En los últimos días la Araucanía y regiones aledañas han sido impactadas por diversos hechos de violencia que dan cuenta del grave deterioro de las relaciones interculturales en esta parte del país
El domingo 18 de diciembre, Brandon Hernández Huentecol, niño mapuche de 17 años del sector Curaco, de la comuna de Collipulli, resultó gravemente herido tras recibir un impacto de escopeta en su espalda disparada por un efectivo de Fuerzas Especiales de Carabineros durante un operativo realizado en la ruta R-49, que une Collipulli con Curaco.
El lunes 26 de diciembre, dos comuneros mapuche, Jorge Ariel Colil Alarcón y Renato Ulises Lincopan Cona, resultaron gravemente heridos por disparos efectuados, sin motivo alguno, por funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros en el sector Tranaquepe en la comuna de Tirúa, Provincia de Arauco.
El 11 de enero pasado, tres mujeres mapuche, una de ellas menor de edad, denunciaron haber sido víctimas de actos de tortura en un supuesto control de identidad de carabineros en Makewe, comuna de Freire.
Por otra parte, aun cuando se trata de un hecho cuya vinculación con el conflicto interétnico es incierto y por lo mismo se investiga, cabe mencionar por su gravedad el incendio intencional de las casas patronales del fundo Santa Clarisa ocurrido la madrugada del 15 de enero en Cañete, provincia de Arauco, que resultó en la muerte del cuidador del predio, Juan Retamal Medina.
Se trata en todos los casos de hechos que deben ser condenados, investigados y procesados, con el debido respeto a las garantías procesales de los imputados, para determinar su responsabilidad y sanción. Ellos dan cuenta del incremento de la espiral de violencia relacionada con el conflicto intercultural en la Araucanía, y nos obligan a reflexionar sobre sus causas profundas y sobre la urgente necesidad de poner término a su continuidad
Los medios de comunicación y los actores políticos de diversas tendencias ponen su acento en la dimensión policial y judicial de estos hechos, sin mayor análisis de sus causas estructurales y, consecuentemente, de las perspectivas para su superación.
Los empresarios agrupados en SOFOFA, señalaron días atrás que los hechos de violencia que se imputan a los mapuche –sin mayor consideración de la presunción de inocencia– darían cuenta de que en la Araucanía no impera el Estado de Derecho, de la incapacidad de los poderes del Estado para hacer cumplir la ley y la Constitución, llamando al Estado a hacerlas respetar.
La Presidenta Bachelet visitó en días pasados la Araucanía y evitó toda referencia al conflicto intercultural en esa región. Preguntada sobre el procesamiento por ley antiterrorista que mantiene en prisión preventiva y/o arresto domiciliario a once comuneros mapuche, entre ellos la machi Francisca Linconao, señaló que se trata de una situación que está en manos de la Justicia, poder en el que ella no tiene injerencia.
Ante esta crítica realidad se hace necesario reflexionar sobre las causas subyacentes del conflicto intercultural en la Araucanía y sobre los factores que lo han gatillado. Asimismo es necesario reflexionar sobre la responsabilidad que en frente a esta conflicto cabe al Estado, a la sociedad chilena en general, y en particular al mundo empresarial presente en el área.
Se hace importante además señalar el pueblo mapuche, al igual que otros pueblos indígenas existentes en el país no cuentan hasta la fecha con el reconocimiento jurídico-político que reclaman, el que ha sido otorgado a estos pueblos en la mayor parte de los países de la región y del mundo. Tampoco tienen representación en las instancias donde se toman decisiones sobre los temas que les conciernen, como el parlamento o los gobiernos regionales y provinciales.
Sus tierras, que en un porcentaje cercano al 95% les fueron confiscadas al anexarse militarmente sus territorios al Estado chileno a finales del siglo XIX e inicios de siglo XX, hasta la fecha siguen sin serles restituidas. Las empresas forestales, agrupadas en la SOFOFA, son propietarias de 1.5 millones de hectáreas al sur del Bio Bio, la mayor parte de ellas en poder de dos empresas (Arauco y CMPC). Ello en contraste con las cerca de 800 mil hectáreas que hoy poseen los mapuche, con una población cercana al millón de personas.
Contrastan también las cuantiosas ganancias que obtienen estas empresas por sus actividades en la región de la Araucanía –el 2016 se registraron exportaciones forestales por $5.300 millones de dólares–, muchas veces en tierras reivindicadas por los mapuche, siendo esta región la de mayor demografía indígena en Chile y a la vez la más pobre del país, con tasas muy superiores a las del resto de las regiones (su índice de pobreza por ingreso es de 23,6%, respecto del promedio nacional que es de 11,7%). Asimismo, siete de las diez comunas más pobres del país se encuentran en dicha región.
Las políticas públicas impulsadas en las últimas dos décadas han sido incapaces de revertir esta situación y, por lo mismo, generar una convivencia intercultural armónica en esta parte del país. Si bien el Estado ha promovido la compra de tierras derivadas de títulos que anteriormente les fueran reconocidos a los mapuche –con fondos exiguos, vía mercado, y a precios especulativos–, dichas compras de tierras no consideran, conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, la posibilidad de adquirir para su restitución a los mapuche tierras de ocupación tradicional.
Por otra parte, a los impactos de la forestación exótica en territorio mapuche, que junto a la pobreza incluyen migración, secamiento de cursos de aguas, pérdida de biodiversidad, se agregan efectos los generados por la imposición de centrales hidroeléctricas y pisciculturas en la zona, actividades impuestas sin consulta y consentimiento de las comunidades.
Ante esta crítica realidad y la incapacidad del Estado para enfrentarla, muchas comunidades han recurrido a la protesta social como forma de visibilizarla, protesta que no obstante ser mayoritariamente pacífica en un inicio, fue duramente aplacada y criminalizada desde el Estado. Ello a través del uso de las fuerzas policiales en contra de sus comunidades, cuyo actuar abusivo en procedimientos realizados en al interior de sus tierras de ocupación tradicional, sin considerar la presencia de niños, mujeres y adultos mayores, ni sus derechos que se ven especialmente afectados, se ha transformado en una práctica. Las policías han sido responsables del homicidio de al menos cuatro personas mapuche, delitos que no han recibido sanciones judiciales, ni tampoco sanciones administrativas de la autoridad civil a las que están subordinadas las policías.
Del mismo modo, desde fines de la década de los 90 y hasta la fecha centenares de integrantes de comunidades mapuche que defienden sus derechos han sido perseguidos judicialmente. Al menos 67 de ellos han sido imputados por delitos contemplados en la ley antiterrorista. La utilización de esta ley para perseguir hechos de protesta social mapuche fue objeto de una condena a Estado de Chile el 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sentencia en el caso Norin Catriman y otros v/s Chile. La Corte consideró que el Estado de Chile había violado, entre otros derechos, la legalidad y presunción de inocencia, las garantías judiciales y la libertad personal en el caso de ocho mapuche sentenciados a prisión por dicha legislación.
Estas formas de represión y criminalización de la protesta social mapuche han sido determinantes en los hechos de violencia que se imputan a mapuche en los últimos años, configurándose así una espiral de violencia que el Estado, lejos de detener, ha alimentado.
Desde la perspectiva de derechos humanos cualquier solución efectiva y duradera a los problemas de convivencia intercultural que vive la región debe basarse, no en la fuerza, sino en el respeto a los derechos colectivos que hoy son reconocidos a estos pueblos por instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, como es el caso del Convenio N° 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos indígenas. Tales derechos incluyen, entre otros, el derecho a la participación política, a la libre determinación y a la autonomía como expresión de esta última, el derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo. También incluyen el derecho a la justicia y a la no discriminación, así como los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de ocupación tradicional y la protección de su medio amiente y recursos naturales.
Resulta urgente el impulso desde el Estado de un proceso de un diálogo intercultural en la Araucanía y regiones aledañas. Se trata no de cualquier diálogo, sino de uno en que se respete el derecho que asiste al pueblo mapuche, en tanto pueblo indígena, a definir a sus representantes, y no que estos sean definidos arbitrariamente desde el Estado u otros interlocutores, como lamentablemente ha ocurrido hasta ahora. Este diálogo, además, debe tener una agenda libre y abierta, a ser definida por las partes, y no predefinida por la autoridad estatal. Si bien en este diálogo se puede escuchar a sectores relacionados, como sociedad civil, empresas o iglesias, el mismo debe ser desarrollado entre los representantes del Estado del más alto nivel –no solo del nivel regional– y del pueblo mapuche.
El término de la militarización de la región, en particular de aquellos sectores en que están las comunidades en conflicto, parece también fundamental para generar un clima propicio a este diálogo. Ello, por cierto, debe ir acompañado de la disposición de las comunidades u organizaciones mapuche de abstenerse a hacer uso de la fuerza durante el desarrollo de este diálogo, tal como ha sido adelantado en los últimos meses por algunas de ellas.
Finalmente, se debe destacar que la experiencia comparada dice que a mayores niveles de diálogo y de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, mejor es la convivencia intercultural entre estos pueblos y los Estados, así como también con los sectores no indígenas que conviven con ellos. Este y no otro es el camino a seguir para la superación del conflicto intercultural en la Araucanía.
Observatorio Ciudadano
Temuco – Santiago, 18 de enero de 2017
