Sitios de memoria: blancos del negacionismo

Durante los últimos años, Chile y el mundo ha sido testigo del resurgimiento de la derecha extrema. Una derecha que ya no teme, por ejemplo, decir que es homofóbica, antifeminista y partidaria de dictaduras que exterminaron y torturaron a miles de personas. Esto sería el resurgimiento de una derecha sin complejos: es mejor decir todo lo que se piensa, a pesar de ir en contra de los derechos humanos, sociales y políticos del sistema democrático. Una de las demostraciones de este movimiento en Chile han sido los ataques a varios sitios de memoria ligados a la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet. Entre abril de 2018 al 1 de febrero de este año se han registrado siete ataques:

• 21 de abril del 2018: rayado al Memorial de los Detenidos Desaparecidos de Valparaíso con el mensaje “Viva Pinochet”.
• 13 de agosto del 2018: atentados al Memorial de Neltume.
• 29 de agosto del 2018: rayados de esvásticas y quema de ofrendas florales en el Memorial de Hualpén.
• 30 de agosto del 2018: El Movimiento Social Patriota pone un cartel afuera del Parque por la Paz Villa Grimaldi que dice: “Aquí la izquierda lucra y adoctrina con la memoria de chilenos torturados”. Esto fue para el día de los Detenidos Desaparecidos.
• 29 de octubre del 2018: desconocidos ingresaron a la Casa de Memoria José Domingo Cañas, donde dejaron excremento y destruyeron parte del sitio.
• 10 de enero del 2019: El Movimiento Social Patriota puso, otra vez, un cartel afuera del Parque por la Paz Villa Grimaldi que decía “no lucren más con los Derechos Humanos”.
• 1 de febrero del 2019: desconocidos dejaron papelógrafos afuera del Estadio Nacional, con la figura de un militar con un cartel con una foto de un hombre diciendo “Aquí Están”.

A pesar de que en años anteriores se han atacado otros sitios de memoria y memoriales, llama la atención que en menos de un año los ataques han aumentado considerablemente. El objetivo es claro: destruir lugares incómodos, que según los atacantes no debieran existir y que son, en su ideología, lugares donde “solo lucran” con el dinero de todos los chilenos.

Vincular estos sitios de memoria y memoriales con el lucro, como lo hizo el neofascista Movimiento Social Patriota, resulta al menos curioso. En la actualidad, los sitios de memoria y memoriales chilenos no tienen financiamiento estable.

Los sitios de memoria son parte del patrimonio, pero generan otras prácticas y necesidades que un inmueble patrimonial común. No hay ninguna institución estatal que se haya encargado de dar sustentabilidad a los sitios de memoria y memoriales. Por eso el Estado chileno, debido al trabajo de las organizaciones sociales, da financiamiento a algunos sitios de memoria: Parque por la Paz Villa Grimaldi, Londres 38, Estadio Nacional, Memorial de Paine y el Museo de Neltume. Este financiamiento es una glosa del Presupuesto de la Nación.

«Si bien esto ha sido importante para cada sitio, permitiéndoles desarrollar sus líneas de trabajo, es un presupuesto inestable, que se renueva cada año, que depende de una glosa presupuestaria y de las voluntades políticas de turno y no obedece a criterios claros para su obtención ni tampoco para el monto asignado, que en todos los casos es muy disímil, y no necesariamente guarda relación con el trabajo desarrollado y con las condiciones de cada sitio” , aseguró en una ponencia Shaíra Sepúlveda.

En el último Informe Anual 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hay un capítulo especial sobre los Sitios de Memoria y Memoriales. Entre las recomendaciones dadas por INDH, está dar un financiamiento basal a estos lugares. El grado de compromiso del Estado chileno con los sitios de memoria y memoriales ha sido insuficiente. Especialmente en la protección, reconocimiento, cuidado y financiamiento. De hecho, muchos sitios de memoria están en una situación precaria. No existe una normativa específica que tenga por objeto, precisamente, tal reconocimiento, protección, cuidado y financiamiento de los memoriales y sitios de memoria.

En el último ataque se dio en el Estadio Nacional la semana pasada, desconocidos pegaron figuras de un militar con un cartel que tiene una imagen de un hombre y dice “Aquí Están”. Según el comunicado de la Corporación «Estadio Nacional, Memoria Nacional», se hace “alusión y burla de la simbólica pregunta ¿Dónde Están?, consigna de la lucha de miles de familias por encontrar respuestas, verdad y justicia de sus detenidos desaparecidos”.

Además, esta Corporación repudió en un comunicado “este acto de violencia y sobre todo cuando se daña y se deshonra la memoria histórica del país. Por ese motivo, con más ímpetu seguiremos trabajando en la promoción y educación en Derechos Humanos y que nuestra labor sea un aporte de manera significativa a la consolidación de una sociedad democrática, desde la experiencia del campo de prisioneros Estadio Nacional”.

El negacionismo chileno ha sabido aprovechar la ausencia de legislación que sancione, precisamente, la incitación a la violencia y el negacionismo. Los sitios de memoria y memoriales no solo necesitan un compromiso estable del Estado en materia de financiamiento, también necesitan protección frente a grupos que no quieren reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

En 2018 se discutió en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre incitación a la violencia y sanción al negacionismo. Fue una iniciativa tratada en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. El oficialismo indicó su desacuerdo al proyecto de ley. El motivo es que limitaría la libertad de expresión.

Pero se ha confundido el derecho a decir “soy fascista y de extrema derecha”, con el derecho “soy fascista y me dedicaré a destruir y dañar todos los sitios de memoria, porque no fue un delito matar, torturar y desaparecer gente”.

Cabe indicar que esta iniciativa pasó a la Sala de la Cámara de Diputados, pero puede ser difícil su debate: el gobierno de Piñera retiró la urgencia que tenía el proyecto de ley en enero de este año.

*Javiera Campos es cientista política e investigadora de la organización Desclasificación Popular.