Un negocio redondo

 en Opinión

La noticia es nueva pero la sospecha muy vieja al sur del Biobío. La destapó la Unidad de Investigación de Ahora Noticias que accedió a documentos reservados de la dirección de finanzas de Carabineros relacionados con el conflicto sureño. En ellos, la firma del general Flavio Echeverría, ex jefe de esa sección, quien ya lleva un año en la cárcel por el mega fraude en la institución uniformada. Hablamos del llamado Pacogate.

En decenas de oficios que hasta ahora eran desconocidos se demuestra que Echeverría solicitó aumentos por casi 22 mil millones de pesos en cuatro años, exclusivamente para una glosa bautizada “Conflicto Étnico”. Estas comienzan con $300 millones el 2012 y terminan con hasta 30 veces esa cantidad el año 2016. Miles de millones repartidos –según el ex oficial- en viáticos para la Macrozona Sur que comprende las regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Nada menos que un cuarto del presupuesto anual del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de Conadi.

Todo conflicto es un negocio, más si en ellos intervienen instituciones armadas. Las guerras lo son desde antiguo, reactivan la economía, fomentan la innovación tecnológica y enriquecen a proveedores de equipamiento, armas y pertrechos. También a los mercenarios que nunca faltan. Es la trastienda del conflicto en Araucanía, dolor y drama humano para unos y negocio redondo para otros. Aquello es el “viático étnico” o la también llamada “beca mapuche” o “bono peñi”, nombres con los cuales se conoce, jocosamente, a estos jugosos sobresueldos. Hablamos de un incentivo económico perverso.

 

A fines de la década de los noventa, cuando Carabineros aún no asumía tareas de “guardia privada”, la seguridad de fundos y plantaciones forestales era responsabilidad de empresas de seguridad. Ellas proveían desde guardias y telefonistas hasta brigadas contraincendios. También a veces mercenarios. Una de estas empresas, la preferida por Mininco y Bosques Arauco, era Osepar de Temuco. Vinculada a ex oficiales de Ejército en retiro, el verano de 1999 fue acusada públicamente de planificar atentados y montajes al interior del fundo Cuyinco en Los Álamos, en esos años reclamado por familias mapuche.

La denuncia salió desde adentro. Varios ex guardias molestos por el abandono de Osepar a uno de sus colegas detenido en el marco del conflicto y que se suicidó en la cárcel, declararon haber recibido órdenes de cometer atentados al interior del predio. Según ellos, el dueño de Osepar, Pablo Iturriaga, y tres de sus jefes de terreno -Cristián Gañán, Adrián Lavín y Alvaro Villagrán- los obligaban a hostigar a los mapuche y dañar los bienes de las maderera. ¿El objetivo? Inculpar a los líderes de la CAM y asegurar nuevos contratos con la forestal, su principal empleador en la zona.

En su relato entregado a radio Biobío y del cual se hicieron eco los entonces diputados PPD Eugenio Tuma y Guido Girardi, los guardias confesaron ataques a campamentos forestales, cortes de caminos, hostigamiento a dirigentes mapuche e incluso quema de bosques de la propia maderera del grupo Angelini. Y si bien se pidió la aplicación de la Ley Antiterrorista contra la empresa y la designación de un ministro en visita, la petición fue rápidamente archivada por el entonces ministro del Interior, Raúl Troncoso. Y es que no se trataba de ningún mapuche, podemos suponer hoy.

Lo que vino después fue solo control de daños.

En agosto de 1999 la maderera canceló sus contratos con Osepar y esta última hizo lo propio con los “jefes de terreno” acusados por los guardias; los tres fueron desvinculados y del caso Cuyinco nunca más se supo. Pero las denuncias se trasladaron a dos comunas epicentros del conflicto en Araucanía; Traiguén y Collipulli. En esta última, en agosto del año 2000, cuatro guardias de la empresa de seguridad ASS resultaron gravemente heridos tras ser emboscada su camioneta. Patrullaban, armados como de costumbre, el fundo Rucañanco de Mininco, reclamado por comunidades de la zona.

Fue noticia nacional. Y la gota que rebasó el vaso para el gobierno. Meses más tarde las empresas de seguridad dijeron adiós a las zonas de conflicto.

Es con Ricardo Lagos y el estreno de la Reforma Procesal Penal que Carabineros asume labores de resguardo permanente de fundos. Han transcurrido dos décadas de ello y el conflicto lejos de terminar aumenta cada día en violencia. ¿Estará Carabineros repitiendo las prácticas mafiosas de aquellas empresas de seguridad que le tocó relevar en Wallmapu? Tras la Operación Huracán y la reciente denuncia de 22 mil millones de pesos en “viático étnico”, corresponde a su Alto Mando dilucidar la interrogante.

Haría bien Piñera en abstenerse de nuevas ocurrencias represivas. El remedio, está visto, puede ser peor que la enfermedad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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