Derechos humanos y empresas: Contexto local, global y desafíos para Chile

ANTECEDENTES GENERALES

Chile tiene una de las economías más competitivas y de rápido crecimiento de América Latina. Se trata de una economía orientada a la exportación para los mercados globales, que se ha visto facilitada por los acuerdos comerciales internacionales suscritos con más de 60 estados en las últimas décadas. La minería -con cobre y litio-, la celulosa y el salmón, constituyen al 2022 los principales rubros productivos de Chile.

1. Las empresas que impulsan estas actividades extractivas, así como las que proveen energía, han generado severos impactos en derechos humanos y al medio ambiente como lo ha constatado por años el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En efecto, de acuerdo al Mapa de Confl ictos Socioambientales elaborado por dicha entidad, existen a la fecha al menos un centenar de confl ictos generados por empresas, de los cuales el 37% es generado por empresas de energía, el 26% minería, 8% saneamiento ambiental, y 30% otros sectores, incluyendo forestal y salmonicultura. De ellos el 31% afecta el derecho al medio ambiente, otro 31% afecta el derecho al territorio y al acceso a
recursos naturales.

2. Una de las industrias que mayor afectación en derechos humanos genera es la minería. Esta industria de gran magnitud y complejidad, en 2021 representó un 14,6% del PIB nacional, y se espera que en 2023 supere la producción de 6 millones de toneladas métricas (TM) de cobre (17% prod. mundial), siendo el principal productor del mundo. CODELCO, principal empresa productora de cobre del país, es estatal y ha estado involucrada en casos de contaminación ambiental y vulneraciones de derechos humanos, a pesar de contar con políticas de sostenibilidad; estos acontecimientos incluso han ocurrido fuera del territorio nacional. A la afectación que genera la empresa estatal CODELCO se agregan las producidas por el sector privado y empresas transnacionales que operan en el país. El estado chileno  ha facilitado las inversiones de empresas domiciliadas en Canadá y China, a través de la celebración de acuerdos comerciales, pero sin la debida coherencia de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas. Los desechos mineros y el alto consumo de agua impactan el medio ambiente, alteran procesos naturales, transforman hábitats, modifi can especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas. De especial gravedad son los impactos de la minería en los pueblos indígenas. Uno de los pueblos más afectados es el lickanantay o atacameño, ribereños a la cuenca del Salar de Atacama. Las empresas de litio que operan desde la década de 1980 en el Salar han impactado seriamente hasta el agotamiento del recurso hídrico y la destrucción de ecosistemas únicos. Esta ha tenido consecuencias nefastas en su vida cultural y tradicional, además de violaciones a su derecho a la consulta previa y a la participación. A la presencia de esta industria en el Salar de Atacama se agregan hoy las autorizaciones ambientales otorgadas a empresas para explotar el litio en el Salar de Maricunga, territorio tradicional del pueblo colla. A pesar de los problemas ambientales y sociales generados por la industria del litio, esta sigue creciendo debido al aumento proyectado en la demanda de este mineral no metálico, especialmente en el sector de vehículos eléctricos y de tecnología. Actualmente existen propuestas de ley para establecer una Estrategia Nacional del Litio y la creación de una Empresa Nacional del Litio, temas que continúan siendo objeto de discusión y debate. La industria forestal, con sus monocultivos de pino y eucaliptus que ocupan más de tres millones de hectáreas, dos tercios de los cuales se ubican entre las regiones del Bío Bío y Los Lagos, en el territorio tradicional mapuche, destinados a la producción de madera y celulosa para la exportación, también han generado serios impactos en el pueblo mapuche. A pesar de su dimensión, y de los severos impactos ambientales que ha provocado -como el desecamiento de las aguas y la pérdida de biodiversidad- los monocultivos forestales de propiedad de grandes conglomerados privados, de acuerdo a la legislación vigente, no son sometidos a evaluación de impacto en derechos humanos.

3. La sobreposición de estos monocultivos a tierras legalmente reconocidas por el Estado a comunidades mapuche y a tierras de ocupación tradicional, ha sido documentada. Todo lo anterior ha generado uno de los mayores confl ictos socio políticos que enfrenta el país hoy. Más al sur, la industria del salmón ha generado también severos impactos en los derechos humanos. Con más de 1300 concesiones de acuicultura, esta actividad se ha expandido enormemente en los últimos años desde las regiones de la Araucanía hasta Magallanes. Además de los severos impactos ambientales que ha generado, incluyendo contaminación del borde costero y mar, y la afectación de derechos laborales, esta actividad se emplaza en parte importante en espacios -ríos, lagos, canales, marinos-del pueblo mapuche, mapuche huilliche, chono, kawésqar y yagán. A la ausencia de consulta y participación, y de reparación por los daños causados, se agrega la afectación de las actividades tradicionales de dichas comunidades y de sus iniciativas de protección sobre espacios que estos han solicitado como Espacios Costero Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

4. Evaluaciones de impacto en derechos humanos realizadas por diversas entidades, dan cuenta que las empresas que impulsan proyectos de inversión no han tenido debida diligencia para prevenir la vulneración de derechos humanos de estos pueblos. Tampoco han reparado los daños provocados. Entre los derechos de estos pueblos más afectados por estas empresas se encuentran la consulta y el consentimiento previo, el derecho a la libre determinación, y los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos de ocupación tradicional, en especial las aguas y el derecho al medio ambiente.5 En cuanto a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), Chile destaca como un prometedor impulsor de estas energías debido a su estrategia de descarbonización desde 2022 y la creciente demanda de fuentes limpias para abastecer a sectores como la minería. En los últimos seis años, el país ha multiplicado por cinco su capacidad solar y eólica, aprovechando condiciones naturales óptimas y la signifi cativa reducción de costos (82% en solar y 40% en eólica terrestre entre 2010 y 2019), contando con un potencial energético de más de 1.800 GW, 70 veces la demanda nacional. Ante la variabilidad de algunas fuentes renovables, el hidrógeno verde emerge como una alternativa clave para respaldar la red eléctrica, posicionando a Chile como potencial líder mundial en su producción. No obstante, muchas de las empresas de ERNC carecen de una política de derechos humanos. Esto se refl eja en la ausencia de procesos adecuados de debida diligencia al llevar a cabo sus proyectos. Además, estas empresas no asumen responsabilidad ni reparan los efectos negativos que sus proyectos generan en las comunidades afectadas. A pesar de que varias de estas empresas tienen su sede en países del norte global como Europa, Estados Unidos y Canadá, no aplican en Chile los estándares que siguen en sus países de origen. En su lugar, argumentan que cumplen con los requisitos de la legislación nacional chilena. Todo esto ocurre en un contexto donde las regulaciones son relativamente permisivas.