un registro de detección de lesiones compatibles con torturas y malos tratos y de alegaciones recibidas por parte de las personas privadas de libertad examinadas.
- Se recomienda que el Estado chileno brinde todas las facilidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para realizar su visita in loco en el país.
- Se recomienda que durante y luego de las manifestaciones se garantice que los periodistas, observadores de derechos humanos y el personal y voluntarios de atención a la salud puedan realizar sus tareas de manera adecuada y cesen las agresiones y detenciones contra los mismos.
- Se recomienda llevar a cabo una investigación por parte de un organismo independiente sobre las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo y la adopción de medidas inmediatas disciplinarias/penales en casos en los que hay funcionarios públicos identificados en conductas irregulares que vulneran derechos humanos, y en particular el derecho a la vida e integridad personal.
- Se recomienda fortalecer el trabajo del INDH a nivel nacional garantizando que no existan obstáculos para el desarrollo pleno de sus funciones, en lo particular en el control de la situación de privación de libertad durante las primeras horas de detención y en la protección contra la tortura y los malos tratos.
- Se recomienda al Estado de Chile y al INDH que concrete la efectiva puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Asimismo, que se asegure las condiciones para que las organizaciones de la sociedad civil puedan cumplir efectivamente y libremente su rol de protección de los derechos humanos, dando entrega de la documentación, registros y contacto con las personas privadas de libertad.
- Constatando que la protesta social experimentada en Chile en las últimas semanas tiene como fundamento central la demanda en derechos humanos, incluyendo el derecho de libre-determinación, instamos a los poderes del Estado chileno a buscar caminos para el reconocimiento jurídico-político de éstos como forma de garantizar su ejercicio pleno por parte de todas las personas que habitan este territorio y por parte de la ciudadanía.
Ex consejeras y consejeros del INDH manifiestan preocupación en carta abierta
Nos dirigimos a la opinión pública en nuestra calidad de ex consejer@s del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el complejo contexto de derechos humanos que vive el país.
Las masivas protestas sociales que se han verificado a lo largo del país y se han prolongado ya por más de tres semanas han visibilizado las profundas fracturas existentes en la sociedad chilena, así como los enormes desafíos que Chile tiene en materia de derechos humanos.
En efecto, constatamos que las protestas sociales, con sus expresiones pacíficas y también manifestaciones de violencia, son expresión del malestar y cansancio de la población frente a las múltiples situaciones de injusticia, inequidad y marginación existentes en el país por largo tiempo. Ellas han develado los profundos déficit que nuestro país tiene en materia de derechos humanos. Por otro lado, también constatamos que la respuesta del Estado a dichas protestas, la que ha incluido la declaración del estado de emergencia, toque de queda, la salida de los militares a la calles, el uso abusivo de la fuerza pública, que ha resultado a la fecha en más de 20 muertes, miles de detenidos, incluyendo a niños y niñas, centenares de heridos, en hechos muchas veces constitutivos de tortura, ha sido de una violencia inusitada, la que no observábamos desde la dictadura cívico militar de décadas pasadas.
Muchos de los déficit que el país tiene en materia de derechos humanos, sin embargo, venían siendo identificados y representados por el INDH, como institución nacional de derechos humanos encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en Chile, a los distintos órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto. Así, desde su creación, hace ya casi una década, sus informes señalaban que estos déficit no solo estaban determinados por la lentitud en el establecimiento de la verdad, la realización de justicia y reparación frente a las graves violaciones de derechos humanos del pasado, sino también estaban relacionados con la persistencia de un marco jurídico institucional constitucional y legal que no reconoce ni protege adecuadamente estos derechos. Ello incluyendo en materias tan importantes como el derecho de participación política, el derecho a la manifestación pacífica, y en particular en lo referido a los derechos económicos sociales y culturales de la población. También en lo referido a los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas que habitan en Chile y sus integrantes, así como de sectores vulnerables como los niños y niñas, adultos mayores y migrantes, entre otros.
Es en el complejo contexto que vivimos que consideramos que al INDH le cabe un doble rol. Por una parte debe proteger y defender los derechos de las personas en toda circunstancia, y en particular, cuando los derechos más elementales, como la vida y la integridad física y síquica, se ven vulnerados por el Estado y sus agentes. Valoramos enormemente en este sentido la labor que han desempeñado los equipos de trabajo del INDH a lo largo del país en las últimas semanas permitiendo la identificación y prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social, así como desarrollando acciones administrativas y legales para la defensa y protección de estos derechos, en particular frente a la actuación abusiva de agentes del Estado.
No podemos dejar de manifestar, sin embargo, nuestra molestia y preocupación frente a las afirmaciones de Sergio Micco como director institucional, quien en relación al actuar de las fuerzas armadas y de orden y seguridad en el contexto de la protesta social, negó que estemos en presencia de violación sistemática de derechos humanos, agregando que quien afirme lo contrario debe probarlo.
Dichas declaraciones resultan contradictorias no solo con el análisis del derecho internacional de los derechos humanos aplicable a este tipo de situaciones, sino también con las cifras de hechos represivos imputables a agentes del Estado que han afectado los derechos de las personas que el propio INDH ha visibilizado desde los inicios de la protesta social al momento, las que dan cuenta de su carácter masivo y sistemático.
No obstante las aclaraciones que el director Sergio Micco formulara a sus dichos con posterioridad reconociendo que estamos frente a violaciones graves de derechos humanos y que no se puede descartar su sistematicidad, sus declaraciones iniciales nos resultan enormemente preocupantes, toda vez que minimizan la gravedad de las violaciones de derechos humanos que estamos viviendo, así como la responsabilidad que en ellas cabe a las autoridades de gobierno de las que dependen las fuerzas armadas y de orden y seguridad que las han perpetrado. Dichas declaraciones, además, debilitan el valioso trabajo que los equipos del INDH a lo largo del país viene realizando, desacreditándolo y poniéndoles en peligro, en particular teniendo presente que algunos de ellos ya han sido también víctimas del actuar abusivo y represivo de los agentes del Estado.
Junto a ello queremos llamar la atención sobre lo que consideramos constituye una grave omisión del INDH y de su dirección en el complejo contexto que hoy vive el país al no desempeñar un rol que vaya más allá de la mera denuncia de las violaciones de derechos humanos, y al no asumir un rol de promotor de las transformaciones institucionales que sus propios informes identificaron como indispensables para una vigencia plena de los derechos humanos en el país y que hoy la población demanda con urgencia.
Nos referimos al rol que consideramos el INDH debería desarrollar en la activa promoción de un dialogo para avanzar hacia un pacto social para la construcción de una nueva institucionalidad basada en derechos humanos, y expresado en una nueva constitución, como es hoy demandada por una enorme mayoría de la población. Igualmente relevante es a nuestro entender el rol que el INDH debería impulsar en la promoción de un debate que permita identificar mecanismos que sean acordes con los derechos humanos para materializar las transformaciones institucionales antes referidas. Tal tarea, que es consustancial a una institución de derechos humanos, resulta aún más necesaria teniendo presente la evidente pérdida de credibilidad y de confianza de la población en las instituciones del Estado y de los partidos políticos.
Es por ello que llamamos al INDH y a su dirección a fortalecer el trabajo de identificación y prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social, así como a seguir desarrollando acciones administrativas y legales que sean necesarias para la protección y defensa de estos derechos frente a la actuación abusiva de agentes del Estado en el contexto de la protesta social.
De la misma manera llamamos al INDH y a su dirección a jugar un rol activo en la promoción de un dialogo para avanzar hacia la construcción de un pacto social e institucional basado en derechos humanos que resulta fundamental para lograr la superación de la situación de enfrentamiento que hoy vivimos y lograr una convivencia más justa, democrática y respetuosa de tod@s.
Solo así recobrara el prestigio que ha logrado como institución pública autónoma de promoción y defensa de derechos humanos tras casi una década de funcionamiento.
- José Aylwin
- Carolina Carrera
- Lorena Fries
- Roberto Garretón
- Claudio González
- Enrique Núñez
La mission d’observation internationale (« Misión Internacional de Observación » – MIO) initie la planification de réunions afin de rassembler des informations sur les graves violations des droits de l’homme durant des mobilisations
Ils mettent en évidence que les faits dénoncés au Chili révèlent une prévalence élevée de non-respect des engagements internationaux de l’État dans le cadre de la protestation sociale et que la violation des droits de l’homme risque de se reproduire.
- Ils lancent également un appel au gouvernement de Sebastián Piñera à chercher un moyen de sortir du conflit avec responsabilité.
Santiago, le 6 novembre 2019.- Au cours de la matinée, les travaux de la Mission internationale d’observation sur la situation des droits de l’homme au Chili ont débuté dans le contexte des mobilisations sociales organisées après le 18 octobre.
Dès les premières heures de la matinée, la réunion des observateurs internationaux qui composent la mission avec des représentants de l’Institut national des droits de l’homme, et plus tard dans l’après-midi, avec des organisations sociales, des droits de l’homme, la défense juridique, des associations professionnelles et des groupes de vérification sur le terrain de ces violations, se sont rassemblés afin de recueillir des enregistrements directs et des témoignages de ces plaintes graves.
La mission, composée de dix observateurs d’organisations et de ligues internationales reconnues, a également organisé à mi-journée une conférence pour rendre compte de ses objectifs, de sa méthodologie et de son organisation ; en soulignant « qu’il s’agit d’une mission historique, à un moment très particulier d’exigence des droits et de mobilisations sociales au Chili, et nous pourrions ajouter, de répression de la contestation sociale dans différents pays d’Amérique latine. Elle gère les capacités et l’expérience d’organisations dotées d’une grande compétence en matière de vérification des violations des droits de l’homme, qui peuvent être reproduites dans ces contextes régionaux », a déclaré Paulina Acevedo, coordinatrice du programme Citoyenneté et Interculturel de l’Observatoire, évoquant les particularités de la Mission.
Par ailleurs, Lorena Fries, avocate et présidente de «Corporación Humanas», a averti que la force et les actes avec lesquels les droits de l’Homme ont été violés sont connus du public.
« Nous sommes très préoccupés par la situation des femmes et des filles qui, tout au long de ce processus, ont traversé toutes les phases de répression. Elles ont été arrêtées, victimes de blessures, de violences, d’agressions sexuelles, et même de viols dont les organismes officiels n’ont pas forcément pris connaissance au stade actuel.
Pour les organisations chiliennes, il est de la plus haute importance que les violations graves des droits de l’Homme transcendent les médias.
Dans un contexte démocratique, nous craignons que de telles pratiques aussi répressives ne se répètent : « Les citoyens ont le droit légitime de se mobiliser, et ce d’autant plus, pour des raisons liées aux droits de l’Homme », souligne Fries.
Il ajoute que les problèmes à la base de la mobilisation sont liés au manque de garanties en matière de droits sociaux qui ne sont pas reconnus, qu’ils sont soumis au marché économique et que cela a provoqué une inégalité structurelle. Cela a généré le malaise des citoyens qui par conséquence s’exprime dans les rues, prévient le président de » Corporación Humanas »
Enrique Font, représentant de l’Organisation Mondiale contre la Torture, souligne que, concernant la situation au Chili et les informations reçues, ils constatent de nombreuses continuités par rapport à ce qui se commençait à se passer.
« Si l’ampleur de la protestation et l’ampleur de la violation des droits de l’homme la rendent significative, cela nous montre que ce n’est pas nouveau. Cela repose plutôt sur des situations qui se produisaient déjà ».
Il a rappelé que le Comité des Nations Unies contre la torture avait déjà souligné en 2018 la militarisation des conflits, le recours abusif à la force et aux armes à feu et le recours à la violence sexuelle comme forme de torture au Chili.
L’un des mandats que nous avons en matière de droits de l’Homme n’est pas seulement que les victimes soient sanctionnées et assistées, mais qu’elles ne se répètent pas.
«C’est une occasion de montrer ce qui commençait déjà à passé au Chili », a déclaré Font.
À ce scénario de violation des droits s’ajoute le manque de clarté ou d’accès à l’information et une série d’actions discutables dans le cadre des droits de l’homme.
La Mission d’observation internationale est composée de: Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Front Line Defenders, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), Liga Argentina por los Derechos del Hombre – FIDH, Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL, Canadá), Artículo 19 (Brasil);
* La conférence a été diObservateurs Internationaux
Christina Ayala. Responsable de l’Éducation Publique du Comité des Droits de l’Homme en Amérique Latine Canada (CDHAL), une organisation montréalaise fondée en 1976 qui œuvre à la promotion et à la diffusion de la situation des droits de la personne en Amérique latine. Membre du groupe des politiques américaines (APG), un réseau d’organisations canadiennes œuvrant dans les Amériques, et à l’Association québécoise des organisations de coopération internationale (AQOCI).
Christine Keith. Coordonnateur international de l’Alliance mondiale des solutions de remplacement contre l’incinération (GAIA) et son directeur exécutif aux États-Unis. Gaia est un réseau mondial d’organisations composé de plus de 800 groupes de base, d’organisations non-gouvernementales GAIA. Christine a 25 ans d’expérience dans le travail avec des organisations internationales des droits de l’homme, de la santé et de la justice environnementale.
Enrique Font. Professeur par intérim de criminologie et de politique criminelle à l’Université nationale de Rosario. Membre de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT). Il était membre du Sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies. Il est membre du Comité national pour la prévention de la torture du Mécanisme national de prévention en Argentine.
Andrés López Cabello.
Avocat au sein du domaine du contentieux et de la défense juridique du Centre d’Étude Juridiques et sociales (CELS), une organisation de défense des droits de l’homme créée en 1979 en Argentine. Le CELS recourt aux mécanismes universels et régionaux de protection des Droits de l’Homme participant aux discussions internationales dans une perspective latino-américaine.
Ivi Oliveira. Coordinatrice de la protection pour les Amériques de «Front Line Defenders», où elle est chargée de maintenir et de développer des contacts en matière de défense des droits de l’homme à travers les Amériques, apportant une réponse rapide aux cas de droits de l’homme en danger, effectuant des recherches et des missions, des enquêtes sur les menaces et les attaques. Ils font face, fournissant des analyses et produisant du matériel pertinent pour agir dans leur soutien.
Yaizha Campanario Baque. Responsable des politiques publiques et des droits des peuples autochtones au Perou «EQUIDAD», travaille dans le domaine de la recherche, de la formation et du plaidoyer auprès des communautés et organisations autochtones de l’Amazonie péruvienne. Réalisation de recherches sur : les politiques publiques et les droits des peuples autochtones, les impacts sur ces droits des activités des sociétés extractives, les incidences sur le système international des droits de l’Homme. Participe à la mission d’observation au nom du groupe de travail international des peuples autochtones. (IWGIA)
Denise Dora. Directrice générale, Article 19 Brésil
Camila Marques. Avocate et coordinatrice du Centre de référence légal (CRL), article 19, Brésil.
Miriam Elizabeth Liempe. Secrétariat des relations avec les peuples originaires du CTA – Autonome (Argentine)
Ayelen Beigbeder. Membre de la Ligue argentine des droits de l’homme. Participe à la mission d’observation au nom de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme. (FIDH)
Norita Cortiñas. Psychologue, activiste et défenseur des droits de l’Homme en Argentine, cofondatrice de Mères de la Plaza de Mayo (Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora).
Felipe Gutiérrez Ríos. Journaliste, représentant de l’observatoire «Petrolero Sur».ffusée en streaming et peut être visionnée ici: https://www.facebook.com/observatoriociudadanochile/videos/2490005154654835/
International Observation Mission starts agenda to gather information on serious human rights violations in the context of social mobilizations
- It was noted that denounced issues in Chile are proof of prevailing unfulfillment of the State on international agreements in the context of social protests. There is the risk of right violations repeating.
- Moreover, Sebastián Piñera’s government was called out to responsiby look for a solution to the conflict
Santiago November 6, 2019.- The International Observation Mission work started this morning, regarding Chile’s human rights situation in the context of social protests that started on October 18. A meeting between the international observers and representatives of the National Institute of Human Rights was the first activity in the morning. Later, the Mission held a conference with social organizations -working on human rights and legal defense, as well as professional unions and national observer groups- in order to directly gather information and testimonies of these severe denounces.
Moreover, the Mission formed by 10 observers of different organizations and renown international federations carried out a press conference at noon to explain the objectives, methodology and agenda. About the pecularities of this Mission, Paulina Acevedo, Coordinator of Citizenry and Interculturality Program of Observatorio Ciudadano, says «It is about a historical mission in a really particular moment in terms of human rights demand and social protest in Chile. We can point out repression in social protest in different countries of Latin America, as it articulates capacities and experiences of organization with great competence on human rights violation verification that can happen in these regional contexts.»
Lorena Fries, lawyer and President of Corporación Humanas, notes that actions and the extent of human rights violations are publicly know in the country. “We are very concerned about the situation of women and girls. During all this process they have gone through the different stages of repression, being detained, injured, being victims of sexual violence and even raped. These situations have not necessarily been reported to official State bodies.”
For Chilean organizations, it is of utmost importance that the severe human rights violations reach media. In a context of democracy, we are concerned that such repressive practices will occur again, “citizens have the legitimate right to mobilize, even more for human rights issues” says Fries.
Corporación Humanas’ president notes that main demands of this revolt have to do with the lack of granted social rights that are not recognized. Instead, these rights are given to the market, generating structural inequalities and, consequently, provoking discomfort among people and demonstrations on the streets.
Enrique Font, representative of the World Organisation Against Torture, points out that, regarding the situation in Chile and the received information, there is a continuity of situations that had happened before. “Although the extent of the protests and violation of human rights makes this situation unprecedented, it shows us that this is not new. It rather relies on circumstances that had been happening.»
He recalled that the United Nations Committee against Torture had already emphasized in 2018 the militarization of conflicts, the abusive use of force and firearms and the use of sexual violence as a form of torture in Chile.
One of the mandates of human rights establishes the need of assistance to victims and sanctions, as well as granting that human right violations will not repeat. «This is an opportunity to show what I already saw happening in Chile,» says Font.
To this scenario, the lack of transparency or access to information and a series of questionable actions in regard of human rights must be added.
The International Observation Mission is formed by: the World Organisation Against Torture (OMCT), Front Line Defenders, the Center for Legal and Social Studies (CELS, Argentina), the Argentine League for the Rights of Man – FIDH, the Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL, Canada), Artículo 19 (Brazil); CTA- Autónoma (Argentina), Plaza de Mayo Mothers -Founding Line, and Peru Equity.
* The press conference was broadcast via Facebook streaming. Check it out here: https://www.facebook.com/observatoriociudadanochile/videos/2490005154654835/
International Observers
Christina Ayala. responsible of the Audience Education at the Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL, Canada). This organization was created in 1976 in Montreal and it focuses on the promotion and diffusion of human rights status in Latin America. It belongs to the America Policy Group (APG), a network of Canadian organizations that work on the Americas, as well as in Québec Association of International Cooperation Organizations (AQOCI).
Christine Keith. International Coordinator of the Global Alliance of Alternatives against Incineration (GAIA) and its Executive Director in the United States. GAIA is a global network of organizations with over 800 grassroots groups, non-governmental organizations GAIA. Christine has 25 years of experience working with international organizations on human rights, health and environmental justice.
Enrique Font. Lawyer and Criminologist. Senior Professor of Criminology and Criminal Policy at Universidad Nacional de Rosario. Member of the World Organisation against Torture (OMCT). Font was part of the Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the United Nations. He is Commissioner in the National Committee for the Prevention of Torture of the National Prevention Mechanism, Argentina.
Andrés López Cabello. Litigation and legal defense lawyer at Center of Legal and Social Studies (CELS), a human rights organization created in 1979 in Argentina. CELS resorts to universal and regional human rights protection mechanisms participating in international discussions from a Latin American perspective.
Ivi Oliveira. Coordinator of Protection for the Americas at Front Line Defenders. Oliveira is responsible for maintaining and developing networks of human rights defenders all along the Americas, delivering quick responses in cases of human rights in risk, carrying out research missions on threats and attacks. This is accomplished by analyzing and producing important resources to take actions.
Yaizha Campanario Baque. Head of Public Policies and Rights of Indigenous Peoples in Perú EQUIDAD. Campanario works on research, training and advocacy with indigenous communities and organizations in the Peruvian Amazon. Moreover, Campanario focuses on workshop development and researching on topics such as public policies, indigenous people rights and the impact on extractive market on them, and influence on the International System of Human Rights. She is part of the observation mission on behalf of the International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
Denise Dora. Executive director, Article 19 Brazil.
Camila Marques. Lawyer and Coordinator of the Legal Reference Center, Article 19, Brazil.
Miriam Elizabeth Liempe. Secretariat of Relations with Indigenous People at CTA- Autonomous (Argentina)
Ayelen Beigbeder. Member of the Argentine League for the Rights of Man, Beigbeder is part of the mission on behalf of the International Federation of Human Rights (FIDH)
Norita Cortiñas. Mothers of Plaza de Mayo – Founding Line. Psychologist, activist and defender of human rights in Argentina, co-founder of the Plaza de Mayo Mothers.
Felipe Gutiérrez Ríos. Journalist, representative of Observatorio Petrolero Sur. Journalist.
Misión Internacional de Derechos Humanos se reunió en Temuco
Misión Internacional de Observación inicia agenda de reuniones para recabar antecedentes sobre graves violaciones a derechos humanos en contexto de movilizaciones
- Destacan que los hechos denunciados en Chile evidencian una prevalencia del incumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en el marco de la protesta social y se corre el riesgo que la vulneración de derechos se repita.
- Asimismo, hacen un llamado al gobierno de Sebastián Piñera a buscar una salida al conflicto con responsabilidad.
Santiago 06 de noviembre de 2019.- Durante esta mañana comenzó el trabajo de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de Derechos Humanos en Chile en el contexto de las movilizaciones sociales posteriores al 18 de octubre. A primera hora de la mañana, con la reunión de los observadores internacionales que componen la Misión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para luego por la tarde reunirse con organizaciones sociales, de derechos humanos, defensa legal, gremios profesionales y de grupos de verificación en terreno de estas vulneraciones, a fin de recabar antecedentes de forma directa y testimonios de estas graves denuncias.
La Misión, compuesta por diez observadores de organizaciones y ligas internacionales de reconocida trayectoria, realizó además una conferencia a mediodía para dar cuenta de sus objetivos, metodología y agenda, destacándose “que se trata de una Misión histórica, en un momento muy particular de exigibilidad de derechos y movilizaciones sociales en Chile, y podríamos señalar de represión a la protesta social en diferentes países de América Latina, pues articula las capacidades y experiencia de organizaciones con gran competencia en la verificación de violaciones a derechos humanos, que puede replicarse en estos contextos regionales”, señaló Paulina Acevedo, coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio, al referirse a las particularidades de la Misión.
Por su parte Lorena Fries, abogada y presidenta de Corporación Humanas, advirtió que es de público conocimiento la fuerza y la acción con la que se han vulnerado los derechos humanos en el país. “Nos preocupa mucho la situación de mujeres y niñas que en todo este proceso han pasado por toda la etapa de la represión, siendo detenidas, han sido objeto de lesiones, violentadas, víctimas de violencia sexual e incluso de violación que no necesariamente han llegado al conocimiento de los organismos oficiales”.
Para las organizaciones chilenas es de la mayor relevancia que la grave vulneración de derechos humanos trascienda a los medios de comunicación. En un contexto de democracia, nos preocupa que se vuelvan a repetir prácticas tan represivas, “la ciudadanía tiene el legítimo derecho a movilizarse, más aún por razones de derechos humanos”, puntualiza Fries.
Agrega, que los temas que están a la base de la movilización tienen que ver con la falta de garantías de derechos sociales que no están reconocidos, que están entregados al mercado y que han provocado una desigualdad estructural la que ha generado el malestar de la ciudadanía y por consiguiente su expresión en las calles, advierte la presidenta de Corporación Humanas.
Enrique Font, representante de la Organización Mundial contra la Tortura, señala que, respecto de la situación de Chile y las informaciones recibidas, se encuentran con muchas continuidades de lo que ya venía sucediendo. “Si bien la escala de la protesta y la escala de la violación a los derechos humanos la hace significativa, nos muestra que esto no es nuevo. Más bien se apoya en situaciones que ya venían sucediendo”.
Recordó que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ya había recalcado en 2018 la militarización de los conflictos, el uso abusivo de la fuerza y de las armas de fuego y el uso de la violencia sexual como forma de tortura en Chile.
Uno de los mandatos que tenemos en derechos humanos no es solo que se sancione y asista a las víctimas, sino que no se repitan. “Esta es una oportunidad para mostrar lo que ya veía sucediendo en Chile”, comenta Font.
A este escenario de vulneración de derechos se suma la falta de claridad o acceso a la información y una serie de acciones cuestionables en el marco de los derechos humanos.
La Misión Internacional de Observación la integran:Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Front Line Defenders, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), Liga Argentina por los Derechos del Hombre – FIDH, Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL, Canadá), Artículo 19 (Brasil); CTA- Autónoma (Argentina), Madres Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Perú Equidad.
*La conferencia fue transmitida vía streaming y puede ser vista acá: https://www.facebook.com/observatoriociudadanochile/videos/2490005154654835/
Observadores Internacionales
Christina Ayala.Encargada de Educación al Público del Comité por los Derechos Humanos en América Latina Canadá (CDHAL), una organización de Montreal fundada en 1976 que trabaja en la promoción y difusión de la situación de derechos humanos en América Latina. Pertenece a America Policy Group (APG), red de organizaciones canadienses que trabajan sobre las Américas y a la Asociación Quebequense de Organismos de Cooperación Internacional (AQOCI).
Christine Keith.Coordinadora Internacional de la Alianza Global de Alternativas contra la incineración (GAIA) y su Directora Ejecutiva en Estados Unidos. Gaia es una red global de organizaciones compuesta por más de 800 grupos de bases, organizaciones no gubernamentales GAIA. Christie posee 25 años de experiencia de trabajo con organizaciones internacionales de derechos humanos, salud y justicia ambiental.
Enrique Font.Abogado y Criminólogo. Profesor Titular Interino de Criminología y Política Criminal en Universidad Nacional de Rosario. Miembro de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Integró el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. Es Comisionado en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura del Mecanismo Nacional de Prevención, Argentina.
Andrés López Cabello.Abogado del área Litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos creada en 1979 en Argentina. CELS recurre a los mecanismos universales y regionales de protección de los derechos humanos participando en las discusiones internacionales desde una perspectiva latinoamericana.
Ivi Oliveira:Coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders, donde es responsable de mantener y desarrollar los contactos defensores de los derechos humanos en todo el continente americano, brindando una respuesta rápida a los casos de DDHH en riesgo, realizando investigaciones y misiones de investigación sobre las amenazas y los ataques. que enfrentan, proporcionando análisis y produciendo materiales relevantes para tomar medidas en su apoyo.
Yaizha Campanario Baque:Responsable Área de Políticas Públicas y Derechos de pueblos Indígenas en Perú EQUIDAD, trabaja en investigación, capacitación e incidencia con comunidades y organizaciones indígenas de la Amazonía peruana. Desempeño desarrollando talleres, llevando a cabo investigaciones en materia de: políticas públicas y derechos de pueblos indígenas, impactos a estos derechos por actividades de empresas extractivas, incidencia en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Participa en la Misión de Observación en representación del Grupo Internacional de Trabajo de Pueblos Indígenas (IWGIA)
Denise Dora,directora ejecutiva, Artículo 19 Brasil
Camila Marques,Abogada y Coordinadora del Centro de Referencia Legal, Artículo 19, Brasil.
Miriam Elizabeth Liempe:Secretaría de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA- Autónoma (Argentina)
Ayelen Beigbeder:miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Participa en la Misión de Observación en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Norita Cortiñas:Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora. Psicóloga, militante y defensora de los derechos humanos en Argentina, cofundadora de la Madres de Plaza de Mayo.
Felipe Gutiérrez Ríos.Periodista, representante de Observatorio Petrolero Sur. Periodista.
CHILE NO ESTÁ EN GUERRA
Ante los graves sucesos de estos días en Santiago y otras ciudades de Chile, donde la población ha desbordado las calles exigiendo la bajada de tarifas del transporte público y otros servicios, la
respuesta de su gobierno ha sido una dura represión militar, que al día de hoy cuenta con 18 muertes de civiles, cientos de heridos y miles de detenidos, la MESA manifiesta lo siguiente:
Chile no está en guerra, pero quieren llevarla a una guerra como la que declaró Pinochet a la población desarmada en 1973. La criminalización de la protesta social y los dichos destemplados del
presidente Sebastián Piñera no contribuyen al apaciguamiento de los ánimos ni el encuentro de los entendimientos necesarios.
Chile no es ni era el oasis de la región que sólo hace un par de semanas proclamaba Piñera. En forma gradual y asolapada se venían acumulando las tensiones y frustraciones de cuatro décadas de
imposición del modelo económico neoliberal impuesto en Dictadura sobre la población, con el que los gobiernos que le sucedieron fueron tolerantes e incapaces de desmontar.
Chile es uno de los países más desiguales del mundo, donde se privatizó la educación, el sistema previsional y hasta el agua para el enriquecimiento obsceno de unas pocas familias en desmedro de
la precarización de la vida de la población.
Con la declaración de Estado de Emergencia, el control de sus ciudades por los militares y el establecimiento del toque de queda, Chile volvió a vivir una de sus peores pesadillas desde el 19 de
octubre al día de hoy. La declaración de guerra que hiciese el presidente Piñera, no hizo más que encender los ánimos y revelar la decisión de su gobierno de no estar dispuesto a dialogar con la
oposición ni menos de responder a las demandas sociales que exige el pueblo en las calles.
La MESA rechaza todas las medidas de Excepción Constitucional impuestas en Chile y lamenta las pérdidas de vidas humanas y abusos cometidos en contra de su población. Hacemos el llamado a la restauración del orden democrático, basado en el diálogo y la urgente respuesta a las demandas de rebaja de precios a los servicios, incluyendo la investigación y sanción a todas las violaciones a los DDHH que ha cometido el Estado.
Finalmente, la MESA hace un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil de la región a denunciar los atropellos a los derechos de las personas y a solidarizar con los hermanos chilenos para poner pronto término a esta situación.
MESA de Articulación
Defensores ambientales: rendirse no es una opción
- Seis de los 10 países más letales para los defensores ambientales en 2018 fueron latinoamericanos. Este año el panorama no parece mejorar. Colombia no solo es el más peligroso de la región sino el segundo más peligroso del mundo y Guatemala quintuplicó su cifra entre 2017 y 2018.
- Mongabay Latam presenta cuatro historias en Colombia, México, Honduras y Venezuela. Líderes que asumieron la lucha de defensores asesinados y hoy están amenazados, mecanismos de protección que no sirven y denuncias que siguen sin resolverse son temas constantes en estos reportajes.
La mitad de las muertes de defensores ambientales en el mundo durante 2018 ocurrieron en Latinoamérica. Según cifras de la organización internacional Global Witness, el año pasado 164 personas perdieron la vida defendiendo su territorio y el medio ambiente, 83 de ellas murieron en la región y seis de los países donde más asesinatos ocurrieron son latinoamericanos.
Colombia fue el país más letal del continente para los defensores ambientales con 24 asesinatos y el segundo más peligroso del mundo, solo superado por Filipinas (30). En el listado también aparecen Brasil (20), Guatemala (16), México (14), Honduras (4) y Venezuela (3).
El informe de Global Witness afirma que “en 2018 fueron asesinados un promedio de más de tres activistas por semana, al defender sus tierras de la invasión de industrias como la minería, la explotación forestal y la agroindustria. Es probable que la cifra real sea mucho mayor, porque a menudo los casos no se registran y rara vez se investigan. Es difícil encontrar pruebas confiables y verificables”.
En el especial Defensores ambientales: rendirse no es una opción Mongabay Latam presenta cuatro historias en cuatro de los 10 países más peligrosos para los defensores de la naturaleza: Colombia, México, Honduras y Venezuela. En los tres primeros existen mecanismos de protección a líderes ambientales pero las fallas por falta de presupuesto y dedicación de personal han hecho que las medidas no sean efectivas. Prueba de ello es que los asesinatos han continuado y dichos países siguen siendo de los más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente.
Tierra de conflictos
“Desde que documentamos los asesinatos a los defensores ambientales, Latinoamérica ha sido siempre la región más peligrosa”, dice Ben Leather, responsable de las campañas de Global Witness, organización que desde el 2012 le da seguimiento a esta situación en el planeta.
En cuanto a las causas detrás de estos asesinatos, los conflictos asociados a la minería siguen ocupando el primer lugar (43 casos). La agroindustria es la siguiente en la lista (21), mientras que la defensa de las fuentes de agua se ubica en el tercer lugar con 17 víctimas, 13 más que las registradas en el 2017.
Uno de los casos que más preocupa es el de Guatemala. En este país centroamericano, los asesinatos aumentaron de tres en 2017 a 16 en 2018 lo que, “considerando los asesinatos per cápita, lo convierte en el país más peligroso en 2018”.
El defensor de la tierra guatemalteco Luis Arturo Marroquín fue asesinado a tiros en mayo de 2018 por dos hombres no identificados. Luis fue un miembro destacado de la organización de campesinos indígenas Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), dedicada a promover los derechos a la tierra y el desarrollo rural. Según Front Line Defenders, otros cuatro miembros de su organización también fueron asesinados en 2018.
“Cada vez se incrementa más el riesgo para personas que defienden su territorio y el medio ambiente. El peligro aumenta porque hay capitales económicos e intereses políticos detrás de las iniciativas que se imponen en los territorios”, dice Joaquín Raymundo Gonzáles, representante del equipo de Protección Internacional Mesoamérica, organización que apoya a los defensores de los derechos humanos en Guatemala.
También en este país centroamericano, el 16 de diciembre de 2018 los cuerpos de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro fueron encontrados a orillas del río Yalwitz, cerca del proyecto hidroeléctrico San Andrés, con balas en la cabeza. Ambos hombres eran visibles oponentes a una hidroeléctrica en la región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, en el oeste de Guatemala. El proyecto, que incluye las represas de San Andrés y Pojom II, ha sido vinculado a una de las familias más ricas y poderosas del país.
De acuerdo con la población local, el asesinato de los hermanos Esteban Pedro se da después de años de violencia contra miembros de las comunidades de Ixquisis, que se opusieron al mencionado proyecto hidroeléctrico. «Dicen que somos terroristas, delincuentes, asesinos y que tenemos grupos armados aquí; pero en realidad sólo nos están matando», asegura Joel Raymundo, integrante del movimiento ‘Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis’.
Estos testimonios concuerdan con las preocupaciones planteadas en un informe de 2018 de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas acerca del aumento de la criminalización de esta población en Guatemala. El informe afirma que las personas que han presentado peticiones legales para exigir la protección de sus derechos están siendo procesadas mediante acusaciones falsas de delitos como robo, secuestro e incluso asesinato.
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Mujeres cada vez más amenazadas
El proyecto periodístico Tierra de Resistentes, en el que participó Mongabay Latam, documenta una base de datos con 1356 hechos victimizantes en los últimos diez años (2009-2018). A pesar de la elevada cifra, una de las conclusiones es que el número puede ser mucho mayor, dado que el subregistro es grande. La base de datos —construida a partir de un sinnúmero de fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno— muestra un escenario preocupante.
De los 1356 hechos victimizantes, 1179 fueron contra hombres y mujeres, y 177 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio. El 81,7 % se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario, aunque también se registraron 216 ataques contra mujeres.
Precisamente, el aumento de amenazas y asesinatos contra defensoras viene en aumento. Basta con recordar el homicidio de Berta Cáceres en Honduras, el 3 de marzo de 2016, un año después de haber obtenido el premio Goldman —conocido como el nobel de Medio Ambiente— o el más reciente atentado contra Francia Márquez, la colombiana también ganadora del premio Goldman en 2018, que fue atacada a principios de mayo de este año en el norte del departamento del Cauca.
Márquez aseguró que fueron momentos de mucho temor porque no sabían de dónde provenían los disparos y que luego, estando toda la gente en el piso, se escuchó la detonación de una granada de fragmentación.
Lo más grave es que la Defensoría del Pueblo de Colombia ha estado alertando de esos peligros desde marzo de 2017, sin que las autoridades actúen diligentemente. El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le pidió a las autoridades estatales, especialmente al Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública, “adoptar una conducta conforme al estándar de debida diligencia en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país”.
Pero no solo fue el atentado. Días después, los líderes afro aseguraron que recibieron nuevos mensajes de amenazas contra sus vidas. “Nos dicen que no nos vamos a escapar y que nos van a dar”, dijo Francia Márquez.
La organización Oxfam acaba de publicar el informe ‘Defensoras de derechos agrarios, territoriales y medioambientales en Colombia: Arriesgando la vida por la paz’. Allí señalan que “desde 2016 y hasta la fecha de redacción de este informe, 55 defensoras [en Colombia] han sido asesinadas. En el primer semestre de este año, el promedio de asesinatos de lideresas sociales ha sido de uno cada dos semanas. Las que persisten en la lucha están en grave peligro, y ningún indicio apunta a que esta escalada de la violencia vaya a disminuir. En el primer trimestre de 2019, los ataques contra las defensoras han aumentado en un 97 % con respecto al periodo previo, batiéndose un nuevo récord con 75 agresiones. Lamentablemente, Colombia es ya el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente”.
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Los gobiernos y la protección de líderes ambientales
El panorama de los defensores ambientales en Latinoamérica se complica pues, ya no solo se trata de asesinatos, sino también de intimidaciones, amenazas y hostigamientos. De hecho, Global Witness manifiesta que el problema no son solo estas nuevas formas de acoso sino que muchas de ellas no suelen documentarse y es probable que los casos sean mayores a los reportados en los informes.
Una de las principales preocupaciones es que los gobiernos que deben proteger a los líderes ambientales, presuntamente, estarían detrás de las intimidaciones en muchos casos.
“Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras que las y los activistas son calificados como criminales”, destaca el informe de la organización.
Según Global Witness, los gobiernos y las empresas pueden utilizar amenazas legales para intimidar a las personas defensoras, manchar su reputación e inmovilizarlas con costosas batallas judiciales que dificultan su trabajo.
“Por lo general, estas batallas legales son muy desiguales. Usualmente, ejércitos de abogados bien pagados se enfrentan a campesinos o líderes indígenas de comunidades remotas, que pueden tener poca educación formal o conocimiento de sus derechos. Una vez acusadas, las personas defensoras son estigmatizadas públicamente, etiquetadas como terroristas o criminales por su gobierno”, dice el documento.
Las historias que presenta Mongabay Latam muestran cómo defensores ambientales de cuatro países latinoamericanos han sido víctimas de criminalización, continúan bajo amenaza y sufren las consecuencias de mecanismos de protección que no son eficientes.
Rosalina Domínguez es una líder indígena de Honduras que continuó con el legado de la reconocida activista Berta Cáceres. Rosalina se opone a la construcción de una hidroeléctrica en su territorio, esta postura le ha traído amenazas e invasión y destrucción de sus cultivos de maíz, su única forma de sustento. El celular que le brindaron como medida de protección no es útil pues vive en una zona donde hay poca señal.
En Colombia, los habitantes del municipio de Cajamarca le dijeron no a la que sería la segunda mina de oro a cielo abierto más grande del mundo. Sin embargo, los líderes que promovieron la consulta popular con la que se tomó esta decisión siguen siendo amenazados.
En México, un año después del asesinato de Julián Carrillo en la sierra Tarahumara, su caso sigue sin resolverse. Los líderes se encuentran escondidos y acceder a ellos es casi imposible. El miedo sigue reinando.
En Venezuela, líderes ambientales y diferentes organizaciones aseguran que los verdaderos responsables de las muertes de Sabino Romero, líder indígena yukpa, y Freddy Menare, director de la Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (Oipus), no han sido capturados, a pesar de que han pasado varios años. Quienes continuaron con la defensa del territorio tienen miedo, nadie quiere hablar y los pocos que se atreven a contar lo que sucede, lo hacen pidiendo protección de su identidad. En el país no existe un mecanismo de protección para los defensores ambientales.