En la sesión, José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita Migrante, expuso su preocupación frente a la forma en que se están realizando políticas migratorias en Chile, señalando que sería importante que la Comisión pudiera hacerse parte del proceso.
“Qué mejor que el proyecto de ley, el cual no sé si a los comisionados se les ha presentado o lo conocen, cuente con sus comentarios técnicos y tener un estándar de nivel internacional, porque con eso, sin duda, Chile va ser un pie para la región y también al estar acá, al ser una instancia de diálogo, proponer al Estado un plan en conjunto. nosotros tenemos una serie de medidas, tenemos un articulado sobre ciertos puntos”, comentó.
La audiencia ocurre un par de semanas después que el gobierno chileno enviara una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que se respete la autonomía de los países. Para el abogado del Observatorio Ciudadano, Marcel Didier, quien participó de la sesión en Jamaica, aquel documento tensionó la preparación de esta cita.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Didier comentó que “una audiencia temática es una instancia de diálogo que se tiene que dar entre la sociedad civil y los representantes del Estado, y el gobierno entendió que esto era una pelea que tenía que venir a dar, entonces parte de la audiencia fue un poco tensa, y nosotros lo que hacemos es estar claros y convencidos de nuestros argumentos, porque venimos a comentar a los comisionados y a la Relatoría de Derechos de los migrantes lo que está ocurriendo en la práctica en Chile”.
Agregó que, luego de esta instancia, muchos Estados reconocen sus errores, son receptivos y quedan establecidos diálogos permanentes, pero que de nuestro país no esperan mucho, pues “la actitud del Estado de Chile es no reconocer las vulneraciones de Derechos Humanos, y dicen que ellos cumplen con la ley, pero esa ley es de la dictadura, con un enfoque en la seguridad nacional y que hoy lo seguimos viviendo”.
Frente a las exposiciones de los representantes chilenos, los comisionados del Sistema Interamericano también plantearon sus inquietudes para el gobierno chileno, quien estuvo representado por Mijael Bonito, asesor jurídico de migración del Ministerio del Interior.
La comisionada Flávia Piovesan cuestionó “cuáles son las políticas del Estado para promover la integración de estas personas migrantes y refugiadas, porque no basta solamente con no devolver, hay que establecer el mínimo para tener una vida digna, medidas de combate a la discriminación, a la xenofobia, o sea cuáles son las políticas públicas que van en esta dirección”.
Por su parte, Luis Ernesto Vargas, también de la Comisión Interamericana, se refirió a los constantes procedimientos de expulsión y dijo que, cuando esto se vuelve una meta, se generan dudas respecto de cómo asegura el Estado “el cumplimiento de las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a contar con una asesoría legal al migrante de manera oportuna, el derecho a contar con traductor o interprete. Si ya están dadas esas órdenes para cumplir esas metas, cómo se realizará el análisis y ponderación de la existencia de derechos fundamentales”.
En representación del Gobierno, el asesor jurídico del Ministerio del Interior, Mijael Bonito, desestimó las críticas. Dijo que en Chile sí se aplica el debido proceso y defendió la ley que se está debatiendo en el Congreso, asegurando que “es la primera vez que Chile tiene una ley de migraciones y no de extranjería, hay una diferencia muy importante en eso, esta ley tiene consideraciones de garantías, derechos y deberes de los migrantes. Tiene, además, consideraciones del acceso de los migrantes, incluso, a la revalidación de títulos profesionales”.
La sesión no implica ninguna acción legal en contra del Estado de Chile, y más bien busca poder generar un diálogo entre las organizaciones y las autoridades, por lo que Esmeralda Aromesena, presidenta de la Comisión, ofreció colaboración al gobierno chileno para acompañar la elaboración de políticas migratorias.
La audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se da en medio del anuncio del Plan de Fiscalización entregado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien explicó que, con el procedimient,o se busca fiscalizar a cerca 85 mil inmigrantes, lo que podría significar una importante cifra de expulsiones.
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
