El pasado 11 de octubre, la Comunidad Lafkenche Mateo Nahuelpán presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, por la decisión de la actual Seremi de Bienes Nacionales de la Araucanía, Natalia Rivera Velásquez, de anular la concesión y transferencia del predio fiscal ubicado en el sector de las Dunas de Moncul de la comuna de Carahue, donde esta comunidad intenta desde hace años ejecutar un emblemático proyecto de conservación y turismo comunitario.

La decisión de la Seremi de Bienes Nacionales de la Araucanía del nuevo gobierno, se da en el contexto del fuerte lobby realizado por el edil de la comuna de Carahue, quien se opone a la entrega de la administración del predio y a su transferencia a la Comunidad Mateo Nahuelpán, aun cuando este hace parte de su territorio de  ocupación actual y tradicional, y es de gran importancia y significación cultural para todas las comunidades lafkenche de los sectores costeros de Puerto Saavedra y Carahue. Al anular la concesión temporal de dicho espacio, así como su transferencia definitiva, la nueva Seremi de Bienes Nacionales no informó previamente a la Comunidad y no le dio ninguna posibilidad para defenderse. Sin embargo, para comprender la arbitrariedad de esta injusta decisión de la actual Seremi de Bienes Nacionales de la Araucanía, es necesario tener el contexto histórico que vincula a la Comunidad con su territorio, actualmente en propiedad legal del Estado.

El asentamiento ancestral de la Comunidad Lafkenche Mateo Nahuelpán se encuentra en la ribera oeste del Río Moncul, siendo prueba de ello el título de merced entregado por parte del Estado chileno el año 1903 al Lonko don Mateo Nahuelpán, que reconoció en propiedad legal 195 hectáreas que hacen parte del territorio de ocupación tradicional de la comunidad. Sin embargo, al ser dicho título el resultado del proceso de reducción de las tierras de ocupación histórica del Pueblo Mapuche, no comprendió importantes sectores que eran ocupados por la comunidad, como es el caso de los ecosistemas costeros ubicados en el sector de las dunas de Moncul, que fueron inscritos como bienes fiscales.

Tras el gran terremoto de 1960, la Comunidad se vio gravemente perjudicada como consecuencia del descenso de la placa continental y el anegamiento de aproximadamente 185 ha de su título de merced, las cuales pasaron a formar parte del Humedal de Moncul. Esta transformación en la geografía del lugar cambió drásticamente la vida de las comunidades lafkenche que lo habitaban, en particular de la Comunidad Mateo Nahuelpán, la cual perdió prácticamente la totalidad de sus tierras reduccionales, ocasionando la migración forzada de varias familias. No obstante, las familias que quedaron asentadas en las cercanías del Cerro Moncul continuaron con su vida en el lugar, ampliando su ocupación al sector de las dunas, considerado desde tiempos inmemoriales como un Treng Treng, al ser un espacio vital en tiempos de escasez y protector ante las catástrofes (dado el afloramiento de aguas y mayor altura), todo lo cual ha propiciado, además, la conservación de este lugar por parte de la Comunidad.

A pesar de la ocupación consuetudinaria del importante territorio constituido por el complejo dunar de Moncul, la Comunidad no contaba con ningún tipo de reconocimiento de su tenencia y formas de administración. A esto se suma que el interés turístico por la zona ha traído consigo una sobrecarga del ecosistema por parte de los visitantes foráneos, ocupación ilegal y un evidente deterioro. En este marco, la Comunidad Lafkenche Mateo Nahuelpán comienza un largo proceso para obtener, de forma provisoria, la administración de este espacio y, de forma definitiva, la transferencia que permita otorgar seguridad jurídica a su tenencia tradicional, con el objetivo de viabilizar los planes de vida que se han trazado, consistentes en la conservación y el uso público del lugar, y el desarrollo de un turismo de base comunitaria y con pertinencia cultural. Para ello, la Comunidad ha contado tanto con el apoyo de organismos públicos como la CONADI y el Fondo de Protección Ambiental, así como de instituciones académicas como el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera, la Universidad Mayor y la Universidad Católica de Temuco. Asimismo, la Comunidad ha desarrollado un trabajo conjunto con la comunidad local, con el objetivo de proteger el humedal y su entorno, por medio de la puesta en valor y postulación del Humedal de Moncul como un sitio Ramsar.

Como se aprecia, este caso da cuenta de la importancia de entender la política de reconocimiento de derechos territoriales de los pueblos indígenas como una cuestión de Estado y de largo plazo, ajena a los cambios de los gobiernos y autoridades de turno. Llama profundamente la atención la forma en la que han procedido en este caso las nuevas autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales, teniendo en cuenta que son parte de un gobierno que ha señalado en su discurso y de manera pública que “el reconocimiento, valoración y compromiso de preservar la cultura, tradiciones, lengua, salud y cosmovisión de […] [los] pueblos originarios” son objetivos centrales de su política en la región. Esto es imposible de lograr sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios de ocupación tradicional, los que son sustrato para el desarrollo y concreción de sus planes de vida.

Felipe Guerra

Abogado, Observatorio Ciudadano

Valdivia, 6 de noviembre de 2018