ORGANIZACIONES DE DD.HH. ENTREGAN CARTA A LUCIANO RIVAS GOBERNADOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

Mediante la presente la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía, instancia que desde hace más de 10 años aglutina a  diversas organizaciones e instituciones que realizan labores de promoción y defensa de los Derechos Humanos en la región, nos dirigimos a usted para darle a conocer nuestra opinión respecto a la compleja situación que vive actualmente La Araucanía, bajo el Estado de Emergencia que mantiene a las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio cumpliendo labores de control de Orden Público.

  • Condenamos enérgicamente los terribles hechos acaecidos el día miércoles 03 de Noviembre en la comuna de Cañete que derivaron en la pérdida de la vida de un joven de 23 años y tres heridos incluido menor de edad, todos pertenecientes al Pueblo Mapuche, esto producto de disparos de efectivos de las Fuerzas Armadas que ocupan las Provincias del Bio Bio, Arauco, Cautín y Malleco. Lo anterior nos confirma lo peligroso que es mantener esta bélica medida, que evade las soluciones de fondo al conflicto del Estado chileno con el Pueblo Mapuche. Esperamos que los hechos sean investigados de manera imparcial, y que se establezcan las sanciones penales correspondientes para sus responsables.
  • No se trata de hechos que no advirtiéramos con antelación, ni tampoco se aleja a la historia que el Pueblo Mapuche ha vivido desde la vuelta a la democracia. Al contrario, como Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos pensamos que hoy en día se reproduce un patrón de ocupación y de criminalización hacia el Pueblo Mapuche y que durante estás últimas dos décadas organismos internacionales de Derechos Humanos han denunciado. Nos referimos a Relatores Especiales en materia de derechos humanos e indígenas y Comités de Tratados de las Naciones Unidas, todos los cuales han manifestado categóricamente mediante sus observaciones y recomendaciones que la criminalización y el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado no son la forma efectiva de hacer frente a la situación de conflictividad que se vive en territorio mapuche.
  • Cabe hacer presente que desde el asesinato de Alex Lemun acontecido en el año 2002 las cosas no han cambiado mucho, y que el foco de los diversos Gobiernos de turno durante estas dos decadas ha sido abordar la relación con el Pueblo Mapuche como un asunto de seguridad y bajo un enfoque criminal. Por otro lado, ninguno de los diálogos que se han desarrollado desde el retorno a una frágil democracia han generado el reconocimiento de algunos de los derechos básicos que son exigidos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el derecho al territorio y a la restitución de las tierras usurpadas o el derecho a la autonomía. Al contrario, por un lado la falta de eficacia de las políticas públicas en materia de protección del territorio y, por otro lado, el privilegio otorgado a los interés particulares de empresas extractivistas como de la industria forestal o del sector energético, han agudizado a lo largo de estos años la relación con el mundo indígena en general y con el Pueblo Mapuche en particular.
  • Junto con lo anterior, nos parece preocupante que, en el contexto actual, usted en su calidad de Gobernador de La Araucanía realice un llamado a participar en una instancia “participativa” cuya finalidad es “conocer la opinión de los ciudadanos de las 32 comunas de La Araucanía respecto a la renovación del Estado de Emergencia en la región” en la denominada “Consulta Araucanía”. Cómo Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía manifestamos nuestro rechazo ante la utilización del derecho a la participación de la ciudadanía por parte del Gobierno Regional, el que pretende manipular el verdadero concepto de participación con el fin de legitimar las políticas represivas y de militarización del Estado en territorio mapuche. La premura con que se realizará, la falta de información sobre las implicancias de la extensión del Estado de Excepción, la modalidad excluyente por ser solo una consulta online, la falta de visibilización pública y de acercamiento a la ciudadanía, son aspectos que hacen que la “Consulta Araucanía” no pueda ser considerada como una instancia de participación efectiva de acuerdo a los estándares internacionales relativos al derecho a la participación considerados en diversos instrumentos internacionales de las Naciones Unidas.
  • La instalación y potencial renovación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, se ha traducido en la profundización de la militarización de ciertos territorios de nuestra Región con miras a hacer frente a los hechos de violencia que se viven pero que, en la práctica, se traduce en un conjunto de medidas que buscan criminalizar, violentar y desmovilizar a las comunidades que hoy se encuentran llevando adelante procesos de reivindicación territorial, debido al despojo que data desde 1856 y respecto del cual el Estado no ha entregado ningún mecanismo efectivo para su resolución. Este despojo ha sido reconocido en instrumentos creados por el mismo Estado como es la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001-2003).

Por tanto, y en atención a todo lo antes expuesto es que exigimos la suspensión de la consulta, y que no sea prorrogado el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, para evitar nuevas muertes y vulneraciones de Derechos Humanos producto del actuar de las Fuerzas Armadas. Y exigimos una investigación objetiva y bajo estándares de Derechos Humanos que otorguen protección a las víctimas en relación a los últimos acontecimientos.

Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos – Agrupación de Ex-Presos Políticos «Enrique Pérez» – Centro de Investigación y Defensa del Sur (CIDSUR) – Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco (CINPRODH)- – Comisión Ética Contra la Tortura – Observatorio Ciudadano – Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) – Red de Defensa de los Territorios de La Araucanía – Red Independiente de Peritos

 

Nación Mapuche y Likanantay presentes en la apertura del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Los delegados de los pueblos originarios de Chile, Perú, Ecuador y Mexico, juntos en la defensa de los territorios de la Madre Tierra, se presentaron este 22 de abril en el edificio de las Naciones Unidas en Estados Unidos para participar de la 18° versión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

Las organizaciones sostendrán mañana una reunión con el embajador de Chile ante las Naciones Unidas y el subsecretario de desarrollo social y la dirección de Derechos Humanos del ministerio del Interior para manifestar su preocupación frente a lo que consideran un atropello de los Pueblos Indígenas por no ser consultados ante la aprobación del TPP 11.

La delegación que arribó a Nueva York lo hizo de manera autogestionada y apoyada por los movimientos sociales; y es la contraparte a la presentada por el Gobierno de Chile que busca fortalecer su política colonialista frente a políticas como la reforma de la Ley Indigena y el Plan Araucanía.

Anuncian comisión investigadora por venta de tierras indígenas y el caso del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla

Un grupo de diputados de la oposición, encabezados por la parlamentaria, Emilia Nuyado, presentó un requerimiento para crear una comisión investigadora sobre ventas irregulares de tierras indígenas, en especial la del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

«Junto a diputados de oposición presentamos la solicitud para investigar la venta de tierras indígenas, en especial la situación del subsecretario Rodrigo Ubilla. La Ley Indígena debe cumplirse y no buscar resquicios para adquirirlas», dijo la diputada del PS.

Nuyado, quien asumió ayer la presidencia de la comisión de DD.HH y Pueblos Originarios, fue crítica del caso de compra y venta de un terreno -supuestamente bajo la Ley Indígena- adquirido por el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, situación que debe clarificarse, dijo.

La petición para conformar esta comisión fue respaldada además por los diputados, Carmen Hertz, Ricardo Celis, Miguel Crispi, Leonardo Soto, entre otros.

Respecto a esta información sumamos la siguiente declaración de la Comunidad Mariano Millahual de la comuna de Pucón.

En conocimiento del oficio N º 280 de fecha 25 de marzo de 2009 de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en relación a la solicitud de “remisión de un Informe Institucional, que sirva para la elaboración de los antecedentes solicitados por la Cámara de Diputados”,  requerido a través de oficio Nº 8074 de 2019, la Comunidad Mariano Millahual de la comuna de Pucón, manifiesta a la opinión pública lo siguiente:

1 – Reiteramos nuestra disposición en relación a esperar el pronunciamiento de la Contraloría Regional respecto a la denuncia efectuada el pasado 15 de marzo de 2019, en la que se señala expresamente la “ILEGALIDAD DE PRONUNCIAMIENTO DE DIRECTOR DE CONADI POR LA COMPRA DE TIERRAS INDÍGENAS, DEL CHILENO RODRIGO UBILLA MACKENNEY  EN LA COMUNA DE PUCÓN, SOLICITA SE INSTRUYA SUMARIO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINE EVENTUALES IRREGULARIDADES, Y SE ORDENE A CONADI DEMANDAR DE NULIDAD EL CONTRATO DEL SR. UBILLA CON LA SRA. GUADALUPE MORIS”.

2 – Ante la defensa corporativa realizada por una institución del Estado a este caso en particular, respecto de un alto funcionario de Gobierno, no escatimando en recursos y no advirtiendo plazos para la generación de antecedentes para su defensa, y en atención al evidente abandono de deberes producidos por este tipo de acciones que vulneran abiertamente nuestros derechos y los de todas las comunidades constituidas al amparo de la Ley 19.253, y se escapan de las obligaciones inherentes que le asisten a la Corporación.

Solicitamos por este mismo acto, que la CONADI, elaboré en el más breve plazo un INFORME JURÍDICO ADMINISTRATIVO que dé cuenta de la pérdida territorial que hoy posee la Comunidad Mariano Millahual, incluida la venta generada al Sr. Ubilla. Dicha petición será presentada formalmente al Consejo Nacional de la Conadi, de manera que sea este espacio el lugar en que en lo sucesivo se resuelva la controversia generada por la deficiente, parcial y arbitraria interpretación generada por el Fiscal Nacional (S) de la Corporación.

3 – Con todos estos antecedentes y atendida la disposición de la Corporación por reconocer la pérdida de espacio territorial, hoy en posesión de personas no indígenas, declaramos a través de este acto el inicio de nuestro proceso de restitución territorial a través de los mecanismos que para este efecto ha dispuesto el Estado chileno, esperando que resuelva con la misma diligencia y recursos puestos a disposición del Sr. Rodrigo Ubilla en el más breve plazo, en favor de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad.

4 – Finalmente, reiterar nuestra disposición al diálogo, enmarcado en el respeto absoluto que para este efecto han delegado nuestras autoridades ancestrales en nuestro Werken Carlos Quiñenao.

La Araucanía registra al menos mil casos de adopciones ilegales entre las décadas del 70 y 80

Al menos mil casos de adopciones irregulares se han constatado en las décadas del 70 y 80, sólo en la región de La Araucanía.

A nivel nacional se investigan cerca de 10 mil denuncias por la sustracción de menores.

Como “una red de agentes del Estado para el tráfico de niños”, catalogaron, desde la Agrupación Hijos y Madres del Silencio, los miles de casos registrados de adopciones ilegales y secuestros de menores de edad.

Desde la organización aseguran que operaban jueces, matronas, asistentes sociales y funcionarios del Registro Civil, donde habrían involucrados más de 80 hospitales en todo el país.

La Araucanía sería la región donde se concentran más denuncias, con al menos mil casos, donde la mayoría fueron llevados a Suecia de manera irregular, siendo gran parte de éstos, niños mapuches.

Ana María Olivares, integrante de Hijos y Madres del Silencio, aseguró que en casi todos estos casos, se repite el nombre de la exabogada y fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco, Tatiana Román Beltramin, quien durante 23 años se desempeñó como jueza de Menores en la capital regional de La Araucanía.

“Llama la atención también haber visto en fotos a la jueza en Suecia con miembros de estas agencias de adopciones que hoy están totalmente cuestionadas e investigadas por el juez Mario Carroza”, añadió Olivares.

Dicha información fue respaldada por Alina Namoncura, mapuche adoptada por una familia alemana. Aseguró que el tráfico de menores de procedencia indígena es una realidad en Alemania.

María Diemar, adoptada en Suecia, manifestó su profunda decepción con el Estado Chileno, a quien sindicó como responsable de su separación con su familia biológica. María conoció, recién en 2016, a sus cuatro hermanos chilenos.

Durante las próximas semanas se deberían conocer los resultados de los antecedentes recabados por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

Esto tras la denuncia de casos de adopciones irregulares durante la dictadura, que actualmente investiga el juez Mario Carroza, donde los recién nacidos eran dados por muertos para ser entregados posteriormente a familias extranjeras.

Fuente Radio BioBio, Información y foto Marco Cifuentes: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/01/11/la-araucania-registra-al-menos-mil-casos-de-adopciones-ilegales-entre-las-decadas-del-70-y-80.shtml