El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay, que ha generado fuertes debates en las fuerzas políticas de ambos países, sería votado por la Cámara de Diputados hoy miércoles sin que el Gobierno haya presentado informes económicos ni de derechos humanos.

Los integrantes de la Plataforma Chile Mejor sin TLC se oponen a la ratificación de este tratado, por razones de fondo, como la pérdida de soberanía que implicaría y de forma, como el secretismo con que se ha negociado el acuerdo.

Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano​,​ indicó que “la votación a ciegas del TLC Chile-Uruguay por parte de la sala de la Cámara de Diputados, sin contar informes económicos y, más importante aún, de sus posibles impactos en derechos humanos, constituye una violación a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en la ratificación de tratados.

Patricio Véjar  vocero de Chile Mejor Sin TLC indica que  “es un tratado que no ha sido discutido por la sociedad y va afectar nuestra vida, por lo que quisiéramos que se discutiera muy ampliamente, que se presentaran estudios que demostraran qué sectores de la economía se van a beneficiar, a qué sectores se va perjudicar, cómo se va a ver afectado el medio ambiente, los derechos laborales​, entre otros»​.

Otro punto, fuertemente criticado de este TLC es la cláusula contenida en el capítulo 18, cuyo contenido limitaría significativamente la posibilidad de realizar políticas soberanas. Además, expone al país a demandas internacionales si es que las empresas consideran que sus “razonables expectativas de ganancias esperadas” se ven afectadas por decisiones tomadas por el Gobierno

De igual manera, criticó el hecho de que no se haya realizado un proceso de consulta indígena del tratado, “existiendo consenso en los sistemas de protección de la OEA y ONU que cuando concurre un proceso legislativo susceptible de afectar derechos de estos pueblos, como es el caso, procede la consulta previa”, sentenció.

Teniendo en cuenta lo anterior, la plataforma Chile Mejor sin TLC, que reúne a diversas organizaciones civiles, ha llamado a los parlamentarios a que actúen con fundamentos y que no se realice la votación de este tratado sin estudios previos que transparenten las reales implicancias de este tratado para la población chilena y uruguaya.

Los principales expertos en Derechos Indígenas que asistieron a un taller del 5 al 6 de abril en Waterloo, Ontario, piden al gobierno de Canadá que adopte el proyecto de ley C-262. El proyecto de ley garantizaría la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) en la legislación canadiense, un requisito previo indispensable para la reconciliación. También piden a Canadá que aborde sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, consagradas en dos convenios internacionales de derechos humanos y reafirmadas por la DNUDPI. Los académicos y expertos jurídicos indígenas y no indígenas reunidos afirman lo siguiente:

• Los derechos indígenas son derechos humanos. La autodeterminación es un derecho humano fundamental de los pueblos indígenas, sin el cual no se pueden poseer plenamente otros derechos humanos. En esencia, el derecho a la autodeterminación incluye el derecho a elegir. Por lo tanto, el derecho a la autodeterminación incluye el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
• La política del miedo sobre el CLPI dando a los pueblos indígenas un «veto», es una distracción a la oportunidad de construir una sociedad positiva basada en la toma de decisiones compartidas entre pueblos iguales pero distintivos.
• La DNUDPI se menciona en 16 Llamados a la Acción contenidos en el Informe de la  Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá. En su Llamado a la Acción 43 se  adopta el «marco» para que los gobiernos federales, provinciales, territoriales y municipales adopten e implementen la reconciliación.
• Al repudiar el colonialismo y al crear un proceso colaborativo para armonizar las leyes canadienses con la DNUDPI, el proyecto de ley C-262 es la primera ley en Canadá que aborda explícitamente la historia colonial del país.
• La implementación de DNUDPI no es solo lo correcto para hacer frente a las injusticias históricas y en curso; es de interés para todos los canadienses como base para el respeto mutuo y la prosperidad compartida.
• La plena implementación del CLPI en la legislación canadiense exige la adopción de medidas legislativas y administrativas para prevenir la violación de los derechos de los pueblos indígenas por parte de empresas canadienses que operan tanto en el país como en el extranjero.
• La experiencia de América Latina con la legislación y la jurisprudencia que implementa las disposiciones de la DNUDPI nos alertan sobre la necesidad paralela de transformaciones políticas, sociales y culturales más amplias dentro del gobierno y la sociedad.

Antecedentes

El jueves 5 de abril de 2017, en Waterloo, Ontario, la Dr. Terry Mitchell y el Grupo de Investigación sobre Derechos Indígenas y Gobernanza de Recursos (IRRGRG) de la Universidad Wilfrid Laurier, organizaron dos sesiones sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y su estándar de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). En la sesión vespertina en el Centro de Aprendizaje y Comunidad Investigadora de Laurier, Jennifer Preston, la Coordinadora de Derechos Indígenas del Comité de Servicio de Amigos Canadienses, dio una explicación de primera mano de la historia y la importancia de DNUDPI. La Dra. Peggy Smith, académica indígena y profesora emérita de la Facultad de Gestión de Recursos Naturales de la Universidad de Lakehead, revisó las prácticas actuales de consulta y acomodación con los Pueblos Indígenas en Canadá en contraste con el principio de CLPI. Los estudiantes de doctorado Darren Thomas, miembro de Six Nations, y Courtney Arseneau compartieron su enfoque de investigación sobre el CLPI con las Primeras Naciones de Matawa en el Anillo de Fuego del norte de Ontario.

La sesión de la tarde consistió en una conferencia magistral del miembro del parlamento del Nuevo Partido Democrático para el distrito Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou  en Quebec, Romeo Saganash. El Sr. Saganash, integrante del pueblo Cree, brindó una emotiva presentación a un público numeroso y agradecido en el Auditorio del Centro para la Innovación de Gobernanza Internacional (CIGI). El Sr. Saganash compartió su motivación por presentar el Proyecto de Ley de Miembros Privados, C-262, que ordena al gobierno de Canadá que revise sus leyes para garantizar el cumplimiento de la DNUDPI. El proyecto de ley se encuentra actualmente en comité y se dirige a la 3° lectura y posible aprobación en Junio, con el apoyo del gobierno federal liberal. El Sr. Saganash explicó que su trabajo en el proyecto de ley es la culminación de más de veinte años de trabajo sobre los derechos indígenas. Caracterizó el proyecto de ley como uno que abre un camino hacia la reconciliación con los canadienses y cierra el círculo de su historia personal de relación con Canadá, que comenzó con la expulsión forzosa de su patria a los 7 años de edad para asistir a la escuela residencial durante más de diez años.

La presentación del Sr. Saganash fue seguida por un panel de expertos, incluyendo a Paul Joffe, abogado especializado en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, abogado chileno especializado en derechos de los Pueblos Indígenas y  los Derechos Ciudadanos en América Latina y académico indígena Dr. Peggy Smith de la Universidad de Lakehead. Una grabación de video de la presentación del Sr. Saganash y la siguiente discusión del panel está disponible en línea Bill C-262, Mr Saganash and Legal Panel, April 5th 2018

El 6 de abril, varios de los oradores antes mencionados, junto con otros académicos indígenas y no indígenas de Ontario y Quebec, se reunieron para compartir otras experiencias y hallazgos de investigación relacionados con las implicaciones canadienses e internacionales de DNUDPI. Esto incluyó una intervención extendida a través de Skype del Dr. Dalee Sambo Dorough, Profesora Asociada de la Universidad de Alaska y Ex Presidenta del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. Fue en estas sesiones que se desarrollaron las afirmaciones enumeradas anteriormente.

El Grupo de Investigación sobre Derechos Indígenas y Gobernanza de los Recursos (IRRGRG), se estableció en la Universidad Wilfrid Laurier en 2008 para promover la investigación y la formación de los estudiantes en temas de derechos indígenas en contextos canadienses e internacionales. El grupo de investigación coordina una red virtual de académicos y organizaciones, la Red Panamericana de Derechos Indígenas y Gobernanza de Recursos. IRRGRG también ha creado una página web, www.fpic.info, que brinda información a comunidades, organizaciones y académicos que trabajan para la implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado. La página web está alojada en inglés por Deyohahá:ge, en Six Nations Polytechnic, y en español por el Observatorio Ciudadana de Chile.

Para mayor información, favor de contactarse con el Dr. Terry Mitchell al tmitchell@wlu.ca.

El Desconcierto / 12.04.2018 @eldesconcierto

La colombiana Diana Murcia se encuentra en el país y al observar el juicio oral del caso Luchsinger -y en especial las pruebas contra la machi Francisca Linconao- asegura que la CIDH deberá pronunciarse por el incumplimiento de la sentencia al Estado.

En el año 2014, el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por romper los principios de no discriminación y de igualdad ante la ley al aplicar sendas condenas por terrorismo a ocho comuneros mapuche.

La Corte ordenó la liberación de los comuneros, en lo que se conoció como el “caso Lonkos vs Estado de Chile”, además de una serie de recomendaciones de modificaciones a la Ley Antiterrorista chilena.

De paso por el país como mecanismo de supervisión al cumplimiento de dicha sentencia, la Federación Internacional de Derechos Humanos lanzó un duro cuestionamiento al Estado por incumplir las sentencias internacionales.

Los observadores de Derechos Humanos se encuentran en Chile observando el juicio oral del caso Luchsinger Mackay y especialmente el de la machi Francisca Linconao.

“Evidentemente todas las prohibiciones por las que se condenó se están repitiendo acá, vamos a propiciar un nuevo pronunciamiento internacional”, aseguró la abogada colombiana Diana Murcia a Bío Bío, cuestionando las pruebas contra Linconao.

Vale recordar que la principal vinculación de la machi con el caso es un allanamiento realizado en su casa por parte de la misma unidad de Inteligencia que participó en el presunto montaje de la Operación Huracán.

Te puede interesar: Las esquirlas de la Operación Huracán: El cuestionado rol que tuvo la Dipolcar en el caso Luchsinger Mackay

Murcia, además, agregó que la Ley Antiterrorista chilena tiene graves “falencias e irregularidades” y que la anunciada reforma para fortalecerla no es el camino, ya que deja al Estado de Chile en un grave déficit internacional.

Comunicado conjunto en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, Lima, Perú

París, Lima, 10 de abril de 2018, Lima.- La Coalición de la FIDH compuesta por 25 organizaciones de derechos humanos de las Américas, presente en la Cumbre de las Américas del 9 al 14 de abril, hace un llamado a los Estados del continente a abordar prioritaria y eficazmente la problemática de la corrupción, desde una perspectiva de  derechos humanos. El documento  “La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales” publicado hoy recoge las líneas de acción propuestas por esta coalición para lograr una gobernabilidad democrática en las Américas.

Varias de las actuales crisis políticas, de legitimidad y escándalos recientes de los gobiernos de la región son producto de  graves actos de corrupción. Ejemplos de países como México, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, entre otros, demuestran que la corrupción está instalada, arraigada y convive con la  forma en que en estos países se hace política y que por lo tanto será imprescindible cambiar radicalmente nuestras prácticas y forma de encarar esta problemática. La coalición de organizaciones, tiene el firme convencimiento que hacerlo a través de una perspectiva de derechos humanos habilita y enrumba hacia una buena dirección.

“La corrupción ha demostrado ser una plaga que carcome los cimientos de la democracia y afecta la posibilidad de que millones de personas de la región realicen sus derechos. Desde la construcción de una escuela, el acceso a una justicia efectiva, hasta el diseño de políticas públicas a gran escala. Por ello resulta prioritario que en las medidas para desincentivarla, los gobiernos tomen acciones para fortalecer la ciudadanía activa que trabaja con este mismo fin.” 

señaló Jomary Ortegón, Representante de la FIDH ante la OEA, y Abogada del CAJAR, Colombia.

Tal como lo reconoce la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción en su preámbulo, la corrupción socava “las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia” y compromete “el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”, valores íntimamente relacionados con la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

El documento presenta cuatro líneas de acción fundamentales: luchar contra la corrupción para reforzar la gobernabilidad democrática en las Américas, otorgarle una participación y protección real a la sociedad civil en las estrategias anticorrupción, fortalecer el Estado de Derecho Democrático y la administración de justicia, y reforzar y ampliar los mecanismos transregionales de lucha contra la impunidad.

La Coalición, que viene trabajando este tema desde su reunión estratégica en Lima, está representada en la Cumbre por una delegación compuesta por la FIDH y sus organizaciones miembro, CALDH de Guatemala, CIPRODEH de Honduras, CNDH de Républica Dominicana, CAJAR de Colombia, CAJ de Argentina, así como APRODEH y EQUIDAD de Perú.

Descargar el documento completo aquí

Contactos prensa:

• José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) jcthissen@fidh.org
• Samuel Hanryon (francés, inglés) – Tel: + 33 6 72 28 42 94 (París) shanryon@fidh.org

La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 184 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.

FIDH es el acrónimo francés de «Federación Internacional de Derechos Humanos». Por favor, asegúrese de usar “FIDH” cuando se refiera a la organización (oral y escrito), independientemente  del idioma del artículo. Si tiene que precisar el nombre completo de la FIDH, por favor, utilícelo una sola vez al principio: «FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)» y luego sólo como «FIDH» o “la FIDH”.

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Ante el delicado estado de salud del Machi Celestino Córdova, quien se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 13 de enero, el Observatorio Ciudadano envió una comunicación urgente a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, con copia a la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin; el Relator Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst; y el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, Joel Hernández.

La autoridad ancestral mapuche, único condenado en el caso Luchsinger-Mackay, ha mantenido por más de 80 días esta huelga ante la negativa de Gendarmería de Chile de acceder a la solicitud formulada a mediados de 2017 para que se autorice su salida de la cárcel, con todas las medidas de seguridad necesarias, para acudir a su comunidad por un lapso de 48 horas a fin de realizar una ceremonia religiosa  necesaria para cumplir su función de Machi, y mantener su equilibrio espiritual y estado de salud.

Gendarmería de Chile no ha accedido a dicha solicitud argumentando, a través de una interpretación restrictiva del Reglamento Penitenciario, que no estarían autorizadas este tipo de ceremonia y las dificultades que representaría la disposición de un operativo de seguridad como el requerido.

Al respecto, cabe señalar que la ceremonia de cambio de rewe plateada por el machi Celestino Córdova reviste elementos culturales y religioso que se encuentran reconocidos en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La comunicación urgente busca que las relatorías requieran información al gobierno sobre los hechos denunciados, y que se realicen las gestiones necesarias ante Gendarmería para que tendientes a que se autorice la realización de la ceremonia al machi.

Se adjunta Comunicación Urgente 

​​Mayores informaciones: 

• Hernando Silva
• Coordinador Área Jurídica Observatorio Ciudadano
• +569​ 92294149

Comunicado

Fuerzas políticas y organizaciones civiles de Chile y Uruguay coinciden en que el Tratado de Libre Comercio entre ambos países no ha sido acompañado por estudios y que reducirá la soberanía política de ambos países.

A pesar de las fuertes críticas recibidas por parte de organizaciones de la sociedad civil y actorías políticas tanto de Chile y Uruguay, los gobiernos de ambos países han presionado para que el Tratado de Libre comercio sea ratificado por los parlamentarios.

La aprobación de este tratado ha generado fuertes controversias dentro del Frente Amplio de Uruguay, actual bancada oficialista,  por lo cual han decidido resolver su aprobación o rechazo mediante un Plenario fijado para el próximo 28 de abril. Mientras en Chile este acuerdo deberá ser votado por la cámara de Diputados durante los próximos días.

Desde la Plataforma Chile Mejor Sin TLC son enfáticos en rechazar la votación de este tratado en el Congreso sin que los parlamentarios ni la ciudadanía cuenten con algún estudio que explique las consecuencias positivas y negativas que traería este tratado para el país. Frente a esto, llaman a los congresistas a prorrogar la votación de este acuerdo y exigir previamente al gobierno los estudios respectivos.

Otro de los puntos cuestionados por de este tratado es lo referido en el capítulo 18, el cual limitaría significativamente la posibilidad de realizar políticas soberanas y expone al país a nuevas demandas internacionales.

Respecto a esto, Roberto Chiazzaro Diputado del Partido Socialista de Uruguay comentó que la forma de resolución de controversias “a través de mecanismos como el CIADI es muy perjudicial, el hecho de que un país se tenga que someter a un arbitraje con una empresa es algo realmente peligroso en estos tratados”.  Agregó que esta clase de acuerdos “subordinan a nuestros países y los colocan en una situación periférico-dependiente, generan un mecanismo de apertura comercial que permite a grandes transnacionales penetrar en nuestras economías y generar pérdida de soberanía.”

Alberto Villareal de Redes-Amigos de la Tierra de Uruguay manifestó que como organización están en completo desacuerdo con la ratificación de este acuerdo, ya que afirman que imponen condiciones “que no tienen nada que ver con comercio, sino que buscan coartar las potestades de los gobiernos para hacer política pública.” Igualmente, comentó que al revisar este TLC se encontró que se habían copiado partes textuales del  Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA) –del cual Uruguay rehusó ser integrante-.

Por su parte, Esteban Silva, de Fundación Constituyente XXI e integrante de Chile Mejor sin TLC  considera que “como todo Tratado de Libre Comercio fue negociado por el Gobierno en secreto y no se tuvo acceso a lo que se negociaba y tampoco hubo consultas  previas ni posteriores con organizaciones sociales, pymes, de trabajadores sobre los temas”. Agrega que no se ha entregado a los diputados ningún estudio serio que demuestre en qué se beneficiaría el país y sus distintos sectores con su firma.

Roberto Chiazzaro indicó que “cuando nos enteramos del contenido del tratado ya estaba firmado por ambos países, y nosotros entendemos que la sociedad civil debe participar, estar enterada y debe dar su opinión respecto a los tratados que se suscriben.”

En tanto, Lilián Galán, diputada del Movimiento de Participación Popular de Uruguay (MPP), advierte que dentro de su coalición existen opiniones divididas, ya que algunos piensan que sería perjudicial para su país, en tanto otros no consideran que sea benéfico, pero tampoco dañino. Añade que este tratado de libre comercio de última generación afectaría principalmente en temas de comercio de servicios, propiedad intelectual y compras públicas, temas que van más allá de los aspectos tradicionales del comercio bilateral.

Tanto el diputado Chiazzaro del PS y la diputada Galán del MPP de Uruguay cuestionan la utilidad de este tratado ya que, al igual que lo plantea Chile Mejor sin TLC, Chile y Uruguay tienen acuerdos económicos vigentes que liberalizan prácticamente a cero bienes y servicios e incluyen trato nacional, libre transferencia de capitales, entre otros, lo que ya produce un flujo relevante de importaciones y exportaciones entre ambos países.

En concordancia con lo anterior, desde la Plataforma Chile Mejor sin TLC se hizo un llamado a los parlamentarios chilenos y uruguayos para que no aprueben este tratado sin  la realización previa de estudios efectuados por instituciones de los dos países sobre sus impactos y alcances.

•  Los días 16 y 17 de marzo profesionales de las comunicaciones junto a representantes de diversas organizaciones migrantes, la Universidad de Playa Ancha, la Municipalidad de Valparaíso y el Colegio de Periodistas, analizarán las aristas de esta temática que ya es parte de la agenda regional y nacional con la discusión en torno a una nueva ley migratoria para Chile.
• En el Taller del día sábado, dirigido a comunicadores, se hará revisión a los estándares internacionales sobre derecho a la movilidad humana y legislación comparada, junto al análisis de los proyectos de ley presentados por Piñera y Bachelet. El foro debate del viernes, en el Edificio Consistorial de la Municipalidad, es abierto a todo público.

Dos actividades realizará el Observatorio Ciudadano en Valparaíso este próximo 16 y 17 de marzo, que buscan debatir en torno a los «Desafíos y perspectivas regionales de la migración en Chile» y la necesidad urgente de una nueva ley migratoria para el país con enfoque de derechos humanos, que sustituya la impuesta por la dictadura mediante decreto, con acento en la seguridad nacional.

Este Foro-debate público que se llevará a cabo en el Edificio Consistorial de la Municipalidad la tarde del día viernes, simula el formato de los debates electorales y convoca a varios actores de diversas áreas, en el cual se pretende intercambiar experiencias y puntos de vista en torno a la migración desde los espacios regionales en los que participan, como el gobierno local, el parlamento, los gremios, la academia, y organizaciones sociales y migrantes, seguido de un bloque de preguntas rápidas realizadas por una periodista experta en derechos humanos, a modo de réplica y luego se dará paso a comentarios o preguntas de los y las asistentes.

Esta actividad cuenta con la participación de Romina Maragaño, directora de la Dirección de Desarrollo de la Municipalidad de Santiago, quien dará las palabras de apertura; Tania de Armas, directora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha (UPLA); Brian Feldman, Encargado de la Oficina de Migrantes de la Municipalidad de Valparaíso; Eduardo Cardoza, Representante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes de Chile, y Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas Regional Valparaíso.

Para el sábado, en tanto, en la Sala Carlos Pantoja de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPLA, está previsto un taller sobre movilidad humana e interculturalidad, dirigido a periodistas y comunicadores sociales y de organizaciones migrantes, donde se hará revisión a estándares internacionales sobre migración, experiencias de legislación en la materia adoptadas por países de la región en los últimos años y a los proyectos enviados al Congreso tanto Piñera como Bachelet, y que además abordará temas como racismo y discriminación.

El taller es impartido por Paulina Acevedo, periodista y comunicadora en Derechos Humanos, Coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano; Mabel Cobos, Coordinadora del Área de Educación y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano; y Marcel Didier, abogado de la misma organización. Considera también la participación de Felip Gascón i Martín, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha; Kerby Jean Baptiste; Jennifer Piña, Brigada Migrantes Feminista; Brian Feldman, encargado comunal de la Oficina de Migrantes de la Municipalidad de Valparaíso, y un represente del Colegio de Periodistas.

«Chile es uno de los países con uno de los flujos migratorios más importantes de la región, no obstante es el único que no ha reformulado su legislación marco en la materia, que sigue siendo un decreto de la dictadura, a fin de adecuarla a los estándares internacionales que se han ido construyendo en torno al derecho a la movilidad humana. Por lo mismo es urgente contar con una ley migratoria con un enfoque de derechos humanos, conscientes de que tanto el proyecto ingresado por Bachelet como el que busca ser repuesto por la nueva administración de Piñera carecen de este enfoque”, señala la Coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, Paulina Acevedo.

“Como organización que promueve los derechos humanos, hemos visto la necesidad de aportar con distintas actividades a un debate informado y profundo, además de manera articulada con otros actores, acerca de los marcos mínimos y características que debería tener dicha ley migratoria a la luz de los derechos que deben ser garantizados, más ahora con dos proyectos ingresados al Congreso y los recientes anuncios del nuevo gobierno, de que esta temática será prioridad», puntualiza Acevedo.

Más información e inscripciones en línea:

• www.observatorio.cl
• https://www.facebook.com/observatoriociudadanochile/

En el marco de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, la Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), Dra. Myrna Cunningham, y el Subdirector General Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, Julio Berdegué, procedieron hoy, en Jamaica, a la firma de un Memorándum de Entendimiento para promover acciones conjuntas para la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas; específicamente asegurar el Consentimiento Libre, Previo e Informado.

“Esperamos que este acuerdo realmente pueda contribuir a la implementación de un Plan de Acción Iberoamericano de Pueblos Indígenas, que estamos concertando entre los Pueblos Indígenas y los Estados de la región, en donde se están definiendo las prioridades para los pueblos indígenas y, en el cual, la Cooperación Sur Sur es uno de los ejes centrales para poder realmente compartir entre los Estados de la región los avances que se han logrado en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Cunningham.

Asimismo, la presidenta del FILAC destacó que este convenio busca contribuir a que instituciones como el Fondo Verde puedan llegar a los pueblos indígenas y se asegure el Consentimiento Libre, Previo e Informado; además de contar con una plataforma de jóvenes indígenas en la región que ayuden a mejorar la situación de nutrición de los pueblos indígenas de la región.

Con la firma de este Memorándum, FILAC y FAO aunarán esfuerzos para la implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado en proyectos; para intercambiar información técnica y especializa para enriquecer el análisis técnico y de políticas públicas consultadas y dirigidas a los pueblos indígenas de la región; para implementación de los Objetivos de Desarrollos Sostenible; y para la gobernanza de los recursos naturales, los sistemas alimentarios indígenas y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes indígenas en la región.