Corresponde ahora que estas iniciativas, que con esfuerzo han levantado los diferentes pueblos originarios, sean debidamente debatidas, reflexionadas y aprobadas en las comisiones respectivas y en el pleno de la Convención Constituyente y sus contenidos pasen a formar parte de la nueva Carta Constitucional.
Publicada en El Desconcierto
Vencido el plazo para que los diferentes pueblos originarios que habitan Chile presenten sus iniciativas de normas al proceso constituyente, 248 iniciativas de normas trabajadas desde los pueblos originarios han sido presentadas y entrarán al debate constitucional.
Esto, sin duda, hay que celebrarlo por muchos motivos: primero, porque la participación y aportes de los pueblos originarios estará presente en la construcción de la nueva Carta Fundamental, no solo a través de los y las convencionales de escaños reservados que redactarán el nuevo texto constitucional, sino que también porque sus aportes presentados en los diferentes espacios de participación popular que se han abierto, como las audiencias públicas, las semanas territoriales, la Consulta Indígena recientemente anunciada y las iniciativas de norma, serán debatidos en las diferentes comisiones y pleno de la Convención Constituyente.
Asimismo, el haber contemplado un mecanismo especial para la presentación de iniciativas de normas para los pueblos originarios, -que dependiendo del pueblo al que se pertenecía, requería de un número determinado de patrocinios de comunidades u organizaciones indígenas, o de un cacicazgo tradicional o 120 firmas-, fue una acción importante que los ayudó a superar barreras en su participación.
La construcción de estas iniciativas ha implicado un arduo trabajo desde los diferentes territorios. El resultado es que los diez pueblos indígenas reconocidos legalmente, han logrado presentar iniciativas de norma. Y si bien el pueblo tribal afrodescendiente chileno, a pesar de estar reconocido legalmente, no fue considerado en este mecanismo especial de iniciativas normativas, y no logró reunir las 15.000 firmas para presentar su iniciativa popular de norma para el “Reconocimiento constitucional del pueblo afrodescendiente chileno”, se ha incluido en algunas iniciativas de normas indígenas que buscan “asegurar el acceso a los derechos fundamentales a toda la población indígena y afrodescendiente de Chile” o el “reconocimiento y oficialización de la medicina ancestral indígena y/o tribal”, entre otras.
Sobre las iniciativas presentadas, son diversas y amplias las temáticas que se desarrollan, siendo las referidas a “Derechos fundamentales” las más numerosas (98 iniciativas), seguidas por “Formas de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal” (41 iniciativas) y «Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios” (28 iniciativas), entre otras.
En general los temas presentados son transversales a todas las temáticas que trabajará la Convención Constituyente, aunque con un fuerte énfasis en las demandas históricas de los pueblos indígenas u originarios. Así por ejemplo, han ingresado iniciativas vinculadas al reconocimiento del genocidio y reparación a los pueblos indígenas; el reconocimiento a la preexistencia de las naciones y pueblos originarios que habitan Chile; el reconocimiento y aplicación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados entre los pueblos y naciones preexistentes; el reconocimiento de Chile como estado plurinacional e intercultural; escaños reservados para pueblos originarios, creación de tribunales indígenas, reconocimiento y promoción de la salud y medicina ancestral, protección y garantía de los derechos lingüísticos, reconocimiento a principios indígenas como el Itrofill Mongen; el reconocimiento, resguardo y protección de los derechos de la naturaleza y; la garantía y promoción a los medios de comunicación indígena.
Sirve resaltar en estas propuestas, la garantía a los derechos territoriales que han sido abordados por los diez pueblos originarios, a través de diversas iniciativas que buscan la restitución, protección y garantía de los territorios ancestrales, incluyendo en el concepto de territorio ancestral -en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos-, los espacios costeros y marinos, los sitios de significación cultural y espiritual, los caminos ancestrales y sitios de trashumancia, las áreas de producción, aprovechamiento y conservación de la naturaleza en sus múltiples dimensiones; así como el control político, cultural y espiritual que los pueblos quieren ejercer sobre dichos espacios, resaltando el rol de los pueblos originarios como custodios de estos territorios. Incluyendo una iniciativa que solicita garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas en áreas silvestres protegidas, solicitando que “los pueblos indígenas cuyas tierras y territorios de uso y ocupación tradicional hayan sido declarados como Áreas Silvestres Protegidas sin su consulta y consentimiento libre previo e informado, tienen el derecho a que dicha propiedad les sea restituida si así lo demandaran». Por lo que la importancia del territorio se hace evidente en las múltiples iniciativas que lo abordan y como un derecho que garantiza la reproducción social, espiritual, política y cultural de los pueblos indígenas que habitan Chile.
El derecho al agua, es otra iniciativa que casi todos los pueblos originarios han abordado, sea exigiendo la restitución del agua como bien común para todas las formas de vida, o el reconocimiento de este derecho desde la perspectiva de los pueblos y naciones originarias, respetando la relación espiritual y cultural que guardan los pueblos indígenas con las aguas y, la reparación, restitución o indemnización por las aguas superficiales y subterráneas que tradicionalmente hayan poseído, ocupado u utilizado y que hayan sido agotadas, confiscadas o dañadas, entre otros.
Asimismo, algunas iniciativas se enfocan en grupos específicos dentro de los pueblos originarios, como las mujeres indígenas; los niños, niñas y adolescentes; las personas indígenas en situación de discapacidad y las personas mayores indígenas. Y de estas iniciativas, la mayoría busca garantizar los derechos de las mujeres indígenas, como el derecho a vivir una vida libre violencias, exigiendo al Estado el deber de prevenir, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres indígenas, especialmente aquellas que sean producto de la desigualdad estructural; el garantizar una educación indígena con enfoque antirracista, que permita educarse en un espacio libre, sano y sin violencia; el derecho a la participación de las mujeres indígenas garantizando la implementación de criterios de representatividad y paridad que permitan asegurar la participación efectiva de la mujer indígena en cargos políticos y dentro de sus comunidades; la creación de tribunales indígenas con perspectiva de género; el garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas pertenecientes a naciones originarias de acuerdo a las costumbres de cada pueblo; el reconocer y promover la producción alimentaria, junto a la distribución y consumo de alimentos, entre otras importantes iniciativas. Esto, sin duda, ayudará a abordar los derechos de estos colectivos desde un enfoque interseccional, visibilizando las múltiples barreras y discriminaciones que afrontan no solo por pertenecer a pueblos originarios, sino también por ser mujeres, niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores.
Corresponde ahora que estas iniciativas, que con esfuerzo han levantado los diferentes pueblos originarios, sean debidamente debatidas, reflexionadas y aprobadas en las comisiones respectivas y en el pleno de la Convención Constituyente y sus contenidos pasen a formar parte de la nueva Carta Constitucional. Por nuestra parte, corresponde conocer estas propuestas, difundirlas y apoyarlas, para empezar a reconocernos como la sociedad diversa, plural y multilingüe que somos, y porque el asegurar que los derechos de todos los pueblos se encuentren garantizados, es una deuda que como sociedad y país tenemos con los pueblos originarios.
Karina Vargas Hernández
Karina Vargas Hernández es coordinadora del Programa Derechos de los Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano de Chile.
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
