Pueblo mapuche williche presenta queja en Noruega contra empresa Statkraft en Chile


Este jueves 14 de septiembre comunidades mapuche williche del territorio del Pilmayken, representados por su organización autónoma Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü y autoridades ancestrales, la machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del pueblo mapuche, y el
consejo de lonkos, en representación de más de 150 comunidades indígenas afectadas, presentaron en Oslo una queja contra Statkraft ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Noruega, por posibles violaciones a las Líneas Directrices sobre Empresas Multinacionales (Directrices). Cabe destacar que Chile firmó el Convenio Constitutivo de la OCDE el 7 de mayo de 2010.

Se trata de la primera queja presentada por comunidades indígenas de América contra una empresa noruega, conforme a las recientes reformas de las Directrices, aprobadas en junio de este año. Las comunidades representan a miles de personas indígenas que
habitan y usan ancestralmente el territorio Pilmayken.


En 2009, la entonces empresa chilena promovente de los proyectos hidroeléctricos solicitó la autorización oficial de los mismos sin que las comunidades fueran consultadas y participaran en los estudios de impacto ambiental, social y cultural de dichos proyectos.
Statkraft adquirió en 2015 los activos de la empresa chilena y tres proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén: Rucatayo, Osorno y Los Lagos. No obstante, omitió cumplir con su deber de debida diligencia en materia de derechos humanos con motivo de
dicha adquisición y continúo con el avance de los proyectos sin cambios significativos.

Desde 2011, cuando las comunidades decidieron defender su territorio, han enfrentado diversos obstáculos por parte de las autoridades chilenas, pero también retaliaciones por parte de Statkraft. Desde su involucramiento en los proyectos, la empresa se niega a
reconocer la existencia, el territorio y prácticas ancestrales de las comunidades mapuche williche en el Pilmayken, así como los impactos culturales por sus actividades y el derecho a una consulta indígena y al consentimiento libre, previo e informado. Así también, Statkraft ha omitido proporcionar información clara, exacta y completa a las comunidades sobre el desarrollo de sus proyectos. Aunque la empresa informó recientemente que ha desistido del proyecto Osorno, las comunidades no tienen confirmación del desistimiento de los permisos y autorizaciones correspondientes. Tal renuncia sucedió después de una intensa demanda de las comunidades al reconocimiento
de sus derechos ancestrales.


Antes, en 2021 representantes mapuche williche tuvieron conocimiento de la restitución unilateral del complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante –en propiedad de Statkraft Chile Inversiones Eléctricas– a un tercero, sin consulta con las comunidades mapuche williche,
a pesar del conocimiento público de un proceso de restitución de dicho complejo iniciado desde 2011 por comunidades mapuche williche. Tales actuaciones han generado división comunitaria entre las comunidades asentadas en el territorio Pilmayken, así como la
creación de grupos interés que favorecen a la empresa.


Lejos de contribuir a la mitigación de abusos a los derechos humanos, la empresa ha usado su influencia para ejercer presión económica para avanzar sus proyectos, de manera que el uso de la fuerza pública y la criminalización hacia líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras ha sido constante por parte del Estado Chileno para garantizar dicha inversión.


Las referidas circunstancias constituirían violaciones a las Directrices, que obligan a las empresas a respetar derechos humanos y a identificar, prevenir y mitigar posibles impactos en el desarrollo de sus actividades. Tal obligación se extiende a las empresas con quienes tenga relaciones comerciales, como aquellas de su cadena de suministro y empresas subsidiarias.


“El río Pilmaiquén es sagrado en nuestra cosmovisión, y junto con el territorio ancestral que lo rodea y los sitios ceremoniales, son fuente de salud, alivio espiritual, bienestar y equilibrio comunitario. Además, es un territorio rico en biodiversidad. Ahora, Statkraft quiere inundar 191 hectáreas y se niega a reconocer nuestros derechos e identidad sobre dichos territorios”, señala Millaray Huichalaf Padrines, autoridad espiritual tradicional mapuche williche.


Las empresas subsidiarias de Statkraft en Chile se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos como indígenas sobre los territorios donde pretenden desarrollar sus proyectos. Por eso, las comunidades mapuche williche acuden al PNC de Noruega,
un mecanismo no judicial de mediación, para buscar un remedio a los referidos abusos, tomando en consideración la responsabilidad de Statkraft SA como empresa matriz –propiedad del Estado Noruego– de conformidad con las Directrices, pero también en
consideración a la Ley noruega de Transparencia.


Las comunidades quejosas esperan que el PNC Noruego conozca de las posibles violaciones a los derechos humanos en que la empresa noruega estaría incurriendo con motivo de sus proyectos en Chile. Así también, que admita la queja y llame a Statkraft a
reconocer los derechos de las comunidades quejosas e impida la continuación de acciones empresariales contrarias a las Directrices.
Así también, que Statkraft genere mecanismos de diálogo y participación genuinos con las comunidades, use su influencia para detener la división comunitaria y la criminalización y violencia contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y personas defensoras
–particularmente mujeres– con motivo de sus proyectos. Finalmente, que aplique estándares adecuados de debida diligencia para reconsiderar su inversión en el territorio mapuche williche.


En la queja presentada el día de hoy, las comunidades mapuche williche cuentan con la asistencia y acompañamiento de Manuela Royo Letelier, Andrea Pietrafesa, el Colectivo de Acción por la Justicia Social (CAJE) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional, una
organización liderada desde el Sur Global que tiene como misión el asegurar la justicia transnacional y la rendición de cuentas empresarial mediante la colaboración, el apoyo y el fortalecimiento de contrapartes ubicadas en el Sur Global que defienden los derechos
económicos, sociales y culturales.

Por la defensa del Mar: encuentro y articulación de mujeres originarias de espacios costeros y marinos

A un año de la creación de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, mujeres originarias de diversos territorios del sur de Chile volvieron a reencontrarse en la isla de Kalfüko (Calbuco), entre el 24 y 26 de marzo de 2023, para reflexionar, compartir y articular sus procesos de lucha y trabajo territorial; así como para definir propuestas y líneas de acción que permitan fortalecer la gobernanza del mar y los espacios costeros marinos.

Durante dos días, más de 40 mujeres de diversas edades y territorios se reunieron en el sector de Caicaen, en círculo y rodeadas por pichikeches (niñas/os) y papay (ancianas) compartieron sus historias, las dificultades y amenazas que enfrentan por ser mujeres y de pueblos originarios, los procesos de lucha que impulsan en sus territorios, el duro trabajo que muchas de ellas realizan en el mar y la importancia de articularse entre mujeres.

La jornada del primer día se inició muy temprano con un llellipun a las orillas del mar. Durante ese día se analizó colectivamente, entre mates y tejidos, la situación actual de los Ecmpo y las mujeres del mar, coincidiendo en que constantemente se intentan recortar sus legítimos derechos territoriales y colectivos en los Ecmpo, derechos que permiten el resguardo de los usos consuetudinarios en sus territorios. Coincidieron también en que los oficios de las mujeres originarias del mar siguen sin reconocerse formalmente, pues sin una adecuada acreditación de estos oficios se restringe su acceso a los recursos y su relación con el mar. Resaltando las importantes contribuciones de las mujeres en los Ecmpo como su aporte a la soberanía alimentaria y a la economía local, entre otros. Abordaron también el contexto internacional, relacionado al nuevo Marco Global de Biodiversidad aprobado recientemente en diciembre 2022 en Montreal, que exige que en los marcos y políticas nacionales vinculados a biodiversidad, se reconozca la contribución y los derechos de los pueblos indígenas con la activa participación de las mujeres, reflexionando sobre cómo las contribuciones que realizan los pueblos originarios en los Ecmpo deben ser considerados una importante contribución a la conservación de la biodiversidad.

El segundo día del encuentro fue de trabajo interno de la Red, definiendo su agenda y ejes de trabajo conjunto, reconociendo las necesidades y aportes desde los diferentes territorios, además de priorizar sus propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento de las Ecmpo desde la perspectiva de las mujeres. 

Entre los acuerdos a los que se arribaron de estas dos jornadas de trabajo, están:

  • Reafirmar el compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo y gobernanza territorial de la Red; 
  • Avanzar en la formación comunitaria de mujeres de espacios costeros; 
  • Participar activamente, y con propuestas desde los territorios, en los procesos políticos y de incidencia vinculados a la garantía de sus derechos como mujeres de pueblos originarios y de espacios costeros; 
  • Continuar articulando alianzas con mujeres originarias de otros pueblos y territorios costeros marinos; y
  • Continuar firmes en su lucha por la defensa del mar.

El encuentro fue la oportunidad también para presentar junto a las mismas protagonistas el libro “Mujeres del Mar: Aproximaciones sobre los Espacios Costeros y Marinos de Pueblos Originarios”, libro que surge de diálogos y reflexiones entre mujeres que forman parte de la red, y que a través de testimonios nos brindan sus reflexiones sobre los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, la importancia que para ellas tienen estos espacios, los diversos roles y usos consuetudinarios que ahí ejercen, sus principales contribuciones, y las dificultades y brechas que enfrentan en su vida cotidiana por ser mujeres y pertenecer a pueblos originarios. Reflexionan también sobre la continuidad en la protección y defensa del mar, el traspaso generacional de sus procesos de lucha y conocimientos, y concluyen con recomendaciones al Estado y otros actores. La presentación se abrió con el ulkaltün (canto) de la lamgen Brigida Deumacan, narrando sus historias de mar, para luego seguir con los comentarios de las coordinadoras de la publicación: Lorena Arce, Andrea Coñuecar y Karina Vargas además de comentaristas de Débora De Fina de la Universidad de Los Lagos y Eglé Flores de la Fundación Packard.

¿Qué cuidan las mujeres originarias?: la necesidad de abordar los cuidados comunitarios desde los territorios

La pandemia ocasionada por el COVID-19 saco a la luz el carácter multidimensional de la crisis global que hoy enfrentamos, una crisis que es a su vez sanitaria, económica, ambiental, social, alimentaria, energética y de cuidados.

Hablamos de una crisis de los cuidados porque las labores de cuidado se visibilizaron y llegaron a su límite con la pandemia, recayendo principalmente en las mujeres. Se visibilizaron, así, las diversas desigualdades que ya venían enfrentando de forma histórica las mujeres. Sobre todo, las mujeres originarias quienes enfrentan múltiples tipos de violencia y discriminación por ser mujeres de pueblos originarios y en muchos casos de territorios rurales. Además de ser quienes realizan las principales tareas de cuidado familiar y comunitario. Se trata de cuidados que implican muchas horas de trabajo, casi siempre no remunerado y pocas veces debidamente valorado. 

Sobre este tema se centró la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe -desarrollado en noviembre pasado, en Buenos Aires-, es el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región, organizado por la CEPAL con el apoyo de ONU Mujeres, y que este año se denominó “La sociedad del cuidado como horizonte para una recuperación sostenible con equidad de género”, buscando con ello impulsar acciones y políticas que promuevan sistemas integrales de cuidado, trabajo decente y plena y efectiva participación de las mujeres para una recuperación transformadora con igualdad de género, orientada a la sostenibilidad de la vida y para transitar hacia una sociedad del cuidado.

La Conferencia fue un encuentro entre mujeres en toda su diversidad e interseccionalidad de América Latina y el Caribe, la región del mundo más desigual y diversa para reflexionar, dignificar y situar las labores de cuidado al centro de vida, y de la organización social y comunitaria.

Desde el enfoque interseccional e intercultural, se abordaron también los cuidados comunitarios desde los territorios, entendiendo lo comunitario como poseedor de saberes y conocimiento territorial, y como aliado relevante para la implementación y apropiación de las políticas públicas.  

Lo comunitario, al ser un concepto amplio y heterogéneo, incluye prácticas diversas que responden a necesidades, objetivos y alcances también diversos según el contexto en el cual se desarrollan, y pueden impulsarse desde comunidades en forma autogestionada y autónoma, desde el activismo social o político, desde los movimientos sociales o redes que pueden o no incluir al Estado (a través de programas o políticas públicas específicas). Estas iniciativas van al encuentro de las necesidades de cuidado de una comunidad, y se caracterizan mayoritariamente por una fuerte vinculación territorial, siendo los sujetos cuidados a través del cuidado comunitario: personas, animales y bienes comunes[1], y podría añadir también conocimientos, cultura y a la naturaleza.

Pero, ¿qué se entiende por los cuidados comunitarios desde las mujeres originarias? Y, ¿qué cuidan las mujeres originarias?

El desafío de esbozar una respuesta es grande porque aún falta mucho por conocer sobre el tema de los cuidados comunitarios y colectivos desde los territorios, aún falta conocer las tramas en el territorio y las dinámicas de cuidados de la diversidad de mujeres que los habitan. O como señaló María Noel Baeza, directora de ONU Mujeres “la dimensión colectiva de los cuidados es lo más invisibilizado en las tareas de cuidado”.

Lo que es evidente, es que los cuidados están en el centro de la organización social y comunitaria de los territorios y que los espacios comunitarios han sido la oportunidad para las comunidades y las mujeres de resolver el tema de los cuidados de forma colectiva. Por lo que es necesario mapear las realidades y necesidades de cuidado en los territorios y construir colectivamente con las comunidades las políticas de cuidados comunitarios.

Respecto a ¿qué cuidan las mujeres originarias? Como sus propias voces expresaron en el encuentro, cuidan la historia, la memoria, la cultura, el idioma, la vestimenta, las semillas. Cuidan a la comunidad, a las personas, a los animales, los bienes comunes. Cuidan todo. Cuidar es un acto profundamente ligado a la ancestralidad: cuidan la casa común, el territorio, los saberes, la cosmovisión. Cuidar es un rol de mucho trabajo y de todos los días sin descanso. No es posible, por ejemplo, hablar de la tierra y el territorio sin hablar de sus cuidadoras, de sus defensoras y guardianas.

Como señaló Ianny de Vasconcelos de la Asociaciónn de Mujeres Indígenas de Surarás de Tapajós, Brasil, en el Panel “Redes de cuidado: de lo ancestral a lo tecnológico”, organizado por Redes Chaco, la necesidad de organizarse entre mujeres en redes diversas e intergeneracionales a partir del cuidado es fundamental para afrontar tiempos difíciles y complejos. Como relató, a partir de las situaciones de conflicto en la Amazonía brasileña en los últimos años, y de un gobierno ecocida y misógino, las mujeres de diversos pueblos y edades decidieron organizarse en “Rodas de afectividades” o círculos de cuidado con el objetivo de fortalecer la autoestima y autonomíaa económica de las mujeres. Porque, si las mujeres están sanas y fuertes pueden defender la tierra. Porque el cuidarse una, es cuidarlas a todas y cuidar el territorio.

Las mujeres originarias vienen cuidando y protegiendo el territorio en las situaciones más adversas: militarización, despojo, escasez de agua, contaminación de ríos, extractivismo, cambio climático. Como señalaron, están llevando sobre sus espaldas el cuidado de la tierra y del planeta. Por ello, el territorio y las experiencias de las mujeres originarias en dichos territorios debe constituirse en una variable central en las políticas y de la acción comunitaria sobre el territorio. Y, para esto, se hace indispensable crear políticas públicas de cuidados con pertinencia territorial, cultural y étnica, que las políticas de cuidados vayan “de los territorios a los escritorios”, respondiendo a las singularidades de las mujeres de los territorios.

Considerando también la realidad de los territorios rurales, con escasa infraestructura que garantice servicios básicos, siendo las mujeres cuidadoras las que deben afrontar las carencias de condiciones en los territorios. Y las pocas oportunidades que brindan los territorios para las mujeres jóvenes, cuya única opción de quedarse en los territorios no debe ser solo cuidando. Reconocer los cuidados como un sostén comunitario en los territorios donde el Estado no está y buscar no recargar a las mujeres en ausencia del estado. Avanzar hacia sistemas integrales de cuidados, construyendo colectivamente con los pueblos originarios políticas de cuidado comunitario. Así como reconocer la importancia de iniciativas de cuidado que no dependen del Estado, pero que sí pueden ser apoyadas por él. O reconocer iniciativas comunitarias autónomas que cuenten con financiamiento del Estado a través de políticas que dignifiquen la labor de las cuidadoras comunitarias, porque garantizar niveles de autonomía que para los territorios indígenas es fundamental a fin de reconocer sus propias estructuras organizativas y de gobernanza.

Por todo ello, es importante visibilizar y reconocer la importante labor de cuidados que realizan las mujeres originarias, labores que les restan tiempo y autonomía, y constituyen importantes brechas de género que impiden su efectiva participación en los territorios y en la gobernanza territorial.

El reconocimiento del cuidado como “derecho de las personas a cuidar y ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado”, como se reconoció en el Compromiso de Buenos Aires al cierre de la Conferencia. Esta es una oportunidad no solo para implementar políticas y sistemas integrales de cuidado que beneficien a las cuidadoras; sino también para profundizar en los cuidados comunitarios que realizan las mujeres originarias desde los territorios y desde lo colectivo, a partir de una perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad y los Derechos Humanos.

[1] “Los cuidados comunitarios en América Latina y el Caribe: Una aproximación a los cuidados en los territorios”, OIT, CEPAL, ONU Mujeres y PNUD. 2022

Desafíos de la visita presidencial a La Araucanía

por José Aylwin y Hernando Silva

El Presidente Boric está haciendo efectiva en estos días su esperada visita a La Araucanía. Se trata no solo de la visita a la región más pobre del país, sino de aquella en que la demografía indígena, en este caso mapuche, es de las más altas del país, llegando a conformar casi un tercio de su población. Como sabemos, además, en  dicha región y regiones aledañas se verifica el que posiblemente sea el conflicto sociopolítico más grave del país.

Si bien no se trata de un conflicto nuevo, sino de uno de antiguo que tiene su origen en la forma en que el Estado chileno estableció su soberanía y propiedad en esa parte del país históricamente habitada por el pueblo mapuche, desde hace algunas décadas se ha tornado más violento. Así, la violencia impuesta por el Estado en el pasado a través de la confiscación de las tierras mapuche y el arrinconamiento de su población en espacios reduccionales insuficientes para garantizar la vida material y cultural mapuche, se ha agudizado en las últimas décadas como consecuencia de la criminalización de la protesta social mapuche en defensa de derechos que han sido reconocidos a los pueblos indígenas por tratados internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT.

Dichas circunstancias han derivado en el ejercicio de la fuerza por parte de personas y organizaciones pertenecientes al pueblo mapuche. Esta última fuerza, que inicialmente se encontraba orientada en contra de la propiedad, en muchos casos afecta hoy la vida e integridad de las personas, independientemente de su condición étnica. La evidencia indica, además, que el uso de la fuerza por parte de organizaciones mapuche hoy no está relacionada solo a la legítima reivindicación de derechos, sino también a fines ajenos a ella, como son el robo de madera y otras circunstancias delictivas.

Frente a esta realidad, la estrategia seguida por diferentes gobiernos en los últimos años ha sido la de la contención de la violencia mapuche a través de políticas de seguridad, antes lideradas por las fuerzas policiales, hoy por fuerzas militares, y la persecución judicial. Se trata de una estrategia de la que el Gobierno del Presidente Boric no ha podido abstraerse, pese a su intento inicial de enfrentar el conflicto a través de estrategias centradas en el diálogo con el pueblo mapuche, poniendo énfasis además en el impulso de políticas de reparación y  desarrollo (Buen Vivir.) Aunque ello pueda ser entendible en el contexto del innegable recrudecimiento de los hechos de violencia en lo que va corrido de la actual administración, y de la presión de la opinión pública nacional y regional, los énfasis del actual Gobierno parecen nuevamente estar enfocados en el impulso de políticas de seguridad orientadas a contener la violencia existente en la región, más que en la resolución de los problemas de fondo que generan dicha conflictividad.

La evidencia de los conflictos étnicos caracterizados por el uso de la fuerza existentes en diferentes partes del mundo, como el que se vive hoy en La Araucanía entre sectores del pueblo mapuche y el Estado chileno, es que las estrategias de seguridad, si bien son necesarias para mantener el orden público y garantizar la integridad de la población, por sí solas son absolutamente insuficientes para disminuir la violencia. Ello, más aún en el caso de un pueblo, como es el mapuche, que tiene una larga tradición de resistencia a toda forma de dominación, incluyendo la dominación incaica, hispana y chilena.

Para ello se requiere con urgencia el desarrollo de procesos dialógicos que permitan el abordaje de las principales demandas legítimas del pueblo mapuche por el reconocimiento y ejercicio derechos humanos de carácter colectivo largamente postergados, como lo son la tierra, los recursos naturales, el derecho a definir sus planes de vida o prioridades de desarrollo, hoy seriamente afectados por, entre otros, una industria de monocultivos forestales que se ha expandido de manera inconsulta en sus territorios de ocupación tradicional, con graves impactos sociales, culturales y ambientales en sus comunidades.   

Tales procesos, no solo son recomendados por instrumentos de derechos humanos, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (en su artículo 40 refiere al derecho que estos pueblos tienen a “procedimientos justos y equitativos para la resolución de controversias con los Estados u otras partes”), sino que encuentran antecedentes muy relevantes en la historia y la tradición mapuche. En efecto, el relacionamiento entre los mapuche y la colonia hispana, y más tarde, hasta mediados del siglo XIX, entre los mapuche y el Estado chileno, se  basó en parlamentos, en la conversación, los que celebrados periódicamente por más de trescientos años, se tradujeron  en tratados en los que se establecieron las bases de una convivencia generalmente pacífica en esta parte del país.

Sería deseable entonces que durante esta y sus próximas visitas a La Araucanía, el Presidente Boric, junto con reunirse con las víctimas de la violencia que hoy afecta a la región, y con actores públicos y privados relevantes para la definición de una estrategia que garantice la seguridad, y la integridad física y síquica hoy cotidianamente violentada en muchas localidades de la región, pueda reunirse también con organizaciones representativas del mundo mapuche. Ello, a objeto de escuchar sus visiones sobre cómo abordar la conflictividad y violencia en la región, así como los problemas de fondo que subyacen a la relación entre el pueblo mapuche y el Estado. Escuchar también de sus representantes las propuestas que, sobre la base de su tradición histórica, hagan acerca de las modalidades a través de las cuales podría impulsarse un diálogo constructivo entre ambas partes.

El que haya organizaciones mapuche que hasta la fecha rechacen el diálogo y la conversación como mecanismos para resolver controversias históricas, no significa que el Gobierno del Presidente Boric no pueda sostener conversaciones con aquellos sectores del pueblo mapuche dispuestos a hacerlo. Ello, con mayor razón en momentos en que la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional, en que se establecían mecanismos institucionales para abordar los problemas de relacionamiento entre los pueblos indígenas y el Estado y sociedad chilena, fuera rechazada en el plebiscito de septiembre pasado.

Sería muy esperanzador que de dichas conversaciones emergiera un nuevo proceso dialógico, que se traduzca en la apertura de un espacio para parlamentar, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que permita abordar las raíces de la  conflictividad creciente que hoy vive esta parte del país, antes de que la violencia siga escalando en ella, afectando a todas y todos quienes vivimos allí.

Palabras para Rosamel Millaman Reinao

Rosamel Millaman Reinao, mapuche, defensor de los derechos de su pueblo, antropólogo, profesor y amigo ha partido de este mundo.

Tuve el honor de conocer y compartir con Rosamel por largos años, desde que llegué a Wallmapu a mediados de los noventa.  Así supe por él que había nacido y crecido en una numerosa familia en una comunidad mapuche rural de Pitrufquen.  También me contó como, al igual que la mayor parte de la población mapuche en ese tiempo, sufrió tanto en su niñez y como en su juventud, de discriminación y exclusión económico-social y cultural de parte de la sociedad chilena. 

Fue posiblemente ello lo que lo llevó a estudiar antropología en la Universidad de Concepción y a unirse más tarde, durante los duros años de dictadura, al movimiento mapuche, participando de la organización Ad-Mapu.  Como consecuencia de ello, debió pasar a la clandestinidad primero, y luego salir del país donde realizó sus estudios de posgrado en antropología.

Durante las últimas décadas y hasta hace poco tiempo atrás, en que fue abruptamentedesvinculado de sus funciones, Rosamel se desempeño como profesor de la carrera de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Desde ese espacio formó a generaciones de futuros profesionales tanto mapuche como no mapuche, comprometidos con una sociedad más consciente y respetuosa de la diversidad étnica y cultural y con los derechos de los pueblos indígenas.   

Su compromiso con la antropología lo llevo a participar activamente en el Colegió que agrupa los profesionales de esa disciplina, llegando a presidir esta instancia, siempre con un enfoque de antropología comprometida.

Autor de numerosas investigaciones, tanto académicas como socio-políticas, siempre con el enfoque de investigación-acción que sirviese a las transformaciones sociales que anhelaba.   Rosamel fue uno de los coautores del Informe que la Comisión de Trabajo Autónoma Mapuche (COTAM) como aporte al proceso de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, informe que contenía la visión mapuche de las relaciones entre el estado chileno y el pueblo mapuche a través de la historia.

También fue, junto al destacado profesor de antropología estadounidense Charles Hale, coordinador de una investigación crítica que develó los impactos en los derechos mapuche de los monocultivos forestales certificados por FSC, iniciativa en la que tuve el privilegio de trabajar junto a él y un equipo de profesionales mapuche.

En el contexto de este último estudio, así como en numerosas reuniones y talleres en comunidades, en seminarios tanto en Chile, así como en otros países de la región en que participe junto a él, me impresiono no solo sus capacidades intelectuales, sino sobre todo su humanidad, su humildad, y su sentido del humor.

Lo que más me impresionó de Rosamel, sin embargo, fue su capacidad para navegar en dos mundos; aquel en que nació y aquel en el que debió insertarse por las circunstancias de la vida.  Al hacerlo, nunca perdió su identidad.   Tampoco sentí de parte de él resentimiento, rechazo al otro, menos aún a aquellos que desde otras sociedades, incluyendo por cierto la sociedad chilena, compartimos el desafío de la construcción de un mundo respetuoso de la diversidad y de los derechos que son inherentes a ella.

En momentos cruciales para el futuro del país en tantos aspectos, incluyendo las posibilidades de establecimiento de nuevas y distintas formas de relacionamiento entre los pueblos que aquí vivimos, el ejemplo de Rosamel seguirá vivo en nosotr@s.  Su vida personifica, en muchos sentidos, la propuesta de interculturalidad, así como la de plurinacionalidasd, a cuyo reconocimiento y construcción nos invita la propuesta constitucional que votaremos en el plebiscito de septiembre próximo.  

Al igual que la mayoría de quienes lo conocimos, lo recordare con admiración y afecto.

Hasta siempre Rosamel

Buen viaje al wenu mapu a juntarte con tus antepasados.

José Aylwin

Declaración pública por muerte de Segundo Catril Neculqueo

Una emboscada a un microbús que conducía a trabajadores a faenas forestales, ocurrido el 24 de mayo, en un sector rural de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, cobró otra víctima fatal. Esta vez se trata de Segundo Catril Neculqueo, mapuche de 66 años, quien recibió un impacto de bala en su cabeza. La emboscada realizada por desconocidos con armas de grueso calibre, deja además otros dos trabajadores mapuche heridos.

La información disponible da cuenta de que las víctimas de esta emboscada eran trabajadores que participan de una iniciativa impulsada por un dirigente mapuche, Santos Reinao, subcontratista de la empresa CMPC, que se dirigían al fundo Choque, un predio de propiedad de dicha empresa en el que habría un acuerdo entre las comunidades aledañas al lago Lleu Lleu, para su reforestación parcial con bosque nativo. 

Aunque ninguna organización o grupo de personas ha reivindicado la emboscada, es posible que el hecho tenga relación con la situación de conflictividad generada por la presencia de las forestales como CMPC ha generado en la zona. Cabe dar cuenta que existe un total del 48.792,6 Hectáreas de plantaciones forestales, correspondientes al 43,6% de la superficie total de la comuna de Lumaco, plantaciones que se encuentran sobre territorios y tierras de propiedad ancestral del pueblo mapuche, e incluso sobre tierras de su propiedad legal, gran parte de las cuales son reivindicadas por sus comunidades y organizaciones.

Más allá de las circunstancias antes descritas, y de quienes puedan ser los responsables directos de estos hechos, el Observatorio Ciudadano condena enérgicamente este atentado en contra de la vida e integridad de las personas, independiente de quienes sean las víctimas.

Como organismo de derechos humanos nos parece fundamental señalar en este momento crítico –en que el uso de la fuerza en contra de la propiedad y de personas, tanto mapuche como no mapuche, emerge como una realidad cada vez más presente en la zona– que ninguna causa, sea ésta mapuche, particular o estatal,  justifica tomar o dañar la vida o la integridad de cualquier persona.

De la misma manera, hacemos un llamado de atención a todos los actores presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, a asumir acciones urgentes para frenar y revertir este espiral de violencia que amenaza con escalar, con consecuencias graves para la convivencia intercultural en la zona.

Hacemos en primer término un llamado al Estado, garante del bien común, incluyendo tanto al gobierno como a las instituciones estatales en general, a desarrollar todos los esfuerzos posibles, no sólo para determinar a los autores de estos delitos y lograr su sanción por la justicia, sino también para abordar los problemas de fondo que subyacen a la conflictividad en La Araucanía y regiones aledañas (Wallmapu), los que desde el Observatorio hemos representado por años, y que están relacionados con la negación de los derechos colectivos del pueblo mapuche, en particular el desposeimiento de sus tierras de ocupación tradicional.

Hacemos también un llamado enérgico a las autoridades de gobierno a desarrollar con urgencia una estrategia más decidida, sistemática y coherente con miras a posibilitar procesos de diálogo con el pueblo mapuche para lograr, a corto plazo, acuerdos constructivos que permitan abordar la deuda histórica que existe con este pueblo y sus comunidades que resulta fundamental para frenar el clima de violencia existente en la zona. 

Vemos lo anterior, como una medida que se debe tomar en paralelo al trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos últimos meses la Convención Constitucional, en que justamente se proponen las bases de una nueva convivencia plurinacional e intercultural para Chile.

Asimismo, hacemos un llamado a las empresas forestales presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, las que con cerca de 2 millones de hectáreas de monocultivos en esta parte del país, han vulnerado por décadas los derechos fundamentales de este pueblo, incluyendo sus derechos de tenencia tradicional, el derecho a participar de los beneficios que dichas empresas generan y el derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo. Las instamos a abstenerse de desarrollar prácticas que han conducido a generar divisiones al interior del pueblo mapuche y sus comunidades, y a asumir la responsabilidad que tienen en la generación de la conflictividad y violencia en la zona, haciendo abandono progresivo de ella.

Hacemos también un llamado a aquellas organizaciones del pueblo mapuche que reivindican el uso de la fuerza – y en algunos casos la resistencia armada – provocando  en ocasiones,  como lo han hecho por años los agentes del estado,  víctimas fatales, a abrirse al diálogo como  forma de avanzar hacia soluciones a sus legítimas demandas basadas en los derechos colectivos que les asisten como pueblo.  

Finalmente, instamos a la sociedad civil nacional y regional, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, a aunar esfuerzos para la construcción de un movimiento de paz basado, no en la defensa de privilegios de unos pocos, sino en los derechos humanos de todos los pueblos y personas que habitamos en esta parte del país, de modo de incidir más activamente en la generación de espacios de diálogo y entendimiento intercultural y plurinacional, urgentes para lograr una paz justa en esta parte del país.

                                                           Observatorio Ciudadano

                                                                                                   Temuco, 26 de mayo de 2022

ORGANIZACIONES DE DD.HH. ENTREGAN CARTA A LUCIANO RIVAS GOBERNADOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

Mediante la presente la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía, instancia que desde hace más de 10 años aglutina a  diversas organizaciones e instituciones que realizan labores de promoción y defensa de los Derechos Humanos en la región, nos dirigimos a usted para darle a conocer nuestra opinión respecto a la compleja situación que vive actualmente La Araucanía, bajo el Estado de Emergencia que mantiene a las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio cumpliendo labores de control de Orden Público.

  • Condenamos enérgicamente los terribles hechos acaecidos el día miércoles 03 de Noviembre en la comuna de Cañete que derivaron en la pérdida de la vida de un joven de 23 años y tres heridos incluido menor de edad, todos pertenecientes al Pueblo Mapuche, esto producto de disparos de efectivos de las Fuerzas Armadas que ocupan las Provincias del Bio Bio, Arauco, Cautín y Malleco. Lo anterior nos confirma lo peligroso que es mantener esta bélica medida, que evade las soluciones de fondo al conflicto del Estado chileno con el Pueblo Mapuche. Esperamos que los hechos sean investigados de manera imparcial, y que se establezcan las sanciones penales correspondientes para sus responsables.
  • No se trata de hechos que no advirtiéramos con antelación, ni tampoco se aleja a la historia que el Pueblo Mapuche ha vivido desde la vuelta a la democracia. Al contrario, como Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos pensamos que hoy en día se reproduce un patrón de ocupación y de criminalización hacia el Pueblo Mapuche y que durante estás últimas dos décadas organismos internacionales de Derechos Humanos han denunciado. Nos referimos a Relatores Especiales en materia de derechos humanos e indígenas y Comités de Tratados de las Naciones Unidas, todos los cuales han manifestado categóricamente mediante sus observaciones y recomendaciones que la criminalización y el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado no son la forma efectiva de hacer frente a la situación de conflictividad que se vive en territorio mapuche.
  • Cabe hacer presente que desde el asesinato de Alex Lemun acontecido en el año 2002 las cosas no han cambiado mucho, y que el foco de los diversos Gobiernos de turno durante estas dos decadas ha sido abordar la relación con el Pueblo Mapuche como un asunto de seguridad y bajo un enfoque criminal. Por otro lado, ninguno de los diálogos que se han desarrollado desde el retorno a una frágil democracia han generado el reconocimiento de algunos de los derechos básicos que son exigidos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el derecho al territorio y a la restitución de las tierras usurpadas o el derecho a la autonomía. Al contrario, por un lado la falta de eficacia de las políticas públicas en materia de protección del territorio y, por otro lado, el privilegio otorgado a los interés particulares de empresas extractivistas como de la industria forestal o del sector energético, han agudizado a lo largo de estos años la relación con el mundo indígena en general y con el Pueblo Mapuche en particular.
  • Junto con lo anterior, nos parece preocupante que, en el contexto actual, usted en su calidad de Gobernador de La Araucanía realice un llamado a participar en una instancia “participativa” cuya finalidad es “conocer la opinión de los ciudadanos de las 32 comunas de La Araucanía respecto a la renovación del Estado de Emergencia en la región” en la denominada “Consulta Araucanía”. Cómo Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía manifestamos nuestro rechazo ante la utilización del derecho a la participación de la ciudadanía por parte del Gobierno Regional, el que pretende manipular el verdadero concepto de participación con el fin de legitimar las políticas represivas y de militarización del Estado en territorio mapuche. La premura con que se realizará, la falta de información sobre las implicancias de la extensión del Estado de Excepción, la modalidad excluyente por ser solo una consulta online, la falta de visibilización pública y de acercamiento a la ciudadanía, son aspectos que hacen que la “Consulta Araucanía” no pueda ser considerada como una instancia de participación efectiva de acuerdo a los estándares internacionales relativos al derecho a la participación considerados en diversos instrumentos internacionales de las Naciones Unidas.
  • La instalación y potencial renovación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, se ha traducido en la profundización de la militarización de ciertos territorios de nuestra Región con miras a hacer frente a los hechos de violencia que se viven pero que, en la práctica, se traduce en un conjunto de medidas que buscan criminalizar, violentar y desmovilizar a las comunidades que hoy se encuentran llevando adelante procesos de reivindicación territorial, debido al despojo que data desde 1856 y respecto del cual el Estado no ha entregado ningún mecanismo efectivo para su resolución. Este despojo ha sido reconocido en instrumentos creados por el mismo Estado como es la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001-2003).

Por tanto, y en atención a todo lo antes expuesto es que exigimos la suspensión de la consulta, y que no sea prorrogado el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, para evitar nuevas muertes y vulneraciones de Derechos Humanos producto del actuar de las Fuerzas Armadas. Y exigimos una investigación objetiva y bajo estándares de Derechos Humanos que otorguen protección a las víctimas en relación a los últimos acontecimientos.

Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos – Agrupación de Ex-Presos Políticos «Enrique Pérez» – Centro de Investigación y Defensa del Sur (CIDSUR) – Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco (CINPRODH)- – Comisión Ética Contra la Tortura – Observatorio Ciudadano – Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) – Red de Defensa de los Territorios de La Araucanía – Red Independiente de Peritos

 

Lof Cayun Panicheo presenta su iniciativa para crear el área de conservación mapuche «Len Ko Winkul Mapu» en el valle del río Puelo

El Lof Cayun Panicheo, es un lof mapuche transandino que ha mantenido una estrecha y profunda relación con su territorio de ocupación ancestral, la cuenca del Río Puelo o Puelko, cuyo significado en mapudungun es “aguas vienen del este”. Mantiene a la vez su propia forma de gobernanza y sus modos de vida, los que han contribuido a la conservación del territorio.

Sin embargo, la cuenca del río Puelo hoy enfrenta múltiples amenazas. Dada la abundancia y riqueza de los recursos naturales que ahí se encuentran, atrae de manera creciente a distintos interesados en el uso y explotación del territorio sin respetar muchas veces los derechos de las comunidades que lo habitan y sin criterios de sustentabilidad ambiental. Es por ello, que el Lof Cayun Panicheo se encuentra comprometido con la protección del territorio frente a las amenazas y presiones que afectan las dinámicas del lugar, y con la recuperación del mapuche kimün o conocimiento mapuche, junto con el feyentun o espiritualidad ancestral mapuche, apuntando a que se les reconozca un modo de conservación biocultural que contribuye al cambio del paradigma clásico de conservación, el que por décadas ha excluido los conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, tanto en Chile como en el mundo.

Con la propuesta de Área de Conservación Mapuche denominada “Len Ko Winkul Mapu” o “territorio cordillerano de agua y cipreses” se busca proteger y poner en valor las formas de vida de los pobladores del valle, manteniendo el küme mongen o buen vivir que se sostiene en la inseparable relación entre el itrofill mongen (biodiversidad) y el mapuche kimün. Proponiendo así una visión integral para la gestión del territorio, a través de una gobernanza propia y compartida, con pobladores mapuche y no mapuche y con organismos del Estado encargados de las Áreas Silvestres Protegidas, con las que existe sobreposición, levantando así una propuesta de conservación que respete los derechos territoriales y colectivos del lof.

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En este documento se entregan los antecedentes de la propuesta de Área de Conservación Mapuche Len Ko Winkul Mapu. En el primer capítulo se presenta la historia y situación actual del Lof Cayun Panicheo en el territorio. A continuación, se describen las principales amenazas identificadas por la comunidad y que fundamentan la urgencia de crear un área de conservación y protección biocultural. Finalmente, se presenta el Área de Conservación Mapuche Len Ko Winkul Mapu, se describen sus principales características y la visión de conservación que tiene la comunidad, junto con sus propuestas para avanzar en el diálogo con los distintos actores involucrados para su creación, gobernanza y gestión.

Acompaña a este documento el documental “Mawizache Ñi Zungun: La Voz de la Gente de las Montañas”, el que puede ser visto aquí: https://www.youtube.com/watch?v=CgGL1wQE80M&feature=youtu.be
*Este documento y el documental fueron elaborados por un equipo interdisciplinario del Observatorio Ciudadano en el marco de la iniciativa “Protección de Territorios de Vida”, por encargo del Lof Cayun Panicheo. Este trabajo fue posible gracias a los aportes financieros de la Iniciativa Global de Apoyo a los TICCA (GSI-TICCA) y de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, a través de la “Iniciativa de aprendizaje para la protección comunitaria de la tierra”.