José Aylwin, Director Observatorio Ciudadano

Con fecha 20 de marzo pasado un grupo de pobladores de Ñancul, localidad rural aledaña a la ciudad de Villarrica, en la región de la Araucanía, que se manifestaba pacíficamente en reclamo por la mala calidad y deficiente salubridad de las aguas que consumen, y para exigir de la autoridad una solución al problema que les afecta, fueron violentamente reprimidas por efectivos de carabineros. En la ocasión carabineros conmino a los pobladores a despejar el camino en el plazo de media hora. Acto seguido, y sin esperar más de 10 minutos, procedió a lanzar bombas lacrimógenas y a disparar perdigones a los manifestantes, entre los cuales había niños y adultos mayores. Uno de los disparos impacto el ojo de nombre Isolina Aravena Oses, quien debió ser llevada de urgencia al Hospital regional de Temuco y posteriormente derivada a Santiago, donde permanece internada con riesgo para de perdida ocular. En la misma ocasión carabineros detuvo a tres personas, las que luego de ser puestas a disposición de la justicia fueron puestas en libertad.

La manifestación de los pobladores – consistente en el corte pacífico y temporal del camino que une dicha localidad con Villarrica – fue consecuencia de la nula recepción que sus reclamos y búsqueda de apoyos para enfrentar su problemática encontraron en las autoridades. Cabe señalar que desde el mes de enero pasado las aguas que consumen los casi dos mil habitantes de Ñancul, provenientes de un Agua Potable Rural (APR), han presentado condiciones de turbiedad, mal olor y sabor, que han afectado seriamente la salud de la población. La captación del agua por parte de la APR se hace directamente del río Voipir, el que habitualmente presenta turbiedad ya sea por descargas ilegales que hacen algunos particulares, por residuos que bajan del volcán Villarrica Villarrica.

De acuerdo a los pobladores de Ñancul, la APR no ha contado con asesoría ni con la fiscalización que corresponde al Servicio de Salud del Ambiente del Ministerio de Salud para asegurar el acceso a un agua potable de calidad. Tampoco han sido apoyados por el Alcalde de Villarrica, quien pese a haber comprometido su visita a la comunidad, no concurrió a reunirse con esta aduciendo razones de fuerza mayor.

Los hechos aquí referidos dan cuenta de la persistencia de dos paradojas para un país que se precia de su democracia y de sus crecientes índices de desarrollo económico. La primera es la de la negación a una población campesina como la de Ñancul de un derecho humano fundamental, como es el derecho al agua y al saneamiento, reconocido por Naciones Unidas el 2010 a través de una Declaración que contó con el voto favorable del Estado de Chile. Como dicha Declaración reconoce, el agua potable resulta esencial para la realización de todos los derechos humanos. De allí la importancia de concluir a la brevedad con la tramitación del proyecto de ley que reforma el actual Código de Aguas que data de la dictadura y que ha resultado en la privatización de las aguas del país, proyecto que por primera vez reconoce y obliga al Estado a proteger el derecho humano al agua.

La segunda paradoja es la que dice relación con el actuar policial abusivo, el que vulnera un derecho fundamental reconocido en la constitución vigente y en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, cual es el derecho de reunión pacífica. Lamentablemente el actuar abusivo de las policías frente a manifestaciones pacíficas, como la impulsada por los pobladores de Ñancul, con un objetivo legítimo – la protección de sus derechos- se ha transformado en una práctica cotidiana. Ello a pesar de haber sido representada por instancias nacionales, como los tribunales de justicia, y el Instituto nacional de Derechos Humanos, y por instancias internacionales, como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Lo anterior obliga a la autoridad de la que depende carabineros, el Ministerio del Interior y de Seguridad Publica, a instar por la introducción de modificaciones sustanciales en las prácticas de esta institución a objeto de poner fin a estas conductas nefastas, que, recordándonos de otras épocas en la historia de Chile, violentan la convivencia pacífica y democrática en el país.

Temuco, 26 de marzo de 2017.