Por Paulina Acevedo Menanteau.

Cuando un Estado asesina de forma sistemática y sus autoridades mienten para encubrirlo, más aún, cuando éstas justifican el actuar de sus agentes sin condenar de forma categórica estos repudiables hechos y asumir las responsabilidades que les caben, estamos pisando una línea muy delicada. La del Estado de Derecho, que en Chile se cae a pedazos, del mismo modo que en dictadura.

Con particular estupor recibí la noticia de que nuevamente la policía había asesinado -por la espalda- a un mapuche; y no cualquier policía, sino aquella que se formó en Colombia y Estados Unidos para ejercer represión política bajo técnicas de guerra y exterminio: el Comando Jungla.

Tampoco se trataba de cualquier mapuche. Era Camilo, hijo de Marcelo Catrillanca y nieto del emblemático lonko de Temucuicui. Una comunidad especialmente azotada por la militarización del territorio mapuche, en la cual en años pasados desarrollamos, con el Observatorio Ciudadano, dos misiones de observación en derechos humanos para constatar en terreno y con la participación de distintos profesionales los graves efectos y secuelas, especialmente en niñas y niños, que provoca el constante hostigamiento y los salvajes allanamientos perpetrados por Carabineros, casi siempre de madrugada y bajo la complicidad de la noche.

Camilo que en ese entonces era uno de esos niños, había sobrevivido a estas traumáticas experiencias y formado una hermosa familia de la cual la muerte lo separó a sus cortos 24 años, dejando atrás a una hija de seis años y otro hijo en camino, como dolorosamente me enteré por las informaciones que no paraban de llegar.

De hecho el joven Camilo, que en los momentos de mayor expansión del movimiento estudiantil se convirtió dirigente y en un defensor de los derechos de su pueblo, exigiendo poner fin a la violencia de Estado, iba tranquilamente a su hogar montado en el tractor que trabajaba a diario cuando una bala enferma de odio y de control entró desde atrás a su cabeza. Junto a él iba un niño de 15 años que pudo haber sido también impactado de muerte, estando ambos envueltos en lo que se transformó en una cacería, pero Camilo alcanzó a advertirle que se agachara cuando comenzaron a caer las balas. Los animales de la Jungla estaban sueltos y desatados por toda la Comunidad, por un supuesto robo de vehículos.

El cuerpo aún con vida de Camilo fue trasladado por sus propios verdugos a un centro de asistencia de la red pública y el niño detenido. No pasó mucho tiempo hasta que la noticia de su deceso se propagó como el viento entre los cerros. Del niño nada se sabía, hasta que fue localizado en una comisaría. Se pensó en un primer momento que estaría también herido, pues Carabineros no dejaba a la familia verlo. Finalmente fue pasado a control de detención al día siguiente, la el Tribunal de Garantía de Collipulli declaró ilegal. Hoy se encuentra bajo protección, y es testigo clave para acreditar que Camilo fue asesinado a mansalva por agentes que sabían perfectamente, pues custodian la zona, quién era el joven mapuche que tenían al frente.

Mi consternación ­-aunque no sorpresa-­ fue en aumento hasta alcanzar la rabia, tras escuchar las declaraciones del general director de Carabineros, Hermes Soto, y del Intendente de la Araucanía, Luis Mayol. De acuerdo al ardid que ambos fraguaron para justificar lo injustificable, Camilo sería uno de los asaltantes –que paradojalmente ellos mismos señalaron iban “encapuchados”- que habrían robado momentos antes tres autos desde un colegio. Lo que habría motivado el despliegue de más de 200 efectivos y helicópteros, que les habrían seguido desde el aire, y que irrumpieron de lleno en la Comunidad de Temucuicui.

Como la desproporción del operativo no hacía creíble las aclaraciones de estas “autoridades”, había que avanzar reforzando estereotipos y la peligrosidad. El Intendente dijo entonces que Camilo había sido antes condenado por un delito similar, pero un certificado de antecedentes penales que circuló al día siguiente lo desmintió. Finalmente, terminó renunciando una semana después de los hechos, ante la posibilidad de que una acusación constitucional lo sacara de su puesto y le impidiera postularse a cargos de elección por largos cinco años.

Carabineros, por su parte, desplazó imágenes de impactos de bala en “uno” de sus vehículos para hacer más verosímil la versión del fuego cruzado. El mismo simulacro de enfrentamiento que quisieron hacer creer en el asesinato, también por la espalda, del comunero mapuche Jaime Mendoza Collio en 2009, y que la Policía de Investigaciones terminó por desmantelar tras acreditar que Carabineros había disparado con posterioridad a sus chalecos antibalas, para así justificar este crimen durante una ocupación pacífica de terrenos que eran reivindicados por miembros de comunidades que estaban desarmados. En el caso de Camilo, fue el propio niño que le acompañaba quien evidenció los intentos de encubrimiento, al relatar que los Carabineros del operativo habían hecho desaparecer la tarjeta de memoria de la cámara, que habían negado portaban. Por lo que todos ellos fueron dados de baja, y enfrentarán cargos por obstrucción a la justicia.

El gobierno central, en tanto, seguía guardando silencio tras el homicidio de Camilo y lo haría hasta el día siguiente. Cuando el ministro del Interior Andrés Chadwick, cartera de la cual dependen las policías, salió a respaldar el actuar de Carabineros, arguyendo que en medio del operativo una bala loca habría impactado a Camilo. Esto me llevó de inmediato a recordar el asesinato del dirigente sindical Luis Jiménez. Y es que el Estado cuando asesina, sin razón, ocupa las mismas argucias para salir del entuerto y de los cuestionamientos, amparados por la impunidad en que han quedado crímenes anteriores.

Pero ya se sabe que “un pueblo sin memoria, es un país sin historia”. Y el pueblo mapuche, como el chileno, han ido acumulando en el recuerdo las atrocidades del terrorismo de estado y esta vez, frente al asesinato de Camilo, salieron a las calles de forma espontánea y contundente a decir ¡ya basta!

Por eso apunta bien el historiador Jorge Baradit, al señalar que “el nivel de la reacción social frente a la muerte de Camilo Catrillanca tiene que ver con la empatía dolorosa que nos produce el abuso de poder y la desigualdad a que estamos constantemente expuestos”.

Solo agregaría que cuando un Estado asesina de forma sistemática y sus autoridades mienten para encubrirlo, más aún, cuando éstas justifican el actuar de sus agentes sin condenar de forma categórica estos repudiables hechos y asumir las responsabilidades que les caben, estamos pisando una línea muy delicada. La del Estado de Derecho, que en Chile se cae a pedazos, del mismo modo que en dictadura.

Por eso espero, como dijo el poeta y Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita, que el rostro de Camilo cubra el horizonte, hasta que veamos despuntar la luz de la verdad y por sobre todo de la justicia para individualizar y condenar de modo ejemplar a quienes le dieron muerte. Únicamente así podremos, de una vez por todas, comenzar a poner fin a la larga noche de oscura y dolorosa impunidad.

* Periodista, comunicadora en Derechos Humanos. Observatorio Ciudadano. Plataforma Chile Mejor Sin TPP.