La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH), en el marco de las movilizaciones sociales en Chile a partir del pasado viernes 18 de octubre y que han implicado miles de personas a lo largo del territorio que se manifiestan exigiendo cambios estructurales y derechos sociales, declara:
1. Rechazamos todo tipo de violencia que no contribuye a la paz ni al reconocimiento de derechos. En especial, por la función y responsabilidad que les cabe, la violencia del Estado, el uso excesivo de la fuerza y la implementación deficiente de los protocolos institucionales de Carabineros de Chile. Hemos sido testigos de la impunidad y el dejar hacer ante la destrucción y saqueos en diversas ciudades del país.
2. Manifestamos nuestra preocupación por las agresiones y amenazas de las que han sido objeto funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que entorpecen las funciones a las que estamos mandatados por ley y también por nuestro compromiso ético con todos los habitantes del país. Necesitamos que el Estado establezca medidas para que podamos realizar nuestro trabajo de una forma segura y así velar por los derechos de quienes habitan el territorio nacional.
3. Miles de personas detenidas -incluidas quienes han sido sacadas de sus propios domicilios o lugares de trabajo- en procedimientos arbitrarios e ilegales, cientos de heridos(as) a balas, balines y perdigones (cuyo tránsito expedito a los centros de salud incluso se ha visto entorpecido por quienes les detienen), asesinatos atribuibles a agentes del Estado, además de torturas, vejámenes, abusos sexuales, violaciones y más de un centenar de personas con daños oculares, e incluso denuncias de desaparecidos, son parte de la información que manejamos. Hemos presenciado el ataque de Fuerzas Especiales a los puestos de atención de primeros auxilios que se han instalado en las calles, sobre todo en la capital del país, agravando aún más la crítica situación.
4. Hacemos un llamado enérgico al Gobierno, y en especial a Carabineros de Chile, a detener la violencia institucional en las calles, la represión generalizada y a ajustarse a sus propios protocolos de mantenimiento del orden público. Llamamos también a la comunidad internacional a hacerse parte de nuestras denuncias y observar lo que está ocurriendo en nuestro país en miras a detener las graves vulneraciones a los derechos humanos que se están cometiendo por parte de funcionarios y agentes del propio Estado de Chile. Solicitamos a las autoridades de todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) su intervención en el ámbito de su actuar a objeto de detener la crítica situación descrita precedentemente, y a fortalecer la institucionalidad de derechos humanos que no da abasto ante la crisis social que se presenta en todo el territorio nacional.

PRIMERO: Su enérgico repudio por las graves decisiones adoptadas por el Gobierno de Piñera en la República de Chile para contener y limitar las protestas sociales, en respuesta a las mismas políticas de recesión, ajuste y crisis política, social, económica, cultural e institucional desarrollada  por el Primer Mandatario, quien solo ha respondido violando todos los derechos humanos teniendo como consecuencia directa de la salvaje y represiva intervención y persecución política llevada adelante por el brazo armado los carabineros,  generando una dictadura que se propone eliminar al pueblo en vez de escuchar sus reclamos

SEGUNDO: El  Cese URGENTE  al toque de queda y militarización en las calles de toda la República de Chile; Fin del Estado de Emergencia; Fin de la Represión Criminal, y que se aclaren las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos; Investigación  a las acciones represivas, presencia en Chile con EXTREMA URGENCIA, de Organismos y Observadores Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU;  Convocatoria al dialogo a Gremios, Sindicatos, Centro de estudiantes y organizaciones política para salir de manera ordenada y pacífica del caos y crisis que ha generado el actual gobierno y que se encuentra toda la sociedad de Chile.-

 TERCERO: Comuníquese al Poder Ejecutivo; al Poder Ejecutivo Nacional; a los Parlamentos de las Provincias; A los Legisladores por la Provincia de Misiones; a la Embajada de Chile en Argentina; al Servicio Paz y
Justicia-SERPAJ-; Al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones; al Ministerio de justicia y Derechos Humanos de la Nación; Embajada de Chile en Argentina; al Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Argentina; Al Parlamento del Mercosur;

FUNDAMENTOS

El jueves 17 de octubre por la mañana los estudiantes secundarios sorpresivamente comenzaron una masiva evasión al Metro de Santiago, Republica de Chile, por el alza de 30 pesos recién anunciada por las autoridades. Esos estudiantes son hijos de la gran población, jóvenes de colegios públicos que el sistema educacional chileno ha dejado abandonados para que se vuelvan parte de la maquinaría de la pobreza del sistema neoliberal operada por la clase política hace ya 30 años, que con más o menos reformas vienen administrando como un modelo exitoso y diferenciado en la región.

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera un empresario de derechas en su segundo mandato acaba de comentar en un foro internacional hace dos semanas, que Chile se levanta como una isla próspera y sin los conflictos sociales que vive la región. Anuncio que se le devolvería como un fatídico viaje sin retorno por estos días: Chile, la isla que publicitaba Piñera como si fuese una de sus exitosas empresas, comenzaba a hundirse sin que ningún actor de la clase política chilena tuviese la capacidad de contener ni explicar la revuelta social en curso.

Desde ese jueves, el paisaje público y social de la demanda específica fue tomando un carácter masivo y nacional constituyéndose como catalizador inorgánico de las desigualdades de Chile expresadas en diversos temas no resueltos: salud, salarios, educación, transporte público, previsión social, todas ellas y más, esferas de vida de los chilenxs que no coincide con el relato del progreso y bienestar que el modelo neo-liberal narra con tanto éxito fuera y dentro de Chile.

La ineptitud, indiferencia y la prepotencia de las autoridades ya había comenzado con un relato irritante y torpe lanzado públicamente hacia los usuarios del sistema de transporte público de Santiago: Monkeberg, El Ministro del Trabajo del Presidente Piñera recomendaba inéditamente a los santiaguinos que se levantaran más temprano de lo habitual, es decir que madrugaran para viajar en el Metro, recomendación para usar el rango tarifario más económico desde las 7 de la mañana. La torpeza de esas declaraciones quedará como antecedente histórico de la poca sensibilidad hacia la población más pobre y masiva, usuarios del sistema junto a las capas medias empobrecidas. Un día de evasión por el boleto del metro se había transformando en una revuelta social que nadie había imaginado. El Metro comenzó a ser suspendido gradualmente por las protestas que tenían finalmente el carácter de desobediencia civil y que fueron violentamente reprimidas por la policía. En unas horas toda la población de Santiago caminaba sin transporte público llenando Alameda como si camináramos a una gran manifestación o si hubiese ocurrido un terremoto. El desastre no era natural, sino represivo y fue ampliándose cada vez más con la respuesta del gobierno el viernes 18 de octubre sentenciando que no cambiaría un ápice las medidas respecto al alza del boleto del Metro.

Para el viernes 18 en la noche Santiago ardía. Estaciones de Metro, supermercados comenzaron a iluminar una noche histórica de la revuelta en distintos lugares de la ciudad; desde el momento que comenzó el conflicto, la violencia de los carabineros se desato y dejo a una semana de comenzar la revuelta, 11 muertos contados hasta la fecha.

Con luz de día y a cara descubierta la población comenzó a protestar en un masivo ruido de cacerolas que invadió toda la Región Metropolitana del Gran Santiago y la suma del resto del país gradualmente. Para profundizar el conflicto, gran parte de los medios de comunicación y el gobierno comenzaron a calificar la protesta social como violenta, vandálica, narrativa de criminalización de la demanda, ubicando a los ciudadanos como delincuentes. Los medios alternativos y algunos pocos reconocidos se apartaron de dicha narrativa vacía que solo ve la violencia desde sus intereses y esconde la mayor de todas, la violencia del propio modelo.

Hay multitudes que protestan pacíficamente, la policía corre detrás de la gente reprimiendo como si la historia volviera a retroceder. Los militares están la calle y los helicópteros sobrevuelan la ciudad buscando al enemigo interno. Llevan una semana del Estado Emergencia declarado por las autoridades políticas, las garantías constitucionales están suspendidas. Todo este ordenamiento represivo es el mismo de la constitución del 80 instalada por la dictadura de Pinochet y sus civiles. El mismo sector de la sociedad que vuelve aplicar las mismas y únicas formas que tienen para gobernar. La democracia que pensamos que habíamos ganado diluye sus garantías de protección cuando los pobres sin ciudadanía exigen una nueva vida. La democracia es un relato robado. La excepcionalidad de la violencia hoy aplicada a las multitudes corre como la verdadera política, nunca hubo diferencia. La excepcionalidad es en realidad la regla.

Toda ésta revuelta, retrae a procesos tristes y dictatoriales de años pre democracia y que aun perduraron hasta la fecha, con desactivación aparente pero con las mismas recetas que esos años oscuros.

En muchas regiones del país están con el toque de queda; las manifestaciones son cada vez más convocadas, con la consigna de “Chile despertó”, una manifestación multitudinaria y cotidiana en Plaza Italia en el centro de Santiago, se concentran diariamente miles de personas, jóvenes, mujeres, gays, travestis, lesbianas, estudiantes, trans, trabajadores, maricas, activistas disidentes, universitarixs, profesores, artistas, todxs las comunidades posibles que con solo cacerolas en sus manos repetían un mantra colectivo: No sabemos lo que va a pasar los próximos días. El gobierno ha renunciado al mandato de representar el sentimiento del país; a través del Decreto Exento 958 del 21 de Octubre del corriente año, el gobierno chileno de Piñera, llamo al Ejército de reserva en post del Estado de excepción constitucional de Emergencia, en un lapso de 13 trece días;

Chile se alza, el pueblo de antaño que gritaba en las calles ha vuelto con rostro joven en un nuevo ciclo. La crítica del modelo es transversal sin la retórica anterior. Más bien este desborde de multitudes tocando cacerolas, invadiendo la ciudad vuelve a plantear algo tan básico y primordial que la política tradicional abandonó por el pacto con el poder económico: queremos vivir con dignidad y no como esclavos.

Una multitud con miles de ojos y bocas que se mueve sin miedo desafiando la fuerza militar y policial. Esta revuelta solo grita a partir de la rabia y contra el abuso. Su fuerza es tan brutal y desbordantemente inorgánica que ya aparecerá alguna estrategia para aplacar esa furia.

El último balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reveló que 243 menores de edad (142 niños y 41 niñas), y más de 2.410 personas han sido detenidos durante las protestas sociales registradas en la República de Chile; un total de 535 personas heridas por armas de fuego y más de 80 acciones judiciales y 12 muertos;

Tras el estallido social, en redes sociales han circulado videos y denuncias de ciudadanos que acusan abuso de poder contra menores por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Hasta las 12:00 horas de este miércoles 23 del corriente mes y año, el INDH ha presentado 39 acciones judiciales en favor de niños, niñas y adolescentes que han sufrido golpes, malos tratos físicos y verbales, desnudamientos y heridas por balines.

Además han podido constatar que, en la región Metropolitana, 24 niños han sido ingresados a hospitales públicos por diferentes lesiones; por este motivo, el organismo ha presentado 35 querellas criminales, de las cuales, varias involucran a menores de edad que fueron golpeados u obligados a desnudarse y hacer sentadillas.

Una vez más Latinoamérica se levanta contra las medidas económicas injustas de un gobierno neoliberal; Así como en Haití, Ecuador, ahora es Chile, y en todos los casos la furia represiva causó muertos, heridos y encarcelados por protestar.

Desde el Bloque del partido Agrario y Social Rechazamos las violencias policiales de los carabineros enviados por el mandatario Piñera, y exigimos el cese de la represión al pueblo de Chile y, el cese de la militarización en todo el territorio de la República de Chile; asimismo convocamos a un llamamiento al estado del hermano país de Chile, para que se convoque al  dialogo para obtener una salida pacífica del caos del modelo económico que sólo provoca desigualdad. El pueblo chileno debe soportar las alzas de precios, las injustas tarifas que se deben pagar para educarse, para tener acceso a la salud y en general para desarrollarse como personas y como pueblo; asimismo instamos a las autoridades pertinentes que se realice una investigación  a las acciones represivas, presencia en Chile, con EXTREMA URGENCIA de Organismos y Observadores Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU; Convocatoria al dialogo a Gremios, Sindicatos, Centro de estudiantes y organizaciones política para salir de manera ordenada y pacífica del caos y crisis que ha generado el actual gobierno y que se encuentra toda la sociedad de Chile.

A casi una semana de iniciado el Estado de Excepción Constitucional al que ha apelado el gobierno para la militarización de Chile, hacemos énfasis en que esta crisis está sustentada en una injusticia basal, que ha significado una limitación de los derechos de la ciudadanía de manera permanente.

Un ejemplo claro de esta injusticia, es la existencia de “zonas de sacrificio”, donde se ha sometido a comunidades completas a vivir bajo altos niveles de contaminación, vulnerando su derecho constitucional a la vida. Constituye también un abuso invisibilizar a la ciudadanía, poniendo barreras a la participación, al acceso a la justicia y la información, negar derechos básicos como el derecho humano al agua, y mercantilizar la naturaleza como objeto de extractivismo.

El mundo está mirando a Chile como epicentro de la actual crisis socioambiental y del próximo debate climático en la COP 25. No es viable discutir el futuro del planeta, la justicia climática y los compromisos de cada país a través de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), en un Chile que ha roto el Estado de Derecho y en que se ha enviado a los militares a contener las manifestaciones de malestar social, generando pánico, asesinatos y torturas documentadas.

La ciudadanía organizada se ha preparado intensamente para participar en los debates de la COP 25 a través de la Cumbre Social por la Acción Climática, y otras instancias de organización paralela como la Cumbre de los Pueblos, y el Foro Social Cop 25, pero estamos convencidos de que la COP no puede realizarse en un contexto de Estado de Excepción Constitucional, con presencia de militares en las calles.

Chile debe restablecer cuanto antes el Estado de Derecho e iniciar un diálogo inclusivo para la unidad nacional mediante un nuevo pacto social que incluya: una asamblea constituyente para una nueva constitución, en la cual el cuidado de la sociedad y del medio ambiente sean centrales para el bienestar y desarrollo nacional.

Por todo ello, como Sociedad Civil por la Acción Climática, llamamos a la comunidad nacional e internacional a presionar al Gobierno de Chile para que la COP 25 se realice en un Chile donde se respete la democracia y las garantías constitucionales. Ello requiere sacar a los militares de las calles y justicia plena ante las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en estos días.

Estos días hemos asistido al estallido de un malestar social muy profundo.

Estos hechos simbolizan el cierre definitivo de una trascendental etapa de la historia de Chile que se inició en 1990 con un pacto social que significó importantes cambios pero que evidencian su agotamiento.

El país exige hoy un nuevo pacto social, que sea capaz de terminar con los abusos y desigualdades que hasta ahora no han sido derrotados.

Esta crisis social y política no es por los $30 del Metro. Es por el abandono de la educación y salud pública, por las miserables pensiones, es por las expectativas de progreso familiar que se alejan, es por un Chile que excluyó a las mayorías.

Se requiere entonces nuevas soluciones. Esto no se resuelve con discursos presidenciales, ni menos con militares en la calle ni con toques de queda que restringen nuestras libertades.

Su solución requiere empezar a realizar nuevas y profundas transformaciones que permitan cambiar el individualismo, el lucro con las prestaciones sociales y que empiecen a terminarse los abusos.

El país se debate entre un modelo que profundiza el individualismo y la competencia como motor de su desarrollo y otro, el que proponemos, que debe avanzar en solidaridad y colaboración como motores fundamentales de un desarrollo inclusivo, sin abusos y con mayores grados de participación de la ciudadanía.

En una sociedad en que el individualismo ha calado tan profundo, las movilizaciones de estos días se transforman en un aire de esperanza para la reconstrucción de una sociedad en que los distintos humanismos sean capaces de converger en un camino unitario que sea capaz de proponerle al país una alternativa de conducción mayoritaria y responsable.

Este camino es también de más participación y más diálogo, más conversación entre los múltiples actores políticos y sociales hoy fragmentados.
Por eso el Parlamento debiera ser el lugar institucional donde se puede empezar a resolver esta crisis.

Debemos por lo mismo reivindicar la política como el espacio principal, no el único, de debate y búsqueda de soluciones a las demandas de la ciudadanía. Renunciar a la política, es renunciar a la democracia.

Por lo mismo, queremos ser claros con el país. En esta crisis las responsabilidades no son iguales. La actual oposición, el progresismo y la centro-izquierda del país no tienen la misma responsabilidad que el actual gobierno y la derecha. No somos todos iguales. Gran parte de los cambios que el país hoy demanda no fueron posible por un bloqueo permanente de la derecha, que por 30 años impidió mayores avances políticos y sociales. La verdad histórica necesita claridad.

Aun así, estamos convencidos que los cambios que el país requiere y demanda, necesitan superar la crisis actual de manera que la ciudadanía pueda en paz resolver entre las distintas alternativas porque proyectos opta.

Es nuestro deber histórico contribuir a que como país construyamos más y mejor democracia, pasemos de una economía de los commodities a una sofisticada y diversificada, a una esfera pública más fuerte que facilite la inclusión social y eso requiere un nuevo Pacto o Acuerdo Social que permita ese desarrollo de todas y todos.

En esta coyuntura reiteramos al gobierno con claridad que no estamos disponibles para su burdo intento de intentar aprovechar la actual crisis para aprobar “su agenda legislativa original” sobre la que ha sido incapaz de construir acuerdos mínimos que le den viabilidad.

No seremos buzón legislativo para aprobar malos proyectos de ley, que profundicen modelos privatizadores, soluciones de mercado que debilitan la construcción de bienes públicos de calidad que nivelen la cancha social, y que no reúnen los consensos transversales que requiere esta hora presente.

Asimismo, llamamos al Gobierno a que re-diseñe sus prioridades del Presupuesto 2020 y efectivamente se asignen más recursos para atender las demandas sociales que pide la mayoría del país. Un incremento presupuestario del 3% para el año 2020 es completamente insuficiente.

I) PROPUESTA DE REFORMAS ESTRUCTURALES

a) Se requiere retomar el diálogo social sobre la Nueva Constitución para que el país tenga este nuevo Pacto Social

b) Es urgente legislar para que haya más participación democrática reponiendo el voto obligatorio, la iniciativa popular de ley y un plebiscito que abra paso a una nueva Constitución.

c) Reforma Constitucional sobre aguas que Garantice constitucionalmente el agua como bien nacional de uso público.

d) Debemos avanzar en solucionar las inequidades territoriales y fortalecer los gobiernos regionales y locales ya sea con más recursos (por eso es urgente mayores recursos para las regiones y un rediseño más equitativo del Fondo Común Municipal) pero también con más participación de los ciudadanos potenciando los roles de los Consejos Regionales y Consejos Municipales en su rol de representantes democráticos de la ciudadanía.

e) Reforma al modelo tarifario de los servicios básicos en agua, luz, transporte público apuntando a rebajar tarifas, generando mecanismos de estabilización, subsidios a los más vulnerables, participación de la comunidad dejando atrás el esquema vigente de “empresa modelo” y de abusivas rentabilidades para las empresas.

f) Se requiere avanzar hacia un sistema tributario más progresivo -donde los que más tienen deben pagar más impuestos- que permita incrementar la recaudación fiscal que financie responsablemente la provisión de mejores bienes públicos de calidad

g) En materia de pensiones se debe avanzar hacia un modelo mixto donde haya solidaridad intra e intergeneracional, principios de seguridad social y un ente público que administre la nueva cotización previsional.

II) MEDIDAS LEGISLATIVAS INMEDIATAS.
1. Retirar proyecto de reforma tributaria
• Reemplazo por un proyecto de ley que signifique un aumento significativo de los impuestos al 1% más rico proveniente de las utilidades de las empresas para financiar una real agenda social y que tenga un régimen especial para las pequeñas empresas.

2. Retirar reforma previsional
• Aprobar en lo inmediato el reajuste a PBS y APBS mediante una ley corta
• Constituir una mesa transversal y amplia para proponer una reforma profunda y estructural al sistema de pensiones que implique introducir la solidaridad intra e intergeneracional para mejorar las pensiones autofinanciadas, modificar la tabla de expectativas de vida, perfeccionar el funcionamiento del ente público que administrará la nueva cotización previsional.

3. Plan de inversión para reactivar economía
• En presupuesto 2020 debe financiarse un potente Plan de infraestructura en obras públicas, conectividad, transporte y servicios públicos, que permita dinamizar la inversión y mejorar el crecimiento potencial.
• Mayor endeudamiento del sector público, vía uso de fondos soberanos o colocando instrumentos de deuda en el mercado.

4. Retiro de proyecto de control preventivo de identidad a menores de edad.

5. Tramitación del nuevo Código de Aguas que permita tenerlo como ley en 1er trimestre del 2020

6. Retiro del proyecto de Flexibilidad laboral.

III) ES URGENTE RE-DISEÑAR PRESUPUESTO 2020 PARA ATENDER LAS SIGUIENTES DEMANDAS SOCIALES.
1. Adultos Mayores
a) Tarifa de transporte público liberada para adultos mayores.
b) Canasta gratuita de medicamentos especializados para adultos mayores.

2. Mejor Educación Pública
a) Recursos para fortalecimiento de educación universitaria pública.
b) Más recursos y oportunidad en la entrega para los Servicios Locales de Educación
c) Más recursos para construir salas cunas y jardines infantiles.
d) Condonación –al menos parcial- de deudores CAE
e) Comenzar a implementar una solución para la deuda histórica de los profesores

3. Sequía y escasez hídrica
a) Creación de un fondo de provisión para financiar nuevos de proyectos de infraestructura para enfrentar la sequía y más recursos para los proyectos APR

4. Salud
a) Elevar el per cápita de salud primaria.
b) Financiar la ley del cáncer.
c) Debe flexibilizarse la aplicación del nuevo modelo de financiamiento de los hospitales públicos (GRD)
d) Reponer recursos en fondo para ley Ricarte Soto

5. Vivienda
a) Duplicar recursos para vivienda social.
b) Programa de control del precio y condiciones de los arriendos.
c) Regular el precio de las viviendas.
d) Fin de las EGIS.
e) Fomento de cooperativas de vivienda.

6. Medio Ambiente
a) Incrementar recursos para programas de recuperación medio ambiental y social en las llamadas zonas de sacrificio ambiental (Huasco, Quintero, Coronel)
b) Una agenda efectiva de descarbonizacion de la matriz energética

7. Cultura
a) Incremento del presupuesto sectorial en al menos el mismo porcentaje de crecimiento del sector público.
b) Reponer recursos recortados en los Centros Culturales y museo de la memoria y del Museo de la Memoria
c) Crecimiento efectivo de fondos concursables y sectoriales
d) Reponer fondos del CNTV
e) Rechazo a la idea de un Museo de la Democracia

8.- Innovación Productiva
a) Para enfrentar estancamiento se requiere aumentar inversión en I&D –que hoy está en 0,35% y debe implementarse un programa 2020-2023 que permita llegar al 1% del PIB- ya sea a través de CORFO; Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) como del nuevo Ministerio de las Ciencias

IV) SOBRE LA AGENDA SOCIAL DEL PRESIDENTE PIÑERA
Es más mercado y mayor desigualdad.

Anuncia medidas que NO tienen acuerdo con Parlamento como la mal llamada Sala cuna Universal –que privatiza la provisión de ese servicio educativo-, un seguro catastrófico que potencia al sector privado y debilita al sector público y otras que debe aclarar como el Ingreso Mínimo Garantizado (ya que debe ser focalizada en las pequeñas empresas y no debe ampliarse a grandes empresas).

No nos parece razonable aceptar la presión gubernamental para aprobar “su agenda legislativa” con marcado acento privatizador y que tiene un exiguo gasto fiscal (sólo 0,4% del PIB cuesta paquete fiscal).

El Parlamento debe ser un lugar institucional para debatir, dialogar y no imponer; donde se mejoran los proyectos de ley para que efectivamente beneficien a las familias vulnerables y de la emergente clase media.

Por tanto, llamamos al Gobierno a abandonar el camino de la imposición legislativa y sentarse a dialogar sobre los proyectos de ley de la llamada agenda social.

No queremos más lucro, ni más letra chica en los proyectos de ley del Gobierno. Chile quiere solidaridad e inclusión social y ese seguirá siendo nuestro compromiso con los 18 millones de chilenas y chilenos.

Si bien el aumento del pasaje del metro en Santiago de Chile fue el factor que dio inicio a las protestas a lo largo de todo el país del sur; sin embargo, estas protestas tienen como base una situación de desigualdad estructural en salud, educación, pensiones, acceso al agua y muchos derechos más. Recordemos que Chile está entre los países con mayores índices de desigualdad en el mundo.

Lamentablemente, las protestas de la ciudadanía organizada contra el modelo económico –el cual se vendió desde los años de la dictadura como el modelo exitoso de la economía de mercado en América Latina- han desatado la respuesta violenta contra la población por parte del Estado chileno. El gobierno de Piñera decretó el toque de queda y la militarización en varias ciudades, suspendiendo así los derechos de reunión y asociación, y permitiendo una serie de violaciones de derechos humanos documentadas por organizaciones de sociedad civil y prensa independiente. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y de funcionarios chilenos, al 23 de octubre son 2410 personas detenidas, 535 heridas y 18 personas muertas, además de cientos de casos de abuso por parte de la Fuerza Pública (carabineros y militares), los cuales incluirían tortura y agresiones sexuales.

Por lo tanto, demandamos al gobierno chileno el cese de la criminalización de la protesta y de la militarización de las ciudades, el no uso de armas letales contra la población, el cese de los toques de queda, de los estados de excepción y de los ataques y detenciones contra las y los manifestantes, sobre todo contra las y los niños. Exigimos también que se detengan las agresiones hacia los medios de prensa que cubren los hechos; así como el inicio de investigaciones y sanciones respectivas a quienes hayan violado los derechos humanos de la población. Señalamos que es indispensable que se inicie un proceso de diálogo amplio para abordar los cambios estructurales que la población demanda.

Finalmente, demandamos al gobierno peruano a que exprese públicamente su preocupación por las legítimas demandas del pueblo chileno, y le recordamos que estas exigencias son las mismas que viene reclamando por años la ciudadanía en nuestro país. Por lo que, es imprescindible la atención a demandas urgentes tales como el derecho a la salud y educación pública de calidad, a los derechos laborales, a un buen sistema de transporte público, a un sistema de pensiones digno, el acceso a agua potable, así como el rechazo y la sanción efectiva de todas las formas de corrupción estatal.

Montreal (Quebec, Canadá), 24 de octubre 2019

Las organizaciones firmantes queremos expresar nuestra profunda indignación ante la brutal represión ejercida en Chile para aplastar la fuerte oleada de contestación social que sacude el país desde la semana pasada. La declaración de estado de emergencia, de toque de queda y el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales vulneran los derechos fundamentales del pueblo chileno. La represión en curso recuerda dramáticamente el actuar de la dictadura de Pinochet.

El descontento popular creciente ante las condiciones de vida insostenibles imperantes en el país encontró un catalizador en la masiva acción de desobediencia civil de los estudiantes secundarios, de evasión del pago del pasaje de metro, como forma de protesta ante el alza de la tarifa decretada por el gobierno de Sebastián Piñera. Esto fue el detonador de una vasta movilización social que se ha desplegado a todo lo largo del país. Ante el fuerte estallido de protesta y la secuela de desmanes que se produjo en paralelo, el gobierno ha respondido con una fuerte represión, decretando un Estado de Emergencia y toque de queda el 18 de octubre pasado, bajo la Ley de Seguridad del Estado, los cuales se han extendido a las principales ciudades de 5 regiones. La criminalización de la protesta y la militarización crecientes están dejando un saldo alarmante de 2643 detenidos, 15 personas asesinadas, 8 personas baleadas, cientos de heridos y 4 atropellos cometidos por la fuerza represiva, según datos emitidos el 21 de octubre por el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, quien ya ha iniciado querellas por denuncia de torturas.

La vasta mayoría del pueblo chileno, a través de las organizaciones sociales, sindicales, de estudiantes, trabajadore/a/s de la salud, portuarios, profesore/a/s, jubilado/a/s, vecino/a/s, artistas, etc. denuncian claramente la urgencia de encontrar soluciones a los graves problemas asociados al deterioro alarmante de los servicios sociales esenciales y a la corrupción de las castas políticas y del empresariado. Se suman a estas reivindicaciones la denuncia del saqueo del agua – privatizada – y los territorios en manos de intereses privados, así como la aplicación de la Ley Antiterrorista a los defensores y las defensoras territoriales indígenas.

Ante estos hechos y considerando la extrema gravedad de la situación y la evolución crítica de ésta, las organizaciones firmantes nos plegamos a las reivindicaciones de numerosas organizaciones internacionales y chilenas para declarar lo siguiente :

• Rechazamos el discurso violento y de odio de declaración de guerra contra el pueblo chileno, por parte del presidente Piñera y la estigmatización de la protesta social asociándola a la delincuencia.
• Denunciamos el bloqueo mediático, la desinformación y la manipulación de la información que oculta la real magnitud de la contestación social y sus demandas así como la la brutal represión que está produciendo a lo largo del país.
• Repudiamos categóricamente las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares de chile (detenciones ilegales, secuestros, torturas, asesinatos y abusos sexuales).
• Rechazamos la utilización de la fuerza represiva como forma de gobernanza (violación al derecho de circulación, de reunión, de manifestación) y la violación del estado de derecho y exigimos devolver los militares a sus cuarteles.
• Exigimos que se restituya la institucionalidad democrática, deponiéndose el estado de emergencia y el toque de queda que la coarta.
• Hacemos un llamado urgente al Gobierno de Chile a atender y solucionar adecuadamente las demandas sociales que están en la base del estallido social actual

Organizaciones firmantes 
Alternatives
Artistes pour la Paix
Association Québécoise de Lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
Bios Iguana AC
Canadian Union of Public Employees (CUPE)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Centre d’appui aux Philippines/Centre for Philippine Concerns
Cercle des Premières Nations de l’UQAM
Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Promoción y Desarrollo Social A.C.)
Comité pour la Libération de Milagro Sala Prisonnière Politique-Montréal
Comité international, Union paysanne
Coletivo Brasil-Montréal
Collectif opposé à la brutalité policière (COBP)
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Comité Chilien pour des droits humains
Environnement Vert Plus
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Femmes de diverses origines/Women of Diverse Origins
Institute for Policy Studies – Global Economy Project
Justice Climatique Montréal
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
Le Pacte pour la Transition
Mouvement Québécois pour la paix
Mining Watch Canada
Mouvement Québécois pour la Paix
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – M4
NON à une marée noire dans le Saint-Laurent
Saut Montréal
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Las organizaciones miembro de la FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos, reunidas en el 40º Congreso Internacional de esta red compuesta por 178 organizaciones de 122 países a nivel mundial, manifestamos nuestro rechazo a las situaciones de violencia, abuso policial y violación de derechos humanos que se vienen cometiendo en contextos de protesta social en las Américas, especialmente en Chile, Ecuador y Haití.

En estos países, la población, cansada de la corrupción, los abusos y la aplicación de políticas económicas neoliberales, que solo han causado más inequidad y pobreza, han levantado su voz y ejercido su legítimo derecho a la protesta para exigir cambios profundos. Frente a ello, la respuesta estatal ha sido violenta y represiva, acompañada de declaratorias de estado de emergencia, graves restricciones al derecho de desplazamiento y entrega del control a las fuerzas militares, como ha ocurrido en Chile. Tanto en Ecuador, como en Haití y Chile, esta respuesta estatal violenta se ha traducido en violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad, incluyendo muertes de niñas y niños.

En Ecuador, la represión ha cobrado la vida de 8 personas, hay 1.340 heridos y 1.192 personas detenidas y procesadas por terrorismo, ataque y resistencia. El movimiento indígena de Ecuador, actuando en un marco de no violencia, ha quedado atrapado entre dos actores violentos: las fuerzas comandadas por el presidente Lenín Moreno y otro grupo de fuerza que responde a consignas del ex presidente Rafael Correa.

Haití vive momentos terribles, desde septiembre han sido asesinadas 35 personas por expresar su descontento ante la política económica, 195 resultaron heridas y las oficinas de nuestro organismo miembro, el Réseau National de Droits Humains (RNDDH) fueron asaltadas en clara represión a su labor pro derechos humanos.

En Chile, de acuerdo a un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde el inicio de las movilizaciones el 18 de octubre, se han registrado un total de 1.333 personas detenidas y 88 heridos por armas de fuego, incluidos niñas y niños. En tanto que el número de muertos alcanza ya 17 personas, según se informa por parte del personal de centros médicos.

En Colombia las movilizaciones estudiantiles vienen siendo reprimidas con extrema violencia por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. En Brasil, se criminaliza a la lucha de los defensores de derechos humanos ante las arremetidas antilaborales del gobierno de Bolsonaro, creando con ello una situación insostenible.

En Nicaragua, después del asesinato de 328 personas, continúa la represión selectiva de campesinos e indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas que están siendo criminalizados, mientras que paramilitares actúan en total impunidad, asesinan, torturan y violan en complicidad con la policía.

En Honduras, la crisis de violación a derechos humanos, corrupción y falta de independencia del poder judicial se viene agravando y el pueblo hondureño demanda la salida del presidente Juan Orlando Hernández por su vinculación con actos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico.

Desde la FIDH, nos solidarizamos con la población afectada, demandamos de los Estados el cumplimiento de sus obligaciones de respetar el derecho a la protesta, velar por el bienestar de sus ciudadanos, y realizar cambios profundos a un modelo que solo trae consigo pobreza, violencia e injusticia.

Expresamos nuestra solidaridad con los paises hermanos afectados, y exigimos el cese inmediato de las acciones represivas contra la población. Nos negamos a aceptar el regreso de las dictaduras de hecho en nuestro continente y llamamos a los Estados a escuchar la voz de la ciudadanía y dar respuesta a sus legítimas demandas.