abril 2017 – Observatorio Ciudadano

En Chile la vivienda es vista básicamente como un commodity y no como un DDHH

“La desigualdad es uno de los rasgos distintivos de la sociedad chilena y esto es claramente en la situación de la vivienda en el país”, agregó la Relatora en su diagnóstico.

Sobre la situación de pueblos indígenas, destacó los desafíos que existen en reparación y restitución, donde Chile evidencia retrasos respecto de otros países, y la discriminación que evidencian casos como el vertedero Boyeco en Temuco, colindante a comunidades indígenas.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 28 abril 2017

La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, ofreció hoy una conferencia de prensa para entregar las impresiones preliminares de su misión a oficial a Chile para conocer en terreno el estado de la implementación de este derecho, la que incluyó actividades en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco y Antofagasta, sosteniendo reuniones con autoridades, organizaciones y afectados durante los diez días que consideró su visita.

Farha fue destacó entre sus principales conclusiones, que “es claro que en Chile, desde la dictadura hasta ahora, la vivienda es vista básicamente entendida como un commodity y no como un derecho humano. Es esto lo que hay que cambiar de modo urgente. La commodificación de la vivienda […], tiene importantes efectos sobre los grupos vulnerables, generando una realidad segregada en Chile donde los ricos y pobres no se mezclan. Es esta prominencia de una industria de la construcción e inmobiliaria, la que produce desplazamientos a ghettos”, sostuvo.

“Esta discriminación socioeconómica que se ha mezclado además con la migración, que ha tenido un aumento del 200% aumento en los últimos años. He escuchado historias muy conmovedoras, sobre las situaciones a las que se ven expuestos para poder acceder a una vivienda. Además enfrentan un tratamiento discriminatorio, basado en estereotipos y estigmatización, algo similar a lo que experimentan y ocurre con los pueblos indígenas”. A modo de ejemplo citó el caso del vertedero Boyeco en Temuco, construido en forma colindante a comunidades mapuche que vive en esos terrenos, por decisión municipal. “Los trataron como desechos”, destacó.

Entre las poblaciones vulnerables, la relatora se refirió también a la población en situación de calle, “quienes no se ven como poseedores de derechos, como es el derecho a acceder a una vivienda, sino como destinatario asistencia en condición de indigencia”. En la misma línea, se refirió a la situación de campamentos y asentamientos humanos, como Arenales en Antofagasta o en la periferia de Viña del Mar, donde no hay acceso a servicios básicos, como luz y agua, no acceso a programas sociales de ninguna naturaleza”.

En cuanto a las recomendaciones, Farha destacó entre los cambios estructurales urgentes, una reforma constitucional que incorpore el derecho a la vivienda y los DESC de acuerdo a los estándares internacionales. Asimismo, que esta reconozca a los pueblos indígenas, y su condición de tenedores de derechos humanos particulares”.

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, relevó de las observaciones de la Relatora precisamente este aspecto Especial, señalando que “este derecho al que Chile se comprometió a dar cumplimiento al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, no solo no se encuentra protegido jurídicamente, sino tampoco en su política pública”.

Aylwin destaca también que si bien se valora como aspecto positivo los recursos destinados al sector vivienda en las últimas dos décadas, “la Relatora cuestiona el que lo haga desde una perspectiva de mercado y no de derecho humanos. También rescata el elevado porcentaje de propietarios de vivienda. Sin embargo, identifica aspectos muy preocupantes en relación al acceso de la población a la vivienda adecuada, incluyendo cuestiones como la ubicación de las viviendas, para sectores pobres, lo que genera marginación. Además del déficit que existe en garantizar el acceso a los servicios e infraestructura de vivienda para los mismos sectores”.

Aylwin también se refirió al llamado de atención de la Relatora sobre la situación de discriminación que afecta a la población migrante, “la que no puede acceder a los programas habitaciones del estado y se encuentra viviendo en campamentos donde viven cotidianamente la violencia».

Finalmente, otra situación que preocupa “y que pudimos observar durante su visita a Temuco, es la de los problemas asociados a la falta de pertinencia cultural de los programas de vivienda para la población mapuche, la de la limitantes en el acceso a la vivienda generados por la falta de seguridad en la población mapuche en la tenencia de la tierra. En relación a la población mapuche, también preocupa a la Relatora la masividad del problema de la falta de acceso al agua potable que la población rural de la Araucanía, en su mayoría mapuche, como consecuencia de los impactos de las plantaciones forestales apoyadas económicamente por el Estado. También la operación de vertederos como Boyeco en tierras de comunidades mapuche”, añadió.

“Todo lo anterior debería llevar al Estado, y a los órganos legisladores, a reconocer y proteger de un modo efectivo este derecho humano fundamental, terminando con la visión de mercado que hasta ahora ha prevalecido en materia de vivienda, haciéndolo exigible como tal. También debería llevar a un rediseño su política de vivienda, para asegurar el acceso efectivo a la vivienda y a los servicios asociados por parte de los sectores hasta ahora excluidos”, concluyó Aylwin.

Informe de conclusiones preliminares de la Relatora Especial, disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21544&LangID=S

Relatora Especial durante su vista a comunidades de Temuco

Reunión con organizaciones en Temuco

Relatora Especial tras conferencia de prensa en CEPAL

La insistencia del estado chileno por reflotar el TPP y suscribir acuerdos comerciales

La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), terminó por desahuciar anticipadamente este mega acuerdo comercial que involucraba a doce países de Asia y América, los que en conjunto concentran el 40% del PIB mundial y una población cerca de 800 millones de personas.

Se trata, como sabemos, de acuerdos que exceden con mucho el alcance de acuerdos de comercio bilaterales y multilaterales que vienen suscribiéndose en las últimas décadas, estableciendo reglas para la patentación (capítulo propiedad intelectual) de medicamentos, internet, semillas, entre otros sectores altamente sensibles; además de fijar normas en ámbitos como el empleo, medio ambiente o compras públicas; y mecanismos propios para la solución de controversias, abriendo la posibilidad de que las empresas demanden directamente a los estados, incluso sin agotar las instancias administrativas o judiciales internas establecidas en los distintos países.

Se trata, además, de un acuerdo negociado en forma secreta durante más de cinco años y sin participación de organizaciones de sociedad civil u otros actores interesados, como es el caso de pueblos indígenas, de modo que puedan incidir en el texto definitivo suscrito. Lo que contrasta con la participación que tuvieron en el marco de las negociaciones empresas y otros agentes económicos.

Las situaciones descritas, inciden en la soberanía de los estados y en su deber de promover, proteger y respectar los derechos humanos, admitiendo que sea criterios de mercado y el poder de grupos trasnacionales los que se impongan sobre el bienestar de las personas y comunidades. Como lo han advertido diversos relatores especiales de Naciones Unidas, quienes incluso dirigieron una comunicación específica a estos 12 países, dando un plazo de 60 días para que dieran respuesta una serie de preocupaciones sobre impactos del TPP a estos derechos. Del mismo modo, en atención a estas afectaciones y a derechos de pueblos indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una audiencia especial en su 159° periodo de sesiones ordinarias para recepcionar información detallada de estos impactos y la no consulta del acuerdo con pueblos indígenas, pese a afectar sus tierras, territorios y recursos en ellos disponibles, así como derechos culturales y colectivos.

Chile, es actualmente el país con mayor número de acuerdos comerciales suscritos en el mundo (un total de 26 con 64 naciones), y lo hace sin atender, ni mucho menos medir, la amenaza que estos acuerdos comienzan a tener cada vez con mayor intensidad sobre los derechos humanos. Algo aún más cuestionable, tras serle solicitado por parte del Instituto de Derechos Humanos (INDH) un estudio de impactos del TPP a estos derechos, el que también es establecido por los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos cada vez que los países suscriben acuerdos, entre ellos los comerciales. Esto en momentos en que Chile discute precisamente un Plan Nacional en la materia.

Por todo lo expuesto, llama a la preocupación la insistencia del estado chileno en intentar reflotar, ahora a través de la Alianza del Pacífico, un acuerdo altamente cuestionado por órganos de tratados a los que Chile está comprometido internacionalmente. También que mantenga la falta de transparencia y el secreto en las negociaciones de tratados, como hoy ocurre con el Acuerdo de Servicios (TISA), que reúne a más de 50 países y que suma a la base del TPP la presión sobre los servicios públicos, con una además cláusula que impide que un servicio privatizado pueda volver a manos del estado. Denegando, por una parte, acceso a la información y, por otra, vulnerando el derecho humano a la participación en las decisiones de interés público. Como lo son, sin lugar a dudas, estas discusiones mantenidas a puertas cerradas. Que bien podrían determinarse, en última instancia, mediante plebiscito ciudadano como ocurrió con el TLC entre Costa Rica y Estados Unidos.

Es momento, finalmente, de replantearse un modelo de apertura de mercado basado en la adopción de acuerdos comerciales, y sus reales beneficios para las y los chilenos. Más aún cuando los principales rubros de exportación (minería, forestal, piscicultura), son a la vez los que vienen generando mayores niveles de contaminación y degradación ambiental. Y los supuestos reportes macroeconómicos, no guardan relación con una mejora de la calidad de vida, de hecho Chile se encuentra entre los países con los peores índices de distribución a nivel mundial.

La agenda Constituyente

El gobierno reafirmó su agenda sobre el proceso constituyente para cambiar la Constitución e ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece un mecanismo de reemplazo de la actual.

El proyecto modifica el Capítulo XV de la Carta Fundamental y faculta al Congreso para convocar a una Convención Constitucional para la elaboración de una Nueva Constitución con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si el proyecto de reforma es aprobado, el gobierno tendrá un plazo de 60 días para enviar otro proyecto, ahora una Ley Orgánica Constitucional que definirá la conformación y funcionamiento de la Convención Constitucional. Resuelto esto, se podrá convocar a la Convención que propondrá un proyecto de nueva Constitución, el cual debe ser aprobado o rechazado en un plebiscito nacional, que, según el proyecto, será obligatorio.

El proyecto presentado por el gobierno cambia algunos aspectos del derrotero anunciado con el proceso constituyente. El mecanismo ahora tiene nombre -Convención Constitucional- y se plantea una Ley Orgánica que “regula su convocatoria, la forma de integración de la misma, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes, su organización, sus funciones y atribuciones, como también los mecanismos de participación ciudadana”. El gobierno acota así la discusión y también el mecanismo para resolver el cambio constitucional, aspirando a que la Convención Constitucional se apruebe por el actual Congreso. Un tema discutible, pues está hoy en cuestión su legitimidad ciudadana, aunque esto era parte del itinerario ya conocido. Pero si se aprueba la Convención, esto podría coronar uno de los tres principales compromisos del Programa de Gobierno y también la acción ciudadana para romper el blindaje que impedía cambiar por completo la Constitución heredada de la dictadura.

Un dato preocupante son los quórum que se plantean para convocar a la Convención Constitucional y para que ésta, luego de constituida, pueda aprobar los contenidos de la nueva Constitución, ya que seguirá lo “establecido en el inciso segundo del artículo 127” de la actual Constitución. Ello implica que todo lo referido a los Capítulos sobre Bases Institucionales, Derechos, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas, Consejo de Seguridad y sobre Reforma a la Constitución deben ser aprobados en la Convención por las dos terceras partes de sus integrantes. El mismo quórum tendrá cualquier otra materia nueva que la Convención quiera incorporar al nuevo texto constitucional.

La agenda anunciada por el gobierno para el proceso constituyente se debe completar con una propuesta de Nueva Constitución, cuyo insumo principal son las Bases Ciudadanas que resultaron del proceso participativo realizado entre abril y agosto del año pasado. El mensaje presidencial que envía la reforma se hace cargo de la crisis de representación actual y la legitimidad del proceso constitucional, pero también de la incredulidad sobre el resultado del proceso, clarificando el proyecto que el resultado de la Convención será una “reforma completa” o una “nueva constitución”.

Con el proyecto del gobierno, la discusión constituyente queda instalada en medio de las campañas donde para elegir a un nuevo parlamento con un nuevo sistema electoral. Seguir las etapas anunciadas y discutir los contenidos del proyecto debiera estar en las metas de la ciudadanía que apuesta a seguir promoviendo conciencia y aumentar el capital social y político para promover una Asamblea Constituyente (AC). La agenda por la AC tiene un espacio y tiempo clave este año para incidir en el debate nacional, sostener la demanda por una nueva constitución e incidir en la discusión de la reforma enviada al Congreso.

La Asamblea Constituyente logró un sitial inesperado en las Bases Ciudadanas que la Presidenta Bachelet recibió el pasado 14 de enero, por cuanto los Cabildos Provinciales y Regionales la priorizaron como una institución necesaria en una nueva Constitución. Lo mismo ocurrió en los Encuentros Locales desarrollados en el extranjero y con los pueblos indígenas. En el informe final del Consejo de Observadores Ciudadanos (CCO), en tanto, se precisa que la Asamblea Constituyente es el único concepto que rompió la simetría entre los resultados de los Encuentros Locales Autoconvocados y los Cabildos.

Las Bases Ciudadanas son el insumo para la propuesta del gobierno y no se podrá obviar entonces un concepto priorizado entre las siete instituciones más relevadas en el proceso participativo. Pero estas Bases, según el proyecto presentado, serán solo un insumo más para la Convención que se propone, la cual también podrá conocer “de todo otro proyecto que tenga por objeto la sustitución del actual texto constitucional”. Por tanto cautelar los avances sobre el mecanismo de cambio constitucional logrados en el proceso constituyente es parte de una agenda ciudadanía.

El cambio constitucional mantiene un fuerte apoyo ciudadano como lo expresa la reciente Encuesta CADEM (10 de abril), donde las expectativas ahí reflejadas son claras y coincidentes con los resultados del proceso constituyente realizado el año pasado. La Convención Constitucional suena muy parecido a la Asamblea y los contenidos de este mecanismo aún deben discutirse. No le concedemos la confianza a éste ni al próximo parlamento para resolver ellos una nueva Constitución, pero es ahí donde se discutirán las reglas para la Convención propuesta o lo que quede o resulte de la discusión. Ya no solo el cambio constitucional está en la agenda pública, ahora también lo estará y con aún más relevancia, el mecanismo. El que sin lugar a dudas, debe ser una Asamblea Constituyente.

El Censo y la exclusión de los afrodescendientes

Este 19 de abril se realizó en el país Censo abreviado, el cual tenía como objetivo superar los errores en los cuales se incurrió durante el censo del año 2012 y que le restó valor metodológico a dicho instrumento.

Valorando el esfuerzo que significa el censo, éste ha excluido a una parte de la población; los afrodescendientes de Chile. En efecto, a pesar de haber sido requerido por las organizaciones afrodescendientes de Arica, el INE se negó categóricamente a incorporar dentro de esta medición estadística la pregunta sobre pertenencia étnica la categoría afrodescendiente, generándose una situación de discriminación de la población chilena afrodescendientes.

Lo anterior, supone una absoluta invisibilización de los miembros de las comunidades afrodescendientes de Chile, que va en sentido contrario a las recomendaciones internacionales en la materia y que además impide contar con información oficial desagregada que permita focalizar inversión y políticas públicas (como de hecho ya se está haciendo) para un significativo sector de la población de nuestro país e históricamente marginalizado.

Producto de lo anterior, el 13 de septiembre de 2016 las organizaciones afrodescendientes de Arica interpusieron una denuncia ante el Sistema Interamericano de Protección de derechos humanos, con el objetivo de revertir esta situación de discriminación histórica y que de una vez por todas se reconozca la población afro tribal chilena en las estadísticas oficiales de Chile, único estado latinoamericano que hasta la fecha se ha negado a incorporar esta categoría de pertenencia étnica en sus censos.

La necesidad de contar con información oficial y desagregada, que incorpore la dimensión étnica basada en la autodefinición, con el objetivo de implementar políticas públicas focalizadas y pertinentes a los miembros de las comunidades afrodescendientes en Chile, ha sido observada y recomendada por múltiples organismos internacionales, tales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), órgano de control de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Asimismo, ha sido recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los Estados de la región, a partir del acervo de decisiones y jurisprudencia desarrollada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Además, existe un marco de directrices desarrolladas al alero del derecho internacional de los derechos humanos, que enfatizan en que la elaboración de estadísticas públicas realizada por los Estados debe seguir una lógica pluralista, inclusiva y de ampliación de derechos para todos los sectores de la población, de modo tal que la generación de información sobre población afrodescendiente, población indígena, personas con capacidades diferentes, personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y otros grupos diferenciados de la sociedad, constituye un insumo básico para la elaboración de políticas públicas. Entre estas directrices encontramos: la Declaración y Programa de Acción de Durban, aprobadas en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001; la resolución 67/155 de la Asamblea General; y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, fruto de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo del 12 al 15 de agosto de 2013, entre otros .

Con esta exclusión el Estado de Chile niega el derecho de los afrodescendientes de Chile a auto identificarse como tales. Se trata de una exclusión lamentable que debería ser superada a futuro, sino por decisión del propio Estado, por la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que conoce el reclamo de esta antigua comunidad de chilenos.

Sara Larraín: “Este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”

Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes avances logrados en la Cámara de Diputados.
“La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.

Como una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” definieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados. Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).

En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.

“Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado.

Los cambios

Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan con esta.

Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales el uso doméstico de subsistencia. También retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.

Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento. Tambien debilita la regulacion referida a las mineras, eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo. Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo prestaba servicios a una compañía minera.

Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen. Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW). Insólitamente la autoridad entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden poner en peligro las fuentes de agua.

Finalmente la administración de Bachelet también propone eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.

“La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó Larraín.

Observatorio para la Protección de Defensores de DDHH solicita intervención urgente por amenazas de muerte a dirigente de MODATIMA

Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto creado en 1997 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) para prevenir o remediar situaciones de represión contra personas que defienden derechos humanos o de las comunidades de las que forman parte, evacuó un llamado internacional solicitando intervención urgente ante las autoridades chilenas, frente a las amenazas de muerte y persecución penal que afecta al Secretario General y vocero del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA), Rodrigo Mundaca.

Dichas amenazas, formuladas mediante llamadas telefónicas anónimas, se produjeron con posterioridad al reportaje publicado por el medio danés Danwatch, denominado “Las paltas y el gran robo”, basado en investigaciones de la organización MODATIMA. En dicho reportaje “se constata la sobreexplotación de los suelos para cultivar la palta o aguacate, causando que grandes cadenas de supermercados como Lidl, Aldi y Supermarket, tomaran la decisión de cancelar todo tipo de contrato comercial con los productores de palta provenientes de Chile”, aclara la solicitud de intervención urgente, lo que habría motivado a modo de represalia las amenazas en contra del dirigente.

A continuación reproducimos en la comunicación difundida. Esta puede ser compartida también, a través de los siguientes enlaces:

LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO

CHL 001 / 0417 / OBS 038
Amenazas de muerte
Chile
10 de abril de 2017

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Chile.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con seria preocupación información del Observatorio Ciudadano (OC) sobre amenazas de muerte contra defensores del derecho al agua pertenecientes al Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA), entre los cuales se encuentra su Secretario General, el Sr. Rodrigo Mundaca.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el día 20 de marzo de 2017, miembros de la organización MODATIMA recibieron amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas. En una de estas, dirigida contra el Sr. Mundaca, Secretario General de esta organización, se le comunicaba que le iba a ser entregado un traje de madera de acuerdo a su talla, haciendo referencia a un ataúd.

Estas amenazas parecen estar relacionadas con el reportaje publicado por el medio danés Danwatch a través de un reportaje denominado “Las paltas y el gran robo”, basado en las investigaciones de la organización MODATIMA. En este reportaje se constata la sobreexplotación de los suelos para cultivar la palta o aguacate, causando que grandes cadenas de supermercados como Lidl, Aldi y Supermarket, tomaran la decisión de cancelar todo tipo de contrato comercial con los productores de palta provenientes de Chile.

En el reportaje el Sr. Mundaca denuncia también que los defensores de MODATIMA son señalados como “eco terroristas” y se les acusa de querer acabar con puestos de trabajo en el país, deslegitimando su actividad de defensa del derecho al agua.

Según las mismas informaciones, no se trata de un hecho aislado sino que se suma a números actos de hostigamiento, criminalización y persecución de integrantes de MODATIMA en el pasado reciente.

Así, el Sr. Mundaca también ha sido objeto en el pasado de hostigamientos y criminalización. El Sr. Mundaca fue denunciado cuatro veces por el delito de injurias graves, como consecuencia de una protesta pacífica realizada en la plaza de Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, en marzo de 2012 en contra de la apropiación ilegal de agua por parte de particulares, entre los cuales se encontrarían personas de la esfera política chilena, y la posterior documentación por parte de medios de comunicación nacionales de la actividad.

Estas denuncias conllevaron la apertura de cuatro juicios distintos contra el Sr. Mundaca que lo llevaron a comparecer 15 veces ante Tribunales de la Ligua, Quillota y Santiago de Chile, recibiendo una condena en abril de 2014 de 541 días de cárcel y el pago de 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a 230 dólares. Este tipo de condenas y persecuciones judiciales evidencian la criminalización y persecución contra el Sr. Mundaca y la organización MODATIMA por sus actividades en defensa de los derechos humanos.

El Observatorio condena rotundamente las amenazas de muerte en contra del Sr. Rodrigo Mundaca y demás miembros del MODATIMA, las cuales parecen tener origen en su activa defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y exige que las autoridades chilenas adopten todas las medidas oportunas y apropiadas para asegurar la integridad física y psicológica de estas personas.

De manera general, el Observatorio manifiesta su absoluto rechazo frente a este tipo de hostigamientos, persecuciones judiciales y estigmatización de la defensa de los derechos humanos y urge a las autoridades gubernamentales a que emprendan una investigación inmediata y exhaustiva sobre los hechos aquí denunciados.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Chile instándolas a:

Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Rodrigo Mundaca, y de los demás miembros de MODATIMA, así como de todas las personas defensores de derechos humanos en el país;
Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a las amenazas mencionadas arriba, con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
Poner fin a todo tipo de agresión, hostigamiento, violencia y criminalización contra todos los defensores y defensoras y organizaciones de derechos humanos en Chile y asegurar que puedan desarrollar sus actividades sin obstáculos;
Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al Artículo 1 así como al Artículo 12.2);
De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile.

Direcciones:

Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República. Fax: (+562) 690 958, E-mail: opinion@presidencia.cl; internet@presidencia.cl; mhansen@presidencia.cl
Sr. Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretaría General de la Presidencia. Fax: + 562.69.04.329, E-mail: tcostas@minsegpres.gob.cl
Sr. Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Fax: (+562) 269 04 000, E-mail:
Sr. Jaime Campos Quiroga, Ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Fax: (+562) 698 70 98, E-mail: minju@reuna.cl; minju@minjusticia.cl; e.apariz@minjusticia.cl
Sr. Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones Exteriores. Fax: (+562) 696 87 96, E-mail: minrel@minrel.cl
Sra. Lorena Fríes Monleón, Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Fax: (+562) 267 43 100; E-mail: l.valdez@minjusticia.cl; minju@minjusticia.cl
Sr. Branislav Marelic Rojov, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Teléfono: (+562) 288 78 826; E-mail: alanda@indh.cl; direccion@indh.cl
Diputado Segio Ojeda Uribe, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Teléfono: (+56 32) 250 5961; E-mail: sojeda@congreso.cl
Senador Sr. Juan Pablo Letelier Morel, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, E-mail: ddhhsen@senado.cl
Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra. Fax: + 41 (22) 919 88 00, misginchile@minrel.gob.cl
Misión de Chile ante la Unión Europea. Fax.: +32 (02) 743 36 60. E-mail: echilebelgica@minrel.gob.cl

Se ruega escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Chile en sus respectivos países.

***

Paris-Ginebra, 10 de abril de 2017

Sírvanse informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

Organizaciones sociedad civil ante amenazas de muerte a Rodrigo Mundaca

Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben esta declaración manifiestan su preocupación por la situación que afecta a miles de personas, en nuestro país, que tienen limitado acceso al agua potable y saneamiento, vulnerando así su dignidad y sus derechos esenciales. Esta situación ha sido denunciada en diferentes espacios por organizaciones locales y líderes nacionales. En estos días, nuestra preocupación se acrecienta, pues pareciera que hemos llegado a un momento en que debemos declararnos en alerta, debido a que nuestro compañero Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), ha sido violentado gravemente. Si bien, ésta no es la primera vez que esto ocurre, nos parece que estamos frente a una escalada de amenazas que nos parece urgente y necesario sacar a la luz pública.

En días recientes, Rodrigo Mundaca fue amenazado de muerte por vía telefónica, al igual que otros miembros de MODATIMA. Asimismo, resultaron destruidas, por desconocidos, las instalaciones del sistema de agua potable rural (APR) que lidera la también dirigenta de MODATIMA, Verónica Vilches, quien también fue amenazada. Ambos participaron en el reportaje investigativo que hizo el medio danés “Danwatch”, donde se denunció la privatización de los derechos de agua y la usurpación ilegal de agua de parte de empresarios agrícolas de la zona, lo que ha contribuido a secar las napas subterráneas en Petorca.

Las organizaciones que suscribimos esta declaración rechazamos cualquier tipo de violencia, amedrentamiento o amenaza hacia dirigentes y luchadores socioambientales que han dedicado su vida a la defensa de sus comunidades y sus derechos humanos básicos, como lo es el acceso al agua potable y saneamiento.

Rodrigo Mundaca registra una extensa trayectoria social y ambiental en la defensa del derecho y recuperación del agua en Chile, esencialmente en territorios azotados por la escasez hídrica y en la que sus comunidades son abastecidas hace años por camiones aljibes, como es el caso de la Provincia de Petorca, en la V Región de Valparaíso.

La persecución a líderes sociales y ambientales en nuestro continente es una realidad, lamentablemente palpable en casos funestos que han llegado a concretarse en crímenes e impunidad. Por ello, los aquí firmantes ponemos una voz de alerta, pues nos parece inaceptable este tipo de hechos en contra de comunidades que luchan por la defensa del medio ambiente y la dignidad humana. Y en consecuencia, exigimos a las autoridades nacionales y locales, a tomar todas las medidas y resguardos necesarios para velar por la seguridad y la vida de Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches, así como de todos aquellos dirigentes sociales y ambientales, que bregan día a día, en defensa de los derechos humanos, el acceso agua y una vida digna para sus comunidades.

Rechazamos todo tipo de violencia y criminalización hacia los defensores ambientales. A su vez, compelimos, en nuestra calidad de ciudadanos, a que el Estado chileno garantice el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento de todas aquellas personas que hoy se ven privadas de tal vital elemento, dando cumplimiento así a las obligaciones internacionales que tiene nuestro país en la materia.

Adhieren a esta declaración:

Agrupación Aisén Reserva de Vida
Agrupación Defensores de los Ríos
Agrupación Mañíos y Baguales
Agrupación Wentru
Amnistía Chile
Asociación Chilena de ONG (ACCIÓN)
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
Centro Ecuménico Diego de Medellín
Chile Sustentable
Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida
Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
CODEFF
Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén
Ecosistemas
Ética en los Bosques
Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)
Frente Ecosocial de Revolución Democrática
Fundación Decide
Fundación Newenko
Fundación Terram
Geute Conservación Sur
Greenpeace Chile
Justicia, Paz y Cuidado de la Creación
Marcha Mundial de las Mujeres Chile
Mujeres de Zonas de Sacrificio
Observatorio Ciudadano

En Ottawa denuncian impactos de proyectos mineros canadienses en territorio diaguita huascoaltino

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, y Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos, en cuyo territorio ancestral y legal se emplazan los proyectos, expusieron ante Ministerio de Asuntos Globales de Canadá y le entregaron estudio recientemente publicado con antecedentes y recomendaciones.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

Hasta Ottawa viajaron José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, y Sergio Campusano, Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos (CADHA), para presentar el Estudio de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) «Proyectos mineros canadienses en territorio de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos», publicado por el Observatorio Ciudadano, y denunciar ante autoridades de ese país las afectaciones a derechos humanos de los proyectos mineros Pascua Lama, de Barrick Gold Corporation, y El Morro – Corredor (hoy Nueva Unión), de Gold Corp y Teck Resources Limited, que se emplazan en el territorio ancestral y legal de dicha Comunidad, situada en la Provincia de Huasco, Región de Atacama, siendo todos ellas empresas canadienses.

Utilizando la herramienta metodológica denominada “Todo Derecho” -diseñada por la organización Derechos y Democracia de Canadá y promovida por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)-, los autores del Estudio, José Aylwin, Nancy Yáñez e Isabel Madariaga, con la participación activa de las comunidades afectadas, identifican y analizan los impactos reales y potenciales provocados por dichos proyectos extractivos, así como normativa interna y estándares internacionales de derechos humanos e indígenas aplicables, haciendo además recomendaciones a los distintos actores involucrados.

Una de las primeras actividades realizadas por Aylwin y Campusano, junto a Sarah Zoen, de Oxfam América, e Ian Thomson, de Oxfam Canadá, fue la reunión que sostenida con el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, donde expusieron las principales afectaciones a derechos humanos verificadas y entregaron copia en inglés del informe.

Tras la reunión, Aylwin se refirió a las responsabilidades del Estado de Canadá frente a la afectación a derechos humanos de los diaguita Huasco Altinos producidos por estos proyectos, afirmando que “el Estado canadiense ha promovido activamente las inversiones de la industria extractiva domiciliada en su territorio fuera de sus fronteras. Ello a través de la suscripción de numerosos acuerdos comerciales con diferentes estados, entre estos con el Estado chileno, a fin de fomentar y proteger las inversiones en el exterior de empresas con domicilio en Canadá, o mediante el otorgamiento de créditos a las mismas empresas (Barrick Gold en proyecto Veladero) por parte de agencias estatales, sin salvaguardar los derechos humanos debido a los impactos de las inversiones apoyadas.

Aylwin agrega que “la responsabilidad de Canadá también es resultante de la negativa de su gobierno a acoger las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, las que le instan a adoptar medidas legislativas y políticas para asumir sus obligaciones extraterritoriales por la violación de derechos humanos por empresas domiciliadas en Canadá que actúan fuera de ese país, que permitan prevenir, reparar y sancionar dichas violaciones”. Asimismo, “a Canadá le cabe responsabilidad por el apoyo otorgado a los proyectos mineros objeto del informe sin haber escuchado las reclamaciones de las comunidades afectadas y organizaciones de sociedad civil”, destacó.

Recomendaciones del EIDH al Estado de Canadá

Asumir sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, asegurando, a través de la adopción de legislación y de medidas administrativas, que las empresas domiciliadas en Canadá que operan en el exterior, no impacten negativamente los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus proyectos de inversión, en particular los derechos de los pueblos indígenas;
Establecer mecanismos judiciales y administrativos, incluyendo un Ombudsman especializado en las obligaciones extraterritoriales de Canadá en materia de derechos humanos, para la reclamación de la responsabilidad de las empresas domiciliadas en Canadá que violan los derechos humanos fuere de ese país, cuando ello ocurra, garantizar la justicia y la reparación;
Asegurar que los acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, que suscriban con otros Estados, no contengan disposiciones que pueden resultar en la restricción de los derechos humanos de los pueblos indígenas;
Abstenerse de otorgar apoyo a través de sus agencias de financiamiento (Export Development Canadá), así como de su Embajada en Chile a los proyectos mineros que han sido objeto de este EIDH.

Se adjuntan resumen ejecutivo y texto completo del EIDH (versiones en inglés)

Vocero de Modatima amenazado de muerte tras participar en reportaje que revela usurpación de agua en Petorca

A raíz del reportaje “Las paltas (aguacates) y el gran robo” del medio danés Danwatch, que constata como los grandes empresarios agrícolas de la zona obtienen ganancias a través de la industria de la palta -en desmedro de la comunidad y los pequeños y medianos agricultores- las cadenas de supermercados daneses Supermarket, Lidl & Aldi decidieron abstenerse de comprar este fruto.

A continuación, el artículo publicado por Danwatch referente a la terrible situación que enfrenta el activista, quien lleva años luchando por la defensa y recuperación del derecho humano al agua para las comunidades y territorios de la provincia de Petorca (Traducción realizada por HBS Cono Sur).

Activist receives death threats following danwatch avocado investigation

Por Louise Voller, Norma J. Martinez y Louise Maria Skotte Møller

https://www.danwatch.dk/en/nyhed/activist-receives-death-threats-following-danwatch-avocado-investigation/

El lunes 20 de marzo, Rodrigo Mundaca recibió una llamada anónima en su celular. “La voz en el teléfono me dijo que debería mantener mi boca cerrada. Después me preguntó: ¿Qué talla tienes?, Te vamos a conseguir un traje de madera. En castellano, esto claramente se interpreta como sinónimo de un ataúd”, explica Mundaca. Mundaca, trabaja con el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente, MODATIMA para promover el derecho al agua en Chile.

En los últimos años, la situación de escasez hídrica se ha deteriorado en la provincia de Petorca, producto del aumento masivo de cultivos de palta, los que requieren mucha agua. La privatización de los derechos de agua y drenajes ilegales que alimentan acumuladores de agua para empresas privadas ha confluido para secar las napas subterráneas en Petorca. Llegó a tal magnitud que hoy en día las y los vecinos locales tienen que abastecerse por camiones aljibes.

Los propietarios de los grandes fundos productores de paltas tuvieron que pagar multa. Situación que se describió en la investigación Avocados and stolen water, publicada un día antes de la llamada anónima que se citó en el párrafo anterior.

Mundaca recibe apoyo de Ingrid Wehr, directora de la Oficina Regional de la Fundación Heinrich Boll Cono Sur, fundación alemana, que coopera con MODATIMA desde hace tres años. “Nuestra oficina, junto con abogados en Chile, afirmamos que esta es la amenaza más seria en contra de Rodrigo Mundaca, que ha recibido desde hace años,” dice Wehr, quien apoyó asegurando representación legal y medidas de seguridad para Mundaca y MODATIMA, en el contexto de las amenazas de la semana pasada.

“Nosotros no nos arrepentimos”

La investigación de Danwatch tuvo cobertura tanto en Dinamarca como en otros países. Dansk Supermarked y la cadena Aldi afirmaron que no mantendrán relaciones comerciales con las plantaciones multadas por robo de agua. TVN Chile transmitió un reportaje sobre los supermercados daneses que declararon no comprar más palta producida de forma ilegal.

“En los días inmediatamente después de la publicación atrajimos mucha atención. Varios sindicatos y propietarios de empresas de paltas nos criticaron y atacaron públicamente” dice Mundaca.

“Ellos (la industria de palta, ed.) me acusan a mí y a mis compañeros de que queremos dañar a la exportación chilena. Dicen que nuestras actividades son irresponsables y llevarán a la pérdida de muchos puestos de trabajos chilenos. Nos llaman eco terroristas e insinúan que estamos trabajando en contra de los intereses del país.”

Mundaca fue condenado por injurias después de denunciar que algunas empresas agrícolas robaron agua. Los empresarios insistieron que recibieron solamente multas módicas por faltas administrativas menores.

“No nos arrepentimos por haber participado en la investigación de Danwatch y no vamos a retractar nuestras afirmaciones. Hemos luchado por el derecho al agua en Chile y seguiremos luchando para recuperar el agua. Lamentablemente estamos acostumbrados al hecho que los ataques y las calumnias son el precio del trabajo por los derechos humanos en Chile, un país dónde desafortunadamente los poderosos suelen salir impunes” declara Mundaca.

Imposible de hacer una denuncia policial

Mundaca no tiene suficiente evidencia de las amenazas y no los reportó a la policía.

“Llamaros a mis compañeros también, con las mismas amenazas. No sabemos quién está detrás de las llamadas, no tenemos pruebas. Tenemos una idea quién podría ser responsable por las amenazas pero no tenemos evidencia. Según nuestra experiencia la policía no investiga casos como este. En 2015 me atacaron en la calle a plena luz del día y la policía no ha hecho nada para investigar el caso” dice Mundaca.

Poul Hauch Fenger, un especialista en derecho penal y asesor de Danwatch está convencido que las amenazas deberían denunciarse a la policía.

“No cabe duda que estas amenazas de muerte son reales. Conozco muchos casos parecidos. Incluso si se utilizaran palabras más sutiles que “traje de madera” amenazas como estas tienen que reportarse a la policía. Debemos tomar este caso muy en serio”, dice Fenger.

“La persona que amenaza de tal manera tiene un motivo criminal – es decir utilizar la amenaza para terminar la investigación – no cabe duda que es mucho dinero que hay detrás de esto. Es una industria gigantesca y utilizarán todos los recursos cuando están bajo presión. Si no hay otras controversias en las cuales está involucrado (Mundaca), por la cercanía con la publicación de la investigación de Danwatch, es más que probable que las amenazas son consecuencia de su participación en la investigación de Danwatch”

Dilema de supermercados

Thomas Bang, encargado de Comunicaciones de Aldi Danmark dice que el supermercado se opone categóricamente a estos tipos de métodos”. “No tenemos absolutamente ningún deseo de mantener relaciones comerciales con proveedores que están involucrados en actividades ilegales de cualquier índole” declara Bang.

Anteriormente Aldi dijo a Danwatch que solamente una parte menor de sus paltas es de Chile y que en adelante evitará comprar paltas de los fundos involucrados. Mientras tanto, el director de Comunicaciones de Dansk Supermarked, Mads Hvitved Grand dice que las amenazas de muerte obviamente son «absolutamente reprochables». “Un caso como este muestra que hay aún más motivos para enfocarse en las condiciones de producción. Es siempre una cuestión de balance. Sin tomar riesgos no se puede llamar la atención a tales situaciones. No lo hace menos importante, tanto el trabajo de Danwatch y la responsabilidad tomada por la ONG” dice Grand.

Y continua explicando las dificultades que las cadenas de supermercados deben abordar. “Para nosotros el dilema es que la solución más simple seria salir del área completamente. Pero, en el contexto actual, cortar relaciones comerciales completamente, afecta el ingreso de otras personas. Ahora vemos que la seguridad de algunas personas está en riesgo, en este contexto la opción “salir” no es la solución correcta. Presenta un dilema, pero vamos a continuar trabajando en el área [es decir: con productores de palta chilenos] que primero tendrán que documentar condiciones”.

La industria de palta vehementemente condena las amenazas

Una de las plantaciones de palta en Chile que formó parte de las investigaciones de Danwatch, multada por violaciones al Código de Agua, está representada por el abogado Juan Pablo Cerda L: “Primero, nosotros plenamente condenamos las amenazas en contra del Señor Rodrigo Mundaca. Las consideramos absolutamente inaceptables. Amenazas de tal manera son ilegales y estamos completamente convencidos de que esta es una discusión que debe resolverse desde una perspectiva legal” Juan Pablo Cerda L escribió en un correo a Danwatch.

El representante de ASOEX y miembro del directorio Ronald Bown Fernández escribe en un correo a Danwatch: “Según los valores y principios centrales de nuestra asociación, ASOEX, reconoce y respeta el derecho a la expresión libre de opiniones en el espacio público sin interferencias ni amenazas. Así lo afirma nuestra Constitución nacional. Por tal motivo, ASOEX tajantemente rechaza toda afirmación o acción dirigida a violar la libertad de expresión.”

Información adicional del caso de Rodrigo Mundaca, defensor de derechos humanos, y las aguas de las comunas de Petorca y La Ligua

Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo, es secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA) desde su conformación en el año 2010. Promoviendo el acceso al agua como un derecho humano inalienable.

El 22 de marzo de 2012, Rodrigo Mundaca participó de un acto realizado en la plaza de Cabildo, en donde denunció el robo de agua en la zona por parte de particulares, entre ellos, Edmundo Pérez Yoma, militante del Partido Demócrata Cristiano, ministro de Defensa del Gobierno del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz- Tagle en dos oportunidades y ministro de Interior de la anterior administración de Michelle Bachelet.

El 18 de abril del mismo año, Mundaca fue entrevistado en CNN Chile (canal de noticias) por el periodista Tomás Mosciatti, y posteriormente en Radio BíoBío, donde reiteró la misma denuncia. Así como en declaraciones a medios locales de Quillota.

Producto de estas declaraciones y las entrevistas en medios de comunicación, Pérez Yoma se querelló contra Rodrigo Mundaca por el delito de injurias graves, iniciando un total de cuatro juicios distintos. El primero de ellos en La Ligua, sede jurisdiccional de la localidad de Cabildo; otro en la ciudad de Quillota; un tercero en Santiago por la entrevista a CNN y finalmente en Concepción, dado que la dirección comercial de Radio BíoBío se encuentra en dicha ciudad. Quedando de manifiesto que estas acciones judiciales más allá de buscar resarcir la honra del supuestamente afectado, pretenden en conjunto criminalizar las demandas del movimiento y amilanar fuerzas persiguiendo en distintas sedes penales, distantes a kilómetros de distancia unas de otros, a su principal dirigente. Sumado a los costos económicos asociados a asumir su defensa, y los efectos en su entorno familiar directo.

Desde la presentación de la primera acción legal, ha debido comparecer 15 veces a tribunales, como evidencia el siguiente detalle: La Ligua (17 de julio y 30 noviembre de 2012, 8 de enero de 2013); Quillota (5 y 25 de marzo de 2013, 15 de mayo de 2013); Santiago (4 de septiembre y 14 de octubre de 2013); La Ligua (20 y 30 de enero de 2014, 28 de febrero de 2014); Santiago (17 de marzo de 2014); La Ligua (2, 4 y 11 de abril de 2014).

El 11 de abril de 2014 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Ligua condenó a Rodrigo Mundaca a la pena de 541 días de cárcel y el pago de 3 UTM (230 dólares), una resolución que concitó inmediato rechazo, organizándose una campaña en apoyo al dirigente a través de redes sociales (#TodosSomosRodrigoMundaca), y frente a la cual ya se presentó dentro de plazo un recurso de nulidad.

Cabe destacar que en marzo de 2013 la jueza que conoció originalmente esta causa, Jannette Rocco, se inhabilitó por tener parecer formado, ya que con anterioridad le correspondió conocer y resolver una denuncia por obras irregulares en Estero Los Andes por parte de Agrícola Cóndor, cuya propiedad tiene en un 90% Edmundo Pérez Yoma y el 10% restante, corresponde a su hijo Cristián Pérez. En esa oportunidad, la jueza Rocco condenó a la empresa al pago de la máxima multa que prevé la ley para la extracción ilegal de agua (20 UTM / 1.500 dólares). Una condena que verifica lo señalado por Rodrigo Mundaca en torno a su querellante.

Columna de Opinión Rodrigo Mundaca

http://ciperchile.cl/2012/02/17/la-privatizacion-de-las-aguas-en-chile-viola-los-derechos-humanos/

En Chile y Canadá: Presentan informe sobre impactos en derechos humanos de proyectos mineros candienses en territorio diaguita de los Huasco Altinos

Realizado por los abogados José Aylwin, Nancy Yáñez e Isabel Madariaga, da cuenta de las afectaciones presentes y potenciales derivadas de la irrupción de los proyectos Pascua Lama y El Morro en territorio ancestral de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos.
Tras su lanzamiento en Santiago, uno de sus autores y el presidente de la Comunidad viajaron a Canadá para su presentación a autoridades de ese país y sociedad civil.

El informe formula recomendaciones a los estados de Chile y Canadá, las empresas involucradas, y los sistemas de protección de derechos de la OEA y Naciones Unidas, con especial atención a la condición indígena de la comunidad directamente afectada.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

En la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, fueron presentadas las conclusiones del informe «Proyectos mineros canadienses en territorio de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos», publicado por el Observatorio Ciudadano, donde se identifican los impactos en derechos humanos generados por los proyectos mineros Pascua Lama, de Barrick Gold Corporation y El Morro – Corredor (hoy Nueva Unión) de Gold Corp y Teck Resources Limited, todas empresas canadienses emplazadas en el territorio de la Comunidad Agrícola de los Diaguitas Huasco Altinos, en la Provincia de Huasco, Región de Atacama.

Para el desarrollo del informe sus autores, José Aylwin, Nancy Yáñez e Isabel Madariaga, utilizaron la metodología de Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos (EIDH), basada en la participación activa de las comunidades afectadas en la identificación y análisis de los principales impactos reales y potenciales en provocados por los proyectos de inversión en sus territorios, con el uso de la herramienta “Todo Derecho”, diseñada por Derechos y Democracia de Canadá para estos fines específicos y promovida por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). La que ha sido utilizada desde hace más de una década por diversas entidades, incluyendo organizaciones de derechos humanos, financieras y por las propias empresas.

El estudio considera además recomendaciones a los distintos actores involucrados. En el caso del Estado chileno, asumir un rol activo en la protección de los derechos la comunidad afectada ante los violaciones y abusos cometidos por las empresa que detentan los proyectos, entre ellos su derecho a la tierra y el territorio, y a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo; así como revisar y adecuar los mecanismos judiciales y administrativos existentes en el ordenamiento jurídico interno, asegurar la coherencia de su política pública e incorporar en el Plan Nacional sobre empresas y Derechos Humanos, en desarrollo por el actual gobierno, un análisis sobre los factores jurídicos y políticos que posibilitan la afectación de derechos indígenas por proyectos de inversión, por mencionar algunos.

Al Estado de Canadá, entre otras recomendaciones, le conmina a asumir sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, respectos de las empresas domiciliadas en ese país que operan en el exterior, adoptando las medidas administrativas y legislativas que garantice no se impacten los derechos de las comunidades, en particular indígenas, donde estas invierten, sugiriendo la figura de un Ombudsman especializado en cautelar estas obligaciones.

A las empresas involucradas a respetar la voluntad de la Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huasco Altinos (CADHA) en relación a los proyectos que estas pretenden llevar adelante, a reparar por medios efectivos los impactos adversos, a impulsar procesos de debida diligencia en forma previa a sus inversiones, y a establecer mecanismos internos para atender y procesar reclamaciones.

Finalmente, instan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a requerir del Estado chileno información sobre la situación de los derechos de la CADHA, a instarle a que realice nuevos procesos de consulta y a elaborar el informe de fondo sobre el caso Pascua Lama que tiene bajo su jurisdicción. Asimismo, a los órganos de tratado de Naciones Unidas que se han pronunciado sobre la necesidad de que Canadá adopte legislación y medidas que protejan de la afectación a derechos de sus empresas en el exterior, hagan monitoreo del nivel de cumplimiento, a la relatora de pueblos indígenas que incorpore en el informe que elabora sobre los impactos de los acuerdos comerciales en estos pueblos, el TLC entre Chile y Canadá, entre otros.

Estudio disponible para descarga, en sus versiones en español e inglés:

https://observatorio.cl/proyectos-mineros-canadienses-en-territorio-de-la-comunidad-agricola-diaguita-de-los-huasco-altinos/