A un año del ‘Ordenar la casa’: Organizaciones migrantes acusan desinformación, ineficiencia y fracaso del Gobierno en política migratoria

Al cumplirse un año de los anuncios y las acciones del Ejecutivo en relación a la migración en Chile -sumado a inminentes nuevas medidas administrativas enmarcadas en la misma línea, cuyo anuncio se espera para este martes 9 de abril-, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, junto a otras instancias y organismos afines, expresaron a través de una declaración su rechazo y denunciaron la desinformación y el fracaso de las medidas adoptadas y aplicadas por el Gobierno.

Esta política –que contempla el proceso de regularización, el proyecto de ley y el plan de retorno humanitario, entre otras medidas- fue catalogado por la instancia como “una política anti-migratoria que se ha estado llevando a cabo, basada en decretos, mala gestión, desinformación y sin reconocer pactos internacionales en la materia, erigiéndose aún más retrógrada que la política migratoria de la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo legado tenemos hasta hoy con el Decreto Ley de Extranjería de 1975”.

Nueve son los puntos denunciados por las organizaciones, entre los que se encuentran la desinformación y la entrega de cifras engañosas para validar el accionar del Gobierno, un fallido proceso de regularización, las visas por decreto y la criminalización de la migración, entre otras.

“El Ejecutivo tiene un discurso de ‘eficiencia’, ‘buena gestión’ y ‘conocimiento técnico’ sobre migraciones, sin embargo, en la práctica han demostrado todo lo contrario”, denunciaron. “Por la ineficiencia de estas medidas es que personas no han podido cumplir los plazos establecidos y están quedando irregulares. Es así como, en definitiva, el sistema propende a generar esta situación”, agregaron.

En este enlace puedes revisar en detalle la Declaración de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes respecto de la Política Anti-Migratoria del Gobierno de Chile.

Gran asistencia en conversatorio “Del Estado Nación al Estado Plurinacional” realizado en el ex Congreso

Un interesante y fortalecedor Conversatorio acerca de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios se vivió el martes 26 de marzo en el ex Congreso Nacional de Chile.

Inquietos por la injusticia permanente ejercida en contra de los Pueblos Originarios en Chile, surgió la necesidad de aportar bajo el alero de la Diputación del humanista Tomás Hirsch y del Observatorio Ciudadano, con José Aylwin a la cabeza, un espacio de reflexión en torno a la comprensión del mal llamado conflicto mapuche; de mostrar la cara oculta que ha existido desde la creación del Estado de Chile en asimilar, exterminar y demonizar al Pueblo Nación Mapuche, en un intento permanente por borrarlos de las páginas de la historia como nación chilena.

Según lo explica el equipo de la Diputación “…nos dispusimos a construir un ámbito en el que, desde distintas y diversas miradas se pudiera dialogar, exponer situaciones tangibles e intangibles y avanzar en posibles y múltiples respuestas a las legítimas demandas de los pueblos indígenas asentados en la República de Chile. Nos propusimos reflexionar sobre el marco jurídico de protección de los derechos de los Pueblos Originarios existente en Chile; analizar los avances y las demandas aún pendientes y contrastar estas reflexiones con las visiones que el Pueblo Mapuche tiene sobre el camino a seguir. Todo ello, a diez años desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT en Chile”.

El Conversatorio se inició con una charla a cargo de Fernando Pairican, Académico de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), quien hizo un recorrido histórico en la relación que se fue estableciendo entre el pueblo mapuche, -originario en estas tierras-, y el chileno, desde la creación del estado de Chile.

En el primer panel, moderado por Alihuen Antileo, de la Plataforma Política Mapuche, se hizo hincapié en la relación actual del Estado con los Pueblos Originarios, haciendo énfasis en los aspectos positivos que han ido surgiendo como en los que limitan el avance de los cambios; colocando como telón de fondo la amenaza que significa la Iniciativa IIRSA. Expusieron sus puntos de vista Mylene Valenzuela, abogada y profesora en la Universidad Central de Chile y Lautaro Loncon, abogado y miembro de la Red de Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el segundo panel, moderado por Claudio Alvarado Lincopi, de la Comunidad de Historia Mapuche, se abordó el Sistema Normativo Internacional y los Instrumentos vigentes, poniendo la lupa sobre todo en los alcances y limitaciones que ha tenido el convenio 169, a diez años de su aplicación en Chile. Estas exposiciones estuvieron a cargo de Salvador Millaleo, abogado, y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y de José Aylwin, Director Observatorio Ciudadano y Coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.

Chile posterga aceptación de recomendaciones del EPU hasta junio próximo

Ginebra, 25 de enero de 2019

 

En el marco la 32° sesión del Examen Periódico Universal (EPU) celebrada en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra se dieron a conocer hoy, viernes 25 de enero, las recomendaciones que los estados miembros hicieron al Estado de Chile en relación al cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por éste contraídas en virtud de tratados internacionales que ha suscrito y compromisos voluntarios que ha adquirido.

En total fueron 101 estados que efectuaron un total de 266 recomendaciones a Chile. Dichas recomendaciones, como se señaló en nota informativa del 22 de enero pasado[1], en que se efectuó el EPU de Chile, incluyen materias muy diversas, tales como la investigación y sanción de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura; el reconocimiento y protección efectivo de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas en situación de discapacidad, de la población LGTBI, de los y las migrantes y de la población afrodescendiente en el país; el termino al uso abusivo y desproporcionado de la fuerza policial en contra de manifestantes, estudiantes y de miembros de pueblos indígenas; la pronta implementación del mecanismo nacional de prevención de la tortura; la implementación plena de la ley de aborto en tres causales; la derogación de la ley de amnistía; y la ratificación de tratados internacionales como el protocolo adicional de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer y el protocolo adicional del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Llama la atención que a diferencia de Uruguay, país examinado en la misma sesión y cuyos representantes aceptaron de inmediato la totalidad de las recomendaciones que le fueran realizadas en el marco del EPU, el embajador de Chile ante Naciones Unidas, Sr. Juan Eguiguren, señalara que el gobierno analizaría dichas recomendaciones previo a su aceptación hasta la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de junio próximo, ocasión en que los informes de esta sesión del EPU deben ser aprobados.

Los representantes de sociedad civil presentes en la sesión de hoy, Jose Aylwin, director del Observatorio Ciudadano y Mabel Cobos, del Movimiento Acción Migrante, expresaron su satisfacción por la buena acogida que encontraron las preocupaciones manifestadas por las organizaciones de la sociedad civil en los estados miembros de la ONU en el marco de este EPU. Sin embargo, manifestaron su preocupación por la dilación por parte de la delegación del estado chileno a aceptar dichas recomendaciones, lo que contrasta con las declaraciones de compromiso irrestricto con los derechos humanos formuladas por sus personeros en Ginebra. Asimismo, anticiparon la necesidad de que las organizaciones de sociedad civil, de pueblos indígenas, de migrantes, de mujeres, entre otras, en Chile, desarrollen un trabajo previo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de junio próximo, a fin de que el estado chileno no solo acepte las recomendaciones sino que además genere instancias participativas para asegurar la adopción de reformas legislativas e impulsar políticas públicas para su cumplimiento.

[1] https://observatorio.cl/comunicado-examen-periodico-universal-sobre-derechos-humanos-en-chile-nueva-examinacion-viejas-preocupaciones/

La Araucanía registra al menos mil casos de adopciones ilegales entre las décadas del 70 y 80

Al menos mil casos de adopciones irregulares se han constatado en las décadas del 70 y 80, sólo en la región de La Araucanía.

A nivel nacional se investigan cerca de 10 mil denuncias por la sustracción de menores.

Como “una red de agentes del Estado para el tráfico de niños”, catalogaron, desde la Agrupación Hijos y Madres del Silencio, los miles de casos registrados de adopciones ilegales y secuestros de menores de edad.

Desde la organización aseguran que operaban jueces, matronas, asistentes sociales y funcionarios del Registro Civil, donde habrían involucrados más de 80 hospitales en todo el país.

La Araucanía sería la región donde se concentran más denuncias, con al menos mil casos, donde la mayoría fueron llevados a Suecia de manera irregular, siendo gran parte de éstos, niños mapuches.

Ana María Olivares, integrante de Hijos y Madres del Silencio, aseguró que en casi todos estos casos, se repite el nombre de la exabogada y fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco, Tatiana Román Beltramin, quien durante 23 años se desempeñó como jueza de Menores en la capital regional de La Araucanía.

“Llama la atención también haber visto en fotos a la jueza en Suecia con miembros de estas agencias de adopciones que hoy están totalmente cuestionadas e investigadas por el juez Mario Carroza”, añadió Olivares.

Dicha información fue respaldada por Alina Namoncura, mapuche adoptada por una familia alemana. Aseguró que el tráfico de menores de procedencia indígena es una realidad en Alemania.

María Diemar, adoptada en Suecia, manifestó su profunda decepción con el Estado Chileno, a quien sindicó como responsable de su separación con su familia biológica. María conoció, recién en 2016, a sus cuatro hermanos chilenos.

Durante las próximas semanas se deberían conocer los resultados de los antecedentes recabados por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

Esto tras la denuncia de casos de adopciones irregulares durante la dictadura, que actualmente investiga el juez Mario Carroza, donde los recién nacidos eran dados por muertos para ser entregados posteriormente a familias extranjeras.

Fuente Radio BioBio, Información y foto Marco Cifuentes: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/01/11/la-araucania-registra-al-menos-mil-casos-de-adopciones-ilegales-entre-las-decadas-del-70-y-80.shtml