El día miércoles 9 de octubre, todos quiénes trabajamos o tenemos sensibilidad en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes recibimos con asombro la noticia del rechazo en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional en materia de garantías y ejercicio de derechos de la infancia y adolescencia. Fue el oficialismo piñerista que votó en contra, impidiendo alcanzar los dos tercios necesarios para la aprobación de la iniciativa. El mismo conglomerado, que durante la campaña presidencial de Sebastián Piñera anunció a los cuatro vientos que en su gobierno los niños estarían primero, decidió no respaldar una iniciativa que al fin le daría a los niños y niñas del país, garantías consagradas en la constitución, para ser sujetos plenos de derecho y de esta forma, equiparar la legislación vigente a los estándares internacionales que regulan la materia.
La propuesta contemplaba tres modificaciones en la carta fundamental: a. reconocería el deber del Estado de velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes; b. se les reconocería como sujetos de derecho “resguardando su interés superior y autonomía progresiva” y asegurando el pleno goce de los derechos reconocidos en los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile; y c. fomentaría la concurrencia de las familias y la sociedad en la promoción, respeto y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, entre otros puntos.
Velar por el pleno goce y respeto de los derechos de los niños y niñas pareciera ser un lugar común y resulta incluso absurdo que alguien pudiera oponerse a las iniciativas que sean favorables a ellos. Es por eso que desde todos los sectores políticos el tema de los derechos de la niñez ha sido levantado como bandera de lucha y hasta el mismo presidente lo ha incorporado en su campaña bajo la aclamada frase “Los niños primero”. La comunidad política y la sociedad civil en bloque se escandalizaron y levantaron la voz cuando se destapó la crisis estructural y vulneración sistemática de derechos al interior del SENAME. Entonces, ¿cómo se explica que ahora, sin mayores reparos, decidan darle la espalda a una iniciativa que precisamente venía a proteger a nuestros niños y niñas de situaciones de vulneración de sus derechos fundamentales?
Lo que hay detrás de los argumentos de la derecha para votar en bloque en contra de lo parecería ser de sentido común es un pensamiento profundamente conservador, particularmente en torno al concepto de “autonomía progresiva”. A juicio de los parlamentarios de derecha, este concepto “relativizaba”el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Para este sector, por tanto, resulta sensato que los niños y niñas sigan siendo “objetos” en lugar de “sujetos”, es decir, propiedad de sus padres hasta que cumplan 18 años y recién ahí puedan decidir que es lo mejor para ellos en las cuestiones que les competen y afectan.
La mala interpretación del término es gigantesca. Autonomía progresiva es un concepto que está garantizado en la Convención de los Derechos del Niño, la cual ha sido ratificada por Chile hace casi 30 años y no es más que la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para hacer ejercicio de sus derechos a medida que se desarrollan tanto mental como físicamente. De esta manera, cuando aún son pequeños y están desarrollando su capacidad de discernimiento, necesitan de adultos, es decir, sus cuidadores en primer lugar, y del Estado cuando éstos fallan, para que velen por el cumplimiento de sus derechos. A medida que van madurando, van aumentando su capacidad de discernir y por tanto, de decidir sobre las materias que les afectan. Pueden entonces ejercer sus derechos de maneras más autónoma y tener una participación más activa en la sociedad de la que forman parte.
Al ser un concepto relativo y dinámico (no todos los niños se desarrollan a la misma velocidad ni tampoco son capaces de discernir adecuadamente sobre cualquier circunstancia de un momento a otro), es entonces rol del Estado velar para que puedan ejercer su autonomía, evaluando caso a caso y así garantizar el pleno goce de sus derechos, independientemente de la posición que tenga la familia de la que forman parte.
Cuesta entender que el oficialismo se empeñe en defender su mirada conservadora y adultocéntrica, basada en su sistemático miedo al Estado como garante de derechos y a la desconfianza que tienen en los organismos internacionales. Al parecer, para este sector es más importante tener plena seguridad de que van a seguir siendo “dueños” de sus hijos e hijas y la tranquilidad de que no se van a poder realizar un tatuaje cuando quieran (sí, ese argumento ha salido a la palestra), de que no van a poder decidir sobre su identidad de género o tener participación política en el movimiento estudiantil.
Mientras este pensamiento conservador se mantenga, difícilmente vamos a ser un país que ponga a los “niños primero” y difícilmente vamos a dejar de ser el único país de América Latina que carezca de una ley integral de protección de la infancia. Difícil va a ser también dejar de abordar los temas de infancia desde las soluciones parche, desde el abordaje únicamente de los problemas que atañen a los niños y niñas del SENAME, en lugar de tener una mirada integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que garantice el pleno goce de sus derechos y a la participación en las decisiones que les afectan.
Lamentablemente, el miércoles pasado en el Congreso, los niños y niñas estuvieron al final.
Carmen Luz Morales
Observatorio Ciudadano
Valparaíso, 11 de octubre de 2019
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
