A 1 año de su Siembra: Berta Vive, COPINH Sigue.

El 2 de marzo de 2016, asesinaron a Berta Cáceres con el objetivo de acallar su voz, acabar con su importante liderazgo y fulminar así el proyecto político y la lucha de un pueblo por la defensa de su territorio; pretendían no solo acabar con ella, sino también con la organización en la que militaba desde hace más de 20 años, el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

Sin embargo, este crimen no solo no logró acabar con el movimiento sino que aún hoy Berta Cáceres, su legado de compromiso, resistencia y claridad siguen vigentes y vivos en los pueblos que en todo el mundo enfrentan las amenazas del capitalismo salvaje, del patriarcado, y de este sistema predador, racista y colonial.

Un año después, 8 personas han sido detenidas en relación con el asesinato de Berta y el intento de homicidio de Gustavo Castro, quien se encontraba en casa de Berta en el momento del atentado. Entre estas personas, hay miembros del ejército hondureño y militares retirados, así como trabajadores de la compañía DESA, responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que COPINH se opone desde hace años y que ha sido una de sus luchas más conocidas. Sin embargo, a pesar de haber detenido a los presuntos autores materiales, el asesinato de Berta permanece en la impunidad hasta que los responsables intelectuales sean desvelados y llevados ante la justicia.

Los familiares de Berta, el COPINH y el único testigo y superviviente del atentado, Gustavo Castro,  siguen denunciando numerosas irregularidades y la falta de transparencia en la investigación del caso que permanece bajo secreto de sumario, en lo que se podría considerar una pretendida ineficacia para tapar que los verdaderos responsables se mueven en las altas esferas del país. Hace apenas un mes, se conocía el informe elaborado por la fundación Global Witness sobre los
defensores y defensoras del medio ambiente en Honduras, del que se desprende que detrás de los y las más de 120 activistas ambientales asesinados y asesinadas en el país desde el golpe de estado de 2009, están los conflictos originados por la proliferación de proyectos extractivos vinculados a las élites económicas y políticas hondureñas. Según la investigación, Honduras sería el país más peligroso para los defensores y defensoras del medio ambiente, quienes se juegan no solo la vida sino que enfrentan cada día amenazas, ataques, despojo y criminalización.

Las organizaciones abajo firmantes señalamos la responsabilidad del Estado de Honduras en el asesinato de la líder lenca por el incumplimiento de las medidas de protección a su favor que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había impuesto. Apoyamos la denuncia interpuesta ante la CIDH por las violaciones a los derechos humanos en contra de Gustavo Castro causadas por el Estado de Honduras durante su retención en ese país el pasado mes de marzo de 2016.

Así mismo, condenamos las campañas de desprestigio por parte de la prensa y del gobierno hondureño del trabajo del COPINH y de otras organizaciones sociales – inclusive nacionales e internacionales -, y la criminalización constante de defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano. Frente este contexto represor, con altos índices de corrupción e impunidad sostenida desde diferentes instancias del Estado de Honduras, es improcedente que el gobierno de Canadá está contribuyendo apoyos financieros, técnicos y políticos para respaldar el Ministerio Público, inclusive en torno a la investigación específica sobre el asesinato de Berta Cáceres y el intento en contra de la vida de Gustavo Castro (por ejemplo a través de la Agencia Técnica de Investigación
Criminal – ATIC). Hay por lo menos dos altos funcionarios en el mismo Ministerio Público con vínculos a la aprobación del proyecto Agua Zarca frente lo cual Berta y COPINH han estado en resistencia, por lo cual se ha cuestionado la voluntad política de este organismo de llevar a cabo una investigación plena e imparcial.

A un año de la siembra de Berta, manifestamos nuestro apoyo al COPINH, a los pueblos de Honduras y a Gustavo Castro, y sumamos nuestras voces para exigir:
1. La instauración de una investigación independiente del asesinato de Berta Cáceres llevada a cabo por expertos internacionales e imparciales dispuestos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que llegue a la verdad y fondo del crimen.
2. La inmediata cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de las más de 50 concesiones otorgadas en territorio lenca por falta de respeto por sus procesos de auto-determinación y su consentimiento libre, previo e informado.
3. La desmilitarización y la salida de las fuerzas policiales del territorio lenca.
4. El fin de la criminalización y los ataques al COPINH y a sus miembros
5. La eliminación del apoyo técnico, económico y político del gobierno de Canadá con el Estado de Honduras, en particular con las fuerzas de seguridad y los organismos de
investigación del Ministerio Público, inclusive la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
6. El cese de las acciones de cabildeo de la diplomacia del gobierno de Canadá para promover los intereses de los inversionistas canadienses, que tienen fuerte presencia en los sectores de la minería, energía, telecomunicaciones y turismo en Honduras, a costa de la
democracia y del respeto de los derechos humanos fundamentales y los territorios Indígenas en Honduras.
7. El cese de los apoyos bilaterales de Canadá con Honduras a través de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs).
8. La nulidad del tratado de libre comercio Canadá-Honduras, que se negoció en los meses posteriores a las elecciones fraudulentas de noviembre del 2009 y se firmó con el gobierno continuista del golpe del estado que ha demostrado su desdén para los derechos humanos de la población.

En marzo no solo recordamos con dolor el horrendo crimen, sino que sobretodo celebramos la vida. La vida de Berta que nació un 4 de marzo, y la vida del COPINH, que el 27 de marzo cumple 24 años de su fundación.

Hoy día, celebramos la vida y nos solidarizamos con las personas, comunidades y movimientos sociales en Honduras que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y la vida en un contexto de grave crisis de la democracia tras el golpe de estado del 2009 y que están en pie frente a las crecientes amenazas a las comunidades y territorios.

BERTA VIVE, COPINH SIGUE!

El Proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el deber de consulta a los pueblos indígenas

En junio de 2014, el gobierno de Michelle Bachelet envió al Senado un proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) (Boletín N° 9.404-12), proyecto que vino a sustituir a aquel presentado en marzo de 2011 por el gobierno de Sebastián Piñera, cuya tramitación legislativa estaba paralizada.

Como señalamos en su oportunidad, el proyecto adolecía de serias limitaciones desde la perspectiva de los derechos humanos, así como desde la perspectiva de las directrices internacionales de conservación. En efecto, el proyecto desconoce la estrecha relación que existe entre la conservación de la diversidad biológica y los sistemas de vida tradicionales de muchas comunidades locales y pueblos indígenas. Junto a ello, el proyecto no se hace cargo de las causas de la destrucción de la biodiversidad en el país, las cuales están relacionadas con un modelo de desarrollo que se basa en la extracción y explotación de recursos naturales. Tampoco se hace cargo de la sobreposición de áreas protegidas con tierras y territorios de los pueblos indígenas, y de la necesidad de que éstas sean establecidas con la consulta y consentimiento de estos pueblos. Finalmente, se enfoca en la conservación pública y privada pero no considera las formas de gobernanza de áreas protegidas por los mismos pueblos y comunidades indígenas. El proyecto, además, fue ingresado a tramitación legislativa sin un proceso previo de consulta a los pueblos indígenas, consulta que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT constituye un deber del Estado cuando se adoptan medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, como es el caso de esta iniciativa legal.

Producto de lo anterior, en mayo de 2015, miembros y representantes de organizaciones de pueblos indígenas y no gubernamentales elaboramos el documento titulado “Propuesta de indicaciones de organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil al proyecto de ley SBAP”[1], el cual fue presentado tanto al Ministro de Medio Ambiente como a diversos parlamentarios. Cabe señalar que muchas de las propuestas de modificación contenidas en ambos documentos fueron acogidas e incorporadas a través de indicaciones por la Comisión de Medio Ambiente del Senado (Boletín de indicaciones del 29 de mayo, 2015). Luego, durante el 2016, se presentó el libro “Cuestionando los enfoques clásicos de la conservación en Chile: el aporte de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la conservación de la biodiversidad”[2].

Haciéndose eco del cuestionamiento de las organizaciones indígenas a este proyecto de ley, en enero de 2016 el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) hizo pública su decisión “de iniciar un proceso de consulta indígena respecto de materias que conformarán futuras indicaciones del Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas” (Resolución exenta Nº 5, de 8 de enero de 2016). De acuerdo a dicha Resolución, dentro de las materias que –a juicio del Ejecutivo– resultaba indispensable consultar, se identifican “lo referido a Sitios Prioritarios, Instrumentos de conservación de ecosistemas, Instrumentos de conservación de especies, Instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad y Áreas protegidas”.

Siendo valorable la decisión del Ministerio de consultar esta iniciativa legal, surgió la duda entre las organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil involucradas, sobre si la identificación hecha por el MMA a las materias a consultar del proyecto de ley era taxativa o se trataba de una enunciación que no limitaba las materias sobre las cuales se consultaría. Dicha duda fue aclarada por el Ministerio (carta Ministro Medio Ambiente Sr. Pablo Badenier Nº162774, de fecha 19 de julio de 2016), señalando que: “[r]especto de las materias a consultar, éstas fueron determinadas por el Ministerio del Medio Ambiente, considerando por una parte, que existe un conjunto de materias relacionadas a la creación, y gestión de las áreas protegidas, lo que puede ser coincidente con tierras y hábitat ocupados o utilizados ancestralmente por los pueblos indígenas y sus organizaciones, y por otra, reconociendo que existen conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos tradicionales de vida que son pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”. Esto, a nuestro entender, hacía abarcable a todo el conjunto de materias que son reguladas en el proyecto de ley, ya que de una u otra manera, tanto la conformación de la nueva institucionalidad, así como los diversos instrumentos de gestión ambiental que se regulan, son susceptibles de afectar directamente los territorios y recursos naturales de uso u ocupación tradicional, así como los conocimientos, prácticas e innovación vinculados a ellos. Por lo demás, así fue planteado en varios territorios por funcionarios del Ministerio al reunirse con las comunidades y organizaciones en el marco del proceso de consulta impulsado a contar de abril de 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, y estando aún en curso el proceso de consulta indígena iniciado por el MMA, durante el mes de diciembre de 2016 este ingresó nuevas indicaciones al proceso y la Comisión de Medio Ambiente del Senado reanudó la discusión y votación de las indicaciones. En la ocasión el MMA argumentó que quedarían fuera de la discusión y a la espera del término del proceso de consulta, los artículos que tratan materias que –a juicio del Ministerio– son susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas.

Las indicaciones presentadas por el MMA al Congreso, sin embargo, versan, entre otras materias, sobre el objeto de la ley, sus principios fundantes; el sistema nacional y las categorías de áreas protegidas; la modificación y desafectación de las áreas protegidas, su administración, los planes de manejo y la participación de las comunidades aledañas; concesiones de áreas protegidas, áreas protegidas privadas, las prohibiciones y las sanciones en áreas protegidas. Se trata en todos los casos de materias susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Respecto a ellas, así como de otras materias no incluidas en las indicaciones, las comunidades y organizaciones indígenas en general se han pronunciado, no solo a lo largo del proceso de consulta, sino también con anterioridad a este, manifestando su voluntad de que las iniciativas de conservación de biodiversidad públicas y privadas sean realizadas con respeto a sus derechos, y que se establezcan mecanismos para reconocer y apoyar las iniciativas de conservación indígena.

La omisión del ejecutivo en este sentido es grave, por cuanto vulnera un derecho reconocido en un tratado internacional como es el Convenio 169 de la OIT, que mandata a consultar medidas legislativas con los pueblos indígenas de buena fe y con miras a llegar a acuerdo o consentimiento sobre las materias consultadas. En efecto, lo anterior da cuenta de que el MMA ya ha determinado el resultado final del proceso de consulta indígena, antes de que este concluya. La decisión del MMA de avanzar en la discusión del proyecto de ley y discutir indicaciones, aun cuando el proceso de consulta indígena no haya concluido, rompe el clima de confianza y respeto mutuos que deben primar en un proceso de consulta de buena fe en una materia tan importante para los pueblos indígenas como lo es la conservación de la biodiversidad en sus tierras y territorios.

En atención de ello es que: 

Demandamos a la Comisión de Medio Ambiente del Senado suspender el análisis del proyecto de Ley mientras no sean presentadas las conclusiones del proceso de consulta a los pueblos indígenas del proyecto de ley SBAP.

Requerimos al Ministerio de Medio Ambiente dar a conocer a la brevedad los resultados del proceso de consulta que está en etapa de finalización e incorporarlas en sus indicaciones como demostración de su buena fe en el cumplimiento de este deber establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Solicitamos a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, así como a otras instancias del poder legislativo que en las próximas etapas de la tramitación de este proyecto de ley analizarán sus contenidos, abrir un espacio para escuchar a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y recoger sus propuestas sobre la materia.

Enero 26, 2017.

• Asociación Indígena Mapu Lahual 
• Comunidad Agrícola Diaguitas Huascoaltinos
• Comunidad Indígena Kmqeñ – Quinquén
• Comunidad Indígena Kawésqar de Puerto Edén
• Comunidad Toconao
• Observatorio Ciudadano
• Consorcio TICCA – Chile

[1] Disponible acá: https://observatorio.cl/propuesta-de-indicaciones-de-organizaciones-de-pueblos-indigenas-y-de-la-sociedad-civil-al-proyecto-de-ley-que-crea-el-servicio-de-biodiversidad-y-areas-protegidas/

[2] https://observatorio.cl/cuestionando-los-enfoques-clasicos-de-la-conservacion-en-chile/

 

En los últimos días la Araucanía y regiones aledañas han sido impactadas por diversos hechos de violencia que dan cuenta del grave deterioro de las relaciones interculturales en esta parte del país

El domingo 18 de diciembre, Brandon Hernández Huentecol, niño mapuche de 17 años del sector Curaco, de la comuna de Collipulli, resultó gravemente herido tras recibir un impacto de escopeta en su espalda disparada por un efectivo de Fuerzas Especiales de Carabineros durante un operativo realizado en la ruta R-49, que une Collipulli con Curaco.

El lunes 26 de diciembre, dos comuneros mapuche, Jorge Ariel Colil Alarcón y Renato Ulises Lincopan Cona, resultaron gravemente heridos por disparos efectuados, sin motivo alguno, por funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros en el sector Tranaquepe en la comuna de Tirúa, Provincia de Arauco.

El 11 de enero pasado, tres mujeres mapuche, una de ellas menor de edad, denunciaron haber sido víctimas de actos de tortura en un supuesto control de identidad de carabineros en Makewe, comuna de Freire.

Por otra parte, aun cuando se trata de un hecho cuya vinculación con el conflicto interétnico es incierto y por lo mismo se investiga, cabe mencionar por su gravedad el incendio intencional de las casas patronales del fundo Santa Clarisa ocurrido la madrugada  del 15 de enero en Cañete, provincia de Arauco, que resultó en la muerte del cuidador del predio, Juan Retamal Medina.

Se trata en todos los casos de hechos que deben ser condenados, investigados y procesados, con el debido respeto a las garantías procesales de los imputados, para determinar su responsabilidad y sanción. Ellos dan cuenta del incremento de la espiral de violencia relacionada con el conflicto intercultural en la Araucanía, y nos obligan a reflexionar sobre sus causas profundas y sobre la urgente necesidad de poner término a su continuidad

Los medios de comunicación y los actores políticos de diversas tendencias ponen su acento en la dimensión policial y judicial de estos hechos, sin mayor análisis de sus causas estructurales y, consecuentemente, de las perspectivas para su superación.

Los empresarios agrupados en SOFOFA, señalaron días atrás que los hechos de violencia que se imputan a los mapuche –sin mayor consideración de la presunción de inocencia– darían cuenta de que en la Araucanía no impera el Estado de Derecho, de la incapacidad de los poderes del Estado para hacer cumplir la ley y la Constitución, llamando al Estado a hacerlas respetar.

La Presidenta Bachelet visitó en días pasados la Araucanía y evitó toda referencia al conflicto intercultural en esa región. Preguntada sobre el procesamiento por ley antiterrorista que mantiene en prisión preventiva y/o arresto domiciliario a once comuneros mapuche, entre ellos la machi Francisca Linconao, señaló que se trata de una situación que está en manos de la Justicia, poder en el que ella no tiene injerencia.

Ante esta crítica realidad se hace necesario reflexionar sobre las causas subyacentes del conflicto intercultural en la Araucanía y sobre los factores que lo han gatillado. Asimismo es necesario reflexionar sobre la responsabilidad que en frente a esta conflicto cabe al Estado, a la sociedad chilena en general, y en particular al mundo empresarial presente en el área.

Se hace importante además señalar el pueblo mapuche, al igual que otros pueblos indígenas existentes en el país no cuentan hasta la fecha con el reconocimiento jurídico-político que reclaman, el que ha sido otorgado a estos pueblos en la mayor parte de los países de la región y del mundo. Tampoco tienen representación en las instancias donde se toman decisiones sobre los temas que les conciernen, como el parlamento o los gobiernos regionales y provinciales.

Sus tierras, que en un porcentaje cercano al 95% les fueron confiscadas al anexarse militarmente sus territorios al Estado chileno a finales del siglo XIX e inicios de siglo XX, hasta la fecha siguen sin serles restituidas. Las empresas forestales, agrupadas en la SOFOFA, son propietarias de 1.5 millones de hectáreas al sur del Bio Bio, la mayor parte de ellas en poder de dos empresas (Arauco y CMPC). Ello en contraste con las cerca de 800 mil hectáreas que hoy poseen los mapuche, con una población cercana al millón de personas.

Contrastan también las cuantiosas ganancias que obtienen estas empresas por sus actividades en la región de la Araucanía –el 2016 se registraron exportaciones forestales por $5.300 millones de dólares–, muchas veces en tierras reivindicadas por los mapuche, siendo esta región la de mayor demografía indígena en Chile y a la vez la más pobre del país, con tasas muy superiores a las del resto de las regiones (su índice de pobreza por ingreso es de 23,6%, respecto del promedio nacional que es de 11,7%). Asimismo, siete de las diez comunas más pobres del país se encuentran en dicha región.

Las políticas públicas impulsadas en las últimas dos décadas han sido incapaces de revertir esta situación y, por lo mismo, generar una convivencia intercultural armónica en esta parte del país. Si bien el Estado ha promovido la compra de tierras derivadas de títulos que anteriormente les fueran reconocidos a los mapuche –con fondos exiguos, vía mercado, y a precios especulativos–, dichas compras de tierras no consideran, conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, la posibilidad de adquirir para su restitución a los mapuche tierras de ocupación tradicional.

Por otra parte, a los impactos de la forestación exótica en territorio mapuche, que junto a la pobreza incluyen migración, secamiento de cursos de aguas, pérdida de biodiversidad, se agregan efectos los generados por la imposición de centrales hidroeléctricas y pisciculturas en la zona, actividades impuestas sin consulta y consentimiento de las comunidades.

Ante esta crítica realidad y la incapacidad del Estado para enfrentarla, muchas comunidades han recurrido a la protesta social como forma de visibilizarla, protesta que no obstante ser mayoritariamente pacífica en un inicio, fue duramente aplacada y criminalizada desde el Estado. Ello a través del uso de las fuerzas policiales en contra de sus comunidades, cuyo actuar abusivo en procedimientos realizados en al interior de sus tierras de ocupación tradicional, sin considerar la presencia de niños, mujeres y adultos mayores, ni sus derechos que se ven especialmente afectados, se ha transformado en una práctica. Las policías han sido responsables del homicidio de al menos cuatro personas mapuche, delitos que no han recibido sanciones judiciales, ni tampoco sanciones administrativas de la autoridad civil a las que están subordinadas las policías.

Del mismo modo, desde fines de la década de los 90 y hasta la fecha centenares de integrantes de comunidades mapuche que defienden sus derechos han sido perseguidos judicialmente. Al menos 67 de ellos han sido imputados por delitos contemplados en la ley antiterrorista. La utilización de esta ley para perseguir hechos de protesta social mapuche fue objeto de una condena a Estado de Chile el 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sentencia en el caso Norin Catriman y otros v/s Chile. La Corte consideró que el Estado de Chile había violado, entre otros derechos, la legalidad y presunción de inocencia, las garantías judiciales y la libertad personal en el caso de ocho mapuche sentenciados a prisión por dicha legislación.

Estas formas de represión y criminalización de la protesta social mapuche han sido determinantes en los hechos de violencia que se imputan a mapuche en los últimos años, configurándose así una espiral de violencia que el Estado, lejos de detener, ha alimentado.

Desde la perspectiva de derechos humanos cualquier solución efectiva y duradera a los problemas de convivencia intercultural  que vive la región debe basarse, no en la fuerza, sino en el respeto a los derechos colectivos que hoy son reconocidos  a estos pueblos  por instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, como es el caso del Convenio N° 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos indígenas. Tales derechos incluyen, entre otros, el derecho a la participación política, a la libre determinación y a la  autonomía como expresión de esta última, el derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo. También incluyen  el derecho a la justicia y a la no discriminación, así como los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de ocupación tradicional y la protección de su medio amiente y recursos naturales.

Resulta urgente el impulso desde el Estado de un proceso de un diálogo intercultural en la Araucanía y regiones aledañas. Se trata no de cualquier diálogo, sino de uno en que se respete el derecho que asiste al pueblo mapuche, en tanto pueblo indígena, a definir a sus representantes, y no que estos sean definidos arbitrariamente desde el Estado u otros interlocutores, como lamentablemente ha ocurrido hasta ahora. Este diálogo, además, debe tener una agenda libre y abierta, a ser definida por las partes, y no predefinida por la autoridad estatal. Si bien en este diálogo se puede escuchar a sectores relacionados, como sociedad civil, empresas o iglesias, el mismo debe ser desarrollado entre los representantes del Estado del más alto nivel –no solo del nivel regional– y del pueblo mapuche.

El término de la militarización de la región, en particular de aquellos sectores en que están las comunidades en conflicto, parece también fundamental para generar un clima propicio a este diálogo. Ello, por cierto, debe ir acompañado de la disposición de las comunidades u organizaciones mapuche de abstenerse a hacer uso de la fuerza durante el desarrollo de este diálogo, tal como ha sido adelantado en los últimos meses por algunas de ellas.

Finalmente, se debe destacar que la experiencia comparada dice que a mayores niveles de diálogo y de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, mejor es la convivencia intercultural entre estos pueblos y los Estados, así como también con los sectores no indígenas que conviven con ellos. Este y no otro es el camino a seguir para la superación del conflicto intercultural en la Araucanía.

Observatorio Ciudadano

Temuco – Santiago, 18 de enero de 2017

El domingo 18 de diciembre, Brandon Hernández Huentecol, niño mapuche de 17 años del sector Curaco, de la comuna de Collipulli, resultó gravemente herido tras recibir un impacto de escopeta en su espalda disparada por un efectivo de Fuerzas Especiales de Carabineros durante un operativo realizado en la ruta R-49, que une Collipulli con Curaco. Frente a este grave hecho queremos manifestar:

1.- Al igual que lo hemos hecho en el pasado con respecto a otros hechos de violencia interétnica en la región, condenamos tajantemente este hecho que viene a deteriorar aún más la ya fracturada convivencia entre los diferentes pueblos que habitamos la región. Condenamos el actuar abusivo de Carabineros en los procedimientos realizados al interior de comunidades Mapuche, y en sus tierras de ocupación tradicional, sin considerar la presencia de niños, mujeres y adultos mayores cuyos derechos se ven especialmente afectados.

2.- Cabe recordar que las actuaciones abusivas de las policías han resultado en los últimos años en el homicidio y en numerosos casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes que han afectado a niños y niñas mapuche, hechos que, además de incrementar el conflicto interétnico, han sido representados por la justicia a través de diversos fallos en los que se ha instado a las fuerzas policiales a actuar con especial preocupación y pleno respeto a los derechos de niños y niñas indígenas.

3.- Hacemos un llamado al Ministerio Público a investigar y perseguir este delito con el mismo rigor con que ha perseguido los delitos que se imputan a personas u organizaciones mapuche; y a sancionar a los agentes policiales participantes en tan reprochable acto. Además, instamos a los Tribunales de Justicia ordinarios, los que luego del término del fuero de los Tribunales Militares para conocer los delitos que cometen las policías en contra de civiles a través de la reciente ley que tipifica el delito de tortura, son quienes tienen competencia en este caso, a investigar y sancionar con las penas correspondientes a quienes resulten responsables.

4.- Instamos al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, quien tiene a su cargo la política de seguridad pública, a adoptar medidas administrativas que permitan la investigación y sanción de esta actuación policial, así como adoptar las políticas públicas que pongan fin a prácticas policiales que resulten en hechos lesivos de derechos humanos, como la integridad física y síquica, derechos vulnerados en este caso.

5.- Hacemos un llamado a las autoridades del gobierno nacional y regional a impulsar una política coherente para abordar el conflicto interétnico que se vive en La Araucanía y regiones aledañas. Reiteramos en este sentido que las políticas basadas en un tratamiento meramente policial a las reivindicaciones de derechos del pueblo mapuche, lejos de lograr su superación inciden en un recrudecimiento de la violencia, como lo hemos visto en el último tiempo.

6.-Instamos por lo mismo a la autoridad a desarrollar una política que, a través del diálogo con las organizaciones representativas del pueblo mapuche, permita avanzar en el reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos que han sido reconocidos a los pueblos indígenas por instrumentos internacionales a los que Chile ha adherido, incluyendo la restitución de sus tierras de ocupación tradicional, la participación política, la autonomía y el derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo.

Observatorio Ciudadano

Temuco, Santiago, 22 de diciembre de 2016

París, Quito, 16 de diciembre de 2016.- La FIDH y sus organizaciones miembro en Ecuador CEDHU, INREDH y Acción Ecológica hacen un llamado a las autoridades para que se respeten los derechos de las comunidades indígenas de la zona de Morona Santiago y se dé prioridad al diálogo y no a las acciones represivas.

Las organizaciones lamentamos los trágicos acontecimientos del día de ayer que dejaron un saldo de un muerto y siete heridos dentro de los miembros de las fuerzas armadas y policía ecuatorianas así como otros dos heridos Shuar que permanecen en la selva sin atención médica debido a la militarización de la zona. Por ello, exhortamos al gobierno ecuatoriano a no agudizar aún más la conflictividad social que se viene presentando en esa zona a través del Estado de excepción declarado ayer mismo.

Nos preocupa que la declaración del estado de excepción sea utilizada para reprimir y criminalizar la protesta social que se presenta en esa zona, a causa de la imposición de un proyecto minero que vulnera el medio ambiente y los derechos ancestrales de los pueblos indígenas que allí habitan.

La FIDH y sus organismos miembros hacemos un llamado a las partes para buscar una salida pacífica y efectiva a este conflicto con tan lamentables consecuencias, y de manera particular, reiteramos el pedido que hiciéramos hace un par de semanas a las Defensoría del Pueblo que para que promueva y organice un proceso para la resolución pacífica de este conflicto.

Las organizaciones han venido documentando múltiples casos de criminalización de protesta social en Ecuador como se puede ver en el Informe: “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador” y lo seguirán haciendo. Estaremos vigilantes de las acciones que tome el gobierno en el marco del Estado de excepción declarado para evitar que se vulneren los derechos humanos de las comunidades de la zona.

Observatorio de Defensores de Derechos Humanos

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)