Chile: Criminalización de las cuatro integrantes del colectivo feminista “LASTESIS”

25 de junio de 2020

Llamado urgente – El observatorio

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Chile.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información de fuentes fidedignas sobre la criminalización de las cuatro artistas y defensoras de los derechos de las mujeres pertenecientes al colectivo feminista “LASTESIS”. Este grupo artístico de Valparaíso es conocido a nivel internacional por su canción y performance de denuncia de la violencia sexual contra las mujeres “Un violador en tu camino”, representada por primera vez el 25 de noviembre de 2019 en Santiago de Chile en el contexto de las protestas sociales de ese mismo año. Desde entonces, la canción ha sido adoptada en numerosos países de América Latina y del resto del mundo en el marco de protestas en defensa de los derechos de las mujeres.

Según la información recibida, el 16 de junio de 2020, el periódico chileno La Tercera publicó un artículo en el que informaba sobre la denuncia interpuesta por Carabineros de Chile contra el colectivo “LASTESIS” ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por un presunto delito de atentado contra la autoridad y amenazas. La denuncia estaría relacionada con un vídeo publicado en las redes sociales del colectivo el 27 de mayo de 2020, en el que las artistas, junto con Pussy Riot, denuncian actos de violencia policial contra las mujeres, así como el incremento de la violencia machista en el actual contexto de confinamiento que viven algunas zonas del país debido a la pandemia de COVID-19.

El 17 de junio de 2020, la Fiscalía Regional de Valparaíso emitió un comunicado en el que confirmaba las informaciones publicadas por los medios de comunicación el día anterior. El escrito detallaba que la Unidad OS9 de Carabineros de Chile, el principal órgano de investigación criminal de este cuerpo policial, había interpuesto dos denuncias contra las artistas de “LASTESIS”, la primera el 30 de mayo de 2020 y la segunda el 12 de junio. Asimismo, la Fiscalía Regional señalaba que había dado órdenes a la propia Unidad OS9 de llevar a cabo la investigación criminal sobre los hechos denunciados, lo cual genera grave inquietud ante el evidente conflicto de intereses que esto supone.

Según las mismas informaciones, el texto de la denuncia interpuesta el 12 de junio responsabiliza al colectivo “LASTESIS” de los presuntos actos de violencia cometidos contra los Carabineros de Chile en el marco de las protestas de noviembre y diciembre de 2019, al vincular las numerosas representaciones públicas de la performance “Un violador en tu camino” con los ataques contra comisarías de policía y funcionarios de Carabineros de Chile registrados en ese período. 

El Observatorio destaca que tanto el colectivo “LASTESIS” como sus representantes legales no han sido informadas de manera formal sobre las acciones penales en su contra, sino que tuvieron conocimiento de ellas a través de los medios de comunicación. Además, la Fiscalía Regional de Valparaíso no ha emitido ninguna respuesta a la solicitud de obtención de copias de las denuncias presentada por las abogadas de “LASTESIS”, a pesar de que éstas sí que han sido facilitadas a la prensa. 

Asimismo, el Observatorio se muestra preocupado por el clima de intimidación que puedan vivir las cuatro defensoras, dado que, en Valparaíso, ciudad donde residen, se han implementado medidas estrictas de confinamiento y todo habitante tiene que solicitar una autorización para salir de sus casas a Carabineros de Chile, el cuerpo policial denunciante y encargado asimismo de la investigación.

El Observatorio reitera tal y como se denunció en el Informe final de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, que “las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde octubre de 2019, en el contexto de las protestas sociales, no constituyeron hechos aislados, sino que son expresión de prácticas de violencia estatal arraigadas en las fuerzas del orden y seguridad, que se pueden identificar desde hace años y que se han verificado en gran cantidad y en todo el país en el contexto de las últimas movilizaciones”, así como frente a las peticiones y protestas del Pueblo Mapuche, las que vienen siendo alertadas de forma reiterada ante órganos de tratado.

El Observatorio rechaza contundentemente la criminalización por parte de fuerzas de seguridad en contra del grupo “LASTESIS”, así como la ausencia del respeto al debido proceso de las integrantes del colectivo y subraya que sus expresiones artísticas se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión, de la defensa de los derechos humanos, y en particular, los derechos de las mujeres Además, preocupa especialmente el impacto que el Ministro del Interior de Chile, el Sr. Gonzalo Blumel, haya mostrado su apoyo a la denuncia interpuesta contra “LASTESIS”, en la medida en que su posicionamiento público contribuye a la estigmatización de la labor de defensa de los derechos humanos y envía un mensaje de legitimación de las restricciones indebidas a la libertad de expresión.

Por todo lo anterior, el Observatorio insta a las autoridades chilenas a abstenerse de criminalizar al colectivo “LASTESIS”, a poner fin a todo tipo de hostigamiento en su contra, y a tomar las medidas necesarias para asegurar que su libertad de expresión, así como la todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Chile, es debidamente respetada y protegida. 

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Chile urgiéndolas a:

  1. Velar por que se respeten las garantías del debido proceso de las artistas del colectivo “LASTESIS”, incluyendo la notificación inmediata por parte del Ministerio Público de toda acción e investigación seguida en contra del colectivo LASTESIS y sus integrantes, así como poner fin a todo tipo de hostigamiento en su contra;
  2.  Adoptar de manera inmediata las medidas apropiadas para asegurar la integridad física y psicológica de las artistas del colectivo “LASTESIS”;
  3.  Garantizar que el colectivo “LASTESIS” pueda llevar a cabo su legítima labor de defensa de los derechos de las mujeres a través de sus expresiones artísticas sin obstrucciones ni temor a represalias y con todas las garantías establecidas en la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
  4. Iniciar un proceso de reforma profunda de Carabineros de Chile destinada a democratizar su estructura y a revisar su rol en la sociedad chilena, adecuando sus normas, protocolos y reglamentos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos;
  5. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 6 y 12.2;
  6. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile.

Direcciones:

  • Sr. Sebastían Piñera, Presidente de Chile. E-mail: contactenos@minsegpres.gob.cl
  • Sr. Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro del Interior y Seguridad Pública. E-mail: gbrumel@interior.gob.cl / gpulgarl@interior.gob.cl. Twitter: @gblumel / @min_interior
  • Sr. Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. E-mail: hlarrain@minjusticia.cl / Carlos.gomez@minjusticia.cl / srios@minjusticia.cl. Twitter: @HernanLarrainF / @minjuDDHH
  • Sra. Lorena Recabarren Silva, Subsecretaria de Derechos Humanos. E-mail: bvega@minjusticia.cl / lvaldes@minjusticia.cl. Twitter: @LoreRecabarrenS / @SubseDDHH
  • Sr. Mario Alberto Rozas Córdova, General Director de Carabineros de Chile. E-mail: direccion.general@carabineros.cl / Ayudantia.general@carabineros.cl. Twitter: @Carabdechile

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Chile en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 25 de junio de 2020

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu,el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

  • E-mail: Appeals@fidh-omct.org
  • Tel. y fax: OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
  • Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

Priorizar la vida sobre la deuda: Frente al covid-19, se necesita un nuevo pacto social en América Latina

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros (ver lista abajo) expresan su máxima preocupación por la realidad de las poblaciones en situación de vulnerabilidad de América Latina en el marco de la pandemia del coronavirus covid-19, debida a las débiles e insuficientes respuestas de los Estados para combatir la propagación del virus en la región y para asegurar que las y los más necesitados cuenten con los recursos suficientes para enfrentar el aislamiento. Las respuestas estatales para combatir el coronavirus (covid-19) han tenido efectos devastadores en las personas que viven en la pobreza1. Las políticas adoptadas
por muchos gobiernos “reflejan una filosofía de darwinismo social que da prioridad a los intereses económicos de los más ricos, mientras que se hace muy poco por los que trabajan duro para proporcionar servicios esenciales o no pueden mantenerse a sí mismos”2. Pese a la erogación de enormes paquetes de apoyo financiero, las personas en situación de vulnerabilidad no han sido realmente tenidas en cuenta.

Siendo América Latina el nuevo epicentro del coronavirus, se teme que además de los muertos, haya un aumento flagrante de las desigualdades socioeconómicas perjudicando el bienestar de la población latinoamericana. Esta crisis y las medidas propuestas por los gobiernos vienen a agudizar la vulnerabilidad estructural de parte importante de dicha población la cual es víctima de inseguridad laboral, difícil acceso a la alimentación, al agua, a la salud y a la vivienda. En un contexto de pandemia mundial, pese a que la agudización de la pobreza y el aumento de las desigualdades socioeconómicas parecen ineluctables, es preciso llamar a una movilización transcontinental para que el continente no retroceda en sus avances y logros sociales de las últimas décadas.

La pandemia originada en los últimos meses por el covid-19 está generando una crisis global sin precedentes, poniendo en jaque no sólo los sistemas sanitarios de la mayoría de los países, sino también causando impactos severos en la dinámica social, en la forma de vida de las urbes y, en especial, afectando negativamente los cimientos de la economía, tanto a nivel global como nacional y local. Esta nota busca poner en evidencia la gravedad de la situación actual en el continente y también el grave riesgo de agudización de las desigualdades socioeconómicas y de la pobreza extrema en la región. Por esa razón la presente nota llama a un nuevo pacto social que priorice políticas fiscales más redistributivas, que suspenda la deuda externa y sus intereses, que luche contra la corrupción, y en particular, la que tiene como consecuencia la captura del Estado. Todo esto para reposicionar la capacidad del Estado de incrementar su inversión social y de tener un sistema de salud universal.

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Priorizar la vida sobre la deuda: Frente al covid-19 se necesita un nuevo pacto social en América Latina

Organizaciones de América Latina de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre ellas el Observatorio Ciudadano, dieron a conocer un pronunciamiento donde llaman a los estados a priorizar políticas fiscales redistributivas y luchar contra la corrupción en el contexto de la pandemia.

París, 23 de junio de 2020.- En un contexto de crecimiento alarmante del covid-19 en América Latina, la FIDH y 22 de sus organizaciones miembros dieron a conocer un pronunciamiento que alerta frente al riesgo que se agudice la desigualdad y se retroceda a niveles de hace una década en materia de pobreza en la región. La FIDH y sus organizaciones miembros firmantes llaman a los Estados a poner en marcha un nuevo pacto social que priorice políticas fiscales más redistributivas, que suspenda la deuda externa y sus intereses, y que luche contra la corrupción, con el fin de captar y liberar recursos para mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia del covid-19.

Siendo América Latina el nuevo epicentro del coronavirus, además de los muertos, el hambre ha incrementado de forma dramática. En América latina, cerca del 50% de la población trabaja en condiciones de informalidad , lo que corresponde a 140 millones de personas.Para estas familias, cuyas economías se rigen en la informalidad, el hecho de tener que acoger el llamado del “Quédate En Casa” implica una supresión inmediata de sus ingresos, lo cual ha tenido repercusión directa sobre la posibilidad de alimentarse, pagar arriendo o créditos de vivienda y otros servicios básicos. Las políticas publicas deben priorizar las acciones que busquen evitar que esta crisis sanitaria se transforme en crisis alimentaria. El acceso al agua directamente vinculado a la difusión del virus es también fuente de preocupación en toda la región: 65 millones de personas no tienen acceso al agua y jabón . Las zonas rurales son las más afectadas.El alto número de muertes por causa del covid-19 ha dado visibilidad al desmantelamiento del sistema de salud público, a la precariedad laboral de los trabajadores de la salud, a la falta de insumos médicos como ventiladores y número de camas en hospitales públicos características también presentes, a veces en grados menores en otros continentes.

A esto se suma, en América Latina que los centros médicos se encuentran concentrados en su mayoría en las áreas urbanas, dejando así desprotegidos a un gran número de habitantes de las zonas rurales y en numerosos países de la región se han registrado escándalos de corrupción por el mal manejo y malversación de fondos destinados a comprar los insumos médicos para combatir la pandemia.

A largo plazo, la FIDH y sus organizaciones miembros quieren alertar ahora en el momento álgido de la epidemia cuando todavía se puede de cambiar de rumbo, sobre el grave riesgo que el impacto de pandemia en la pobreza extrema y desigualdad se vuelva permanente, siendo necesario un cambio importante en las políticas que se están implementando/van a implementar.

Pese a que numerosos gobiernos han decretado que proporcionarán ayudas tanto económicas como de alimentación a los ciudadanos de menos recursos, las medidas adoptadas son insuficientes y presentan desde ya problemas en la rapidez de la entrega y en la transparencia de las asignaciones, entre otros.

Además, las políticas de mediano plazo están beneficiando al sector empresarial y a las personas más ricas en detrimento de las personas más desfavorecidas agudizando así las desigualdades socioeconómicas.

En este complejo escenario, la FIDH y sus organizaciones miembros firmantes presentan una serie de recomendaciones a corto y mediano plazo en aras de evitar la agudización de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas generadas por el impacto del covid-19 en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, haciendo posible construir una sociedad más justa e equitativa en donde los derechos humanos estén en el centro de acción.

Entre las recomendaciones expuestas en la nota se cuentan: reformas fiscales redistributivas para combatir la agudización de la desigualdad y el aumento de la pobreza extrema, como por ejemplo, la implementación de una renta básica universal financiada con impuestos a los altos patrimonios permitiendo el pleno y efectivo goce y disfrute de los derechos humanos; la suspensión de la deuda externa y sus intereses, evaluando aquellas que deberían ser anuladas por ser consideradas ilegítimas, odiosas, e ilegales; y finalmente, un mayor monitoreo de los gastos públicos destinados a combatir la pandemia para evitar que los recursos destinados a atender a las poblaciones vulnerables se esfumen por culpa de la corrupción.

Sin una renovación/refundación del pacto social en los Estados, Latinoamérica saldrá de la pandemia más pobre, más desigual y retrocediendo en los avances sociales de los últimos 15 años.

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Informe de la Misión quebeco-canadiense de observación de los derechos humanos en Chile

Crisis social y política en Chile 2019-2020 violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos 

Informe de la Misión quebeco-canadiense de observación de los derechos humanos en Chile

Realizada del 18 al 27 de enero de 2020 

Preocupadas por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Chile desde el estallido social del 18 de octubre 2019, en Quebec, distintas organizaciones sindicales, políticas y del ámbito de la investigación acordaron organizar, en colaboración con la Corporación de Defensa y de Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano de Chile (OC), una misión de observación de los derechos humanos en ese país.

Esta misión de observación, que tuvo lugar en Chile del 18 al 27 de enero de 2020, se proponía continuar el trabajo realizado por la Misión Internacional de Derechos Humanos de la Sociedad Civil que había tenido lugar del 6 al 11 de noviembre de 2019, en la cual participó el Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL)2 de Montreal. Se apoyó además en los trabajos de otras tres misiones internacionales: Amnistía internacional, Human Rights Watch y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pocos días después del fin de nuestra misión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó igualmente en visita a Chile.

Esta nueva misión tenía como objetivo recopilar distintos elementos de información y de análisis provenientes de organizaciones chilenas de defensa de los derechos humanos y de diversos actores sociales y políticos, que permitieran actualizar y completar los distintos informes nacionales e internacionales emitidos anteriormente.

Adoptando una visión integral de los derechos humanos, que toma en cuenta de conjunto los derechos políticos, sociales y económicos, así como su necesaria interdependencia, los miembros de esta misión de observación quisieron poner una atención particular en los derechos colectivos, en la justicia, la impunidad, la libertad de expresión y de prensa, los derechos sociales, ambientales y culturales, los derechos laborales, sindicales, así como también, en los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas migrantes, particularmente en cuanto a sus libertades de expresión y de organización, visiblemente afectados.

Las y los integrantes de la misión se propusieron además situar estos derechos en el contexto de las movilizaciones sociales actuales y en su eventual integración en una nueva constitución. Con todo ello, se trata de sensibilizar a la sociedad quebequense y canadiense sobre lo que está sucediendo en términos de participación ciudadana y de violaciones de los derechos humanos en Chile, para hacer un llamado al gobierno liberal de Justin Trudeau, el cual hasta el día de hoy, ha mantenido un silencio preocupante al respecto.

Siguiendo la huella de la larga tradición de solidaridad de los pueblos canadiense y quebequense con el pueblo chileno, particularmente en el contexto del Golpe de Estado de 19734, esta misión desea contribuir al fortalecimiento de los lazos solidarios entre organizaciones sociales y políticas chilenas y quebequenses, y esto, en un momento crucial para el futuro de la democracia en Chile.

Efectivamente, a pesar de la distancia que existe entre nosotros, y siendo Chile cuna del modelo neoliberal, hay una proximidad en diversos aspectos vinculados con las preocupaciones sociales y políticas que se manifiestan en Quebec, como veremos más abajo. Esto nos recuerda más que nunca la importancia de una solidaridad activa entre pueblos en el contexto de un mundo globalizado.

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Gravísimas violaciones a derechos humanos en Chile constata Informe final de Misión de Observación quebeco-canadiense

  • Las principales conclusiones y recomendaciones serán presentadas hoy a las 17:00 horas, en un lanzamiento en línea que contará con la participación de los miembros de la Misión, con la colaboración de Observatorio Ciudadano y Codepu.

  • La transmisión puede seguirse en el siguiente enlace: https://uqam.zoom.us/j/97917703459

A tres meses del estallido social y luego de su visita del 18 al 27 de enero pasado, la Misión quebeco-canadiense establece que en Chile se han producido gravísimas violaciones de los derechos humanos, de forma sistemática y generalizada, perpretadas por las fuerzas que tienen la misión de asegurar la seguridad y el orden en el país, y realizadas según patrones comunes y recurrentes.

El informe indica que estas violaciones se han producido en un contexto permanente de intimidación de la población y de criminalización de una protesta social desatada y acentuada frente a una realidad de injusticias sociales acumuladas. Agrega que las graves problemáticas laborales, territoriales, ambientales, en particular las asociadas al agua, así como las de la jubilación, salud y educación, han generado una situación insostenible y que ésta se ha tornado aún más crítica en el contexto actual de pandemia, en el cual además la represión continúa practicándose contra les sectores más vulnerables del país.

Los resultados de la Misión, al igual como anteriores misiones internacionales, arrojan un retrato alarmante: incumplimiento de los protocolos de intervención policial, lesiones por perdigones y gases lacrimógenos, violencias y abusos sexuales, detenciones no registradas, palizas a detenidos, presiones sobre el personal médico de los hospitales, ataques contra trabajadores de la salud y observadores de derechos humanos, uso masivo e indiscriminado de gases lacrimógenos en vecindarios enteros, procedimientos judiciales negligentes y parciales, recurso a la detención preventiva como medida punitiva y neutralización de los recursos de amparo.

“Chile no sólo preocupa por su situación de profunda injusticia social sino que también, por el alarmante estado de violación de los derechos humanos, una situación que se ha hecho recurrente, que aparece institucionalizada y que se presenta como si ésta fuera una realidad normal, la que sin embargo se revela cada vez más explosiva. Chile no está respetando los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, señala Isabel Orellana, miembro de la Misión quebeco-canadiense.

El informe final de esta misión será presentado este lunes 15 de junio a las 17:30. Se dará además cuenta de las principales recomendaciones, destinadas tanto al gobierno de Chile, como a los gobiernos de Quebec y de Canadá, a cuyas autoridades principales ya se les ha sido enviada formalmente el Informe.

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Informe Final 

Resumen Ejecutivo

COVID-19: Entregan informe sobre situación de pueblos indígenas en Chile a relator especial de Naciones Unidas

  • Elaborado por el Observatorio Ciudadano, en conjunto con distintas organizaciones y comunidades indígenas, da cuenta de la condición de mayor vulnerabilidad en que se encuentran estos pueblos frente a la pandemia. 

Por Comunicaciones Observatorio

Fotografía Reuters/J. L. Saavedra

Con el propósito de responder a la consulta internacional que formuló el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Francisco Cali, para recabar información sobre las realidades que enfrentan estos pueblos en el contexto de la pandemia por el Covid-19 y las medidas adoptadas por las autoridades, el Observatorio Ciudadano, la Comunidad Indígena Yagán de Bahía de Mejillones, el Consejo de Pueblos Atacameños, la Mesa de Coordinación de Pueblos Originarios del Budi, Municipalidad de Saavedra y la Plataforma Política Mapuche, elaboraron un informe conjunto que hicieron llegar a dicha relatoría, que sistematizará estos aportes para presentarlos a la Asamblea General y Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

En el documento, se entrega información general sobre los pueblos indígenas en Chile y la condición de desigualdad que enfrentan en lo social, económico y territorial, y sobre las repercusiones de la pandemia entre los sectores más vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas, para luego dar cuenta de la situación específica que se registra en diferentes territorios, como la incidencia y aumento del riesgo de infección para el pueblo Mapuche en La Araucanía y la Región Metropolitana, las dificultades de acceso a atención sanitaria en el caso de la comunidad yagán de Puerto Williams y la amenaza a su supervivencia que la pandemia representa o el levantamiento de barreras sanitarias y cuarentenas voluntarias de las comunidades atacameñas han implementado.

Asimismo, da cuenta de la ausencia de participación de pueblos indígenas en la respuesta estatal y regional a la pandemia, la no existencia de planes de emergencias y ayudas a estos pueblos con un enfoque diferenciado, la falta de consideración a sus conocimientos tradicionales, las precarias condiciones sanitarias en el contexto penitenciario y en particular la salud de los presos mapuche, la insistencia en dar continuidad a procesos de evaluación y consulta en materia ambiental, con las dificultades que esto representa para las comunidades en el contexto de la pandemia y el hostigamiento por parte de la policía y funcionarios municipales del que han sido víctima hortaliceras mapuche que venden sus productos en la ciudad de Temuco.

Karina Vargas, compiladora del informe y coordinadora del Programa de Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano, aclara que “los pueblos indígenas en Chile se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad frente a la pandemia por Covid-19 debido a la falta de un reconocimiento a sus derechos colectivos a nivel constitucional, por las desigualdades estructurales que en materia de salud y protección social arrastran desde hace muchos años, los riesgos crecientes que afrontan en sus territorios frente a las actividades extractivas, la crisis económica que afecta más a los sectores informales, y por la interrupción de la cadena de suministros de productos del campo a la ciudad, entre otros”.

Agrega que “Preocupa que no existan planes de emergencia ni servicios culturalmente adecuados a los pueblos indígenas, ni que se estén reconociendo sus conocimientos tradicionales, sus prácticas en salud, ni su diversidad lingüística en las medidas de prevención y control que se vienen adoptando por parte del Gobierno”.

Destaca a su vez, frente a todo lo reportado en el informe, “que se hace muy necesario visibilizar la crítica situación que vienen afrontando los pueblos indígenas en Chile en el Informe del Relator Especial sobre derechos de los pueblos indígenas sobre el impacto del Covid-19 en los pueblos indígenas, a fin de que la Asamblea General de Naciones Unidas tome cuenta de ello en la Asamblea General de octubre de 2020”.

El informe del Relator Especial permitirá reunir, presentar y señalar a la atención de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos la situación y preocupaciones fundamentales que enfrentan los pueblos indígenas, para que estos órganos las examinen y adopten medidas al respecto. Además de subrayar a los Estados la necesidad de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia, y garantizar políticas públicas y sociales para mitigar los efectos de la pandemia para los pueblos indígenas, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación.

Puedes descargar el informe aquí:

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Emergencia sanitaria en el contexto de la Pandemia por COVID-19 en Chile y su impacto en los derechos de los pueblos originarios

Junio 2020

En el marco de la crisis sanitaria y económica que vive Chile y el mundo, los pueblos indígenas u originarios son uno de los grupos más vulnerables frente a los impactos de la pandemia y la crisis económica, debido a las diversas desigualdades que enfrentan en lo social, económico y territorial; lo anterior, se une a la sobrecarga de enfermedades que afrontan, como por ejemplo, los altos índices de diabetes e hipertensión arterial producto de los cambios alimenticios causados por la reducción territorial.

Diversos organismos económicos y financieros han anunciado una crisis económica sin precedentes y decenas de millones de personas desempleadas a raíz de la pandemia por Covid-19. Para la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL ha pronosticado el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, la persistencia de las desigualdades y el descontento generalizado. En este contexto, la crisis por la pandemia tendrá repercusiones negativas en la salud y la educación, así como el empleo y la pobreza, principalmente en los sectores más pobres y vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas.

Asimismo, dadas las desigualdades económicas, sociales y culturales de Chile, los efectos de la pobreza y el desempleo sin duda afectarán de forma desproporcionada a los pueblos indígenas u originarios que habitan tanto las zonas rurales como las ciudades. Ello, sumado al hecho de que Chile aún no ha brindado respuestas adecuadas frente al estallido social que surgió en el país en octubre de 2019, el cual ocasionó diversas protestas a lo largo del país, que se vieron interrumpidas con el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19 en marzo de 2020. En este sentido la CEPAL ha afirmado, con respecto a Chile, que lo que más preocupa es que esto pueda aumentar el descontento social que ya existía antes de la crisis sanitaria, “justamente porque la desigualdad y la pandemia, han demostrado grandes deficiencias estructurales que se vienen arrastrando en materia de salud y protección social.”

Sirve recordar, que si bien Chile ha ratificado el Convenio 169 de la OIT en el 2008 y aprobó con voto favorable la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016. A pesar de ello, los pueblos indígenas en Chile no están reconocidos en la Constitución Política y la Ley 19.253 de 1993, conocida como la “Ley indígena”, hace referencia a ellos como “étnias”, privándoles de esta forma de su reconocimiento político como pueblos y del reconocimiento de sus derechos colectivos. Asimismo, la Ley indígena no ha sido adecuada a los actuales estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas a los que se encuentra obligado Chile. Lo cual sin duda aumenta el grado de vulnerabilidad de los pueblos indigenas que habitan Chile.

Número de páginas: 18

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Empresas y derechos humanos en Chile en tiempos de COVID-19

José  Aylwin y Roberto Morales*

 

El COVID-19 ha golpeado con fuerza al mundo entero. América Latina aparece hoy como la región del mundo más afectada por la pandemia con su secuela de contagios y muertes. Brasil, México, Perú y Chile son  los países con mayor número de casos. La ausencia de un sistema de salud público sólido que permita enfrentar adecuadamente la pandemia y la desigualdad social, parecen ser los factores determinantes de la crítica realidad que afecta a  estos estados.

A nivel global las políticas estatales para enfrentar el COVID-19 han sido diversas, variando desde el negacionismo de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil,  hasta las cuarentenas totales, como Nueva Zelanda y Argentina. Aunque no parece haber una estrategia única “exitosa” para combatir la pandemia, es claro que aquellos estados que han privilegiado la economía por sobre la vida –Estados Unidos y Brasil- han sido los más golpeados. Si bien la preocupación de los gobiernos por el funcionamiento  de la economía es entendible, desde una perspectiva de derechos humanos la vida y la salud de las personas estará siempre por sobre esta.  Los Estados que reconocen como límites a su soberanía los derechos de las personas tienen el deber de adoptar todas las medidas y destinar hasta el máximo de los recursos de que puedan disponer, para asegurar entre otros derechos la vida y la salud.

Nuestro país,  como sabemos, no ha estado ajeno a la tensión entre la economía, la vida y la salud de las personas. Las cuarentenas parciales inicialmente decretadas en distintas comunas del país, claves para detener la propagación de la pandemia, fueron más tarde sustituidas por la política de “nueva normalidad” que el gobierno impulsó a fin de mantener la actividad económica. Dicha política, no solo tuvo que revertirse, sino que claramente incidió en los contagios masivos de COVID que hoy asolan, en especial en las comunas más pobres de la Región Metropolitana.  Por ello preocupan las afirmaciones recientes del Ministro de Salud, en las que insiste en la fracasada política de “nueva normalidad” para ciudades como Osorno y Punta Arenas que fueron focos de contagio inicial.

Los gobiernos de distinto color político de las últimas dos décadas al menos se han preciado  de tener una de las economías más estables de la región, con mayor equilibrio y ahorro fiscal. Cabe preguntarse entonces, si ello es así, ¿acaso no es este el momento de utilizar ese capital, sin arriesgar la vida de la gente con una vuelta apresurada al trabajo a fin de  reactivar la economía?

Siempre en relación a las políticas de gobierno en Chile preocupa las medidas adoptadas en relación al empleo. Así la normativa promovida por las autoridades a objeto de proteger el ingreso generado por el trabajo ha sido compleja, pues su diseño poco pertinente y sin dialogo con actores socio- laborales ha significado una baja efectividad y cobertura limitada.  En el caso de la suspensión de los contratos de trabajo a través de la ley de protección al empleo, se ha utilizado el fondo de cesantía, medida a lo menos riesgosa. Ello puesto a que utiliza en una primera instancia el fondo de ahorro individual que está pensado para situaciones distintas a una crisis de esta envergadura, dejando desprotegido a los trabajadores y trabajadoras en un periodo futuro. En todo caso mantiene el criterio de subsidios decrecientes iniciando en el primer mes con solo un 70% y llegando a un 35%. Se trata de criterio que es utilizado para abordar esta contingencia en tiempos normales, pero que resulta inentendible en tiempos de crisis como las que vivimos. Ello además de que impacta a un número limitados de trabajadores y trabajadoras.

Igualmente preocupante ha sido la actitud del gran empresariado en relación a esta normativa. Así, durante los dos primeros meses de aplicación de esta normativa, que de acuerdo a las autoridades estaba pensada en las pequeñas y medianas empresas – aunque no existían limitantes en la primera versión de la ley que fue aprobada- al menos 20 grandes empresas, incluyendo a  Starbucks, La Polar, Ripley, Tur Bus, Cines Hoyt, HyM, y por cierto Cencosud, en total han suspendido su relación laboral de al menos 555 mil trabajadores y trabajadoras.  En el caso de Cencosud, su junta de accionista aprobó la distribución de un 80% de sus utilidades del año 2019, causando un malestar generalizado, incluso por personeros de gobierno, lo cual determino que dicha empresa se retractara del uso de tal beneficio, situación que puede ser causa de una sanción como consecuencia del mal uso de la normativa.[1]

Además de lo anterior, las grandes empresas parecen empecinadas en mantener sus actividades en este complejo y peligroso escenario. Así, los gremios que los agrupan, incluyendo la CPC, la SOFOFA[2] y la Cámara de Comercio, hicieron pública su adhesión a la política de “nueva normalidad”, señalando que no debía pararse la actividad económica. Ello en evidente desmedro de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras.    También,  en abierta contradicción con los principios del laissez faire que promueven y que han sustentado su enriquecimiento, han propuesto que el Estado vaya en apoyo de sus empresas, como es el LATAM, hoy en grave crisis[3]. La premisa inherente a ese planteamiento de que las ganancias de los empresarios les son propias, mientras que las pérdidas se socializan,  no solo es contradictoria, sino es inmoral, en particular en el contexto actual en que la prioridad debe estar en el apoyo a los sectores más pobres que hoy padecen hambre.

Los ejemplos de la actitud de dudosa ética del empresariado chileno en este contexto no han sido pocos. Así, a comienzos de la pandemia las empresas salmoneras mantuvieron sus actividades en los canales australes poniendo en grave riesgo a los trabajadores de esa industria y a las comunidades locales. Ello llevó a los alcaldes de  Aysen a comienzos de abril a denunciar que dichas empresas eran responsables del 70% de los contagios de COVID 19 en la región[4].

Otro rubro empresarial que ha seguido adelante sus actividades ha sido el de la minería. Tal como ha sido denunciado por las organizaciones representativas del pueblo atacameño (Consejo de Pueblos Atacameños)  a  la fecha las empresas tanto de cobre como de litio que operan en el Salar de Atacama y sus alrededores, no obstante haber disminuido su actividad, no han paralizado sus faenas. Ello representa una evidente  amenaza de contagio del COVID-19 no solo para  sus trabajadores, sino para las comunidades locales, en particular los adultos mayores -que componen en gran mayoría dichos poblados. En atención a la falta de la respuesta estatal y la ausencia de autoridades en el sector andino, algunas de las Comunidades atacameñas, como Peine y Machuca, han establecido barreras sanitarias contraladas por ellos y cuarentenas voluntarias[5].

La desconsideración por parte del empresariado del crítico escenario generado por el COVID 19 para favorecer sus actividades económicas se ve reflejada en el incremento sustancial de los proyectos de inversión que han sido sometidos a evaluación de impacto ambiental (EIA) durante los últimos meses de presencia de la pandemia en el país. De acuerdo a un estudio realizado por Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), los proyectos de inversión sometidos a EIA a través de las distintas modalidades entre el 1 de marzo y 15 de mayo del presente año alcanzan a 185 (en contraste con 81 el 2018 y 73 el 2019), en tanto que el monto de las inversiones propuestas alcanzan a US $16.466 millones (en contraste con US $ 2.617 millones el 2018 y US $ 2.130 millones el 2019).  De acuerdo al mismo autor, teniendo presente que durante el estado de excepción la autoridad ambiental solo ha congelado el trámite de evaluación ambiental para los proyectos que tienen incorporada participación ciudadana, esto es los estudios de impacto ambiental que están en esa etapa del proceso, el incremento sustancial de los proyectos sometidos a EIA constituye una clara señal de abuso empresarial que cuenta con la complicidad gubernamental[6].

Vinculado a  lo anterior, un ámbito de especial preocupación es el que dice relación con la continuidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental de proyectos que afectan a pueblos indígenas y que por lo mismo requieren de consulta indígena. No obstante la imposibilidad de desarrollar actividades de consulta presencial, la autoridad ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental) ha pretendido continuar con dichos procesos de consulta indígena  por vía remota, desconociendo la brecha digital y la realidad que muchas comunidades indígenas tienen para continuar con dichos procesos de forma virtual. Es el caso, por ejemplo, del proceso de consulta con la Comunidad de Peine en el contexto de la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Continuidad Operacional Compañía Minera Zaldívar”, que considera una ampliación del permiso para extraer aguas subterráneas desde el acuífero, el que ha seguido adelante no obstante el contexto actual[7].

Otro caso a referir es el de la empresa de capitales noruegos Statkraft, la que a través de la empresa eléctrica Pilmaiquén, de su propiedad y domiciliada en Chile, impulsa dos proyectos de centrales hidroeléctricas en el Río Pilmaiquén (las central hidroeléctricas Osorno y Los Lagos). Invocando su política de responsabilidad social corporativa, ha ofrecido a través de misivas enviadas a fines del mes de abril pasado la donación de insumos y/o productos en beneficio de las personas que habitan en los sectores rurales aledaños a la central (Curralhue Chico, Lumaco, Monteverde, Maihue, Carimallín y El Roble), varios de ellos de población huilliche opositora a dichos proyectos. Se trata de una estrategia que  ha sido interpretada por la dirigencia huilliche del territorio como una orientada a sacar provecho de sus necesidades  en el momento crítico de la pandemia a objeto de lograr su apoyo a proyectos que han cuestionado por sus impactos adversos a sus derechos.

Finalmente, otro ámbito de preocupación es el de la afectación de derechos humanos por parte de empresas domiciliadas en Chile que operan fuera de las fronteras del país en el contexto de la pandemia COVID 19. Es el caso de las empresas chilenas de retail Falabella y Jumbo, que operan en Argentina,  las que  fueron denunciadas por el  gobierno de ese país de “brindar información engañosa”  y de faltar a la entrega de sus ventas en tiempos de emergencia sanitaria y social derivada del COVOD 19, siendo imputadas por  faltas a la Ley Defensa del Consumidor. De acuerdo a información de prensa,  dichas empresas no cumplieron con las fechas pactadas para la entrega de los productos y operaron sin previo aviso o información al consumidor. Más aún, las mismas empresas habrían llegado a sugerir  a algunos clientes que retiraran sus producto solicitados expresamente a domicilio, en tienda, a pesar del confinamiento obligatorio allí decretado[8].

Otro caso crítico es el de las actividades de Geopark, empresa trasnacional dedicada a la exploración y explotación de petróleo y gas, cuyo domicilio principal está ubicado en Chile[9], la que a través de su filial Geopark Perú S.A.C. ha mantenido actividades de exploración en el territorio tradicional del pueblo Achuar y la nación Wampis en la Amazonía peruana, exponiendo a las comunidades al contagio del COVID-19. Las autoridades Wampis han denunciado que personal de relaciones comunitarias de dicha  empresa se ha movilizado sin previo aviso al interior de su territorio, y que embarcaciones con personal de la empresa, provenientes de ciudades con alta tasa de contagio por COVID-19 transitaron por el rio Morona, hechos que determinaron la interposición de una acción judicial de la nación Wampis en contra de la empresa[10]. Cabe señalar que las actividades de Geopark en el territorio Wampis, a juicio de las autoridades Wampis, vulnerarían la normativa establecida por el gobierno peruano para el caso del sector hidrocarburos en el contexto del COVID-19 (D.S. 044-2020-PCM) que permite solo a quienes se dedican a la producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible circular por las vías de uso público, pero excluye a empresas  que  tienen campamentos petroleros, pero que no tienen procesos de producción y distribución. Con mayor razón aún, excluiría a empresas que no tienen certificación ambiental, como la empresa petrolera GeoPark Perú S.A.C en el Lote 64 en territorio Achuar y Wampis.

Se debe recordar que, de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,  los  Estados tienen una responsabilidad extraterritorial en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos, debiendo asegurar que las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción respeten los derechos humanos en todas sus actividades, incluyendo aquellas desarrolladas fuera de sus fronteras (Principio 2)[11]. Dicha responsabilidad, en el caso del Estado de Chile fue también establecida en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos que aprobara el 2017 vigente hasta este año.

De acuerdo a los mismos Principios Rectores, las empresas como “actores no estales”,  tienen la obligación y responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que implica el deber de evitar vulnerar los derechos de las personas y reparar las consecuencias negativas de sus actividades Para ello deben actuar con debida diligencia, evaluando el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos,  y hacer frente a las consecuencias negativas de las mismas. (Pilar 2 Principios Rectores).

Se trata de deberes que  adquieren mayor relevancia en momentos críticos como el que está viviendo el país y en otros países de la región, donde las empresas domiciliadas en Chile operan. Tal como ha señalado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas en su reciente comunicado sobre COVID-19, “[l]Las respuestas a la pandemia y el impacto económico no deben dar lugar a normas menos estrictas, ni siquiera deben ser utilizadas como pretexto por los gobiernos y las empresas para eludir los compromisos internacionales en materias de derechos humanos.” En su mismo comunicado el Grupo de Trabajo agrega: “Es más vital que nunca que tanto los gobiernos como las empresas tomen un camino sostenible centrado en las personas mientras luchan contra el Covid 19 y traten de mantener sus economías. Será igualmente crítico hacerlo una vez que pase la pandemia, en lugar de tomar atajos en nombre del crecimiento económico.”[12]

En una línea parecida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos (Resolución 1/2020) subraya la necesidad de que los Estados observen sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y particularmente aquellas referidas a los derechos económicos, sociales y culturales, en las decisiones económicas y políticas. La CIDH agrega además que en el contexto  “…de la pandemia, los Estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales, incluyendo la aplicación extraterritorial de dicha obligación, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia.” (Resolución I)

También relevante, en relación a la afectación de derechos de pueblos indígenas por actividades productivas y extractivas la CIDH insta a los Estados a “[a]bstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en la materia.” [13]

Las directrices aquí reseñadas emanadas de organismos internacionales de los que Chile es parte deberían orientar la actuación del Estado y de las empresas en momentos tan críticos  como el de la pandemia del COVID-19 que hoy vive el país y la región, que afecta la salud y la vida de tantas personas, en especial la de los integrantes de los grupos más vulnerables.  Ni el Estado ni la empresa pueden poner en peligro derechos tan esenciales en función de la actividad económica.  El deber de proteger los derechos humanos de los primeros y de respetar los derechos humanos de las segundas, incluyendo la debida diligencia, establecido en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia, adquieren hoy más sentido que nunca.

Desde la sociedad civil mantendremos el monitoreo del actuar del Estado y de las empresas a objeto de asegurar que los derechos humanos no sean vulnerados en el contexto de la pandemia, exigiendo a estos el cumplimiento de las directrices aquí referidas, así como la rendición de cuentas.

  • José Aylwin es abogado, coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano. Roberto Morales es Contador Auditor, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Fundación Instituto de Estudios Laborales – FIEL (CUT). Este artículo fue publicado por el Mostrador el 2 de junio de 20202 bajo el título “Las directrices de la CIDH que deben seguir las empresas y el Estado en el manejo de la pandemia”. Disponible en https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/02/las-directrices-de-la-cidh-que-deben-seguir-las-empresas-y-el-estado-en-el-manejo-de-la-pandemia/
[1] https://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Analisis/2020/05/07/Los-frentes-que-abrio-Cencosud-tras-dejar-la-Ley-de-Proteccion-al-Empleo.aspx
[2] https://www.elmostrador.cl/mercados/2020/04/22/empresarios-apuestan-por-la-nueva-normalidad-sutil-insiste-en-retomar-actividad-en-forma-gradual-para-evitar-situaciones-de-hambre/
[3] https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/03/26/presidente-de-la-cpc-y-el-futuro-de-latam-debe-recurrir-a-todas-las-opciones-de-deuda-y-en-una-de-esvbn-tjmmbnhnjnhyhk8ljybjjyknlnkhjllas-a-la-repatriacion/
[4] https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2020/04/08/alcaldes-de-aysen-apuntan-a-empresas-salmoneras-como-responsables-del-70-de-contagios-en-la-region.shtml
[5] https://www.24horas.cl/coronavirus/el-pueblo-altiplanico-que-cerro-sus-puertas-al-covid-19-4120107
[6] http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107913.
[7] https://observatorio.cl/los-plazos-en-el-seia-en-tiempos-de-pandemia/
[8] https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/22/el-gobierno-argentino-lleva-a-la-justicia-a-falabella-y-jumbo/
[9] https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1464591/000095010319006447/dp106750_6k.htm
[10] Ver https://larepublica.pe/politica/2020/05/25/coronavirus-pueblo-wampis-demandara-a-petrolera-geopark-por-romper-la-cuarentena-y-ponerlos-en-peligro/
[11] https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
[12] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25836&LangID=S
[13] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

 

Declaración Pública Organizaciones Ambientalistas y de la Salud

La pandemia que durante estos últimos meses ha vivido la humanidad en su conjunto nos ha obligado a replantear y poner en discusión varios de los aspectos más elementales que implica la vida en comunidad: la solidaridad con las y los demás, lo importante que es el trabajo en equipo y lo mucho que podemos lograr cuando ciencia y política trabajan de la mano. 

Aprendimos que ningún país, por poderoso que sea, puede lograr salir adelante si su política no es poner las vidas de sus ciudadanos por sobre todo lo demás. Aprendimos que, como bien han dicho nuestros pueblos originarios, debemos respetar la naturaleza porque somos parte de ella y alterarla trae consecuencias como ésta. También aprendimos que solxs no superaremos esta crisis y que únicamente trabajando en equipo e incluyendo en la conversación a todos los actores, los países y sus gobiernos podrán superar esta pandemia. 

Hoy, organizaciones del área de la salud, la academia, las comunidades indígenas y movimientos ambientales nos unimos bajo un lema común: la ciudadanía debe ser parte de la conversación, y para eso, los gobiernos deben dejar de ocultarnos la información. Cuando se debe enfrentar una amenaza a la salud pública que pone en riesgo la vida de las personas, tenemos derecho a saber qué está pasando exactamente y cómo podemos ayudar a detenerla. 

Esta premisa, que para muchos parece tan obvia, queda consagrada expresamente en el Acuerdo de Escazú , un inédito tratado internacional de América Latina y el Caribe que 1 obliga a los gobiernos de la región a ser transparentes e incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan. 

Inexplicablemente, y a pesar de haber sido su promotor, Chile ha optado por no suscribir el Acuerdo, situación que ha implicado la continuación de dinámicas problemáticas, tales como la poca transparencia en torno a los datos de contaminación en territorios críticos como Quintero y Puchuncaví o, como también, en la gestión de esta crisis sanitaria, 2 entregando cifras con un nivel de desagregación y periodicidad que impide hacer análisis más profundos de los efectos y proyecciones de la pandemia y, en muchos de los casos, 3 excluyendo de las discusiones a organizaciones del área de la salud, las que sin lugar a dudas hubieran sido un aporte con recomendaciones expertas que podrían haber salvado vidas. La situación que estamos viviendo hoy es un claro ejemplo de como la transparencia de la información permite que más actores estén regulando el actuar del gobierno, y cómo la falta de datos o información puede repercutir directamente en salvar vidas.

Este mismo caso lo vemos en el mundo académico, donde mientras las y los expertos han intentado dar con algunas soluciones para esta crisis, su trabajo ha sido dificultado por la falta de información y transparencia en torno a la crisis, al tener como respuesta por parte de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que “hoy no es el momento para exigir ese tipo de información” .

Estamos ante una crisis, y debemos tratar todas las crisis con seriedad. Las organizaciones ambientalistas llevamos años advirtiendo sobre las consecuencias de no abordar con seriedad los riesgos aparejados a la crisis climática y ecológica de la misma forma que las organizaciones de la salud llevábamos años advirtiendo sobre la precariedad de nuestro sistema de salud. ¿Nuevamente vamos a esperar otra gran crisis para actuar? No volvamos a repetir los mismos errores que hemos tenido con el Coronavirus, con la crisis climática e hídrica. Aún estamos a tiempo de actuar, pero no solxs ni a puertas cerradas: debemos actuar coordinados política, ciencia y ciudadanía. 

De esta crisis, y de las que vienen, sólo saldremos con unidad, dialogando y actuando. No permitiremos que nos sigan dejando fuera de la discusión, hagamos del diálogo y de la transparencia elementos indispensables para nuestra democracia. Las organizaciones aquí firmantes, en unidad, emplazamos al gobierno de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo de Escazú ahora, a dejarse de excusas y a actuar escuchando a sus ciudadanos. 

CAMPAÑA

¡ESCAZÚ AHORA CHILE! 

Descarga la declaración aquí:

declaracin-pblica-organizaciones-ambientalistas-y-de-la-salud-28

Parlamentarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil de Québec y Canadá frente a recientes iniciativas políticas y judiciales que buscan la impunidad en Chile en materia de crímenes de lesa humanidad

Ottawa, Québec, Montréal, 2 de Junio de 2020

Nosotros, parlamentarios de diversos partidos políticos del Quebec y de Canadá, académicos, representantes de las grandes centrales sindicales y de organizaciones sociales, y miembros de la Misión canadiense y quebecense de observación de derechos humanos en Chile de Enero 2020, queremos expresar nuestra más profunda preocupación frente a las recientes decisiones de la Corte de Apelaciones de Santiago que redujo las sentencias de 9 responsables de crímenes de lesa humanidad y absolvió de toda culpa a 8 otros. Estas decisiones están ahora siendo evaluadas en la Corte Suprema. Tal como lo expresó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esa decisión de la Corte de Apelaciones parece demostrar la lealtad de parte del sistema judicial hacia la herencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet y borra los difíciles avances en materia de justicia de derechos humanos que ha habido en Chile hasta ahora. Con esa decisión, Chile se desliga de todas sus obligaciones en materia de Derecho internacional y de la garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad, tan importantes para el sistema internacional. El hecho de que la misma Corte de Apelaciones haya negado, hace pocos días, la posibilidad de cumplir sus condenas en libertad domiciliaria a los miles de presos que fueron detenidos en el contexto de las manifestaciones desde octubre pasado en Chile parece demostrar un sesgo o una cierta parcialidad. Las organizaciones internacionales más importantes en materia de derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le han pedido con insistencia a Chile que respete los convenios internacionales en materia de libertad de expresión y manifestación, lo que implica que no mantenga encarceladas a personas por haber participado en manifestaciones. Nos unimos a esa petición fundamental que no ha sido atendida, ni por el poder judicial, ni por el poder ejecutivo en Chile.

Queremos expresar nuestra máxima preocupación frente a la posibilidad de que el poder ejecutivo chileno intente promover la impunidad de responsables de crímenes de lesa humanidad a través de varias iniciativas de ley o proyectos, aprovechando el contexto de la pandemia. En ese sentido, valoramos que el Tribunal Constitucional de Chile haya rechazado el 13 de abril las solicitudes de senadores oficialistas que buscaban incluir a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad en la propuesta del Ejecutivo que otorga la posibilidad a presos de delitos comunes que hayan cumplido dos tercios de sus condenas, o a mujeres embarazadas o con menores de dos años, de cumplir el resto de sus condenas en libertad. Apoyamos plenamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en su rechazo y alegato contra intentos de senadores oficialistas, de incluir a condenados por crímenes de lesa humanidad en la propuesta del Ejecutivo, liderada por el Ministerio de Justicia don Hernán Larraín, la cual tenia como objetivo aliviar los riesgos en cárceles en el contexto de la pandemia de COVID-19. Nos alegramos de que la ley haya finalmente sido adoptada sin incluir a esas personas, cuyos crímenes son los más graves que existen.

Queremos expresar también nuestra preocupación frente a la posibilidad de que un proyecto de ley — boletín Nº12.345-07 — del gobierno de Chile, conocido como “ley de Indulto Humanitario”, que busca liberar a todos los condenados por crímenes de lesa humanidad que hayan cumplido 75 años y que ha sido presentado por el gobierno de Chile en diciembre del 2018, haya sido reactivado el pasado mes de abril en el Senado de la República. La reactivación de este proyecto de ley, mediante la discusión inmediata en primer momento y luego con urgencia suma, manda un mensaje muy claro a la comunidad internacional: los sectores oficialistas del gobierno de Chile no van a descansar hasta que hayan logrado poner en libertad a los culpables de crímenes contra la humanidad. De ser adoptada, el Ministro Hernán Larraín informó el pasado 14 de abril, en la Comisión de Constitución del Senado, que nada menos que 83 de los 122 beneficiarios de esa ley a nivel nacional, serían personas que han sido juzgadas por crímenes contra la humanidad, o sea que esa ley parece hecha para concederles impunidad.

Mientras la comunidad internacional celebra en estos días la captura de criminales de lesa humanidad de Rwanda, nos preguntamos cómo es posible que Chile intente liberarlos mediante vías legisltivas. No obstante que este proyecto de ley siga su tramitación con resultado incierto en el Congreso Nacional, la existencia misma de una propuesta de esa índole nos preocupa muchísimo como Quebequenses y Canadienses. Al ser así, el poder político estaría interviniendo a favor de la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad, con las más graves consecuencias y violando todas las obligaciones internacionales de Chile en materia de garantía de no-repetición. Si se concretara ese proyecto de ley, habría problemas insolubles para los estándares en materia de derecho internacional y eso afectaría la imagen y reputación de Chile a nivel internacional y de nuestro país. Confiamos que las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Constitución del Senado de la República de Chile podrán conducir a que los parlamentarios chilenos tomen la única decisión posible para respetar el derecho internacional y rechacen el citado proyecto de ley, asi como la decisión manifestada por mayoria de sus miembros la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

Nosotros hemos asumido el deber de informar de esa situación a los grandes medios de comunicación en Quebec y Canadá, así como a nuestros representantes políticos. Los diputados miembros de la Misión, Sol Zanetti y Simon-Pierre Tremblay-Savard, también están dando a conocer esa situación en los parlamentos del Quebec y de Canadá. Más allá de la presente declaración, estamos trabajando en colaboración con otras importantes organizaciones de nuestro país, para seguir informando a la población canadiense y contar con su apoyo en futuras campañas internacionales para rechazar la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad en Chile. Nos sumamos a las declaraciones recientes de las organizaciones integrantes de la Red de Sitios de Memoria, de CODEPU, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para pedirle al gobierno de Chile y a todas sus instituciones, incluyendo la Corte de Apelaciones, que respeten integralmente los convenios internacionales en materia de derechos humanos que el país ha firmado y honren los máximos estándares internacionales.

Reiteramos todo nuestro apoyo a las organizaciones chilenas e internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile. En ese sentido, nos alegramos de la puesta en marcha próxima del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

 

Firman: 

MEMBERS OF THE PARLIAMENT OF CANADA AND OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF QUEBEC / MEMBRES DU PARLEMENT DU CANADA ET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC / MIEMBROS DEL PARLAMENTO DE CANADÁ Y DEL PARLEMENTO DE QUÉBEC

Honourable Jack Harris, New Democratic Party (NDP) Critic for Foreign Affairs, Public Safety and Emergency Preparedness, NDP Member of Parliament, Riding of St. John’s East, Newfoundland and Labrador, Parliament of Canada, (Parlamento de Canadá)

Senator the Honourable Marilou McPhedran, Independent Senator – Manitoba | Sénatrice indépendante – Manitoba, Sénat du Canada | Senate of Canada Territoire Algonquin | Algonquin Territory Bureau (Parlamento de Canadá)

Honorable Stéphane Bergeron, Porte-parole en matière d’affaires étrangères, Député du bloc québécois, Circonscription de Montarville, Parlement du Canada (Parlamento de Canadá)

Honourable Heather McPherson, NDP Member of Parliament, Riding of Edmonton Strathcona, Parliament of Canada (Parlamento de Canadá)

Honorable Simon-Pierre Savard-Tremblay, Député du Bloc québécois, Circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagot, Parlement du Canada (Parlamento de Canadá)

Honourable Paul Manly, Green Member of Parliament, Riding of Nanaimo – Ladysmith, Parliament of Canada (Parlamento de Canadá)

Honorable Alexis Brunelle-Duceppe, Député du Bloc Québécois, Circonscription de Lac-Saint-Jean, Parlement du Canada (Parlamento de Canadá)

Honorable Alexandre Boulerice, Député du Nouveau Parti démocratique (NPD), Circonscription de Rosemont – La Petite-Patrie, Parlement du Canada (Parlamento de Canadá)

Honorable Osvaldo Núñez, ex-Député du Bloc Québécois, Circonscription de Bourassa, Parlement du Canada (Parlamento de Canadá)

Honorable Catherine Dorion, Députée de Québec solidaire, Circonscription de Taschereau, Assemblée nationale du Québec (Parlamento de Québec)

Honorable Sol Zanetti, Député de Québec solidaire, Circonscription de Jean-Lesage, Assemblée nationale du Québec (Parlamento de Québec)

Honorable Andrés Fontecilla, Député de Québec solidaire, Circonscription de Laurier-Dorion, Assemblée nationale du Québec (Parlamento de Québec)

Honorable Ruba Ghazal, Députée de Québec solidaire, Circonscription de Mercier, Assemblée nationale du Québec (Parlamento de Québec)

MAYORS / MAIRES / ALCALDES

Madam Mayor Sue Montgomery, Mayor of Burrough Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Alcalde de la ciudad Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Canada

Madam Mayor Giuliana Fumagalli, Mayor of Burrough Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Alcalde de la ciudad Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Canada

MEMBERS OF THE QUEBEC AND CANADIAN DELEGATION TO CHILE / MEMBRES DE LA DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE AU CHILI / MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN DE QUEBEC Y CANADÁ EN CHILE:

Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado del partido Bloc Québécois en el Parlamento de Canadá

Sol Zanetti, diputado del partido Quebec solidaire en la Asamblea nacional de Quebec.

Luc Allaire, responsable de relaciones internacionales de la Centrale de syndicats du Québec (Central de sindicatos de Quebec) – CSQ y presidente del Centre international de solidarité ouvrière (Centro internacional de solidaridad obrera) – CISO ;

Marcos Ancelovici, PhD, titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Sociología de Conflictos Sociales y profesor del Departamento de Sociología de la Université du Quebec à Montréal

Marie-Christine Doran, PhD, profesora titular de la Escuela de Estudios Políticos y directora del Observatorio Violencia, Criminalización y Democracia de la Université d’Ottawa

Ricardo Peñafiel, PhD, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política, Université du Quebec à Montréal – UQAM, co-director del Grupo de Investigación sobre los Imaginarios Políticos – GRIPAL 

Denise Gagnon, representante sindical de la Fédération de travailleurs et travailleuses du Québec (Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec) – FTQ y presidente de la Fundación Salvador Allende de Montreal;

Pierre Mouterde, ensayista y exprofesor de filosofía del Collège Limoilou;

Isabel Orellana PhD, profesora titular, Université du Quebec à Montreal Comité Directivo del Centro de Investigación en Educación y Formación en Medioambiente y Ecociudadanía 

PROFESSORS AND DIRECTORS OF RESEARCH CENTERS / PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE CENTRES DE RECHERCHE / PROFESORES Y DIRECTORES DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN :

John Packer, Neuberger-Jesin Professor of International Conflict Resolution, Director of the Human Rights Research and Education Centre, University of Ottawa, Canada 

Dominique Arel, PhD, Full Professor, Director of the Chair of Ukrainian Studies, School of Political Studies, University of Ottawa

Jennifer Carter, PhD, Associate Professor, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada 

Pierre Beaucage, PhD, Professor Emeritus, Université de Montréal, Canada 

Luis Van Isschott, PhD, Assistant Professor, University of Toronto, Canada

Victor Armony, PhD, Full Professor, Université du Québec à Montréal (UQAM), Director of the Laboratoire interdisciplinaire d’études latino-américaines (LIELA) and co-director of the Latin American Studies Network of Montreal (RÉLAM), Canada 

Dimitrios Karmis, PhD, Full Professor, President of the Association of Professors of the University of Ottawa (APUO), Vice-Director of the School of Political Studies, University of Ottawa

Anne Latendresse, PhD, Full Professor, Université du Québec à Montréal (UQAM), Director of the Centre d’études et de recherches sur le Brésil (Centre for Research on Brazil – CERB), Canada 

Geneviève Tellier, PhD, Full Professor, University of Ottawa, Canada

Sylvie Paquerot, PhD, Associate Professor, University of Ottawa, Canada

Denis Langlois, Chercheur affilié au Centre d’études sur la gouvernance, Université d’Ottawa et ex-formateur sur les droits humains, Centre Pearson pour le maintien de la paix, Canada

Claude Morin, Full Professor (retired), Histoire de l’Amérique latine, Université de Montréal, Canada

José Antonio Giménez Micó PhD, Professor, Hispanic and Latin American Studies, Concordia University, Montreal, 2014 CCSL Outstanding Contribution Award, Canada

Karine Vanthuyne, Ph.D., Associate Professor, University of Ottawa, Director of the Chair on Teaching and Decolonization, Director of the Interdisciplinary Research Group on the Territories of Extraction (IRGTE), Canada

Francine Saillant PhD., Professor Emeritus, Université Laval, Canada 

Leila Celis, PhD., Full Professor, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada

Marie-Josée Massicotte, PhD, Associate Professor, Director of the Institute of Feminist and Gender Studies, University of Ottawa, Canada

Joao Velloso, PhD, Assistant Professor, University of Ottawa, Canada

Anne-Marie Reynaud, PhD, Associate Researcher, Center for Research Ethics, Université de Montréal, Canada. 

Marc-André Anzueto, Ph.D., Assistant Professor, Université du Québec en Outaouais (UQO), Canada

Etienne Roy Grégoire, PhD, SSHRC-FRQSC Postdoctoral Fellow, McGill Faculty of Law, Canada

Myriame Martineau, PhD. Professor-Researcher-Creator, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada

José Del Pozo, Ph.D., Associate Professor, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada

Florence Larocque, PhD, Professor, École nationale d’administration publique, Canada

Camille Denicourt-Fauvel, PhD candidate, Doctoral Researcher, Sciences Po, Centre de recherches internationales (CERI), CNRS, Paris, France

Virginie Jetté, Doctoral Student, Faculty of Law, University of Ottawa, Canada

Marie-Dominik Langlois, Doctorante, University of Ottawa and École des hautes études en sciences sociales (ÉHÉSS, Paris), Coordonator of the Interdisciplinary Research Group on the Territories of Extraction (IRGTE), Canada

Viviana Fridman, PhD, Responsable des programmes de deuxième cycle en Études internationales, Université de Montréal, Canada 

Ignacio L. Moya, Doctoral Fellow, Western University, Canada

David Longtin, Doctoral Fellow, University of Ottawa, Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL)

Juan Carlos Aguirre, Ph.D., Professor, Cégep du Vieux Montréal, Canada

NATIONAL ORGANIZATIONS / ORGANISATIONS NATIONALES / ORGANIZACIONES NACIONALES:

Jacques Letourneau, Président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Canada (Confederación de Sindicatos Nacionales)

Daniel Boyer, Président, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Canada (Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Québec)

Sonia Ethier, Présidente, Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Canada (Central de Sindicatos del Québec)

Caroline Quesnel, Présidente, Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Canada (Federación Nacional de profesores y profesoras del Quebec)

Dominique Daigneault, Présidente, Conseil central du Montréal métropolitain, Centrale des syndicats nationaux, CCMM-CSN, Canada. (Consejo cemtral del Montreal metropolitano, Central de sindicatos nacionales)

Christian Nadeau, Président, Ligue des droits et libertés, Canada  (Liga de Derechos y Libertades)

Amélie Nguyen, Coordinator, Centre international de solidarité ouvrière CISO, Montréal, Canada

Marie-Eve Marleau, Coordinatrice, Comité pour les droits humains en Amérique latine CDHAL

Zaida Macías, Vice-president, Fondation Salvador Allende de Montréal, Canada

Juan Larenas F., Comité de solidarité Carlota Van Schouwen, Canada

Cc. Codepu, INDH, Red sitios de Memoria, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas, Defensoría Jurídica Universidad de Chile; Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la U. Chile.