Declaración de Qoricancha Pronunciamiento del Encuentro Internacional de Comunicación Indígena

Hoy, 12 de octubre de 2019, y a 527 años de la bárbara invasión europea, más de 400 comunicadoras y comunicadores de los pueblos indígenas provenientes de 15 países del Abya Yala, nos hemos convocado en Qosqo (Cusco), Sagrado Valle de los Incas, territorio del pueblo quechua y lugar histórico donde fueron descuartizados en 1781 nuestros héroes Túpak Amaru, Micaela Bastidas, y demás hermanos caídos en resistencia frente al sanguinario colonialismo español.

Luego de convocarnos de manera autónoma y recordando que con base en la Declaración “La Cumbre es de los Pueblos, no de los Estados”, impulsada por el espacio propio internacional de los pueblos, en la III Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala, (Cochabamba, Bolivia, 2016); en donde, se acordó impulsar procesos de articulación continental, propios y sin intervención de los Estados, definiendo al Perú como sede del encuentro en 2019, nos hemos reunido en la ciudad de Cusco, para deliberar y reflexionar sobre los procesos de
comunicación indígena, suscribimos este pronunciamiento para manifestar al mundo lo siguiente:

Repudio a la violencia en Ecuador

En primer lugar, queremos manifestar nuestra indignación y repudio al estado de sitio y a la represión ejercida por el Estado ecuatoriano en contra el pueblo que exige justicia y ser atendido en sus legítimas demandas.
Denunciamos el cerco mediático impuesto por el gobierno ecuatoriano para evitar que el mundo conozca las graves agresiones que están provocando la represión en Ecuador, ocasionando muertos y heridos. Respaldamos las demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y exigimos a los organismos internacionales de derechos humanos constituir con urgencia una comisión independiente que investigue el
contexto de violencia desatado.

Madre Tierra amenazada

Los crudos testimonios que hemos escuchado durante los tres días de deliberación nos han llevado a la conclusión de que nuestro planeta, nuestra Madre Tierra, está en peligro pues el sistema neoliberal capitalista depredador avanza rápidamente sobre nuestros territorios, con un objetivo extractivista neocolonial impulsado por gobiernos codiciosos y corruptos, aliados de las coorporaciones multinacionales, que continúan buscando ganancias sin límite, a costa de la muerte de nuestras comunidades y pueblos.

Por tal motivo, rechazamos contundentemente la construcción del Tren Maya y el denominado Proyecto Corredor Transístmico, en el sureste mexicano que amenza la vida y los territorios de los pueblos indígenas de la región. De igual forma, rechazamos la criminalización de la protesta social en el Valle de Tambo, provincia Islay, región Arequipa, Perú; donde se exige la cancelación definitiva del Proyecto Minero Tía María y La Tapada de la empresa minera mexicana Southern. Llamamos a los medios de comunicación de Bolivia a realizar un trabajo periodístico e
informativo ético, que refleje la realidad de los territorios indígenas y no en favor de los intereses y los empresarios privados.

Denunciamos el plan de exterminio sistemático contra líderes sociales, defensores ambientales, autoridades, guardias y comunicadores indígenas en Colombia, que ha provocado cientos de asesinatos; instamos a los organismos defensores internacionales de derechos humanos, su pronta y efectiva intervención y acompañamiento.

Del mismo modo, rechazamos el estado de sitio establecido por el Gobierno de Guatemala en el territorio ancestral del pueblo Maya Q’eqchi’, así como la criminalización en contra de la Defensoría Q’eqchi’ y la Radio Comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a.

Derecho a la Comunicación para la defensa de los territorios y la vida

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por recuperar y afirmar una visión íntegra e integral de la comunicación desde las sabidurías originarias, teniendo como ejes el territorio, la espiritualidad y la descolonialidad.

Buscaremos empoderarnos en el ejercicio efectivo del Derecho a la Comunicación a partir de los mandatos de los pueblos o leyes propias, sin amedrentarnos por las restricciones «legales» de los gobiernos que limitan el ejercicio de la palabra de los pueblos, en condiciones de libertad y autonomía.

Reafirmamos el derecho colectivo de los pueblos a la comunicación y el derecho a recuperar la palabra, la imagen y exigir a todos los Estados, sin distinción de orientación política, el respeto irrestricto a este derecho. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas exigimos que se aseguren las condiciones para que todos los pueblos originarios cuenten con medios propios de comunicación para ejercer el derecho a la libertad de expresión lingüística y que los Estados hagan efectivos los compromisos vinculantes adquiridos al suscribir el Convenio sobre la
Diversidad Cultural adoptado por la UNESCO en el año 2005.

Exigimos que se erradique la trata de personas, que es la esclavitud del siglo XXI y que explota principalmente a niñas, niños y adolescentes indígenas.  De igual modo pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos y a los relatores para la libertad de expresión realizar esfuerzos adicionales y visibles para remarcar el
derecho a la comunicación como uno de los derechos humanos fundamentales para la vida en democracia y el bienestar común.

Compromisos

Asumimos el compromiso de posicionar -con acciones efectivas- el derecho a la comunicación desde los distintos procesos, sin condicionarnos a los marcos legales restrictivos de los Estados.

Enfocarnos en la comunicación para la defensa del territorio, como agenda propia y autónoma de los procesos de comunicación del Abya Yala. Esto significa:

1. Coordinar operativamente acciones de trabajo en red o enlaces, con producciones y hechos comunicativos colaborativos entre procesos.
2. Coordinar acciones y estrategias conjuntas en el proceso de formación y educación de los comunicadores indígenas, retomando los avances propuestos en la estrategia de las escuelas itinerantes.
3. Coordinar acciones de incidencia ante los gobiernos y organismos internacionales para garantizar el derecho a la comunicación.

Defensa de la Madre Tierra

La comunicación indígena comprende la promoción y defensa de los derechos de nuestra Madre Tierra, y es fundamental para la reivindicación y las luchas de nuestros pueblos. Por esto expresamos nuestro rechazo a la constante persecución, criminalización y asesinato selectivo de comunicadores y comunicadoras por promover y defender los derechos de la Madre Tierra, y exigimos a los estados y organismos internacionales garantizar la seguridad integral para los comunicadores indígenas, y ratificar el Acuerdo de Escazú.

Denunciamos la exclusión comunicativa, el racismo comunicacional y la comunicación monocultural que se implementan en los países del Abya Yala y que se ven reforzados por la concentración mediática al servicio de intereses de poder. Como comunicadores y comunicadoras indígenas reafirmamos nuestra vocación para estar al servicio de la restitución y defensa de los territorios, el ejercicio de las autonomías indígenas, y la apuesta por la
construcción de estados plurinacionales.

Ante el embate del extractivismo neocolonial, los comunicadores indígenas promoveremos la creación de estrategias de comunicación para la defensa de la Madre Tierra y nuestros territorios, y todos los elementos que son vitales para la sobrevivencia de la vida en el planeta; reivindicando nuestro compromiso de acompañar y visibilizar las luchas de nuestros pueblos, compartiendo estrategias de defensa, impulsando su articulación, promoviendo el acceso a la
información y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, tanto al interior de nuestras comunidades, como ante la sociedad en general.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Madre Tierra y del Agua frente a la catástrofe climática a la que ha llevado el sistema capitalista depredador y el extractivismo en los distintos territorios. Los pueblos indígenas somos de los más afectados por el calentamiento global y a la vez de los que mayormente contribuimos a ponerle freno. Exigimos a los estados reconocer este aporte, abandonar las falsas soluciones climáticas y asumir compromisos reales en la Conferencia del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 25)
que se realizará en Chile, en diciembre próximo.

Asumimos el compromiso de hacer nuestros mayores esfuerzos por estar presentes y levantar la agenda de los pueblos indígenas en defensa de los bosques y la biodiversidad, y desde allí fortalecer las voces y las demandas de los pueblos indígenas del Abya Ayala para contribuir a frenar la crisis climática y salvar a la humanidad.

Acerca de los procesos de articulación continental

Respaldamos la iniciativa de crear una Comunidad de Productores Audiovisuales del Abya Yala” y saludamos la primera versión a realizarse en junio de 2020 en la Ciudad de La Paz y Lago Titicaca, en el marco del Bolivia Lab, cuya programación incluirá: Talleres de Formación en Cine Documental y Ficción, Asesoramiento a Proyectos Audiovisuales y exhibición de obras seleccionadas.

Reafirmamos la urgencia de defender, recuperar, revitalizar y rescatar el uso de las lenguas originarias en todos nuestros procesos de comunicación, en el Abya Yala; así como, fomentar el lenguaje inclusivo, la despatriarcalización y el pluralismo de los medios de comunicación.

Asumimos el compromiso de articular y seguir tejiendo esfuerzos de organización que se dan desde nuestros pueblos, manteniendo la agenda del derecho a la comunicación desde el territorio. En este sentido, es importante impulsar, promover y enmarcar nuevos encuentros nacionales e internacionales de comunicadores indígenas como parte del seguimiento del Encuentro Internacional de Comunicación Indígena (EICI 2019), en la perspectiva de realizar un Segundo Encuentro Internacional para seguir haciendo visible a los comunicadores indígenas
como actores y sujetos políticos esenciales para una vida democrática en la que se garantice la libertad de expresión irrestricta para todos los sectores sociales, y en especial para los pueblos indígenas que son la expresión viva de la diversidad cultural que enriquece a la humanidad.

Considerando la urgente y permanente necesidad de continuar aprendiendo y articulando los esfuerzos de la comunicación indígena en nuestra Abya Yala, reconocemos y valoramos éste espacio de articulación que propone constituir una Comisión Organizadora de un II Encuentro Continental de Comunicadores Indígenas de Abya Yala en Guatemala para el año 2022, que dé continuidad a este proceso, bajo los principios de autonomía, independencia de los Estados y de los partidos políticos, por y para los pueblos.

Dado en la ciudad de Cusco, Perú, el 12 de octubre de 2019, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas.

Los niños y las niñas al final

El día miércoles 9 de octubre, todos quiénes trabajamos o tenemos sensibilidad en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes recibimos con asombro la noticia del rechazo en la Cámara de Diputados del  proyecto de reforma constitucional en materia de garantías y ejercicio de derechos de la infancia y adolescencia. Fue el oficialismo piñerista que votó en contra,  impidiendo alcanzar los dos tercios necesarios para la aprobación de la iniciativa. El mismo conglomerado, que durante la campaña presidencial de Sebastián Piñera anunció a los cuatro vientos que en su gobierno los niños estarían primero, decidió no respaldar una iniciativa que al fin le daría a los niños y niñas del país, garantías consagradas en la constitución, para ser sujetos plenos de derecho y de esta forma, equiparar la legislación vigente a los estándares internacionales que regulan la materia.

La propuesta contemplaba tres modificaciones en la carta fundamental: a. reconocería el deber del Estado de velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes; b. se les reconocería como sujetos de derecho “resguardando su interés superior y autonomía progresiva” y asegurando el pleno goce de los derechos reconocidos en los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile; y c. fomentaría la concurrencia de las familias y la sociedad en la promoción, respeto y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, entre otros puntos.

Velar por el pleno goce y respeto de los derechos de los niños y niñas pareciera ser un lugar común y resulta incluso absurdo que alguien pudiera oponerse a las iniciativas que sean favorables a ellos. Es por eso que desde todos los sectores políticos el tema de los derechos de la niñez ha sido levantado como bandera de lucha y hasta el mismo presidente lo ha incorporado en su campaña bajo la aclamada frase “Los niños primero”. La comunidad política y la sociedad civil en bloque se escandalizaron y levantaron la voz cuando se destapó la crisis estructural y vulneración sistemática de derechos al interior del SENAME. Entonces, ¿cómo se explica que ahora, sin mayores reparos, decidan darle la espalda a una iniciativa que precisamente venía a proteger a nuestros niños y niñas de situaciones de vulneración de sus derechos fundamentales?

Lo que hay detrás de los argumentos de la derecha para votar en bloque en contra de lo parecería ser de sentido común es un pensamiento profundamente conservador, particularmente en torno al concepto de “autonomía progresiva”. A juicio de los parlamentarios de derecha, este concepto “relativizaba”el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Para este sector, por tanto, resulta sensato que los niños y niñas sigan siendo “objetos” en lugar de “sujetos”, es decir, propiedad de sus padres hasta que cumplan 18 años y recién ahí puedan decidir que es lo mejor para ellos en las cuestiones que les competen y afectan.

La mala interpretación del término es gigantesca. Autonomía progresiva es un concepto que está garantizado en la Convención de los Derechos del Niño, la cual ha sido ratificada por Chile hace casi 30 años y no es más que la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para hacer ejercicio de  sus derechos a medida que se desarrollan tanto mental como físicamente. De esta manera, cuando aún son pequeños y están desarrollando su capacidad de discernimiento, necesitan de adultos, es decir, sus cuidadores en primer lugar, y del Estado cuando éstos fallan,  para que velen por el cumplimiento de sus derechos. A medida que van madurando, van aumentando su capacidad de discernir y por tanto, de decidir sobre las materias que les afectan. Pueden entonces ejercer sus derechos de maneras más autónoma y tener una participación más activa en la sociedad de la que forman parte.

Al ser un concepto relativo y dinámico (no todos los niños se desarrollan a la misma velocidad ni tampoco son capaces de discernir adecuadamente sobre cualquier circunstancia de un momento a otro), es entonces rol del Estado velar para que puedan ejercer su autonomía, evaluando caso a caso y así garantizar el pleno goce de sus derechos, independientemente de la posición que tenga la familia de la que forman parte.

Cuesta entender que el oficialismo se empeñe en defender su mirada conservadora y adultocéntrica, basada en su sistemático miedo al Estado como garante de derechos y a la desconfianza que tienen en los organismos internacionales. Al parecer, para este sector es más importante tener plena seguridad de que van a seguir siendo “dueños” de sus hijos e hijas  y la tranquilidad de que no se van a poder realizar un tatuaje cuando quieran (sí, ese argumento ha salido a la palestra), de que no van a poder decidir sobre su identidad de género o tener participación política en el movimiento estudiantil.

Mientras este pensamiento conservador se mantenga, difícilmente vamos a ser un país que ponga a los “niños primero” y difícilmente vamos a dejar de ser el único país de América Latina que carezca de una ley integral de protección de la infancia. Difícil va a ser  también dejar de abordar los temas de infancia desde las soluciones parche, desde el abordaje únicamente de los problemas que atañen a los niños y niñas del SENAME, en lugar de tener una mirada integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que garantice el pleno goce de sus derechos y a la participación en las decisiones que les afectan.

Lamentablemente, el miércoles pasado en el Congreso, los niños y niñas estuvieron al final.

 

Carmen Luz Morales

Observatorio Ciudadano

Valparaíso, 11 de octubre de 2019

Declaración de Montevideo COMPROMISO SOCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN CLIMÁTICA GLOBAL

El cambio climático es una realidad que afecta a los países latinoamericanos cada vez con mayor frecuencia e intensidad, impactando gravemente a la población. En los últimos años, nuestra región ha sido víctima de numerosos fenómenos meteorológicos extremos, de la destrucción y contaminación de ecosistemas acuáticos y terrestres, del aumento de las sequías e inundaciones, de la pérdida de diversidad biológica, el aumento acelerado del derretimiento de los glaciares, los niveles del mar y la deforestación.

Se estima que cada año en el mundo más de 200 millones de personas se ven afectados por los desastres naturales, se pierden 24 mil millones de toneladas de suelos fértiles debido a la erosión y 12 millones de hectáreas a causa de la sequía y la desertificación, proyectándose el desplazamiento de hasta 135 millones de personas en las próximas décadas. Y para al año 2030, se prevé un aumento de 250 mil muertes al año por enfermedades, estrés por calor y mal nutrición como consecuencia del cambio climático.

Esta crisis climática y ecológica mundial, agudizada por un modelo de desarrollo extractivo que avanza con la misma celeridad, pone en una situación de vulnerabilidad preocupante a los ambientes naturales y a nuestros pueblos. Nuestra región cuenta con una diversidad de capacidades, recursos y ecosistemas que deben ser protegidos. Y se debe alcanzar de modo urgente un desarrollo sostenible, atendiendo las necesidades de los más vulnerables, procurando una transición justa hacia economías bajas en emisiones de carbono y adoptar todas las medidas
necesarias para que se garantice a nuestras sociedades y comunidades locales una sobrevivencia a los impactos negativos que trae consigo el aumento de la temperatura media del planeta.

El desarrollo de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 25), a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile en diciembre próximo, brinda una oportunidad inmejorable para promover una discusión de fondo y responsable en nuestra región sobre los riesgos y las alternativas. Y al mismo tiempo, a 27 años de la adopción de esta Convención, para redoblar los esfuerzos, acelerar los compromisos y aumentar las acciones que permitan enfrentar la crisis climática global que pone en peligro la propia existencia de la especie humana en el planeta.

Siendo un derecho humano esencial a garantizar por los Estados la participación de la ciudadanía en asuntos de interés general, resulta fundamental el involucramiento de la sociedad civil en la formulación, adopción y ejecución de políticas públicas como lo es sin duda el cambio climático, el principal problema que enfrentamos como humanidad. Así también reconocer el rol que pueden cumplir las universidades e instituciones de investigación científica para aportar los conocimientos y soluciones necesarias para enfrentar esta crisis global.

La voluntad política expresada por muchos países en la reciente cumbre convocada por el Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York y los reclamos que millones de jóvenes vienen haciendo en movilizaciones en diferentes partes del globo, son señales positivas aunque todavía falta mucho para producir los cambios políticos, económicos, sociales y ambientales necesarios para reducir las emisiones y poner límites a la destrucción de la naturaleza, generar un desarrollo sustentable y evitar una profundización de las desigualdades en un continente
altamente desigual, ya que el cambio climático afecta principalmente a los más pobres, las mujeres y los niños.

Por todo ello, y a la luz de los últimos reportes científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) y de nuestro derecho a participar de las decisiones internacionales y nacionales, los abajo firmantes reunidos en el 1° Encuentro de Dialogo Político y Social por el Cambio Climático del Mercosur, organizado en forma conjunta por el Foro Paralelo de la Sociedad Civil (COP 25 – Chile), la Catedra Libre José G. Artigas para la Integración de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales de la UDELAR y el Parlamento del Mercosur, en representación de diferentes instituciones y organizaciones sociales, solicitamos a los gobiernos que:

  • En la COP25 se consiga el nivel de ambición necesario para alinear la acción climática de las naciones, incluso más allá del objetivo del Acuerdo de Paris de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC, claramente insuficiente, tendiendo a 1.5ºC en relación a la temperatura mundial del periodo preindustrial.
  • Fortalecer los mecanismos y provisiones establecidos en la Convención Marco de Cambio Climático y en el Acuerdo de París para asegurar que todos los países aumenten sus compromisos climáticos siguiendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y de justicia climática a nivel nacional e internacional.
  • Mejorar las capacidades de respuesta, adaptación y recuperación de los sistemas ecológicos, socioeconómicos y humanos frente al cambio climático.
  • Garantizar la transparencia en las definiciones sobre el financiamiento climático para países en vías de desarrollo, sin distinción alguna y accesible a todas las naciones, de cara a cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de París de recaudar 100 mil millones de dólares americanos por año en el periodo 2020 a 2025.
  • Concluir las negociaciones sobre los mecanismos del Acuerdo de Paris de forma que se fomente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para garantizar la estabilización de la temperatura del planeta.
  • Alentar e implementar instancias permanentes de participación de la sociedad civil, los movimientos sociales, los pueblos originarios, las comunidades locales, las organizaciones campesinas, las universidades e instituciones de investigación científica en las discusiones y negociaciones internacionales, así como también en el diseño y ejecución de las políticas públicas y contribuciones nacionales no determinadas con enfoque de derechos humanos,
    poniendo especial atención a las poblaciones y territorios más vulnerables.

Finalmente, invitamos a los distintos sectores sociales de la región y a la ciudadanía en general a suscribir esta declaración y reafirmar el compromiso de avanzar decididamente en la consecución de estos objetivos, asegurando una transición justa hacia economías y modelos de desarrollo que permitan la sostenibilidad del planeta para las actuales y futuras generaciones.

MONTEVIDEO, 30 de septiembre de 2019.

Comisión de Agricultura rechaza profundizar mercado del agua en acuíferos subterráneos

  • Rechazo transversal (RN, DC, PS, PPD e independiente ex Evópoli) concitó propuesta que, en el marco  de la reforma al Código de Aguas, cambiaba el sistema mediante el cual los particulares acceden a los recursos hídricos mediante pozos subterráneos.

No convencieron este lunes los argumentos del director general de Aguas (DGA), Oscar Cristi, para profundizar la figura del remate a las solicitudes de perforación y adjudicación de derechos de aguas subterráneas. Mediante una serie de indicaciones a la reforma al Código de Aguas que se tramita en la Comisión de Agricultura del Senado, el Ejecutivo planteaba modificar el modelo vigente que contiene esta figura en forma extraordinaria.

Los senadores Álvaro Elizalde (PS, quien preside la comisión), Carmen Gloria Aravena (independiente ex Evópoli.), Juan Castro (RN), Adriana Muñoz (PPD) y Yasna Provoste rechazaron unánimemente las 4 indicaciones que modificaban los artículos 58 y 60 del Código de Aguas.

Se inflingió así una nueva derrota al gobierno en una de las áreas que tanto el oficialismo como la oposición consideran clave: la propiedad privada perpetua sobre los recursos hídricos.

En la ocasión Cristi explicó que hoy la legislación establece que el particular alumbra agua desde un pozo sin estar obligado a solicitar autorización al Estado, para posteriormente pedir derecho de aprovechamiento.  Luego de esto la DGA espera 6 meses para posibles oposiciones de terceros.  En caso de haber disponibilidad y nadie que se oponga, se entregan los derechos y se puede construir un pozo definitivo. Si existe más de una solicitud y no hay disponibilidad para todas, se remata entre todos lo que presentaron un requerimiento.  Todo este proceso puede dura más de dos años.

La nueva propuesta parte con el ingreso de una solicitud de exploración, que es revisada por la DGA en términos de forma. Al superar la etapa previa, el organismo evalúa la disponibilidad  y se deniega si no la hay.  Si existe caudal suficiente para cumplir con lo solicitado, se realiza un remate automático donde cualquiera puede participar sin necesidad  de haber solicitado derechos y quien se lo adjudica puede construir un pozo definitivo. En los casos de sistema de Agua Potable Rural y agricultores adscrito a INDAP, se llega al remate si hay más de una solicitud y este es entre ellos.

El argumento central del gobierno lo explicó el director de la DGA: “No parece equitativo seguir entregando derechos en forma gratuita. Se propone un sistema en que hay que pagar al Estado cuando se adquiere un derecho y se hace partícipe a la sociedad del privilegio que adquiere el particular al obtener un derecho de agua”.

Transversal rechazo

Unánime fue el cuestionamiento a la nueva figura.

El senador Castro apuntó, fundamentalmente, a la discriminación que implica acceder al recurso. “Vamos a hablar de remate en toda la Quinta Región. ¿Quién va a ser capaz de ir y rematar estos derechos? Solamente las personas que tienen más recursos, ellos son los que tienen la única opción de rematar. Y de rematar la poco agua que tienen” ejemplificó.

Lo que hoy se busca es que se remate el derecho a perforar.  Porque si la gente va a alumbrar y ustedes dicen no, o alumbre todavía vaya al remate, en el fondo lo que están creando es un nuevo mercado. Un nuevo mercado del agua, ahora del remate” indicó Provoste.  Para la legisladora “eso es un problema mientras no se entienda que el agua tiene que salir de este régimen de mercado.  Lo que se hace con esta idea es profundizar y abrir un nuevo mercado”.  Asimismo, puso en cuestión cómo entran los usos de conservación y la cosmovisión de los pueblos indígenas en esta lógica mercantil.

La senadora Aravena, aunque cuestionó el remate, lo hizo sin poner en duda el agua como un recurso de mercado: “En vez de hacer todos estos análisis de remates, que siempre hay un riesgo de que finalmente el agua quede en pocas manos que tengan la capacidad económica de contratar gente experta y tengamos un segmento de la población que se vea desmejorado con esto, por qué no pensar al revés.  Que el agua tenga un costo” propuso.

Para Elizalde, continuar con la transacción privada de los recursos hídricos “En Chile tenemos un mercado del agua. Yo difiero conceptualmente con lo que se hizo el año 81, donde se separó el agua de la tierra y se creó un mercado que ha tenido una dinámica propia. Con todas las distorsiones que eso implica y con todas las consecuencia que hoy está generando ante la escasez” fue su argumentación.

Por último, Muñoz apuntó a diversas dudas asociadas a la nueva figura, como por ejemplo por qué se abre el remate a cualquiera y no como es hoy; quienes solicitan derechos, quienes se oponen y el Estado.  También en qué momento temporal se realiza el remate, agregando el “tema de las reservas. Hoy el Estado antes de poner  recursos en remate hace reservas para consumo humano, para caudal ecológico y la tremenda sequía que tenemos, podría ser para restaurar las  cuencas, restaurar acuíferos. Entonces a mí me queda poco claro”.

Luego de las intervenciones, los cinco senadores rechazaron la nueva figura. Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo presente una nueva indicación que adecue la propuesta a las inquietudes, Adriana Muñoz se mostró contraria ya que aquello no está dentro de los temas que se acordaron tratar en la comisión en el marco de la tramitación de la reforma al Código de Aguas. En tanto Yasna Provoste acusó que esto pareciera ser un nuevo intento de dilación de la tramitación y sólo si hay una propuesta “de verdad, estamos dispuesto a revisarlo”.

Al concluir, el presidente Álvaro Elizalde logró el acuerdo para invitar a los ministros de Obras Públicas Alfredo Moreno y Agricultura Antonio Walker para abordar la situación de escasez hídrica en el país.

Pendiente quedó la discusión y votación sobre el panel de expertos, que genera rechazo en algunos senadores de oposición, por entender que externaliza la atribución de análisis y propuesta sobre la sustentabilidad de los acuíferos, rol que debiera continuar en manos de un ente público y con dedicación exclusiva.  En esto, conminaron al gobierno a un marco presupuestario para ello, ya que de lo contrario la nueva figura no daría garantías de imparcialidad y constituiría un retoque poco efectivo a los problemas que enfrenta la DGA para cumplir su rol de prospectiva, por deficiencias de diseño institucional y falta de recursos.

Conservación indígena busca reafirmar su lugar en la agenda post 2020

Los TICCA o Territorios de Vida afinan sus propuestas frente al III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, a celebrarse en Lima del 14 al 17 de octubre. Los pueblos indígenas destacan por su rol central para la conservación.

Por Ricardo Pérez

Servindi, 30 de setiembre, 2019.- ¿Qué son los TICCA y qué traerán a la mesa del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC III)?

Los TICCA o Territorios de Vida, son términos  que de manera amplia se refieren a los “Territorios Indígenas de Conservación y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales”.

Es así que los TICCA están reconocidos en las Resoluciones 4.049 y 4.050 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que los define como “agentes esenciales para la conservación de la naturaleza, los medios de vida sostenibles, la reivindicación de los derechos y responsabilidades colectivas y el bienestar de los seres vivos en nuestro planeta”.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una Unión de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

La UICN pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.

La UICN se ha convertido en la red ambiental más grande y diversa del mundo. La UICN cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1300 organizaciones Miembro y los aportes de 15 000 expertos.

La UICN es la autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos.

 

¿Cuándo se puede decir que estamos frente a un TICCA?

Son tres las características que los definen:

1) Hay una conexión histórica-cultural-espiritual profunda entre un pueblo y un territorio;

2) El pueblo ejerce la gobernanza de ese territorio, tomando decisiones y definiendo las reglas a través de alguna institución propia; y

3) Las decisiones de gobernanza de dicho pueblo contribuyen a la conservación de la naturaleza, así como al bienestar de la comunidad.

Conservación desde los territorios: Propuestas TICCA para el Congreso

Lo primero que hay que decir sobre los TICCA es que funcionan. Los rendimientos de conservación de los territorios indígenas han sido ampliamente documentados; e incluso presentan ventajas particulares en relación a otros mecanismos de conservación estatales.

Además, estos territorios casi siempre están en la primera línea de defensa de los grandes paisajes que se buscan preservar. frente a los drivers de deforestación que amenazan sus derechos. Por esto, será fundamental escuchar su problemática.

Uno de los asuntos a plantear en los debates sobre TICCA en el CAPLAC III, será el reconocimiento de su derecho a conservar sus territorios con autonomía. En este punto queremos destacar que estas formas de reconocimiento pueden incluir o no incluir la participación estatal.

Los TICCA, en muchos casos, han optado por modelos de cogestión con los estados, siempre y cuando se garantice el respeto irrestricto de sus derechos territoriales y a la toma de decisiones sobre la gestión del área. Para esto, la Red TICCA Latinoamérica presentará diferentes opciones formas legales, políticas, administrativas y financieras, y una combinación de estas que ya se están ensayando alrededor del mundo.

Ya durante el CAPLAC III, será particularmente importante revisar cómo mejorar los esquemas nacionales de conservación y de pago por servicios ecosistémicos para asegurar que sean adecuados para consolidar a los TICCA que optaron por sistemas más autonómicos, y que han demostrado inmensos aportes a la consecución de las metas establecidas en los acuerdos globales para la conservación.

Teniendo estos primeros alcances sobre los TICCA y su importancia surgen algunas interrogantes: ¿Qué proponen los TICCA de la región como buenas prácticas de relacionamiento en diferentes casos de superposición de derechos con otros mecanismos de conservación?¿Cómo esperan insertarse en la agenda post 2020?

Este III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe nos debe aproximar a esclarecer y encarar estos retos, para beneficio de todos.

 

Fuente:  https://www.servindi.org