Otro año concluye sin que se perciban avances en la relación entre el estado chileno y los pueblos indígenas. En el plano jurídico, 2007 se va sin que Senado haya ratificado el Convenio 169 de la OIT.
Siempre en este plano, el ejecutivo, -sin mediar consulta previa a las organizaciones indígenas- envío al Congreso un proyecto de reforma constitucional. Entre los avances que presenta este periodo, se cuenta el voto favorable del Estado chileno a la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, la política del estado chileno durante el 2007 ha seguido lesionando, de diversas maneras, los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Así se ha mantenido inalterado el respaldo del gobierno a los proyectos de inversión que intereses privados, muchos de ellos trasnacionales, impulsan o planifican en territorios indígenas, y que son rechazados por las comunidades.
El Estado chileno sigue, por consiguiente, sin escuchar no solo a los mapuche, sino a instancias como el Comité de Derechos Humanos de la ONU que en marzo pasado lo llamó a adoptar medidas, incluyendo el termino de la violencia policial consulta previa frente a proyectos de inversión en territorios indígenas, y la modificación de la ley antiterrorista, para garantizar el respeto de los derechos humanos a los pueblos indígenas.
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
