Como es sabido, la última semana ha estado marcada por graves hechos de violencia en las zonas rurales de la Región de La Araucanía, siendo el más grave de éstos, el confuso incidente que derivó en la trágica muerte de los comuneros mapuche Luis Marileo Cariqueo y Patricio González, quienes fueron abatidos a manos del ex oficial de Carabineros, Ignacio Gallegos Pereira.

De acuerdo a lo informado por los medios de comunicación y la versión entregada por el Ministerio Público, la muerte de Luis Marileo y Patricio González habría ocurrido tras el asalto a un fundo en el sector los Sauces, repelido por la víctima, quién habría actuado en legítima defensa. De acuerdo a la versión entregada por  familiares de las víctimas, el hecho habría ocurrido en momentos en que los jóvenes mapuche fueron a recuperar un caballo que les pertenecía y que había sido apropiado por el ex oficial de Carabineros. Resulta preocupante que el Ministerio Público haya señalado –en relación a estos hechos– que estarían realizando diligencias en el contexto de la investigación, pero que por ahora no formalizarían al ex oficial Gallardo, ya que se la había atribuido la calidad de víctima del delito. Al respecto cabe preguntar; ¿Habría ocurrido de igual modo si en las mismas circunstancias quien hubiese actuado en legítima defensa hubiese sido una persona mapuche? Muy posiblemente no. Dicha circunstancia deja en evidencia el trato discriminatorio por parte de los actores estatales en contra de las personas mapuche.

La investigación imparcial y efectiva de los hechos que resultaron en la muerte de los dos jóvenes mapuche y la sanción de los delitos que se identifiquen en ellos por parte de la justicia resulta fundamental. Ello si se quiere que los hechos de violencia que ocurren en esta parte del país tengan un tratamiento institucional y no por vías de hecho, como parece haber ocurrido en este caso.

Si bien no cabe justificar la violencia que algunos imputan a los dos jóvenes mapuche, es necesario hacer presente que ella ha marcado las vidas de muchos jóvenes como ellos en comunidades rurales de la Araucanía y regiones aledañas. El caso de Luis Marileo Cariqueo es demostrativo de esta realidad, ya que desde muy temprana edad vivió los efectos de la criminalización de la protesta social mapuche en reclamo por sus derechos. En efecto, viviendo en la Comunidad Cacique José Guiñon, sector Pidima, siendo sobrino de dos dirigentes mapuches condenados por Ley antiterrorista, vivió en un constante clima de allanamiento y persecución penal en contra de su familia y su comunidad. A la edad de 14 años fue recluido en centros penitenciarios vinculado a la participación en delitos terroristas, delitos de los cuales resultó absuelto. Posteriormente cumplió condena por cinco años. El caso de Luis Marileo es posiblemente uno de los ejemplos más evidentes de que la violencia ejercida por parte de los agentes policiales del Estado en contra de niños y comunidades mapuches, puede revertir en violencia.

Otro hecho de violencia ocurrido en la Araucanía fue el brutal allanamiento por fuerzas especiales de Carabineros que tuvo lugar el día miércoles 14 de junio en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla. En la ocasión, y tal como se registra en los videos disponibles en redes sociales, los efectivos policiales actuaron de forma absolutamente desmedida en contra de miembros de la comunidad, particularmente niños y mujeres que se encontraban en la escuela. La forma violenta y discriminatoria en la que Carabineros actúa en las comunidades mapuche, la que ha sido observada en reiteradas oportunidades no solo por instituciones de derechos humanos como el INDH, sino por la propia justicia, solo alimenta el clima de violencia en que jóvenes como Luis Marileo crecen.

Llama profundamente la atención la ausencia total de una acción del Estado, más allá de la represión, para abordar los problemas de fondo que generan el clima de violencia social en la Araucanía y regiones aledañas. La ausencia de un reconocimiento jurídico-político del pueblo mapuche y de otros pueblos indígenas del país en la Constitución Política; la exclusión de sus representantes de las instancias de toma de decisión a nivel del país –siendo el Congreso Nacional el ejemplo más evidente–; la ausencia de una política orientada a la identificación y restitución de sus tierras de ocupación tradicional; la imposición inconsulta de proyectos de inversión en sus tierras y territorios; la exclusión de las comunidades de los beneficios que estos proyectos generan; la grave afectación del hábitat y recursos naturales que sustentan sus culturas, son algunos de los problemas que afectan la relación entre el pueblo mapuche y el Estado, respecto a los cuales los distintos órganos del Estado no han dado respuesta por largo tiempo.

Por otro lado, el gobierno actual conformó la Comisión Asesora Presidencial sobre la Araucanía para abordar los problemas del conflicto interétnico en esta parte del país. Más allá de los cuestionamientos a su composición –al no contar con una integración representativa del pueblo mapuche– y a las propuestas que de ella surgieron– las que parecen responder más a las preocupaciones de los gremios que a las del pueblo mapuche-, el gobierno lleva seis meses analizando el informe emanado de ella, sin elaborar hasta ahora políticas públicas o legislación para su implementación. Todos estos hechos dan cuenta de la negligencia – y por lo mismo- de la responsabilidad del Estado, en el clima de violencia existente en la Araucanía y regiones aledañas.

En momentos de elecciones presidenciales, llama la atención que varios de los candidatos al referirse a esta realidad no propongan, más allá de la mano dura, alternativas para responder a los problemas profundos que subyacen a la relación entre el pueblo mapuche y el Estado, y que generan la violencia que se expresa en hechos como los ocurridos durante la semana en la región.

Es hora que desde el mundo político y de la sociedad chilena en su conjunto se ponga urgente atención a las causas profundas del conflicto intercultural existente en la Araucanía y regiones aledañas, algunas de las cuales identificamos aquí.  Asimismo,  es hora que desde el Estado, en diálogo con las instituciones que los propios mapuche establezcan, se impulsen transformaciones de fondo que permitan superar el clima de violencia y confrontación hoy existente en esta parte del país. De no hacerlo prontamente, será difícil revertirlo a futuro.

Temuco, 16 de junio de 2017.