El gobierno reafirmó su agenda sobre el proceso constituyente para cambiar la Constitución e ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece un mecanismo de reemplazo de la actual.

El proyecto modifica el Capítulo XV de la Carta Fundamental y faculta al Congreso para convocar a una Convención Constitucional para la elaboración de una Nueva Constitución con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si el proyecto de reforma es aprobado, el gobierno tendrá un plazo de 60 días para enviar otro proyecto, ahora una Ley Orgánica Constitucional que definirá la conformación y funcionamiento de la Convención Constitucional. Resuelto esto, se podrá convocar a la Convención que propondrá un proyecto de nueva Constitución, el cual debe ser aprobado o rechazado en un plebiscito nacional, que, según el proyecto, será obligatorio.

El proyecto presentado por el gobierno cambia algunos aspectos del derrotero anunciado con el proceso constituyente. El mecanismo ahora tiene nombre -Convención Constitucional- y se plantea una Ley Orgánica que “regula su convocatoria, la forma de integración de la misma, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes, su organización, sus funciones y atribuciones, como también los mecanismos de participación ciudadana”. El gobierno acota así la discusión y también el mecanismo para resolver el cambio constitucional, aspirando a que la Convención Constitucional se apruebe por el actual Congreso. Un tema discutible, pues está hoy en cuestión su legitimidad ciudadana, aunque esto era parte del itinerario ya conocido. Pero si se aprueba la Convención, esto podría coronar uno de los tres principales compromisos del Programa de Gobierno y también la acción ciudadana para romper el blindaje que impedía cambiar por completo la Constitución heredada de la dictadura.

Un dato preocupante son los quórum que se plantean para convocar a la Convención Constitucional y para que ésta, luego de constituida, pueda aprobar los contenidos de la nueva Constitución, ya que seguirá lo “establecido en el inciso segundo del artículo 127” de la actual Constitución. Ello implica que todo lo referido a los Capítulos sobre Bases Institucionales, Derechos, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas, Consejo de Seguridad y sobre Reforma a la Constitución deben ser aprobados en la Convención por las dos terceras partes de sus integrantes. El mismo quórum tendrá cualquier otra materia nueva que la Convención quiera incorporar al nuevo texto constitucional.

La agenda anunciada por el gobierno para el proceso constituyente se debe completar con una propuesta de Nueva Constitución, cuyo insumo principal son las Bases Ciudadanas que resultaron del proceso participativo realizado entre abril y agosto del año pasado. El mensaje presidencial que envía la reforma se hace cargo de la crisis de representación actual y la legitimidad del proceso constitucional, pero también de la incredulidad sobre el resultado del proceso, clarificando el proyecto que el resultado de la Convención será una “reforma completa” o una “nueva constitución”.

Con el proyecto del gobierno, la discusión constituyente queda instalada en medio de las campañas donde para elegir a un nuevo parlamento con un nuevo sistema electoral. Seguir las etapas anunciadas y discutir los contenidos del proyecto debiera estar en las metas de la ciudadanía que apuesta a seguir promoviendo conciencia y aumentar el capital social y político para promover una Asamblea Constituyente (AC). La agenda por la AC tiene un espacio y tiempo clave este año para incidir en el debate nacional, sostener la demanda por una nueva constitución e incidir en la discusión de la reforma enviada al Congreso.

La Asamblea Constituyente logró un sitial inesperado en las Bases Ciudadanas que la Presidenta Bachelet recibió el pasado 14 de enero, por cuanto los Cabildos Provinciales y Regionales la priorizaron como una institución necesaria en una nueva Constitución. Lo mismo ocurrió en los Encuentros Locales desarrollados en el extranjero y con los pueblos indígenas. En el informe final del Consejo de Observadores Ciudadanos (CCO), en tanto, se precisa que la Asamblea Constituyente es el único concepto que rompió la simetría entre los resultados de los Encuentros Locales Autoconvocados y los Cabildos.

Las Bases Ciudadanas son el insumo para la propuesta del gobierno y no se podrá obviar entonces un concepto priorizado entre las siete instituciones más relevadas en el proceso participativo. Pero estas Bases, según el proyecto presentado, serán solo un insumo más para la Convención que se propone, la cual también podrá conocer “de todo otro proyecto que tenga por objeto la sustitución del actual texto constitucional”. Por tanto cautelar los avances sobre el mecanismo de cambio constitucional logrados en el proceso constituyente es parte de una agenda ciudadanía.

El cambio constitucional mantiene un fuerte apoyo ciudadano como lo expresa la reciente Encuesta CADEM (10 de abril), donde las expectativas ahí reflejadas son claras y coincidentes con los resultados del proceso constituyente realizado el año pasado. La Convención Constitucional suena muy parecido a la Asamblea y los contenidos de este mecanismo aún deben discutirse. No le concedemos la confianza a éste ni al próximo parlamento para resolver ellos una nueva Constitución, pero es ahí donde se discutirán las reglas para la Convención propuesta o lo que quede o resulte de la discusión. Ya no solo el cambio constitucional está en la agenda pública, ahora también lo estará y con aún más relevancia, el mecanismo. El que sin lugar a dudas, debe ser una Asamblea Constituyente.