Observatorio Ciudadano expone en Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados los impactos del TPP-11 en los derechos indígenas

Lugar: Comisión de Agricultura, Cámara Diputados

Hora: 15:00 a 18:00 horas

Tras el aplazamiento de la votación en la Sala de la Cámara de Diputados por la presión ciudadana y la decisión del paso de este controversial acuerdo por las comisiones de Agricultura y Trabajo, Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudananía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, organización que hace parte de la Plataforma Chile Mejor Sin TLC, expondrá sobre los graves impactos del régimen de inversiones y los tratados de libre comercio en los derechos de los pueblos indígenas.

En la oportunidad, la comunicadora en derechos humanos estará acompañada por la vice-presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Viviana Catrileo, para resaltar a su vez los efectos que el TPP-11 tiene en la cosmovisión de pueblos indígenas, sus manifestaciones culturales, la soberanía alimentaria y la conservación de la semilla.

Asimismo, se informará que el Observatorio Ciudadano junto con la Central Unitaria de Trabajadores estudian acciones ante los mecanismos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la ausencia de consulta indígena del acuerdo durante la tramitación legislativa, en razón de los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Mayores informaciones:

Paulina Acevedo +56989006510

 

ADJUNTA MINUTA COMISIÓN DE AGRICULTURA: IMPACTO DEL RÉGIMEN DE INVERSIONES EN LOS DERECHOS DE HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DEBER ESTATAL DE CONSULTA

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Movimiento ciudadano “Aguas Libres Villarrica” ingresa sus demandas al Plan de Descontaminación del Lago Villarrica y se reune con SEREMI regional

  • A un año de la firma presidencial de histórico decreto que declara por primera vez como zona saturada por contaminación a un lago en Chile.
  • Este obliga a implementar un Plan de Descontaminación y abre la posibilidad de que cualquier persona entregue antecedentes, estableciendo como plazo máximo para ello este próximo 08 de marzo.

Con el propósito de entregar la visión y las demandas de la ciudadanía para la elaboración e implementación del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, el primero en ser establecido mediante decreto ley para un lago, debido a la grave contaminación de sus aguas, el Movimiento “Aguas Libres Villarrica” ingreso al Ministerio del Medio Ambiente un conjunto de propuestas avaladas por casi siete mil firmas ciudadanas recogidas en menos de dos meses.

Hoy representantes de este movimiento ciudadano se reunieron además con el Seremi de Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, Anselmo Rapiman, para entregarle copia del petitorio y exigir una participación ciudadana amplia y efectiva durante todo el proceso de formulación, implementación y desarrollo del Plan de Descontaminación.

Dicho decreto, firmado el 07 de marzo de 2018, declaró a la Cuenca del Lago Villarrica como “Zona Saturada”. Por un lado, esto da cuenta del uso excesivo, desregulado y acción contaminante de diversas actividades económicas en la zona. Por otro, pone de relieve el incumplimiento de las obligaciones de fiscalización por parte de los organismos estatales y la ausencia de educación ciudadana en materias medioambientales, esto último, a fin de generar conciencia sobre la necesidad de trabajar la sustentabilidad de este importante territorio lacustre y advertir sobre los riesgos de los actuales niveles de contaminación para la salud de la población.

Consciente de estas deficiencias y la severidad del problema, el Movimiento “Aguas Libres Villarrica” decidió configurar una serie de demandas y entregar sus propuestas antes del 8 de marzo, fecha establecida por la resolución exenta N°1066 -de noviembre de 2018- para que cualquier persona pueda entregar antecedentes técnicos, científicos, sociales y económicos sobre esta zona saturada para la elaboración del Plan de Descontaminación, con el fin de garantizar su efectividad y que se  incorporen las medidas urgentes presentadas, así como asegura que en el proceso se cuente con la participación y consulta permanente a la ciudadanía.

Las firmas que respaldan estas propuestas fueron recogidas en el marco de una campaña informativa realizada por el Movimiento durante los meses de enero y febrero de 2019. Entre sus objetivos, estaba además prevenir a los habitantes y turistas respecto al estado real de contaminación de la cuenca, hacer énfasis en el rol que cumple cada persona en fortalecer su protección e insistir en la urgencia de regular y fiscalizar a las actividades industriales contaminantes.

El movimiento ciudadano “Aguas Libres Villarrica” posee una vocación de cuidado de las personas y del medioambiente. Desde su creación hace dos años, ha desarrollado de manera independiente y colaborativa un trabajo serio y sistemático en torno a la Saturación del Lago. Ha sido protagonista en la gestación de instancias de participación e información a la comunidad,  siguiendo el objetivo compartido y visión común de una cuenca sustentable para las presentes y futuras generación.

Voceros:

Movimiento Aguas Libres:  www.aguaslimpiasvcamail.com

 

DEMANDAS CIUDADANAS A SER INCORPORADAS EN LA ELABORACIÓN  DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE LA CUENCA, LAGO VILLARRICA.

Aguas Libres Villarrica, movimiento ciudadano con una vocación del cuidado de las personas y del medioambiente, ha recogido diversas demandas que la ciudadanía manifiesta y requiere que se incorporen en el Plan de Descontaminación de la Cuenca  Lago Villarrica.  Estas demandas están avaladas por aproximadamente 7.000 firmas de ciudadanos y que han sido recogidas en la comuna de Villarrica durante el período estival 2019 (se adjunta a esta demanda).

DEMANDAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DEL  PLAN DE DESCONTAMINACIÓN (PD):

  1. A) Acciones inmediatas:

La Saturación de la Cuenca del Lago Villarrica afecta significativamente la vida de la ciudadanía usuaria, por lo que debieran tomarse medidas administrativas y técnicas inmediatas para palear algunos efectos en el ámbito de la salud primaria, anticipándose a daños mayores.

Debido a  que la ejecución de éste PD tardará dos temporadas veraniegas, a lo menos en ejecutarse,  es            urgente divulgar masivamente  la calidad de las aguas a la ciudadanía y que la autoridad actúe informando en caso de bloom de algas con un  sistema alerta temprana. Así mismo, se debe lograr la disminución de agentes patógenos, como los coliformes fecales y la Helicobacter Piloris, que han tenido significativo incremento en las aguas del Lago.

En consecuencia, se requiere implementar información cotidiana a la ciudadanía sobre la calidad sanitaria de las aguas de los balnearios de la cuenca.

  1. B) Enfoque conceptual del PD.

Visión sistémica. La Saturación de la Cuenca es efecto de un proceso complejo que requiere una visión sistémica para visibilizar y buscar soluciones al problema.  La Saturación del Lago afecta la calidad de vida de   las personas, en todas sus dimensiones.

Este enfoque, que es base de toda consideración respecto al problema, requiere una acción multisistémica, coordinada de los organismos, instituciones y ciudadanía en su conjunto.   Por lo tanto, se requiere de una proyección de los recursos en el corto, mediano y largo plazo, considerando     que es un proceso de larga duración. También hay que tener presente la       necesidad de generar  capacidades científicas, técnicas, de gestión e infraestructura que permita la coordinación, cooperación y complementación de las acciones, indispensables para la ejecución del  PD en conjunto con la ciudadanía.

No menos importante es la visión permanente de la diversidad étnica y la vocación turística del territorio, las que deberían enmarcar la selección de soluciones a implementar. La diversidad étnica obliga a respetar visiones culturales y espirituales diferentes a las cotidianas (especialmente referidas al uso y manejo de los recursos naturales).

La participación ciudadana activa es un factor determinante  en el avance     del proceso de descontaminación.  Experiencias internacionales muestran           que la participación e involucramiento de la población local,  resultan indispensables para el logro de los objetivos. El PD debe considerar en cada una de sus etapas, no sólo la información clara, comprensible, oportuna, si no también, la consulta ciudadana activa  que legitime las medidas de solución al problema.

  1. C) Demandas ciudadanas de acciones específicas a ser contenidas en el PD.

1.-  FUENTES PUNTUALES:

a.- Incrementar la exigencia de las normas de producción de    los procesos industriales que afecten directa o indirectamente el ecosistema de la Cuenca.  Homologar las normas de producción a los niveles que actualmente rigen en los países desarrollados de la OCDE y     que poseen producciones industriales semejantes, como son la norma Noruega para pisciculturas, o la norma suiza para el tratamiento de aguas servidas, etc.  Los procesos de tratamiento deben estar adaptados a la cantidad de población flotante máxima que presente el área en períodos de turismo y con una proyección  mínima de 10 años. Generar  regulaciones relativas al uso de hormonas y antibióticos.

2.- FUENTES DIFUSAS:

  1. a) Implementar sistemas de Tratamiento de aguas servidas, en los casos en que los efluentes no se traten. Debiendo cumplir con normas internacionalmente aceptables en toda  la cuenca.           Por             ejemplo: costa sur del Lago entre Pucón y Villarrica,  ciudad de Curarrehue y parte de la ciudad de Villarrica, etc.      .
  2. b) Implementación de políticas de producciones agroecológicas destinadas a explotaciones silvoagropecuarias con bajo uso de agroquímicos. Solicitamos además, detener la entrega subsidiada de agroquímicos de alto poder contaminante.
  3. c) Urgente Plan de Ordenamiento Territorial y actualización y puesta en vigencia de los planes reguladores intercomunales y comunales. Hoy se observa un explosivo desarrollo inmobiliario desregulado en la cuenca. El 75% del boom inmobiliario está en las áreas rurales, lo que los deja fuera de las regulaciones de los planes urbanos, quedando sin norma.

3.-  IMPLEMENTAR Y PLANIFICAR CONTROLES eficientes y oportunos de los efluentes parciales y globales que aseguren la sostenibilidad de la cuenca.  La fiscalización y los controles deben ser ejecutados por entes calificados, autónomos e independientes a las instituciones que se están fiscalizando.

4.- INVESTIGACIÓN EN LOS PROCESOS de contaminación (génesis) y de los procesos de descontaminación que se escojan. Esta       investigación debe ser rigurosa, científica, independiente, de largo plazo y ejecutada por un ente investigador autónomo y certificado, como por ejemplo alguna universidad. La ejecución del proceso de descontaminación y la investigación de sus efectos, deben estar obligatoriamente vinculados y normados para obtener la máxima sinergia.  Por parte de la ciudadanía,  la norma debe indicar la opción de demandar formalmente la  confirmación de los resultados por expertos independientes.

Como medida de recuperación de la calidad de las aguas y la estabilidad del sistema, se sugiere reintroducir peces nativos o naturalizados, cuando estén dadas las condiciones. Ello permitirá evaluar la calidad de las aguas y además recuperar el potencial turístico de la pesca deportiva, visibilizando  e incorporando a la ciudadanía en el  cuidado del Lago.

5.-  CAMPAÑA MASIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN a  toda la comunidad, con la finalidad que ésta se involucre y se haga parte de las soluciones y se reconozca como co-responsable del proceso de descontaminación.  La ciudadanía es un elemento estratégico fundamental en la recuperación de la cuenca. Los planes y programas del sistema educativo público, privado y educación parvularia  de la cuenca, deben incorporar en el curriculum permanente (planes y programas), todos los contenidos que guardan relación con el manejo sustentable de la cuenca y la descontaminación y cuidado  del ecosistema.

Villarrica, 06 de marzo de 2019

Chile posterga aceptación de recomendaciones del EPU hasta junio próximo

Ginebra, 25 de enero de 2019

 

En el marco la 32° sesión del Examen Periódico Universal (EPU) celebrada en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra se dieron a conocer hoy, viernes 25 de enero, las recomendaciones que los estados miembros hicieron al Estado de Chile en relación al cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por éste contraídas en virtud de tratados internacionales que ha suscrito y compromisos voluntarios que ha adquirido.

En total fueron 101 estados que efectuaron un total de 266 recomendaciones a Chile. Dichas recomendaciones, como se señaló en nota informativa del 22 de enero pasado[1], en que se efectuó el EPU de Chile, incluyen materias muy diversas, tales como la investigación y sanción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura; el reconocimiento y protección efectivo de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas en situación de discapacidad, de la población LGTBI, de los y las migrantes y de la población afrodescendiente en el país; el termino al uso abusivo y desproporcionado de la fuerza policial en contra de manifestantes, estudiantes y de miembros de pueblos indígenas; la pronta implementación del mecanismo nacional de prevención de la tortura; la implementación plena de la ley de aborto en tres causales; la derogación de la ley de amnistía; y la ratificación de tratados internacionales como el protocolo adicional de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer y el protocolo adicional del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Llama la atención que a diferencia de Uruguay, país examinado en la misma sesión y cuyos representantes aceptaron de inmediato la totalidad de las recomendaciones que le fueran realizadas en el marco del EPU, el embajador de Chile ante Naciones Unidas, Sr. Juan Eguiguren, señalara que el gobierno analizaría dichas recomendaciones previo a su aceptación hasta la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de junio próximo, ocasión en que los informes de esta sesión del EPU deben ser aprobados.

Los representantes de sociedad civil presentes en la sesión de hoy, Jose Aylwin, director del Observatorio Ciudadano y Mabel Cobos, del Movimiento Acción Migrante, expresaron su satisfacción por la buena acogida que encontraron las preocupaciones manifestadas por las organizaciones de la sociedad civil en los estados miembros de la ONU en el marco de este EPU. Sin embargo, manifestaron su preocupación por la dilación por parte de la delegación del estado chileno a aceptar dichas recomendaciones, lo que contrasta con las declaraciones de compromiso irrestricto con los derechos humanos formuladas por sus personeros en Ginebra. Asimismo, anticiparon la necesidad de que las organizaciones de sociedad civil, de pueblos indígenas, de migrantes, de mujeres, entre otras, en Chile, desarrollen un trabajo previo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de junio próximo, a fin de que el estado chileno no solo acepte las recomendaciones sino que además genere instancias participativas para asegurar la adopción de reformas legislativas e impulsar políticas públicas para su cumplimiento.

[1] https://observatorio.cl/comunicado-examen-periodico-universal-sobre-derechos-humanos-en-chile-nueva-examinacion-viejas-preocupaciones/

Examen periódico universal sobre Derechos Humanos en Chile: Nueva examinación, viejas preocupaciones

Ginebra, 22 de enero de 2019.

Por tercera vez desde que fue instituido el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, el Estado de Chile fue objeto de revisión en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos voluntarios contraídos en materia de derechos humanos por parte del Consejo de Derechos Humanos y los estados miembros de la ONU.

El examen tuvo lugar en el Palacio de las Naciones de Ginebra y contó con la asistencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil del país, representantes del pueblo mapuche y aymara, de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y de la delegación del Estado de Chile, presidida por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

En la ocasión, intervinieron alrededor de un centenar de representantes de estados miembros de la ONU de todas las regiones del globo, manifestando su valoración por algunos avances logrados desde la última examinación del estado de Chile en la materia en el año 2014, incluyendo entre otros, la creación de la Subsecretaria de Derechos Humanos, la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, y la aprobación de una legislación en materia de aborto. La mayor parte de dichas intervenciones, sin embargo, subrayaron la preocupación por la ausencia de marcos normativos y de política pública para asegurar el cumplimiento de derechos humanos en el país, formulando recomendaciones para abordar las evidentes brechas y desafíos que identificaron en la materia.

Entre los temas en que se centraron estas preocupaciones destacan aquellas referidas al rezago y lentitud en la investigación y sanción con respecto a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, así como la situación de desprotección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, migrantes y la población afrodescendiente en el país. Por lo mismo, los estados formularon numerosas recomendaciones en relación a estas temáticas.

La delegación del Estado chileno intervino haciendo una defensa de su política pública y agenda legislativa en derechos humanos, en una intervención que no reflejó la visión que sociedad civil manifestó en sus más de 60 informes alternativos enviados al EPU de Chile para dar cuenta de las brechas, desafíos y retrocesos hoy existentes que en la materia.

Alrededor de cuarenta estados señalaron su preocupación respecto a la situación de los pueblos indígenas en el país. Particularmente, las recomendaciones se enfocaron en la ausencia de un reconocimiento constitucional indígena y la represión de manifestantes mapuche. También se destacó en varias ocasiones el uso excesivo de la fuerza en contextos de manifestación y reivindicación indígena, en especial contra el pueblo mapuche, y se recomendó examinar y revisar el uso de la ley antiterrorista y su aplicación de manera discriminatoria hacia el pueblo mapuche. Por último, se exhortó al Estado de Chile a garantizar y reconocer los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, reducir sus niveles de pobreza y mejorar su calidad de vida.

Al respecto, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano presente en el EPU señaló que “la comunidad internacional ha vuelto a evidenciar el incumplimiento por parte del Estado chileno de sus compromisos en materias fundamentales de derechos humanos, como lo son los derechos de igualdad y no discriminación de los sectores más vulnerables de la población. Un número muy mayoritario de estados ha manifestado su preocupación no solo por la ausencia de un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sino también por el trato discriminatorio que reciben sus integrantes, el que incluye la exclusión de las instancias de toma de decisión de las cuestiones que les conciernen, el uso abusivo de las fuerzas policiales para aplacar su protesta social, y la utilización de legislación anti terrorista para perseguir a sus integrantes por las mismas razones”, enfatizó.

También los distintos estados hicieron referencia a la necesidad de impulsar políticas inclusivas con enfoque de derechos en materia migratoria y se instó a Chile a respetar los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país. Además, varios países enfatizaron la necesidad de incluir a afrodescendientes en el censo de población y de tomar medidas para afrontar la discriminación arbitraria.

Las recomendaciones también estuvieron centradas en la igualdad de género, en particular en la ratificación del Protocolo Facultativo de CEDAW; los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, destacándose la preocupación frente a la objeción de conciencia en la ley de aborto; los derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular de aquellos institucionalizados, y los derechos de personas LGTBIQ+.

El director del Observatorio Ciudadano subraya además que “el período en análisis en este EPU va desde la última examinación de Chile el 2014 a la fecha, razón por la cual los incumplimientos refieren no tan solo al período de gobierno de Sebastian Piñera, sino también al de la ex Presidenta Bachelet, actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De todos formas, agrega, “tal como se resaltó en las intervenciones de los estados partes de la ONU en este EPU, la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones radica no solo en los gobiernos sino también en los poderes legislativo y ejecutivo, poderes que en el caso de Chile, según se sostuvo, también tienen importantes déficit en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del estado”.

Finalmente, Aylwin, llama la atención frente al hecho de que la delegación chilena no estuviese encabezada por un Ministro de Estado, como en los EPU anteriores, lo que da cuenta de la escasa importancia que la administración actual asigna a este examen, reflejo de la baja prioridad que los derechos humanos tienen en la agenda de gobierno.

Por su parte Mabel Cobos, representante del Movimiento Acción Migrante, quien también asistió a esta instancia internacional, fue crítica de los planteamientos dados por el gobierno en materia de migración, sosteniendo que: “es lamentable que el gobierno siga mostrándose orgulloso de la política que ha implementado y de la ley de migración recientemente aprobada en la Cámara de Diputados. Mijail Bonito, quien asistió como representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública al EPU, se equivoca al decir que esta política va a llevar a la vanguardia a Chile en materia migratoria, por el contrario, resulta una pésima señal para la comunidad internacional que el país no haya firmado el Pacto Mundial de Migraciones. Además, miente, al señalar que en 2018 se ha mejorado la atención al público, cuando sabemos que las esperas para obtener la documentación siguen, las horas online no funcionan, y en vez de mejorarse la atención ha empeorado, producto entre otras cosas, de un proceso de regularización que ha sido engorroso, lento y que no permite trabajar a quienes están inscritos en el proceso”.

En cuanto a los planteamientos formulados por los estados Partes presentes en la sesión, Cobos plantea que “valoran que varios estados miembros de ONU hayan realizado recomendaciones respecto a la situación de derechos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, así como también que resaltaran la necesidad de implementar estrategias y acciones para combatir la trata y tráfico de personas. También existe preocupación en cuanto a la discriminación que sufren personas afrodescendientes y la necesidad de tomar medidas y políticas en contra del racismo y la exclusión, temas que han sido prioritarios en nuestro trabajo”.

El informe del EPU de Chile, se dará a conocer por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos el viernes 25 de este mes, con un resumen del diálogo interactivo que tuvo lugar hoy, la intervención de la representación del Estado, y un compendio de las recomendaciones efectuadas por los estados.

EPU: Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa este martes situación de los derechos humanos en Chile

El director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, junto a otros representantes de sociedad civil se encuentran en Ginebra realizando labores de incidencia sobre los informes alternativos presentados al EPU.

Santiago, 21 de enero de 2019

Este martes 22 de enero el Estado chileno rendirá su tercer Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de derechos humanos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en una sesión que será transmitida en directo.

Cabe recordar que el EPU es un mecanismo mediante el cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas revisa el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de cada uno de los Estados Miembros de la ONU. Es, además, un mecanismo que funciona sobre la base de la cooperación y el diálogo, a partir de los aportes que presentan tanto los estados bajo revisión, como las entidades de Naciones Unidas y organizaciones de sociedad civil, estas últimas mediante el envío de informes alternativos.

De este modo, Chile será examinado por tercera vez y deberá comprometerse a aceptar todas las recomendaciones que les realicen sus pares sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Los informes de sociedad civil son fundamentales en el marco de estas revisiones, porque sirven para evidenciar los avances y déficits en relación al cumplimiento de los derechos humanos en Chile frente a los reportes que presentan los estados, buscando con ello que estos mejoren y fortalezcan la implementación y garantía de dichos derechos.

Con este propósito el Observatorio Ciudadano, a través de la “Coalición por el Fortalecimiento de los Derechos Humanos en Chile”, remitió y coordinó un informe conjunto al presente EPU. Estando conformada dicha Coalición, además por la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM), Consorcio TICCA, Colectivo Mapuexpress, la ONG Lumbanga y el Movimiento de Acción Migrante.

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, junto a Mabel Cobos, del Movimiento de Acción Migrante y coordinadora del Área de Educación del Observatorio, se encuentran en Ginebra para participar del EPU y además del evento en paralelo “Reunión de información sobre los Derechos Humanos en Chile”, que contará con la participación de distintas organizaciones de sociedad civil y de defensa de derechos humanos, el que se realizará este lunes 21 de enero en el Palacio de Naciones Unidas.

En dicha reunión participarán también representantes de la organización Opción, el INDH y France-Libertés, buscando incidir y resaltar en los aportes y déficits en materia de derechos humanos que presenta Chile.

En nuestro país, el INDH y la Oficina regional del Alto Comisionado para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trasmitirán la sesión en todas las sedes del INDH, entre las 15:00 y 18:30 horas, previa inscripción.

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo del EPU para Chile están previstas de aprobación para el 25 de enero. Permaneciendo las organizaciones de sociedad civil en Ginebra hasta esa fecha.

El Informe de la Coalición por el Fortalecimiento de los Derechos Humanos en Chile se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://observatorio.cl/informe-alternativo-de-sociedad-civil-para-epu-132-periodo-de-sesiones-consejo-de-ddhh-cfddhhch-julio-2018-2/

Mayores informaciones y coordinación de entrevistas:
Paulina Acevedo, +56989006510
Karina Vargas, +56974304154

La Araucanía registra al menos mil casos de adopciones ilegales entre las décadas del 70 y 80

Al menos mil casos de adopciones irregulares se han constatado en las décadas del 70 y 80, sólo en la región de La Araucanía.

A nivel nacional se investigan cerca de 10 mil denuncias por la sustracción de menores.

Como “una red de agentes del Estado para el tráfico de niños”, catalogaron, desde la Agrupación Hijos y Madres del Silencio, los miles de casos registrados de adopciones ilegales y secuestros de menores de edad.

Desde la organización aseguran que operaban jueces, matronas, asistentes sociales y funcionarios del Registro Civil, donde habrían involucrados más de 80 hospitales en todo el país.

La Araucanía sería la región donde se concentran más denuncias, con al menos mil casos, donde la mayoría fueron llevados a Suecia de manera irregular, siendo gran parte de éstos, niños mapuches.

Ana María Olivares, integrante de Hijos y Madres del Silencio, aseguró que en casi todos estos casos, se repite el nombre de la exabogada y fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco, Tatiana Román Beltramin, quien durante 23 años se desempeñó como jueza de Menores en la capital regional de La Araucanía.

“Llama la atención también haber visto en fotos a la jueza en Suecia con miembros de estas agencias de adopciones que hoy están totalmente cuestionadas e investigadas por el juez Mario Carroza”, añadió Olivares.

Dicha información fue respaldada por Alina Namoncura, mapuche adoptada por una familia alemana. Aseguró que el tráfico de menores de procedencia indígena es una realidad en Alemania.

María Diemar, adoptada en Suecia, manifestó su profunda decepción con el Estado Chileno, a quien sindicó como responsable de su separación con su familia biológica. María conoció, recién en 2016, a sus cuatro hermanos chilenos.

Durante las próximas semanas se deberían conocer los resultados de los antecedentes recabados por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

Esto tras la denuncia de casos de adopciones irregulares durante la dictadura, que actualmente investiga el juez Mario Carroza, donde los recién nacidos eran dados por muertos para ser entregados posteriormente a familias extranjeras.

Fuente Radio BioBio, Información y foto Marco Cifuentes: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/01/11/la-araucania-registra-al-menos-mil-casos-de-adopciones-ilegales-entre-las-decadas-del-70-y-80.shtml

Clacso condena crimen de Camilo Carrillanca y rechaza uso de la violencia contra Pueblo Mapuche

Pronunciamiento de CLACSO

Hace unos días un grupo de la policía chilena – comúnmente llamado Comando Jungla –asesinó al joven comunero mapuche Camilo Catrillanca en la comunidad de Temucuicui en la Araucanía. Mientras regresaba de su trabajo en un tractor, sin portar arma alguna y estando acompañado de un menor, se encontró con un operativo policial del que intentó alejarse, recibiendo entonces dos balas en la cabeza y por la espalda. El niño que le acompañaba fue detenido ilegalmente y violentamente golpeado. Pese a los intentos de justificar la violencia ejercida con un supuesto robo, ha sido ampliamente demostrado que se trata de un nuevo montaje que busca criminalizar las luchas del pueblo mapuche, legitimando de esta manera el uso de la represión por parte del estado.

No se trata de una situación excepcional. Como han señalado diversas organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, la Araucanía – zona habitada por comunidades mapuches – sufre desde hace años una profunda militarización. La aplicación de la ley antiterrorista, heredera de la dictadura cívico-militar de Pinochet, la realización sistemática de allanamientos, y el uso indiscriminado de la violencia incluso contra niños y niñas, son prácticas permanentes en la zona. Esto se ha visto agravado por la reciente creación del comando jungla con el objetivo de perseguir las supuestas acciones y células “terroristas” en el seno de estas comunidades.

Mientras el asesinato de Camilo Catrillanca ha conmovido y motivado múltiples acciones de protesta, la policía ha reprimido violentamente a los y las participantes de su funeral, y las numerosas manifestaciones que se han desarrollado en el país. Esto ha generado una escalada de violencia que no lleva sino a agudizar el conflicto y a profundizar la existencia de violaciones a los Derechos Humanos en Chile.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales repudia el asesinato de Camilo Catrillanca y el uso de toda forma de violencia represiva, haciendo un llamado al reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, en Chile y en toda América Latina. A su vez, defendemos enérgicamente la urgencia de terminar con el uso de leyes antiterroristas y la desmilitarización de nuestras sociedades.

Comité Directivo
Secretaría Ejecutiva
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO

16 de noviembre de 2018

Coordinación de Organizaciones de DDHH de la Araucanía entrega carta al Presidente exigiendo asumir responsabilidades políticas y el fin de la militarización

En un a carta pública dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de la Araucanía exigen «se haga efectiva la responsabilidad política del Ministro del Interior, cuyo actuar y declaraciones en nada aportan a lograr una convivencia entre los distintos actores de nuestra Región», y también las que al propio mandatario corresponde, pues fue este «quien presentó públicamente el grupo de carabineros que terminó asesinando a Camilo Catrillanca», en el marco del lanzamiento del Plan Impulso Araucanía, y «celebró la llegada de este grupo táctico policial, traído especialmente para reprimir a las comunidades mapuche que se niegan a ser sometidas al colonialismo actual».

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CIDH expresa su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en la Comunidad Indígena de Temukuikui en Chile

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los hechos de violencia ocurridos el 14 de noviembre de 2018 en la Comunidad Indígena de Temukuikui, en la región de la Araucanía, Chile. La CIDH urge al Estado de Chile a investigar estos hechos de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. Asimismo, la Comisión reitera al Estado chileno que la conducta de las fuerzas de seguridad debe cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad y respetar en todo momento las normas internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con información recibida por la CIDH, el 14 de noviembre de 2018 un comando del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), fuerza policial de carácter militar del cuerpo de Carabineros de Chile, llevó a cabo un operativo policial en la comunidad indígena mapuche de Temukuikui, en la región de la Araucanía. De acuerdo con información anunciada por el Ministerio de Interior, el operativo policial en la comunidad se inició tras haber sido denunciado el robo de tres vehículos en la zona. En el momento de la intervención del operativo policial en la comunidad Temukuikui, Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 años, quien conducía un tractor junto con el adolescente de iniciales M.C.P., recibió un disparo en la parte baja de la cabeza, por la espalda. Camilo Catrillanca fue trasladado a un centro asistencial de la localidad de Ercilla, donde falleció mientras recibía atención médica. Asimismo, en el marco del operativo, fue detenido el adolescente M.C.P.

La CIDH observa que al día siguiente de la detención de M.C.P., el Juzgado de Letras y Garantías de Collipulli decretó la ilegalidad de su detención, ordenando su inmediata puesta en libertad. La Comisión expresa su preocupación por la información recibida señalando que el adolescente M.P.C. habría sido severamente golpeado durante su detención y nota que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez anunciaron que presentarán una querella criminal por delito de tortura en contra de quienes resulten responsables por estos hechos y presentaron un recurso de amparo para que las fuerzas policiales no se acerquen a él.

La CIDH observa que el 18 de noviembre se anunció que uno de los miembros del grupo de operaciones especiales que participó de la operación en la comunidad señaló inicialmente no contar con grabaciones del operativo en la comunidad. No obstante, se verificó posteriormente que existían grabaciones del operativo y que esta evidencia fue destruida por los propios policías. El Gobierno de Chile anunció la baja inmediata de cuatro agentes policiales involucrados en el operativo y la renuncia del Jefe de Orden y Seguridad de la Araucanía y del prefecto de las Fuerzas Especiales de la Araucanía.

La CIDH nota que Camilo Catrillanca fue dirigente estudiantil y partícipe de actos de recuperación de tierras en la Araucanía. Al respecto, la Comisión observa que para los pueblos indígenas la pérdida de un líder como Camilo Catrillanca, quién además era werkén (vocero de su comunidad), tiene una afectación no solo individual, sino además colectiva, pues repercute directamente en el ejercicio de los demás derechos de los integrantes de la comunidad, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión.

“El Estado chileno tiene la obligación de investigar estos lamentables hechos de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial” señaló el Comisionado Luís Ernesto Vargas, Relator de país. “Además de establecer la verdad de lo ocurrido, esta investigación debe establecer responsabilidades y sancionar a los presuntos responsables”, añadió. La CIDH subraya la importancia de que dichas investigaciones garanticen el acceso de M.C.P. y de los familiares de Camilo Catrillanca a la justicia, prestándoles informaciones pertinentes y garantizando su derecho a ser escuchados y a participar en todas las etapas del proceso y de que el Estado asegure garantías de no repetición.

La Comisión reitera asimismo la urgencia de asegurar que el cambio de paradigma en materia de seguridad ciudadana garantice que la seguridad se centre en la protección de las personas y de sus derechos. Ello supone que se promueva un fortalecimiento de las funciones de prevención y de reducción de la violencia. “Es imperativo que las políticas de seguridad en la Araucanía respondan a las necesidades de seguridad de todas las personas y que estas estén ajustadas a la legalidad y a los estándares de derechos humanos” señaló la Comisionada Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH.

Adicionalmente, la Comisión reitera que la conducta de las fuerzas de seguridad debe respetar en todo momento las normas internacionales de derechos humanos y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Finalmente, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, urgió al Estado chileno a “adoptar medidas especiales de protección para niños, niñas y adolescentes en todas las actuaciones policiales, especialmente de aquellos en situación de especial vulnerabilidad”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

ORGANIZACIÓN AD MAPU: “MAYOL YA NO ES INTERLOCUTOR VALIDO PARA EL DIALOGO POLITICO QUE REQUIERE EL WALLMAPU”

La vocera y Werken de la Organización Histórica Nacional mapuche ADMAPU, Ana Llao, sostuvo que el Intendente Mayol ya no es un interlocutor político válido para el Pueblo Mapuche, pues ha perdido toda legitimidad en el marco de sus nefastas declaraciones que siguen criminalizando al mapuche sin contar con las investigaciones que entreguen los reales antecedentes de este nuevo montaje del Estado de Chile a través del Comando Jungla

Asimismo, ADMAPU rechazó y condenó la militarización en la zona de Ercilla y exige el retiro y disolución del comando Jungla en La Araucanía. “La responsabilidad política del Gobierno de Piñera en este asesinato de Camilo Catrillanca viene a demostrar que la derecha fascista desea debilitar al movimiento mapuche que busca recuperar territorio, recursos naturales, reconocimiento, participación política y autonomía territorial desde la libre determinación de nuestro propio pueblo, esto es el fondo del asunto, no podemos permitir que el miedo, la represión y la militarización apague nuestra lucha histórica por dignidad y libertad del pueblo nación”.

Ana Llao agregó que “junto con solidarizar con la familia Catrillanca, el llamado a la unidad de nuestro pueblo, es una invitación a seguir movilizados hasta lograr con  retiro y disolución de este comando jungla y con la renuncia de los responsables políticos como Andrés Chadwick y Luis Mayol, estas acciones serán la única forma de seguir defendiendo nuestra propia cultura y existencia frente a este asesinato que no ha hecho más que retroceder varias décadas en los esfuerzos por construir una convivencia intercultural en todo el Wallmapu”.

Por otro lado recordó que el Gobierno de Bachelet y el ex Ministro Jorge Burgos también fueron parte de la represión y militarización de La Araucanía con la implementación de la Operación Huracán, donde lamentablemente no se asumieron las responsabilidades políticas que se requirieron en ese momento, situación que sigue acrecentando la desconfianza que hoy ha generado el equipo político del Presidente Piñera.