Egresada de Magíster en Estudios Internacionales, Mabel Cobos, realiza clase sobre Derechos Humanos a estudiantes de EE.UU. en la Universidad de Santiago

Mabel Cobos es egresada de Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción: Inglés-Japonés, y también egresada del Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, donde, este 9 de noviembre realizó una clase magistral sobre Derechos Humanos a estudiantes de distintas universidades de Estados Unidos al interior de la Universidad de Santiago.

La egresada es Coordinadora del Programa de Honor Internacional (IHP), donde permanece hace 10 años; el programa pertenece a SIT Study Abroad, organización internacional líder en programas de inmersión en el extranjero para estudios de campo orientado a estudiantes universitarios. La organización ofrece programas en África, Asía, Europa, América Latina y Medio Oriente.

SIT Study Abroad ofrece programas de alto impacto impulsados por valores y títulos orientados a profesionales a través de experiencias colaborativas, centradas en alumnos, basadas en un compromiso recíproco y significativo con diversas comunidades.

En ese contexto, la egresada y coordinadora relata por qué eligió el campus universitario para impartir esta clase y el impacto que tiene este programa.

“Es un programa donde estudiantes de diversas universidades de EE.UU. viajan a distintos lugares del mundo, en este caso, Nepal, Jordania y Chile, donde por un mes, los estudiantes estudiarán Derechos Humanos en nuestro país… Me pareció interesante la idea de que conocieran la Universidad de Santiago, tomando en consideración la clase de espacio urbano en un lugar lleno de memoria, muy importante en esta materia”, indicó la egresada.

Parte de los contenidos que se visualizaron en esta clase, son la revuelta del 18 de octubre de 2019, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender a leer los espacios, desde la geografía critica y desde los estudios urbanos. Además, los estudiantes, realizaron una visita guiada por todo el campus universitario, con el objetivo de conocer cómo se interactúa en el espacio público.

En relación a la trayectoria de su trabajo realizado durante estos 10 años, Mabel Cobos agrega que: “Ha sido una experiencia increíble, de mucho aprendizaje. Este programa está enfocado a ver las experiencias de los movimientos sociales, de la memoria y del feminismo. Conocer distintas realidades de EE.UU, la riqueza y la diversidad del estudiantado, ha sido algo muy enriquecedor”

Para ingresar a este programa, los estudiantes postulan de manera virtual y desde SIT Study Abroad se realiza una selección, considerando intereses personales, experiencia previa en el área de derechos humanos, carreras afines como Sociología, Ciencias Políticas, entre otras.

Pueblos Indígenas, Empresas y Derechos Humanos

Organizado por:


Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Foro Indígena
del Abya Yala (FIAY); Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC); Grupo Internacional
de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR);
Indigenous Peoples Rights International (IPRI); Observatorio Ciudadano y Pawanqa Fund.


Registro de participantes: https://bit.ly/3EbaW8O

De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos (Principios Rectores), los Estados tienen un deber de proteger contra las violaciones de
los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por las empresas. Este deber
supone la obligación de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y
reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y
sometimiento a la justicia.


Por otro lado, los Principios Rectores establecen la responsabilidad de todas las empresas,
dondequiera que operen, de respetar los derechos humanos. Esta responsabilidad de las
empresas existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus
propias obligaciones de derechos humanos y se trata de una responsabilidad adicional a la de
cumplir las leyes y normas nacionales. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los
derechos humanos, las empresas deben ejercer de forma continuada la debida diligencia en
materia de derechos humanos con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las
consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. En el marco de esos
procesos, las empresas deben incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente
afectados.


Sin embargo, como se ha documentado de forma múltiple, los Pueblos Indígenas siguen estando
entre los grupos más afectados por los impactos negativos de las actividades empresariales sobre
los derechos humanos, incluyendo en relación a sus derechos a la autodeterminación, a la tierra
y recursos naturales y a la participación, consulta y consentimiento entro otros.


En la declaración del Caucus Indígena del VII Foro regional sobre empresas y derechos humanos,
los Pueblos Indígenas observaron : “la ausencia de voluntad política de muchos estados para
garantizar la protección de nuestros derechos colectivos. Los Pueblos Indígenas sufrimos efectos
sistémicos y estructurales de la discriminación racial que ha resultado en violación de sus
derechos, el despojo de nuestros territorios y recursos. Adicionalmente esta situación se agrava
por la influencia indebida de empresas en toma de decisión en materia de política pública que
impacta sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Como resultado los estados
incumplen su deber de proteger (…) y priorizan los intereses de las empresas. (…) Como
agravante observan con gran preocupación un mayor nivel de asesinatos, amenazas, persecución
de defensores de derechos de Pueblos Indígenas”.


Para responder a esos desafíos estructurales, el Caucus Indígena planteó varias recomendaciones
a estados, empresas e instituciones financieras internacionales y organismos internacionales de
derechos humanos que se encuentran aquí.


II. Objetivo del proceso


El objetivo del presente proceso formativo es fomentar el conocimiento de los Pueblos Indígenas
de la región sobre estándares en materia de empresas y derechos humanos, discutir los retos y
oportunidades para el respeto de los derechos humanos de Pueblos Indígenas en el contexto
empresarial e intercambiar experiencias prácticas y herramientas en ese ámbito.


III. Dirigido a:


Líderes y lideresas de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en particular de Pueblos
Indígenas que hayan estado expuestos a contextos o casos relacionados con violaciones a los
derechos humanos ocasionadas por empresas.


IV. Propuesta de actividades y panelistas


a. Sesión 1: Estándares sobre empresas y derechos humanos


Esta sesión buscará introducir las principales nociones y estándares básicos sobre empresas y
derechos humanos. Entre estos se cubrirán los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos y se discutirán sobre los desafíos y oportunidades para su
implementación oportuna en la región en relación a los derechos de los Pueblos Indígenas.


b. Sesión 2: Debida Diligencia en materia de derechos humanos y pueblos indígenas


La sesión abordará los aspectos que las empresas deben de contemplar en sus procesos de
debida diligencia en materia de derechos humanos, en específico con lo que relaciona a Pueblos
Indígenas. Se brindará unos ejemplos prácticos y fomentará una discusión sobre cómo esos
procesos podrían potenciar más el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas. Para ello,
se enfatizará también la distinción entre la obligación de los Estados de consultar y la
responsabilidad de las empresas de consultar en el marco de la debida diligencia o de procesos
de evaluación de impactos ambientales/sociales.


c. Sesión 3: Evaluación de impactos y protocolos autónomos


Durante esta sesión se compartirá con las y los participantes herramientas prácticas para
fomentar un rol proactivo de los Pueblos Indígenas en la defensa de sus derechos en el contexto
de la actividad empresarial – en particular realizando sus propias evaluaciones de impactos de las
actividades empresariales y desarrollando protocolos de consulta y consentimiento autónomos.
Las evaluaciones de derechos humanos basados en la comunidad tienen el potencial de cambiar
la naturaleza del diálogo entre las empresas y las comunidades afectadas por sus operaciones. Si
las comunidades vienen con su propio análisis basado en pruebas, las empresas tendrán que
reconocer las perspectivas de las comunidades y comprometerse con ellas. Por otro lado, los
protocolos de consulta y consentimiento autónomos son un conjunto de principios y normas
establecidos por los pueblos indígenas para el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos en
cuanto a su organización interna y su relación con los Estados y terceros. Los protocolos son
elaborados por los propios pueblos indígenas de acuerdo con sus leyes, tradiciones, costumbres
e instituciones y organizaciones representativas. Tienen por objeto preparar a los Pueblos
Indígenas, a los Estados y a terceros para iniciar un proceso de consulta o de consentimiento
libre, previo e informado, estableciendo cómo, cuándo, por qué y a quién consultar.


V. Programa preliminar

Organizaciones Migrantes y Promigrantes primueven participación de sus comunidades en el plebiscito de salida

A través de la campaña MI VOTO CUENTA, el proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, buscan informar a las personas migrantes de los principales contenidos de la propuesta de nueva Constitución, así como promover la participación en el plebiscito de salida.


La campaña se está implementando tanto de manera territorial, como virtual, con talleres y el uso de piezas gráficas de apoyo como volantes, afiches, y una guía práctica que releva los principales aspectos de la propuesta, acerca del Estado intercultural y plurinacional, participación ciudadana, derechos fundamentales,
y aquellos que conciernen principalmente a la comunidad migrante como libertad ambulatoria, refugio, entre otros.

En este sentido, en días recientes se dio inició a la campaña “Mi Voto Cuenta”, en el Encuentro Intercultural por una Nueva Constitución, en Antofagasta, donde se reunieron dirigentas y dirigentes migrantes, entre ellos, Elizabeth Andrade, premio nacional de Derechos Humanos 2022. “Es muy importante que como migrantes estemos al día y no quedarnos al margen. Este proceso es de esperanza para migrantes y chilenos, para una vida más digna, de integración e interculturalidad, Y no solo para las comunidades étnicas sino también para las y los ciudadanos del mundo”, manifestó Elizabeth Andrade, reconocida dirigente del movimiento de Pobladores en Antofagasta, y quien también integra la Corporación Los Arenales Rompiendo Barreras (Antofagasta).

Respecto a las expectativas de la campaña, Antonia Garcés, coordinadora del proyecto CRISOL, señaló: “esperamos que pueda llegar a organizaciones de migrantes y promigrantes de base, y a vecinos y vecinas migrantes de todo Chile, para que el próximo 4 de septiembre puedan tomar una decisión libre e informada. Desde Crisol nos parece que las personas que aquí viven, que aquí desarrollan su vida, educan a sus hijas e
hijos, tienen derecho a participar de este proceso histórico y pueden decidir sobre el futuro de Chile que también es el suyo”.

Por su parte, Francisco Bazo, dirigente de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, destacó la utilidad que tiene el material que se está difundiendo para comprender los contenidos de la propuesta constitucional, y fomentar el voto informado entre las colectividades de migrantes de base.

El material de campaña que se puede descargar, ingresando al sitio web: http://crisolchile.org/, también se está compartiendo de manera impresa en espacios y territorios donde la red y el proyecto tienen mayor incidencia, como ocurre en las regiones de Antofagasta, Arica, Tarapacá, Valparaíso, Coquimbo, Región
Metropolitana, y la Araucanía.

El proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, es financiado por la Unión Europea, y se desarrolla a través de un consorcio entre la Fundación Avina, el INCAMI, y el Observatorio Ciudadano, con la colaboración de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile.

Programa Escuela «Trenzando Territorios»

Estimadas y estimados:

Tenemos el agrado de invitarles a participar del conversatorio sobre Movilidad Humana en Chile: soluciones y urgencias en un mundo en movimiento que se realizará este miércoles 3 de agosto, a las 19:00 horas.

La transmisión será vía Facebook Live por la cuenta del Observatorio Ciudadano @ObservatorioCiudadanoChile

Esta actividad se realiza en el marco del inicio de la Escuela “Trenzando Territorios: Escuela de Formación de Formadores en Derechos Humanos e incidencia para dirigentas/es migrantes y pro migrantes”.

Te invitamos a seguirnos en este conversatorio online donde diversas voces y perspectivas confluirán para hablar sobre movilidad humana en Chile, particularmente sobre los desafíos de la nueva política migratoria y los derechos, problemáticas y urgencias de las personas migrantes en el país.

Participarán de la actividad los siguientes panelistas:

?️ Elizabeth Andrade, Premio Nacional de DD.HH 2022

?️ Francisca Vargas, Directora Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiades de la Universidad Diego Portales.

?️ Grace Arango, representante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes.

?️ Juan Pablo Gutiérrrez, Director de la Dirección de Territorio e Inclusión del Servicio Nacional de Migraciones.

?Georgiana Braga-Orillard, Representante Residente del PNUD en Chile.

Puedes revisar el programa completo en el afiche.

#trenzandoterritorios #derechoshumanos

#Chile #movilidadhumana #migrar #resistir #transformar #migraresunddhh

Seminario: Un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas. Actualizaciones y desafíos

Mañana, martes 19 de julio, a las 13:00 hrs, l@s invitamos al seminario «Un tratado vinculante sobre Derechos Humanos y empresas: actualizaciones y desafíos«.

Exponen:

Alejandra Scampini, PODER, Uruguay.

Julia Fernandes, MAB, Brasil

Roberto Morales, FIEL.

Judith Schonsteiner, Centro de Derechos Humanos, UDP.

José Aylwin, Observatorio Ciudadano.

Modera: Ana María Fernández, FEN- UAH.

Puedes también inscribirte para recibir el link zoom! https://zoom.us/meeting/register/tJwrceCvrzgtGde-qc7Cb3jacWTsP4r2xt_1…

¡Te esperamos!

CAUCUS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ABYA YALA EXIGE A ESTADOS Y EMPRESAS RESPETAR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE GARANTIZAN SUS DERECHOS

Con un llamado a los Estados para que ratifiquen, apliquen e implementar de forma plena los estándares recogidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, culminó el Caucus de los Pueblos Indígenas del Abya Yala, el cual se desarrolló en la ciudad de Bogotá como reunión preparatoria de los pueblos originarios que participarán en el VII Foro Regional de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas.

En la declaración, aprobada al final del encuentro, se señala que es necesario que los Estados ratifiquen las normas que garantizan el derecho a la participación, y a la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI), en el contexto de actividades empresariales.

Exigen también que se respete el derecho propio de los Pueblos Indígenas con relación a las formas de ser consultados, reconocer sus propios protocolos de consulta previa, como mecanismos jurídicos de libre determinación.

De otro lado, demandan que se asegure la participación de los Pueblos Indígenas en la elaboración de los Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos (PAN) y que estos incluyan los estándares internacionales sobre sus derechos colectivos.

Asimismo, piden que se vele por la incorporación en dichos Planes del compromiso de elaborar legislación sobre debida diligencia de las empresas en derechos humanos, incorporando en ellas el deber que estas tiene de abstenerse de afectar los derechos humanos, así como de asumir la reparación por los impactos negativos que provocan sus actividades.

En cuanto a las empresas se exige el respeto a la autonomía y el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas con relación al desarrollo de actividades de empresas en sus territorios.

Tambien que se respete e implemente los estándares internacionales en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informada (CPLI), cuyo objetivo es la obtención del consentimiento de los Pueblos Indígenas.

Del mismo modo, demandan el respeto de la titularidad de los territorios indígenas, lo que implica la implementación de mecanismos de participación y consulta, sino de participar desde etapas iniciales.

Puede leer la Declaración del Caucus de los Pueblos Indígenas del Abya Yala Declaración Caucus Indígena VII Foro empresas y DDHH_130722 (1)»>aquí

ESCUELA FORMATIVA TRENZANDO TERRITORIOS BUSCA FORTALECER HABILIDADES Y SABERES DE PERSONAS MIGRANTES EN CHILE

Hasta el 27 de julio están abiertas las postulaciones a la Escuela de Formación de Formadores en Derechos Humanos, Participación e Incidencia para Dirigente/as de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes de Chile, que se realizará entre agosto y diciembre de este año, y en la cual se abordarán conceptos y estrategias de incidencia en el sistema internacional de DD.HH., racismo y exclusión, feminismos, participación política y comunitaria, entre otros temas.

La escuela, organizada por el equipo de Educación y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano y el proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, tiene como objetivo, constituirse en una instancia de saberes compartidos, adquisición de habilidades y articulación en torno a derechos políticos y sociales que le competen a la población migrante.

“Planificamos la escuela para que sea un espacio de aprendizaje, empoderamiento y articulación de las personas migrantes. También para fortalecer y promover la participación e incidencia de las comunidades en el proceso constituyente y la implementación de la nueva política migratoria, entre otros asuntos”, manifestó Mabel Cobos, coordinadora general del equipo educativo.

Por su parte, Antonia Garcés, coordinadora del proyecto CRISOL, exaltó la iniciativa que surge ante la necesidad que tienen las organizaciones migrantes y promigrantes de formarse en temáticas emergentes y coyunturales, así como la importancia de proporcionarles herramientas de incidencia a nivel público, político, comunitario y comunicacional.

De acuerdo al programa de la escuela, que contará con la participación de relatores reconocidos en el mundo de los derechos humanos y la academia, esta comenzará el 3 de agosto en modalidad híbrida, con sesiones virtuales los primeros 4 meses y luego talleres presenciales en diversas zonas del territorio (Norte: Antofagasta, Centro: Valparaíso: y Sur: Temuco).

En total, son 45 cupos que no requieren conocimientos previos, y los cuales se priorizarán con la participación de mujeres, jóvenes, grupos étnicos-raciales y comunidad de la disidencia sexo-genérica.

Las inscripciones a la escuela se realizan en el siguiente formulario: https://forms.gle/TgdzdC6GCQF9yxuo6 y para mayor información, las personas pueden escribir al correo trenzandoterritorios@gmail.com

El proyecto CRISOL: Movilidad Humana y Derechos, es financiado por la Unión Europea, y se desarrolla a través de un consorcio entre la Fundación Avina, el INCAMI, y el Observatorio Ciudadano, con la colaboración de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes

Puedes ver la presentación de la Escuela con más detalles acá:

Lanzamiento del informe ¿Constitución indigenista? Análisis de normas referidas a pueblos indígenas aprobadas en el borrador de la nueva Constitución

Este jueves 16 de junio, el Observatorio Ciudadano lanzará el informe ¿Constitución indigenista? Análisis de normas referidas a pueblos indígenas aprobadas en el borrador de la nueva Constitución, preparado por el abogado José Aylwin.

El dcumento será comentado por Patricia Borraz, asesora Indigenous Peoples Rigths International; Jose Mariman, doctor en ciencias políticas mapuche; y, Rosa Catrileo, convencional Constituyente de escaños reservados del pueblo mapuche.

La actividad será transmitida vía Facebook Live, desde la cuenta del Observatorio Ciudadano, a partir de las 18:00 horas.

Encuentro y Articulación de Mujeres por la Defensa del Mar en el Sur de Chile

A orillas del mar y a los pies de la montaña, entre el 14 y 16 de marzo de 2022, mujeres de diversos territorios del sur de Chile se reunieron en la localidad de Pichicolo, comuna de Hualaihué, para compartir sus perspectivas y experiencias, como mujeres y habitantes originarias de territorios marinos y costeros.

Durante dos días, más de 15 mujeres se reunieron en el espacio comunitario de la comunidad indígena Amotuy Ruka. En torno al fuego compartieron sus historias, cómo viven en sus territorios, sus prácticas tradicionales, las dificultades que enfrentan y sus múltiples relaciones con el mar.

Durante el primer día, en un análisis de la situación actual, hablaron extensamente sobre los impactos de la industria salmonera, coincidiendo en que esta actividad económica solo ha traído contaminación y destrucción a sus territorios, afectando profundamente sus medios y modos de vida. Compartieron también sus perspectivas sobre los “Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios” (ECMPO); ley que fue impulsada por comunidades mapuche-lafkenche, que reclamaban el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero. Desde su entrada en vigencia el 2008, se establece un mecanismo para entregar en administración un espacio marino delimitado a una comunidad o asociación de ellas, que han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio, con el objetivo de preservar esos usos y asegurar la conservación de los recursos naturales comprendidos en él y propender al bienestar de las comunidades.

Foto: Mujeres reunidas en espaciocomunitario Amotuy Ruka (vamos a la casa)

Hablaron sobre la situación actual que enfrentan las comunidades indígenas en el proceso de solicitud de los ECMPO, resaltando las demoras y trabas administrativas que enfrentan en la tramitación ante el Estado. Coincidieron en que los organismos responsables del Estado, obedeciendo muchas veces a intereses económicos y políticos, han frenado más que facilitado el avance de las tramitaciones.

Abordaron también, los aportes y contribuciones que realizan las mujeres en estos espacio marino costeros, así como las dificultades y desigualdades que enfrentan en dichos espacios.

Durante el primer día recibieron también la visita de niños y niñas de la Escuela de Pichicolo, quienes compartieron sus visiones sobre el mar a través de hermosos trabajos artísticos.

Foto: Niños de la escuela de Pichicolo con sus dibujos sobre el mar.

El segundo día de trabajo se destinó a reflexionar sobre acciones a futuro y a definir propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento de los ECMPO y la defensa del mar desde la perspectiva de las mujeres, junto con establecer acuerdos sobre cómo continuar trabajando juntas.

Entre las recomendaciones se acordó informar y articularse con otros actores de los territorios, para sensibilizar sobre la oportunidad, valor e importancia de los ECMPO y el rol de las mujeres en estos espacios. También se acordó trabajar por asegurar la paridad de género en los planes de administración de dichos espacios, fomentar una educación ambiental con enfoque de género y con pertinencia territorial, lograr una mayor articulación con las autoridades tradicionales y entre mujeres de estos espacios. En estas reflexiones finales también se vió con esperanza la aprobación de una nueva Constitución para Chile, en la que se reconoce a los pueblos originarios y sus derechos colectivos, territoriales y a los recursos naturales, todo lo cual representa avances sustantivos para seguir resguardando sus territorios y espacios costeros.

Finalmente se acordó avanzar en la creación de una Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, espacio que busca articular e ir tejiendo alianzas entre mujeres de diversos territorios y pueblos que habitan espacios costeros y luchan por la defensa del mar. Dicha red está en construcción y abierta a otras mujeres que quieran sumarse. Durante los próximos meses, se espera terminar de definir un plan de trabajo y primeras acciones.

L@s invitamos a conocer más sobre las perspectivas de las mujeres por la defensa del mar en estos breves videos:

Agradecimientos:

Agradecemos en forma sincera a cada una de las participantes que salieron de sus territorios, comunidades y familias para darse el tiempo de compartir sus enriquecedoras experiencias, desafíos y luchas. Agradecemos también a la Comunidad Amotuy Ruka y a la ngen ruka por su hospitalidad. Finalmente a la Red TICCA y al Observatorio Ciudadano por el apoyo en la organización de este encuentro, que se enmarca en la Iniciativa de Apoyo a Comunidades Costeras que cuenta con financiamiento de la Fundación OAK.

Presentación “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena de Lickanantay”

El pasado lunes 28 de marzo se presentó en San Pedro de Atacama la “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena de Lickanantay”, documento elaborado por el Observatorio Ciudadano en conjunto con la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños y el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.

El principal objeto de este estudio fue realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo Lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la región de Antofagasta. Ello como consecuencia de las actividades de extracción y procesamiento del litio y productos derivados que esta empresa desarrolla en el Salar de Atacama, el que constituye el territorio de ocupación tradicional de este pueblo.

El Informe, lanzando en la casa parroquial de dicha ciudad, fue presentado por sus autores y autora, los abogados del Observatorio Ciudadano José Aylwin, Marcel Didier y Oriana Mora de la Comunidad Atacameña de Peine junto a Manuel Salvatierra, Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños y  Gitte Cullmann, directora de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll  quienes compartieron las conclusiones y recomendaciones expuestas en este documento con las y los asistentes del evento, los que principalmente eran representantes del Consejo del Pueblos Atacameños y de comunidades afectadas aledañas al salar de Atacama.

El informe fue realizado a través de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, una metodología colaborativa y participativa para plasmar la visión de las comunidades afectadas por los proyectos de inversión, en este caso, de los territorios adyacentes donde se realizan las operaciones de SQM en el Salar de Atacama.

 “A través de la metodología utilizada en este informe se constatan los derechos humanos de las comunidades que han sido vulnerados por las empresas. A través de su devolución a la comunidad las comunidades identifican dichos derechos, así como los instrumentos y las herramientas para protegerlos a nivel doméstico, nacional, estatal e internacional. En lo fundamental  este informe pretende que  las comunidades puedan empoderarse de esta evaluación y hacer uso de la información recabada para la protección de sus derechos” afirmó José Aylwin, coordinador Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.

En cuanto a este proceso, Oriana Mora agregó que este informe permitió reunir la información requerida tanto en los aspectos legales como en medioambientales para revelar como fueron sucediendo los acontecimientos en los territorios afectados por la instalación de las empresas de litio, “Llevo muchos años en mi comunidad trabajando el tema ambiental, principalmente lo que tiene que ver con agua y territorio. En un comienzo nos costaba entender estos procesos, pero cuando pudimos hilar estos hechos pudimos entender que estábamos siendo afectados tremendamente por esta situación. Lo que hace que sea muy relevante hacer llegar estas herramientas a las comunidades, especialmente a los dirigentes que están tomando decisiones”.

Bajo este contexto, el abogado Marcel Didier señaló que este documento explicita las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, en particular del pueblo lickanantay,  siendo uno de los aspectos que más preocupa la falta de una consulta previa, libre e informada y el consentimiento de los pueblos. “Según los actuales estándares internacionales y la legislación nacional, Las grandes empresas deberían someterse a un proceso de consulta para llevar a cabo sus faenas en territorio de ocupación y uso tradicional, pero eso no ha ocurrido hasta el momento siendo esto una principal vulneración a los derechos humanos de las comunidades. Además se ven afectados los derechos principalmente sobre sus bienes naturales y en particular el agua, utilizada en grandes proporciones para el proceso industrial del litio y minería en general”. 

Es muy importante destacar que esta evaluación concluye en un contexto de Convención Constitucional en Chile y dentro de las recomendaciones principales que se hace en este informe destaca la que precisa cambiar la normativa constitucional y posteriormente legal que posibilitó las operaciones de SQM en las condiciones en que esta funciona a través de la apropiación de aguas. “Este informe aparece en un momento de actoría y protagonismo de los pueblos indígenas a través en el país.   Ello a través de los escaños reservados en la Convención Constitucional, donde se están elaborando normas para la protección de sus derechos y los derechos de otros sectores frente a la actuación de  empresas. Junto a la actoría indígena en la Convención Constitucional hay representación de sectores ambientales y sociales, cuyas alianzas esperamos permitan cambiar las reglas del juego, de modo que violaciones de derechos humanos, como aquellas en las que ha incurrido SQM en el caso del pueblo lickanantay, , sean al menos detenidas y que se pueda revisar la forma de desarrollo de este país identificando alternativas al modelo actual”, afirmó Aylwin.

Por su parte, Manuel Salvatierra realzó la importancia de este mecanismo, enfatizando que revela una realidad bastante invisibilizada en la opinión pública y por el Estado “Desde nuestra posición como Consejo de Pueblo Atacameños es altamente valorable que este informe sea expuesto hacia la opinión pública. Por muchos años este Estado nos ha invisibilizado, ocultando una realidad que no se quiere conocer, por lo que creo que esta es una herramienta más que nos ayuda a contribuir en la defensa y la voz que hemos levantado desde el auxilio que hoy tenemos por el recurso agua que cada vez se agota más y que muchas veces lo atribuimos al cambio climático pero que este se ve afectado por las malas prácticas de las empresas y en particular de SQM”.

“Hablamos de un pueblo originario como los atacameños de Lickanantay que hoy son comunidades que están emplazadas en la cuenca del Salar de Atacama que venimos habitando este territorio por miles de años. El extractivismo nos está llevando a desaparecer y eso es una preocupación que tenemos hoy como originarios que vemos como una historia milenaria puede terminarse por malas prácticas de las empresas” agregó Salvatierra.

“Estamos viendo que nos estamos quedando sin agua, que es un bien vital para la supervivencia de todos los seres vivos de acá, estas extracciones de las grandes empresas nos están dejando sin agua, antes no teníamos este problema y ahora estamos viviendo la sequedad, lo veo en nuestras plantas, nuestra agricultura…nuestra Patahoiri está sufriendo” Expresó Guadalupe Sansón de la Comunidad Atacameña de Coyo.

Para la Fundación Heinrich Böll es fundamental relevar la información, conclusiones y recomendaciones de este documento ya que combina los dos ejes programáticos que se trabajan en la fundación, el eje de Democracia y Derechos Humanos y de transformación Socioecológica y justa, en este sentido el informe que realizó el Observatorio Ciudadano es tremendamente valeroso porque muestra las debilidades y violaciones de DDHH que van en conjunto con la extracción de litio.

 “Para nuestra Fundación, ningún desarrollo económico puede hacerse al alero del detrimento en la calidad de vidas de comunidades históricamente vulneradas, y menos aún, la acción climática puede prestarse como excusa para que empresas privadas y agencias gubernamentales permitan la afectación de los derechos del pueblo Lickanantay, como tan bien ha puesto en evidencia el reporte que nos convoca el día de hoy”, afirmó en el encuentro Gitte Cullmann, directora HBS Cono Sur.

Esta publicación puede ser descargada libremente a través de los siguientes enlaces https://observatorio.cl/evaluacion-de-impacto-en-derechos-humanos-de-sqm-en-los-derechos-del-pueblo-indigena-lickanantay/

Resumen Ejecutivo https://cl.boell.org/es/2022/03/31/evaluacion-de-impactos-en-derechos-h…