Julio Pinto, historiador: “Sin protesta social, no habría proceso constituyente”

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El Premio Nacional de Historia 2016, hace un análisis preciso del estallido social que vive nuestro país, y lo relaciona con otros momentos de nuestra historia. Además, dedica unas palabras sobre la importancia de cambiar la carta fundamental de 1980. “La Constitución del 80 lo que hace es proteger un sistema que es intrínsecamente atentatorio contra los derechos sociales”, señala.

Con la sonrisa que lo caracteriza, no parece que fuese un historiador, siempre asociados a algo más formal y serio. Sin embargo, por sonreír Julio Pinto Vallejos (1956) no pierde su lucidez y sus dotes intelectuales. Por ello, aceptó charlar con The Clinic sobre un tema que hoy le resulta interesante: el estallido social.

En una soleada mañana, nos recibe en su oficina del Idea (Instituto De Estudios Avanzados), de la USACH. Premio Nacional de Historia 2016, con estudios en la Universidad de Yale, Pinto ha dedicado su carrera a estudiar los conflictos populares de principios del siglo XX, la formación del Estado en Chile, la Unidad Popular. Por lo tanto, es alguien que con su bagaje tiene bastante que decir respecto a la situación que vive el país.

¿Esperaba un estallido social como este?

– Hemos tenido estallidos parciales todos estos años prácticamente. Vivimos bajo un modelo de convivencia que genera muchas tensiones, y no es raro cuando se generan tensiones, que busquen liberarse por algún lado. Lo diferente ahora es que se juntaron todas las tensiones al mismo tiempo y explotaron de una, eso es lo que hace que este haya sido un fenómeno mucho más masivo y más duradero que los anteriores, pero la verdad es que cuando uno vive en un sistema que permanentemente presiona elementos fundamentales de la convivencia humana, lo esperable es que se produzcan malestares, reacciones, descontento, y por tanto yo diría que no es tan sorprendente que haya pasado lo que pasó. Sí, es sorprendente su magnitud.

¿Qué le parece la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera ha afrontado esta situación?

– Todo el mundo habla mucho de que el gobierno no ha entendido lo que está pasando, que el Presidente no ha entendido lo que está pasando, yo por el contrario creo que tiene muy claro lo que está pasando porque lo que hay aquí es un desafío frontal al orden que rige en Chile desde 45 años, es un modelo de sociedad que está, en este minuto, bajo asedio, que ha sido rechazado por un segmento bien importante de la sociedad, y entonces, el gobierno y los sectores políticos que están detrás de ese gobierno, lo que quieren es defender ese modelo, no quieren producir cambios en profundidad porque ellos lo instalaron, ellos se identifican con esta forma de convivir, ellos son sus beneficiarios, estoy pensando en el empresariado, ¿no? Entonces, cualquier cambio más a fondo, como podría ser un cambio en el sistema de pensiones, es una amenaza muy seria, por lo tanto, lo que han hecho, por una parte, es dar unas señales menores de concesiones a esta presión social, pero con el menor daño posible para el modelo general, y por otro lado, apostar al cansancio, y a lo largo de estos meses y fracción, reprimir.

Una constante que ha tenido el gobierno en estos días es achacar una supuesta intervención extranjera en la crisis, ¿recuerda algún episodio en la historia de Chile donde un gobierno atribuya intervención extrajera en un levantamiento popular?

– Dos ejemplos históricos muy concretos. A principios del siglo XX cuando empiezan a arreciar las protestas sociales, lo que se llama la “cuestión social” en jerga historiográfica, Chile todavía tenía diferendos limítrofes muy fuertes con Perú y Bolivia, que eran herencia de la guerra del Pacífico, entonces se le empezó a echar la culpa de la agitación social y el descontento obrero a agitadores peruanos que estaban tratando de generar divisiones internas para ellos generar dividendos propios. Entonces, se decía que Luis Emilio Recabarren, los anarquistas, los socialistas de esa época eran pagados por el “oro peruano”, eso es literal. Incluso, en un momento de mucha tensión social, como fue el año 1919, que hubo un estallido social más o menos análogo al actual, el entonces ministro del Interior, Ladislao Errázuriz, moviliza a las tropas chilenas hacia la frontera con Bolivia por un supuesto peligro de guerra, que finalmente no fue nada, y se le llamó “La guerra de don Ladislao”, por el nombre del ministro. Ese es un caso bien claro. Después vino la amenaza comunista ¿no? Crece la izquierda en Chile, crece el Partido Comunista en Chile crecen las organizaciones obreras, y entonces cualquier disturbio, cualquier tensión interna que hubiese se le adjudicaba, ya no al “oro peruano”, sino al “oro de Moscú”, era la Unión Soviética que estaba alimentando no es cierto el malestar interno con el fin de socavar las instituciones democráticas y apoderarse finalmente de Chile, y esta alusión alcanzó su máximo apogeo para el golpe de Estado del 73 donde los militares decían que estaban actuando ante las amenazas cubana y soviética. Incluso habían movimientos militares para prevenir supuestos ataques cubanos y soviéticos en defensa del gobierno de la Unidad Popular, que obviamente nunca ocurrieron. Entonces, es un mecanismo recurrente que tiene un poder asediado, sobre todo un poder de derecha para culpar a terceros de situaciones que tienen que ver con conflictos y contradicciones que son internas, desviar la atención, y no deja de ser irónico que hoy en día que Rusia no es comunista sigue siendo identificada como uno de los focos de intervención y agitación en contra de Chile. Lo que yo me pregunto es que si el gobierno tiene identificadas a estas amenazas externas, ¿por qué no los denuncia ante las Naciones Unidas? o ¿por qué no les declara la guerra? pero lo que hay son denuncias totalmente abstractas que nadie se las cree mucho, ni ellos mismos, que es una especie de recurso extremo ante la negativa de asumir las responsabilidades propias.

Usted vivió la dictadura, ¿se imaginaba que alguna vez iba a volver a ver militares en la calle?

– Si tú me preguntas si yo hubiese deseado ver nuevamente militares en la calle, la respuesta es no. En el plano del deseo, pero en el plano de las realidades políticas, nunca nuestros países es un escenario impensado. Los militares no solo intervinieron en política en 1973, han intervenido en política desde que se creó Chile como país independiente porque en el fondo la fuerza militar es un factor más de la política, ya sea externa, ante eventuales enemigos exteriores, o interna. Cuando un sistema se siente muy agobiado por la crisis, suele recurrir a los militares. No siendo algo que uno hubiese querido volver a ver en su vida, a mi no me sorprende en absoluto cuando el gobierno la primera reacción que tuvo fue sacar a los militares a la calle, y una reacción que ha sostenido durante los 70 y tantos días de la crisis es enfrentar la crisis mediante la fuerza pública, mediante carabineros, y reiterar acciones que uno pensaba que con los escándalos del principio no se iban a volver a repetir, el tema de los disparos al rostro de las personas, se pensó que lo que le ocurrió a Gustavo Gatica iba a ser un freno, pero ocurre que el viernes pasado sin ir más lejos, a un muchacho de la Villa Portales le dispararon a la cara y perdió un ojo. Entonces, lo que te quiero decir, es que el recurso de la fuerza física es un componente permanente de la acción de un gobierno que se siente amenazado y por tanto nunca es un escenario descartable. No lo es ahora. Un escenario posible según cómo evolucionen los hechos, es que los militares vuelvan a salir a la calle.

Chile ha tenido varias constituciones en su historia, las cuales se han originado a partir de situaciones de conflicto, ¿considera que han resultado como una solución para los problemas que ha enfrentado el país en cada uno de esos momentos?

– Una Constitución lo que busca es legitimar un cierto ordenamiento político, darle un carácter permanente, más estable. Siempre que hay una crisis política, una reorganización del sistema político, se busca escribir una constitución para plasmar ese cambio y darle proyección, y las tres constituciones más duraderas que hemos tenido en Chile -1833, 1925 y 1980- han sido resultado de crisis políticas e intentos de reordenamiento del sistema político. Dicho sea de paso, esas tres Constituciones han sido escritas entre cuatro paredes, por comisiones designadas por los gobernantes de turno y no han sido resultado de deliberaciones ciudadanas participativas y amplias. Si el actual proceso constituyente se consolida sería la primera vez en Chile que vamos a tener una Constitución elaborada democráticamente, que realmente refleje el sentir de una sociedad, que es lo que se supone que una Constitución tiene que hacer.

Julio Pinto. Foto: Emilia Rothen

¿Qué es lo que permite que una Constitución funcione mejor que otra?

– Que ese nuevo rayado de cancha tenga la capacidad de obtener la aceptación por lo menos, y ojalá el respaldo de la sociedad, o de sectores mayoritarios de ella. Y no sostenerse por la pura fuerza. En ese sentido, la Constitución del 25, aunque también se originó en un golpe de fuerza -el golpe militar de 1924-, y aunque también fue elaborada de manera bastante autoritaria, tuvo esa capacidad de acoger parte de las políticas y sociales que habían provocado la crisis anterior. Nombro dos cosas bien concretas: uno, la Constitución del 25 reconoce derechos sociales, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la previsión, incluso a la protección del trabajo. Y como parte del descontento que provoca la crisis de esos años, era la Cuestión social, lo que logra esa Constitución es que los conflictos sociales se puedan resolver institucionalmente, sin tener que seguir recurriendo al enfrentamiento directo, y eso explica la duración de esa Constitución. Lo otro que permite esa Constitución es una ampliación del marco político, que ingresen al sistema político sectores sociales que antes estaban fuera, los trabajadores, los pobres, en fin. Eso también le da más durabilidad a esa Constitución. No resuelve todos los problemas, de hecho, en la misma medida en que la demanda por derechos sociales siguió creciendo y la cantidad de personas que querían convertirse en actores políticos también siguió creciendo, esa Constitución se convirtió en el marco político para una transición al socialismo, que era algo impensado por quienes la instalaron. Y eso habla un poco de la capacidad de esta Constitución de incorporar nuevas demandas y nuevas situaciones políticas, pero eso llevó al límite de que los sectores de derecha y empresariales y fuerzas armadas dijeran que esta Constitución se convirtió en algo muy peligroso, lo que tenemos que hacer es terminar con ella, y cambiarla por otra que impida que vuelva a pasar esto, y ese es el origen de la Constitución del 80. Esta no ha tenido la capacidad de legitimarse ante la sociedad, y ha estado constantemente bajo asedio, bajo crítica. Nunca ha logrado legitimarse, y eso explica también el papel que asume la demanda constitucional en esta coyuntura, que uno diría “la gente está pidiendo demandas sociales, ¿qué tiene que ver la Constitución con esto?”, tiene que ver, porque la Constitución del 80 no garantiza esos derechos. La Constitución del 80 lo que hace es proteger un sistema que es intrínsecamente atentatorio contra los derechos sociales, y por eso es que para recuperar esos derechos hay que cambiar la Constitución.

Julio Pinto. Foto: Emilia Rothen

Justamente en abril viene un plebiscito en miras a un proceso constituyente. ¿Qué le parece que haya existido un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para llevar adelante esta tarea? Porque hasta hace años, era impensado…

– Sí, lo primero que hay que decir es que sin protesta social, no habría tal proceso. Los sectores poderosos de este país -y no hablo solo de la derecha, ¿ah? incluso sectores importantes de la Concertación de partidos por la democracia-, los herederos de la dictadura se las ingeniaron e hicieron todo lo posible durante estos años para que la Constitución en lo esencial se mantuviera, y empezaron a ganar adeptos dentro del mundo de la Concertación. Hubo reformas, algunos de los elementos más evidentemente antidemocráticos de esa Constitución fueron eliminados pero el núcleo, el corazón de esa Constitución permanece. Entonces, es muy interesante porque, por una parte se decía “esta Constitución nos da estabilidad, hay que mantenerla”, y por otra parte se decía, “el cambio Constitucional es una idea de unos pocos, mentes afiebradas que le dan mucha importancia a esto, pero la sociedad en su mayoría no le interesa mucho el tema de la Constitución”. Esas eran las líneas de defensa de la Constitución de 80, y se requirió de una explosión social de la magnitud de la que estamos viviendo para instalar en serio el tema de la reforma constitucional, entonces, sin esa presión social no estaríamos en este proceso que estamos, y que habría que decir no está garantizado aún. En los últimos días tanto la presidencia como los sectores más duros de la derecha -la UDI por ejemplo- han dicho claramente que ellos no están por un cambio de Constitución. De lo cual uno puede inferir que si no hubiese sido por la presión a la que fueron sometidos, no se habría iniciado este proceso siquiera. Por lo tanto, si no se mantiene este nivel de presión, este proceso es posible que aborte, que no conduzca a ninguna parte, y yo creo que la derecha está apostando a eso, que la gente se va a cansar, se va a desinteresar del tema de la Constitución, y todo este proceso se va a desinflar. Que ello no ocurra va a depender exclusivamente de la presión de la sociedad civil y que las personas no se cansen, no se desanimen, no se desmovilicen, y mantengan esta demanda como una demanda central para la resolución de la crisis en la cual estamos. Esto no va ser un proceso corto, sea bajo los parámetros en los que estamos, estamos hablando de dos años.

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