El panorama político en América Latina es desalentador. Estamos ad portasde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y el inminente triunfo de la ultra derecha en este país preocupa no sólo a los movimientos sociales y a los y las defensores de los derechos humanos, sino también al movimiento feminista de toda la región.

Preocupa porque los gobiernos conservadores de derecha que han ganado terreno en América Latina en los últimos años, no solo defienden e implementan una férrea agenda neoliberal, impulsan políticas de inversión que atentan gravemente contra el medio ambiente y promueven políticas públicas que van contra de los derechos sociales conquistados hasta ahora. Estos gobiernos, además, promueven discursos anti-feministas que están presentes en sus programas políticos de diferentes formas. Discursos que crean imaginarios en torno a la “destrucción de la familia”, los valores tradicionales, bajo la premisa manipuladora de presentarse como los “defensores de la vida». Sin embargo, en este contexto de “giro a la derecha”, hemos presenciado en los últimos meses una oleada de movimientos de defensa de los derechos de las mujeres que reclaman su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos de manera libre y autónoma. Estamos hablando en específico de la lucha por el aborto legal en todas sus causales.

Es que la lucha por la despenalización del aborto es una lucha por los derechos humanos de las mujeres en su sentido más esencial.El aborto debe consagrarse como un derecho porque supone asegurar el derecho de las mujeres a auto-determinar tanto su cuerpo, como su vida. En este sentido, el Estado no puede confinar a las mujeres al espacio de la maternidad de manera obligada, simplemente porque el cuerpo de la mujer no es un espacio público a merced de las decisiones de otros. No puede otorgar al feto una naturaleza jurídica que está por sobre los derechos de la mujer, bajo argumentos ligados a la religión y a la presunción de tener la verdad en torno al “origen de la vida”. A través de la criminalización del aborto, se ejerce violencia y obliga a recurrir a condiciones poco seguras para abortar, en especial a las mujeres de los sectores más vulnerables de la población. Atenta así contra el derecho al acceso a la salud y la vida de las mujeres. En definitiva, vulnera nuestros derechos humanos en pos de salvaguardar una moralidad religiosa, lo que resulta inadmisible en un Estado laico. Bajo estas premisas, los movimientos feministas en diferentes países de la región se han levantado, han salido a las calles y han instalado en la agenda pública un debate que hasta hace algunos años atrás era considerado tabú en un continente que se ha intentado presentar al mundo como católico.

El movimiento feminista chileno no se ha mantenido al margen de esta lucha y este debate. Esto es evidente en las diversas manifestaciones públicas en apoyo al proyecto de despenalización del aborto que se discutió en Argentina, en la movilización por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Segurocelebrado el pasado 28 de septiembre, como también en la iniciativa parlamentaria presentada por diputadas, integrantes de diferentes partidos de oposición, con el apoyo de Corporación Humanas, que busca despenalizar el aborto en toda circunstancia hasta las 14 semanas de gestación.

Lo que hay detrás de esta demanda es la necesidad de ampliar el alcance de la recientemente aprobada ley 21.030 que legaliza el aborto en Chile en 3 causales. En algo la Ministra de Mujer del presente gobierno, Isabel Plá, tenía razón hace unos meses atrás, al afirmar en una de sus columnas de opinión mientras se discutía la aprobación de esta ley que la demanda por legalizar el aborto en 3 causales “-se los doy firmado- irán ampliándose progresivamente”. Esto porque las 3 causales descritas por este marco normativo sólo representan un 2,5% de los abortos, según cifras entregadas por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, y que son recogidas con preocupación por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en su reciente informe titulado “Aborto en Chile: las mujeres frente a innumerables obstáculos”, elaborado en agosto del presente año en conjunto con el Observatorio Ciudadano.

En este informe se insta a las autoridades chilenas a “[g]arantizar plenamente el respeto de los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas y poner fin a los abortos clandestinos permitiendo así a todas ellas acceder a servicios de aborto legales y seguros, en todas las circunstancias, únicamente en base a la expresión de su voluntad”.Esta recomendación hace eco con la realizada el 14 de marzo por el “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) de Naciones Unidas, que emplazó al Estado chileno a que “[a]mplíe el ámbito de aplicación de la Ley núm. 21.030 para despenalizar el aborto en todos los casos”.

A la vez, tanto el informe de la FIDH como el elaborado por CEDAW ven con preocupación el alcance restrictivo de la vigente ley 21.030. Aunque constituye un mínimo avance en la conquista por el derecho a abortar, al otorgar un grado elemental de soberanía y dignidad a las mujeres embarazadas que están arriesgando su vida, que gestan a un feto inviable o que han sido violadas, éste se encuentra en la actualidad restringido en su alcance por una serie de trabas administrativas. En este sentido, el informe añade que “[a]demás de las limitaciones ligadas a las causas del aborto, la Ley 21.030 prevé otros obstáculos de diferente tipo; los vinculados a los plazos dentro de los cuales se debe practicar el aborto, a la intervención de terceras personas, al acceso a la información y a la objeción de conciencia”.Este último punto, el de la objeción de conciencia ha sido el principal recurso administrativo con el que el actual gobierno ha pretendido poner límite al acceso a abortar de las mujeres, en las situaciones antes descritas.

El citado informe de la FIDH recoge además cifras preocupantes con respecto a la aplicación de la ley de aborto en tres causales, como que casi la mitad de los obstetras en Chile son objetores de conciencia en alguna de sus causales, o que existen instituciones de salud pública en donde la totalidad de sus obstetras son objetores de conciencia. También llaman la atención las trabas burocráticas para acceder a un aborto en caso de violación, debido a la obligatoriedad de hacer la denuncia y el límite de semanas de embarazo para poder realizar el procedimiento, lo que dificulta que víctimas de violencia sexual, en especial las niñas y adolescentes, puedan ejercer su derecho a terminar con el embarazo.

La FIDH también muestra su preocupación frente a estos protocolos emanados desde el Ministerio de Salud de la actual administración, en donde se ha interpretado la Ley 21.030 de forma abusiva, permitiendo incluso que en un comienzo instituciones que reciben recursos estatales se declaren objetoras de conciencia y se ha intentado así “instaurar la objeción de conciencia como la regla general y no como una situación de excepción” haciendo que el acceso al aborto en sus 3 causales permitidas por la ley sea poco eficaz y en algunos casos imposible. Gracias al pronunciamiento de Contraloría, este protocolo tuvo que ser revisado por el Ministerio de Salud, revisión que tuvo a las mujeres y niñas de Chile esperando casi un año para poder entender los alcances y la “letra chica” de la ley de aborto en 3 causales. Sin embargo, el nuevo reglamento que vio la luz este martes, el cual estipula que las instituciones de salud privada que mantengan contratos con el Minsal, es decir que reciban financiamiento fiscal “no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón“. Bajo esta norma, por tanto, podrían declararse objetores de conciencia instituciones que no realicen abortos en pabellón, como son las prácticas que se llevan a cabo en las primeras semanas de embarazo y que no requieren que la paciente ingrese a pabellón para llevarla a cabo. El nuevo reglamento tampoco contempla la obligación de los establecimientos médicos de contar con profesionales “no objetores” ni tampoco exige fundamentar las razones de los obstetras o las instituciones para negarse a practicar un aborto. Como si no esto no fuera suficiente para el ala conservadora del parlamento, diputados de la UDI ya anunciaron que llevarán este reglamento al Tribunal Constitucional bajo el argumento que “está en la esencia del principio de subsidiaridad que los entes privados puedan colaborar con el listado de la prestación de servicios públicos, sin que el Estado esté encima y les imponga requisitos”, en palabras del diputado Macaya.

Como vemos, es un hecho que las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, así como los organismos internacionales que defienden los derechos de las mujeres ven con preocupación tanto la restrictiva aplicación de la ley 21.030 en Chile como la ausencia de una normativa legal más amplia que garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Pero eso no es suficiente para enfrentar la amenaza que representa el ascenso de la ultra derecha en la región. Es fundamental que el movimiento feminista y las organizaciones que lo apoyan sean capaces no sólo de mantener la presión sobre las autoridades y la clase política, sino que también necesita profundizar su capacidad de disputarle el sentido común a las fuerzas ultraconservadoras. Y esa disputa no se puede enmarcar sólo en la interpretación de los alcances de la ley 21.030 y la objeción de conciencia institucional, sino en la conquista del derecho a aborto en toda circunstancia, tal como los organismos internacionales que se han pronunciado en la materia han recomendado. Sólo de esta manera podremos mantener las conquistas que tanto han costado y proyectar los avances necesarios. El llamado es urgente, porque el panorama inverso, es devastador. No podemos ser otra vez obligadas a cumplir el mandato social de la maternidad exponiendo de esta forma a miles de mujeres y niñas a arriesgar su salud y vida a través de prácticas abortivas clandestinas.

Carmen Luz Morales

Observatorio Ciudadano

Valparaíso, 25 de octubre de 2018

Por Mabel Cobos Fontana.

Son tantas las vulneraciones que se viven, que me sigue dando vueltas, la metáfora que ocupara el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hace tres años atrás, hablando del capitalismo, y arguyendo muy bien que el sistema que vivimos hoy, es una hidra, la hidra capitalista, y que por eso es tan difícil derrotarla. Esta imagen también fue nombrada en el seminario de Valdivia, donde un profesor canadiense hizo alusión al mito de Hércules y la Hidra de Lerna, cuando hablamos de la explotación de los recursos naturales y las consecuencias y causas del extractivismo.

Han sido días sumamente movidos en términos de vulneraciones de derechos en el país. Sabemos que las injusticias ocurren a diario, a cada segundo, en todo el mundo. Sin embargo, particularmente esta semana, Chile ha vivido varios episodios de violencia, falta de justicia y humanidad, que se acumulan a otras que ocurren sistemática y cotidianamente.

Me tocó estar en Valdivia en un encuentro/seminario sobre la industria extractiva y derechos humanos que congregó tanto a académicos de Chile, como de América Latina y Canadá, así como también dirigentes y representantes de diversas organizaciones sociales y de pueblos originarios del norte y del sur del continente. Sus relatos de despojo, los análisis de violaciones a los derechos humanos que cometen las empresas en contra de los pueblos originarios y sus territorios, en contubernio con los estados, la criminalización, la persecución, el racismo, la muerte de defensores de derechos humanos en el continente, fueron parte central de varias de las intervenciones. También resonaron en conversaciones, en el diario, los nombres de Alejandro Castro, dirigente recientemente asesinado en medio del conflicto de Quintero-Puchuncaví o Macarena Valdéz, entre otros luchadores asesinados. Pero a su vez, también escuchamos experiencias de lucha, de compromiso, de fuerza, de trabajo colectivo, de autonomía y resistencia. Hay luces de esperanza…me dije.

Pero a cientos de kilómetros de distancia, en la capital, me llegaba simultáneamente la información de que PDI estaba haciendo redadas en el centro de Santiago, tomando presos a comerciantes ambulantes migrantes, que no sólo les detienen por trabajar en el comercio informal, como tantos otros y otras chilenos-as, sino también para controlar su documentación y tener una “excusa” para expulsarles. Expulsar a trabajadores, que por el mismo sistema no pueden tener su visa al día. Y entonces ya no son delincuentes los-as que expulsan, como lo anuncian los grandes titulares del show mediático que ha montado el gobierno, sino que se revela la permanente campaña de criminalización de las comunidades migrantes vinculadas a priori a la delincuencia, que se suma a un proceso nefasto de regularización, que ahora vemos, era también una justificación para expulsar y excluir, permeándose nuevamente el racismo institucionalizado.

Luego, antes de ayer, se conocía el fallo sobre Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche que, aunque obtuvieron rebaja en sus condenas de 20 a 18 años, y no se aplicó el carácter terrorista del delito, el juicio ha sido impugnado por distintas organizaciones, pues la información que los imputa fue entregada por un testigo bajo tortura. Y así se suma otro juicio, lleno de irregularidades, en contra de dirigentes mapuche, que no revela otra cosa que el afán de reprimir y criminalizar al pueblo mapuche.

Pareciera una cacería de brujas, que, entre sus objetivos, se encuentran migrantes, pueblos originarios, dirigentes sindicales y medio ambientales, que peligrosamente ahora no sólo pueden ser expulsados o detenidos, sino también asesinados. Grave, muy grave, por decir lo menos.

Pero esto es solo la coyuntura. Por debajo, ya naturalizadamente, subsisten las violaciones sistemáticas de nuestros derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, como el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Cada vez más personas mueren en los hospitales sin atención, personas mayores se suicidan por pensiones y vidas indignas, más personas viven en la calle, hacinadas o en campamentos, profesores no tienen sueldos ni garantías mínimas de trabajo, sin contar los y las estudiantes que, pese a tan masivo movimiento, aun la educación es precaria, segregada, racista, clasista y excluyente. Tampoco el medioambiente es una prioridad, puesto que los intereses de las empresas se superponen a los intereses y derechos de las personas. Y esto avalado por el Estado que, en el caso chileno, ni siquiera fue capaz de firmar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental en asuntos ambientales, en América Latina y el Caribe.

Y todos estos temas y situaciones me tocó escucharlas de boca de sus dirigentes, en la mesa donde participé, en el encuentro que realizó la Subsecretaría de Derechos Humanos, de cara al Examen Periódico Universal de Chile ante Naciones Unidas, el día miércoles, durante todo el día. Ahora me pregunto si en realidad tomarán en cuenta todo lo que dijimos, considerando que estamos al debe en múltiples materias.

Son tantas las vulneraciones que se viven, que me sigue dando vueltas, la metáfora que ocupara el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hace tres años atrás, hablando del capitalismo, y arguyendo muy bien que el sistema que vivimos hoy, es una hidra, la hidra capitalista, y que por eso es tan difícil derrotarla. Esta imagen también fue nombrada en el seminario de Valdivia, donde un profesor canadiense hizo alusión al mito de Hércules y la Hidra de Lerna, cuando hablamos de la explotación de los recursos naturales y las consecuencias y causas del extractivismo.

Esta hidra, de muchas cabezas, cada cual, destinada a dominarnos, golpearnos, atemorizarnos, reprimirnos, someternos, una y otra vez, se levanta, transmuta y se reproduce; aunque cortemos continuamente sus cabezas, una y otra vez, reaparecen, infinitamente. Pero, ¿seremos alguna vez como Hércules? ¿Podremos derrotar algún día a la Hidra? Mientras recibimos a diario noticias tremendamente dolorosas, mientras escuchamos y experimentamos cotidianamente abusos e injusticias, mientras sufrimos diariamente los embates poderosos de esta serpiente de múltiples cabezas, ¿podremos algún día derrotarla?

Por lo pronto, no queda otra que levantarse una y otra vez, hasta que de una vez y para siempre, la derrotemos.

Karina Vargas y Hernando Silva*

Crecimos aprendiendo que el 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América, aunque la fecha en realidad expresa la llegada de Cristobal Colón a América, no hay ningún descubrimiento en este hecho. Los pueblos indígenas ya existían en este mundo y el que invadieran y violentaran sus territorios nada tiene que ver con descubrir algo.

Los años han pasado, y aunque con distintos nombres, seguimos conmemorando esta fecha como recuerdo de un hito que cambió la historia y el devenir de los pueblos originarios de américa. En Chile por ejemplo se celebra en esta fecha “El encuentro de dos mundos”, aunque el término de encuentro también es cuestionable por el grado de violencia y despojo con que se dio, y más que darse entre dos mundos, podríamos decir que fue más bien entre dos visiones distintas del mundo que aún hoy no logran encontrarse.

En España se celebra el “día de la hispanidad” antes conocido como el “día de la raza”, término que guardaba cierta connotación racista puesto que no existen las “razas humanas” dado que todos los humanos formamos parte de una sola especie, y lo que más bien existe es una diversidad de étnias y culturas.

En la última década se ha empezado a denominar a esta fecha el “Día de la resistencia indígena”, término que empezó a usarse en Venezuela y Nicaragua y que se ha ido expandiendo a otros países de américa latina, y que expresa la resistencia de los pueblos indígenas frente al despojo, al colonialismo y el extractivismo con sus luchas, cosmovisiones y saberes.

Y este término es tal vez el que más se acerca a la realidad de los pueblos indígenas: el seguir resistiendo a pesar de las condiciones adversas que vienen enfrentando.

Sin embargo, es bueno resaltar que luego de más de 500 años, los pueblos indígenas han cobrado mayor fuerza política y articulación, apoyados en normas internacionales que protegen sus derechos como el convenio 169 de la OIT o la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y empoderados en su identidad indígena- los censos nacionales demuestran cada vez más una mayor auto identificación indígena en sus habitantes- han logrado fortalecer su agencia para determinar su propio camino y no solo resistir frente al accionar del otro.

Vemos como largas luchas empiezan a dar frutos y surgen propuestas y prioridades de los pueblos indígenas que emergen desde el reconocimiento y ejercicio de su derecho a la autodeterminación como pueblos.

Por ejemplo, en Ecuador, el pueblo Kichwa de Sarayaku presenta su propuesta de Kawsak Sacha o Selva Viviente al estado ecuatoriano y a la comunidad internacional en la cual, desde su propia cosmovisión y cultura de entender a la naturaleza como un ser vivo y como sujeto de derechos en igualdad de condiciones que los seres humanos, proponen un modelo de conservación para sus bosques y territorios que cambia el enfoque etnocéntrico hasta ahora dominante en las políticas de protección y conservación de la biodiversidad. Como el pueblo Achuar del Pastaza en Perú que viene logrando el reconocimiento de su derecho a titular sus territorios ancestrales de forma integral y no de forma fragmentada como comunidades; o como el pueblo Purépecha en Cherán, México que lleva ocho años de gobierno autónomo lejos de los partidos políticos y manejando sus propios recursos naturales; o pueblos que han logrado reivindicar y reconocer su estatus de nación en nivel de igualdad con otras naciones, como la nación Cree en Quebéc, Canadá.

Estas experiencias sin duda contrastan con la realidad que viven los pueblos indígenas en nuestro país, donde sus derechos colectivos no se encuentran reconocidos en la Constitución Política, y la Ley Indígena sólo hace referencia a ellos como “etnias” privándolos de esta forma de su reconocimiento político como pueblos.

Asimismo, a lo largo de la historia de Chile los pueblos indígenas han sido víctimas de procesos de usurpación, que en un primer momento se materializaron en la usurpación de sus tierras y territorios mediante la utilización de la fuerza -en un primero momento por la Corona española con la cual finalmente el pueblo mapuche pactó tratados que reconocían sus territorios y luego con el estado chileno- y que hoy se materializan en la usurpación de sus recursos naturales mediante la instalación de industrias extractivas en sus territorios, que ponen en riesgo sus propios modelos de desarrollo y sus sistemas de vida, amparados en el marco regulatorio de vocación neoliberal que impera en nuestro país.

Por otro lado, cuando los pueblos indígenas, y en especial el pueblo mapuche, reivindican sus derechos, la respuesta del Estado ha sido en la gran mayoría la represión policial indiscriminada o la criminalización de los líderes que participan en actos reivindicativos, mediante la utilización de leyes de excepción como es el caso de la Ley Antiterrorista.

Es en ese contexto, que en los últimos días se da a conocer el fallo de la Corte Suprema sobre el caso Luchsinger Mackay, mediante el cual se condena a 18 años de cárcel a los líderes mapuche José Tralcal y Luis Tralcal, y al joven mapuche José Peralino -a 5 años de cárcel- por el delito de incendio con resultado de muerte; todo ello mediante un proceso fundado en pruebas obtenidas bajo tortura, desconociendo elementos probatorios que acreditan la inocencia de los condenados. Circunstancias respecto a las cuales la comunidad internacional y en especial al Naciones Unidas manifestaron su preocupación al Estado de Chile, pero que no fueron consideradas por la Corte Suprema al momento de resolver el caso. Ello deja en evidencia el doble estándar de la Justicia Chilena que aplica elevadas condenas para personas mapuche en casos en los que las víctimas son agricultores descendientes de colonos, y consagra la impunidad en casos en los que las víctimas son jóvenes mapuche que mueren en manos de agentes policiales del estado, como han sido los casos de Matías Catrileo, Alex Lemún y Jaime Mendoza Collío.

Sin embargo, pese a estas adversas circunstancias, los pueblos indígenas han logrado posicionar en algunos casos su derecho a auto determinarse de acuerdo a su propias prioridades y cultura, como por ejemplo el pueblo mapuche, que hasta el día de hoy en algunos territorios mantiene vigente sus instituciones ancestrales y su derecho propio, a partir de los cuales guían sus procesos de articulación política y territorial.  

El camino sin duda es largo y difícil, pero las luchas que se vienen dando si bien pueden parecer utopías son más que nunca posibilidades para las próximas generaciones.

Por ello, el 12 de octubre no es una fecha solo para conmemorar la resistencia de los pueblos; sino también para conmemorar una lucha de más de 500 años que se expande por toda américa latina. Una lucha para ser lo que verdaderamente somos.

* Karina Vargas es coordinadora del Programa Derechos de los Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano y Hernando Silva es coordinador del Área Jurídica de la misma institución.

Última Hora:

Cuando ya estábamos consternados con las imágenes de la Policía Naval parapetada desde las instalaciones de la empresa Oxiquim, abriendo fuego contra vecinas y vecinos que, desarmados marchaban pacíficamente desde la autodenominada Plaza Dignidad hasta el cordón industrial de Puchuncavi-Quintero, exigiendo el cierre de las empresas contaminantes que han intoxicado a casi dos mil personas en las últimas semanas, se conoció la terrible noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del dirigente Alejandro Castro, uno de los líderes del movimiento que espontáneamente se ha organizado en la zona, asfixiado con su propia mochila.

Alejandro había encabezado ese mismo día una manifestación en la ciudad de Valparaíso, y en un video grabado solo unas horas antes, hacia un llamado a la unidad y a organizar un paro nacional por la insostenible crisis ambiental y sanitaria que los afecta. Cerca de las diez de la noche, en calle Bellavista esquina Errázuriz se despidió de Polette, su pareja por más de cuatro años y con la que pronto se irían a vivir juntos, quedando solo en las calles del puerto.

Nada existía por tanto en la vida de Alejandro que hiciera pensar en la posibilidad de un suicidio, por eso no convence la versión preliminar de Carabineros tras periciar el cuerpo, descartando tan tempranamente la participación de terceros en la muerte del joven de 30 años y actual secretario del sindicato de pescadores C-24 de Quintero, más cuando este era objeto de seguimientos y amenazas. De hecho, la tesis del suicidio fue cuestionada con posterioridad por el propio director nacional de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, quien sostuvo que existe “una investigación muy acuciosa que se está haciendo con mucha reserva y la verdad es que hay bastante preocupación”, por eso, agregó “vamos a trabajar para que las cosas se esclarezcan y se determinen las responsabilidades que correspondan, pues efectivamente, estaba amenazado”.

El caso de Alejandro se suma al de Macarena Valdés, mujer mapuche de 32 años y madre de cuatro hijos, quien junto a su comunidad, Newen Trangil, se oponía al proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica SAESA. Ocho carros policiales y una tanqueta blindada de Fuerzas Especiales de Carabineros resguardaban de forma permanente la instalación de una torre de alta tensión que debía pasar sobre la casa Macarena, la última que restaba para poder darle viabilidad proyecto. Al día siguiente de su muerte, la empresa logró su objetivo.

El cuerpo de Macarena fue encontrado el 22 de agosto de 2016 colgado de una viga, hecho que también fue catalogado por carabineros y por el Servicio Médico Legal como un suicidio. Sin embargo, un nuevo peritaje científico de carácter independiente descarta esta posibilidad, dando cuenta que ella estaba muerta al momento de ser colgada por quienes tuvieron participación en su deceso. Es más, parte del expediente del caso, extrañamente, se extravío. Y la fiscalía, no solo insiste en la tesis del suicidio, sino que aún no traslada al Servicio Médico Legal las muestras obtenidas del cuerpo de Macarena en octubre de 2017 para análisis histopatológico, decretado un mes antes por el tribunal de Garantía de Panguipulli.

Si bien estos casos de sicarismo ambiental, como se les ha denominado a crímenes de este tipo en países con elevados índices de asesinatos por encargo, como Colombia o México, o algunos de Centro América, donde las cifras porcentuales son muy altas dada la baja densidad poblacional, no eran habituales en nuestro país, menos aún con la crudeza de un ahorcamiento, lo cierto es que preocupa que la impunidad en que ha quedado hasta ahora el crimen de Macarena y los intentos de cerrar tempranamente con el mismo argumento del suicidio la muerte de Alejandro, lleven a alentar nuevos asesinatos en contra de defensores y defensoras ambientales que se oponen a la materialización de proyectos de alto impacto para sus comunidades y territorios.

Preocupa también, al no conocerse aún las responsabilidades tras estos crímenes, que quienes estén involucrados no sean necesariamente terceros particulares, sino tal vez agentes del Estado u otro tipo de “criminales a sueldo”, lo anterior, si se atiende a las extrañas y sucesivas  denuncias de amenazas que recibió en vida este importante dirigente sindical.

Finalmente, es una preocupación adicional considerando la desprotección en que se encuentran estos luchadores en el país, que Chile no haya firmado el Acuerdo de Escazú, tratado vinculante que además de fortalecer los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación en asuntos ambientales, reconoce y garantiza la protección de los defensores de la tierra y el medio ambiente. Decisión que se hace aún más injustificada, ante este nuevo asesinato de un defensor ambiental, que debe ser investigado acuciosamente y los responsables recibir una sanción ejemplar.

• Paulina Acevedo Menanteau
• Periodista y comunicadora en Derechos Humanos
• Observatorio Ciudadano
• @PaulinaAcevedoM