Declaración Coordinación Organizaciones DDHH Araucanía frente a la muerte del Cabo de Carabineros Eugenio Nain Caniumil

DECLARACIÓN PÚBLICA

Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos De La Región de La Araucanía

Frente a la muerte del Cabo de Carabineros Eugenio Nain Caniumil

 

La Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Región de La Araucanía manifestamos nuestra categórica condena frente a la lamentable muerte del Cabo de Carabineros Eugenio Nain Caniumil, de origen Mapuche y de solo 25 años de edad, ocurrida el día 30 de octubre de 2020.

Esperamos que los hechos sean investigados de manera imparcial, con apego al debido proceso y que se sancione a quienes sean responsables con las penas establecidas por la Ley. Toda vida tiene un gran valor, y como tal, debe ser honrada considerando el principio fundamental de la dignidad humana como base fundamental de los derechos humanos.

Creemos importante dar cuenta que los hechos ocurridos durante la mañana, sucedieron en un procedimiento de despeje de la Ruta 5 Sur, luego de que un conjunto de personas se manifestara en contra del desalojo policial de un terreno indígena, emplazado en el Lof Remeco en el cual se pretende instalar un proyecto de Subestación Eléctrica de la empresa BESALCO. Esta subestación eléctrica forma parte de un mega proyecto que además está compuesto por la línea de alta tensión Metrenco-Imperial y la subestación Imperial, los tres siendo proyectos de la misma empresa, simultáneos e interdependientes. El fraccionamiento ilegal de este megaproyecto fue denunciado por las comunidades del sector Metrenco y Maquehue el 10 de septiembre, habiendo sido las dos subestaciones aprobadas sin consulta indígena ni participación ciudadana, y con los estándares más bajos de evaluación ambiental.

El terreno en proceso de recuperación, hoy en propiedad de BESALCO, ha sido solicitado a CONADI para su restitución a las comunidades, y fue ocupado pacíficamente por las comunidades para defender la integridad de sus territorios frente al megaproyecto eléctrico de BESALCO.

Cabe destacar el rol del Ministerio de Energía en la generación de este conflicto, ya que la institución licita el desarrollo de planes energéticos a empresas privadas, sin hacerse cargo del desarrollo de los proyectos y sin establecer un marco que garantice los derechos territoriales de las comunidades que se ven afectadas, dejando a criterio de los privados la realización de procesos de participación ciudadana, indígena, o ninguno.

La falta de consulta indígena está siendo vista actualmente por la Corte de Apelaciones de Temuco, encontrándose vigente una Orden de No Innovar respecto al sub proyecto de Metrenco, por lo cual no podrían materializarse las obras si no hasta que sea resuelto el fondo del Recurso de Protección que se substancia al respecto. Dichos antecedentes también se encuentran en conocimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Es por ello que consideramos que el procedimiento policial de desalojo realizado carecía de fundamento, pues no existía ningún bien jurídico actualmente afectado como para que se ordenara llevar a cabo dicho procedimiento policial, el cual fue realizado solo con la finalidad de hostigar a las organizaciones mapuche que se oponen fundadamente a tan nefasto proyecto.

Debemos manifestar además nuestro rechazo a lo vivido por el Machi Fidel Tranamil, quien en su domicilio fue fuertemente violentado por FF.EE. de Carabineros quienes sin razón alguna a las 10:30 AM realizan un supuesto control de identidad, hechos sin razón y completamente desmedidos que igualmente deben ser investigados.

Desde hace años, hemos señalado como Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de La Región de La Araucanía que debe ser el tiempo para que el diálogo impere en Chile y en nuestra región. Tenemos claro que no es necesaria la pérdida de más vidas preciadas para que tomemos conciencia sobre ello. La desprotección de las comunidades mapuche por parte de la institucionalidad ambiental e indígena frente a proyectos de inversión que amenazan sus territorios, así como el actuar muchas veces innecesario de carabineros con allanamientos y desalojos, es parte de la configuración que genera las condiciones para que se sucedan este tipo de lamentables hechos.

Aún más, rechazamos el uso político que las autoridades de gobierno han hecho, dando por sentada la responsabilidad de las comunidades mapuche movilizadas y hablando de impunidad cuando no existe el mismo tipo de reacción cuando se trata de violencia hacia comuneros mapuche, y hacia la ciudadanía en general. Queremos ser enfáticos en repudiar la manipulación de las autoridades gubernamentales, con la complicidad de los medios de comunicación, sobre hechos acontecidos que ni siquiera fueron investigados, con el propósito de seguir criminalizando y dar una respuesta policial a problemas históricos que atañen a nuestra región. Lamentablemente, el Ministro Sr. Pérez con el Intendente Sr. Magnoli, utilizan la muerte de un joven Carabinero como pretexto para avalar una política que ha demostrado, desde décadas, su ineficiencia y fracaso.

 

COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos – Agrupación de expresos políticos Enrique Pérez – Centro de Investigación y Defensa del Sur – Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – Comisión Ética Contra la Tortura – Observatorio Ciudadano – Red de Acción por los Derechos Ambientales – Red de Defensa de los Territorios de La Araucanía – Red Independiente de Peritas y Peritos Región de La Araucanía

 

Destacados panelistas participan de debate sobre criminalización de la defensa de la naturaleza en Latinoamérica

*La actividad que forma parte de la Escuela de Saberes Latinoamericanos UACh, se llevará a cabo este viernes 30 de octubre a las 18:30 horas y contará entre sus invitados con la participación de la abogada nicaragüense, activista ambiental y Premio Nobel Alternativo 2020, Lottie Cunningham.

*Asimismo, del doctor en Historia de Chile y miembro de la Comunidad de Historia Mapuche Académico de la UCT, Pablo Marimán, y del abogado y coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano, José Aylwin.

 

La Universidad Austral de Chile en un trabajo colaborativo entre la Dirección Museológica, UACh Inclusiva, FEUACh Puerto Montt y FEUACh Patagonia invitan a participar del debate “Criminalización de la defensa de la naturaleza en Latinoamérica”. El evento que será transmitido este 30 de octubre desde las 18:30 hrs por la plataforma Zoom y Facebook Live de Museosaustral centrará el diálogo y la reflexión desde distintos puntos de vista entorno a los artículos 25, 26 y 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas. Es en base a estos artículos que se llevará a cabo una revisión crítica sobre cómo los estados han respetado y desarrollado políticas que desprotegen y vulneran éstos y otros derechos de dicha declaración.

Esta problemática será abordada por reconocidos panelistas especialistas en derecho indígena, medioambiental y penal como lo son: Lottie Cunningham, Abogada nicaragüense, activista ambiental y de derechos indígenas, quien este 2020 recibió el Premio Right Livelihood 2020 más conocido como “Premio Nobel Alternativo”, por su trabajo en la defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus tierras y recursos.

Junto a ella se encontrará el Historiador, miembro de la Comunidad de Historia Mapuche y académico de la Universidad Católica de Temuco., Pablo Marimán. Además del Abogado, Coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano y Académico Universidad Austral de Chile, José Aylwin.

Según lo explicó Cunningham, este debate buscará relevar y visibilizar varios aspectos, entre ellos cómo los pueblos de América Latina experimentan una crisis de derechos Humanos profunda, desde el desplazamiento forzado de los Pueblos Indígenas de sus territorios ancestrales, hasta la sobreexplotación de recursos naturales; la destrucción de la naturaleza, el incremento de inversiones y desarrollo exclusivo a los Pueblos Indígenas. Así como la criminalización a defensores/as por la defensa a la Madre Tierra.

Por su parte, el Director de la Dirección Museológica UACh, Marcelo Godoy, destacó la relevancia de este tipo de actividades formativas que buscan generar una reflexión critica sobre temáticas imperantes en la escena actual. “Como Dirección de Museos, nos hemos enmarcado en un nuevo proyecto formativo llamado Escuela de saberes Latinoamericanos. Esto a propósito de la conmemoración del encuentro entre los mundos del día 12 de octubre; para nosotros el componente formativo y de reflexión critica nos parece un  aspecto fundamental de vida ciudadana y es en ese contexto que invitamos a participar de un foro- debate bajo la lógica de un diálogo critico sobre problemáticas sociales que atraviesan a nuestro continente y que dan cuenta de problemas complejos en el campo de la biodiversidad, pero también presentes desde la diversidad cultural”.

El debate se encuentra diseñado con una modalidad que conlleve al diálogo entre los panelistas y el público. Asimismo, contará con la participación de preguntas previamente recepcionadas provenientes de estudiantes de pregrado de distintas Universidades de Latinoamérica.

La actividad finalizará con las preguntas que hayan generado el público, las cuales serán agrupadas y sistematizadas por tema. Cada panelista y moderador realizará una intervención final a modo de cierre.

Para sumarse a esta actividad solo es necesario enviar un correo a  contactomuseos@uach.cl desde donde se entregarán todas las coordenadas y enlaces para el evento.

Sobre los panelistas

Lottie Cunningham Wren. Abogada, Doctora en Jurisprudencia. Presidenta y fundadora de Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua

Premio Right Livelihood 2020. Abogada nicaragüense y activista ambiental y de derechos indígenas. Recibe este reconocimiento, también conocido como “Premio Nobel Alternativo”, por su trabajo de defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus tierras y recursos. Abogada del grupo indígena Miskitu, que defiende los derechos a la tierra y a los recursos de los pueblos indígenas de Nicaragua. Su labor ha sido clave a la hora de garantizar mecanismos de protección legal, como el proceso de demarcación y titularidad de las tierras indígenas de Nicaragua, del que ha sido iniciadora. Cunningham también ha luchado para salvaguardar los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, protegiéndolos a ellos y sus medios de subsistencia frente a colonos armados.

A través de la aplicación del derecho internacional y nacional, Cunningham ha podido salvaguardar los derechos indígenas de propiedad de la tierra en Nicaragua, desarrollando estrategias legales pioneras que han sido aplicadas con éxito por parte de comunidades indígenas de todo el mundo para demarcar sus territorios. Cunningham también ha demostrado que la protección de los territorios indígenas es fundamental para proteger los ecosistemas locales. Además, ha desempeñado un papel clave apoyando la movilización contra el planificado Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, un proyecto gubernamental financiado por China para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. La construcción del canal atravesaría territorios indígenas, llevando a su desplazamiento forzoso y a la destrucción de ecosistemas necesarios para su supervivencia.

Cunningham es una implacable defensora de su pueblo y también ha ayudado a impulsar los derechos de las mujeres indígenas, estableciendo programas para reducir la violencia de género y ayudando a crear espacios para ellas en los organismos de toma de decisiones. También trabaja capacitando a la juventud para que puedan exigir formalmente que se respeten sus derechos humanos y denuncien su vulneración.

Pablo Marimán Quemenado. Historiador, Doctor en Historia de Chile. Miembro de la Comunidad de Historia Mapuche Académico UCT.

Nació en la población Santa Adriana (Santiago, 1967) y actualmente vive en Kurako trañi trañi (Chol Chol). Es profesor de Historia y Geografía (U. de La Frontera de Temuko), Magíster en Etnohistoria y Doctor en Historia de Chile (U. de Chile). Desde los noventa ha participado de investigaciones y publicaciones en torno a la historia Mapuche de los siglos XIX al XXI; asimismo, ha trabajado en asesorías y proyectos en materias de educación y salud intercultural en regiones del ngulumapu. Ha ejercido como docente invitado en distintas universidades, siendo actualmente académico del departamento de antropología de la universidad católica de Temuko. Ha sido ensayista, autor y co-editor de libros, entre ellos  ¡…allkvtunge Wingka…! ¡Kakiñechi! Ensayos sobre historias mapuche (Ediciones, Comunidad de Historia Mapuche, 2019).

José Aylwin Oyarzún. Abogado. Coordinador Programa Globalización y Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano. Académico UACh.

Abogado especialista en derechos humanos y pueblos indígenas. Participó a comienzos de los 90 en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) en la elaboración del anteproyecto de la ley indígena actual. Fue Director del Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO entre 1994 y 1997 y coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto (2002-2004). Ha realizado estudios e investigación sobre derechos de pueblos indígenas en América del Norte (maestría en Universidad de British Columbia, Canadá) y Latinoamérica para CEPAL (ONU), Universidad de Montana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos e IWGIA de Dinamarca. Ha participado en múltiples encuentros internacionales, manteniendo relaciones con organizaciones nacionales e internacionales en el campo de los derechos indígenas y la temática medio ambiental. Es autor de diversas publicaciones referidas a derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, tanto en Chile como el exterior. Es profesor de Derecho Indígena en la Universidad Austral de Chile.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas.

Artículo 25: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocu- pado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento res- petará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 29: Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.

 

INCRIPCIONES: contactomuseos@uach.cl

TRANSMISIÓN: Facebook Live @museosaustral.cl

 

La derrota del gueto

Por José Aylwin*

 

Los resultados del plebiscito del 25 de octubre  son categóricos. Cuatro de cinco ciudadanos y ciudadanas  quiere una nueva constitución política para Chile. Igual proporción quiere que dicha constitución sea elaborada por constituyentes íntegramente  electos  por ella para estos efectos.

Con este resultado se da inicio a un proceso que pondrá término definitivo a  una constitución  que no solo fue impuesta en  dictadura,  sino que además, no obstante sus numerosas reformas,  estableció importantes límites a una democracia plena y al ejercicio de los derechos humanos, generando exclusiones y desigualdades de todo tipo.

Como sabemos, dicha constitución – y entramado institucional a que dio origen-   mantuvo dichos límites democráticos  como consecuencia de  su trampa fundacional;  el sistema electoral binominal hasta hace poco vigente, y los quórums supra mayoritarios para su  reforma. Todos los esfuerzos por dotarse de una nueva carta fundamental elaborada de manera plural e inclusiva demandados desde hace al menos una década por movimientos sociales, ciudadanos e indígenas, entre otros, fueron inoficiosos. Sus guardianes, siguiendo las directrices de su otrora ideólogo Jaime Guzmán –  quien sostuvo que el objetivo de esta carta era asegurar que los adversarios a la dictadura, de llegar al poder, no pudiesen hacer algo muy distinto de  lo que esta haría en el- se opusieron tenaz y sistemáticamente a ello, así como  también al cambio del entramado institucional derivado de dicha constitución.

Cuando  la cuidadanía se movilizó  el año pasado para visibilizar dichas exclusiones y exigir una nueva constitución elaborada de modo democrático e inclusivo,  gatillando el proceso constituyente que posibilitó el plebiscito de ayer,  los guardianes de la constitución  cuestionaron su legitimidad argumentando que dicho proceso se había sido gestado bajo presión y fuerza.

Los resultados del plebiscito echan  por tierra dicha argumentación, dando cuenta  de manera incuestionable la voluntad de la inmensa mayoría de los y las cuidadanas de dotarse de una nueva carta fundamental, que exprese el consenso de la sociedad y de los pueblos que habitan el país,  elaborada de manera democrática e inclusiva.

Otra cuestión que los resultados del domingo 25 permitieron  identificar , es quienes han sido hasta hoy los guardianes de la actual constitución: son  un reducido grupo de chilenos que residen en las comunas más ricas del país; Las Condes Vitacura, Barnechea, tres de las tan solo cinco comunas donde ganó la opción  rechazo ( las otras dos, Antártica y Colchane, cuentan con importante proporción de  población  militar, lo que podría explicar los resultados en ellas obtenidos).

Este verdadero gueto económico y social, que logró generar o mantener su riqueza al amparo de la actual constitución,  fue derrotado.  Y aunque quienes lo integran  tienen,  al igual que todos los sectores del país,   todo el derecho a  participar en el proceso de elaboración de una nueva constitución política,  es de esperar  hayan aprendido la lección de su derrota; nunca más pueden ni deben, por poderosos que sean,  imponer su visión de sociedad y Estado de manera antidemocrática  a la del  resto de los y las ciudadanas como lo hicieron hasta ahora con la constitución de 1980.

* Coordinadora del Programa Globalización y Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano
Publicada en El Mostrador: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/10/29/la-derrota-del-gueto/

La necesidad de un proceso participativo en la Convención Constitucional

Por Lorena Fries.

La participación reducida a los procesos electorales locales y nacionales cada cuatro años, es uno de los factores del cuestionamiento y deslegitimación del sistema político chileno y que se expresó en el estallido social. Ha contribuido a la desafección política de la ciudadanía y a la reproducción de un sistema que se mira a sí mismo, que no ha sido capaz de encontrar los modos de procesar esta demanda que está en la base de la legitimidad de cualquier transformación política.

El proceso constitucional requiere de la mayor participación posible, no solo a través de la elección de representantes, sino también a través de múltiples mecanismos que aseguren contar con la información, ser oídos e incidir en las deliberaciones a que dará lugar la redacción de la nueva Carta Fundamental.

Frente a la posibilidad excepcional de participar en el diseño de las reglas básicas que fundarán el nuevo pacto de nuestra convivencia, es importante que grupos sociales que han sido históricamente excluidos de la toma de decisiones, sean considerados a la hora de adoptar medidas que promuevan su inclusión. Es el caso de la adopción de la paridad en la opción Convención Constitucional, un logro de los movimientos feministas. Sin embargo, ello no basta.

Tan importante es lo que se discutirá en el seno del mecanismo encargado de redactar la Constitución, como la instancia para llegar a ello. De ahí la relevancia que las organizaciones de la sociedad civil han dado al reglamento que regulará el funcionamiento del órgano encargado de la redacción de la nueva Constitución.

Los chilenos y las chilenas durante el último año han generado espacios múltiples de diálogo y participación, se han reencontrado en sus territorios, sus barrios, en sus organizaciones, dando cuenta de su interés en la política y deliberando sobre las cosas que les afectan. Esa experiencia acumulada en cabildos y asambleas, en las múltiples vocerías sociales que dan cuenta de la ampliación del registro de la política, no puede quedar fuera del proceso constitucional y, al revés, debe enriquecerlo.

Audiencias públicas, publicidad en los procesos de deliberación, diálogo territorial con los delegados y las delegadas constitucionales, el uso de las tecnologías para informar de los debates y deliberaciones son herramientas que, más allá de los resultados de estas, contribuyen a una mayor democratización y a construir confianzas en un Chile que, durante muchos años, no ha sabido convivir con su diversidad social y política.

Publicado por El Mostrador: https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/10/27/la-necesidad-de-un-proceso-participativo-en-la-convencion-constitucional/

Declaración a un año del “estallido Social” y del Plebiscito de la Misión Internacional de Observación de DDHH de Organizaciones de sociedad civil

Declaración frente a un año del “estallido Social” y realización del Plebiscito por una Nueva Constitución

Organizaciones participantes a la Misión internacional de observación de derechos humanos de la sociedad civil presente del 6 al 11 de noviembre 2019

 

A un año del estallido social y a una semana del plebiscito nacional para una nueva Constitución para Chile, las organizaciones firmantes, hacemos pública nuestra preocupación por la persistencia de situaciones violatorias a los derechos humanos en el país, y llamamos a un plebiscito que cumpla con todas las garantías de un proceso electoral democrático.

Como señaláramos en el Informe de la Misión[1], las manifestaciones sociales de 2019 fueron el reflejo de un descontento de la población hacia las autoridades políticas, los poderes del Estado y prácticas de quienes detentan los espacios de poder, que fue creciendo paulatinamente desde el retorno de la democracia.

En el centro del proceso social y político iniciado en octubre de 2019 se encuentra la profunda desigualdad que ha generado la institucionalidad heredada de la dictadura cívico militar, asegurada en la Constitución de 1980. La reivindicación de una democracia plena ha sido parte esencial del proceso en curso: una sociedad en que la salud y la seguridad social, la educación, la vivienda, los derechos laborales, un medio ambiente sano y el agua sean derechos efectivamente garantizados. Y una sociedad en que los grupos sometidos a condiciones estructurales de desigualdad y discriminación, como las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes, puedan vivir como plenos sujetos de derecho.

Como Misión Internacional de Observación a Chile constatamos que las graves violaciones a los derechos humanos las semanas que siguieron al 18 de octubre de 2019, no constituyeron hechos aislados, sino que fueron expresión de prácticas de violencia estatal arraigadas en las fuerzas de orden y seguridad que se pueden rastrear desde hace años y que se verificaron en gran cantidad y en todo el país.

Con máxima preocupación constatamos que el actuar abusivo de Carabineros de Chile, lejos de disminuir se ha agudizado. Las imágenes de un adolescente lanzado al río Mapocho por un Carabinero; el ataque con el carro lanza aguas a una persona con discapacidad física y la represión a las manifestaciones del 12 de octubre, entre otras situaciones, dan cuenta de que las autoridades siguen sin adoptar las medidas necesarias para poner término a las graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes policiales del Estado.

En relación con esta materia reiteramos las recomendaciones que se realizaron en el Informe de la Misión de Observación en  Chile relativas a:

– Investigar con celeridad las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas inmediatas, disciplinarias y/o penales, respecto de funcionarios públicos responsables por violaciones de derechos humanos, en particular en casos de violación al derecho a la vida e integridad personal e incluyendo a los superiores jerárquicos que autorizaron o avalaron las operaciones policiales.

– Iniciar un proceso de reforma profunda de Carabineros de Chile destinada a democratizar su estructura y a revisar su rol en la sociedad chilena, adecuando sus normas, protocolos y reglamentos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El proceso constituyente impulsado por la ciudadanía movilizada puede constituir una oportunidad histórica para el inicio de la construcción de las bases de un país donde la promoción y protección de los derechos humanos constituyen el fundamento de una democracia inclusiva en la que todas y todos nos sentimos parte.

Sin embargo, constatamos con preocupación, que el proceso constituyente aún adolece de limitaciones desde la perspectiva democrática y de derechos humanos, que pueden ser remediadas. Es esencial que se establezcan mecanismos que aseguren la participación de los pueblos originarios y la elección de las personas independientes en el órgano constituyente encargado de la redacción de la Nueva Constitución.

Con vistas al próximo domingo 25, hacemos un llamado a las autoridades  para que tomen las medidas necesarias para asegurar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto. Entre ellas, que adopten protocolos sanitarios efectivos, se facilite el traslado de la población a los lugares de votación a través del transporte gratuito, se adopten sistemas de apoyos para personas con discapacidad psicosocial, etc.

Esperamos que este proceso democrático único en la historia de Chile se desarrolle en el más pleno ejercicio de las libertades y derechos de su población. Por ello, alentamos a las autoridades a levantar el Estado de Excepción vigente dada la trascendencia que tendrá para las actuales y futuras generaciones que el momento en que realice el plebiscito para decidir sobre una nueva Constitución sea realizado bajo un estado de excepción regulado por una Constitución redactada durante una dictadura cívico militar.

La superación de la crisis política y social que ha vivido Chile manifestada en el estallido social y que se ha prolongado hasta ahora, solo será posible a través de la generación de una Nueva Constitución que permita construir una nueva institucionalidad, inclusiva e intercultural, cimentada en los derechos humanos que nos asisten como personas y como pueblos.

 

 

Alianza Global contra la Incineración de Basura (GAIA), EEUU.

Artículo 19, Brasil.

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), Argentina.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina.

Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Canadá.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA)

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina.

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

Perú Equidad, Perú

 

[1] Informe disponible en el enlace: https://www.cels.org.ar/web/2020/01/chile-publicacion-del-informe-final-de-la-mision-internacional-de-observacion/

Carta pública ante nulo avance de reforma constitucional sobre escaños reservados y participación de Pueblos Originarios en el Congreso Nacional

Las organizaciones abajo firmantes, que representamos a más de medio centenar de agrupaciones indígenas y sindicatos de todo el país, entre líderes y agrupaciones de pueblos originarios desde Arica a Puerto Williams; habitantes y descendientes de naciones preexistentes al estado chileno, damos a conocer públicamente nuestra indignación ante la excesiva demora que ha tenido en el Congreso Chileno, la aprobación de la Reforma Constitucional sobre Escaños Reservados para Pueblos Originarios.

Debemos recordar que el miércoles 19 de agosto de 2020, las agrupaciones abajo firmantes, presentamos en el Congreso Nacional un pliego de indicaciones sobre «Mecanismo de Reforma Constitucional para Reservar Escaños a Representantes de Pueblos Originarios», las que fueron suscritas por los senadores Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro y José Miguel Insulza. En dicho documento, exigimos ESCAÑOS SUPRANUMERARIOS y un número total de 25 constituyentes indígenas para la Convención Constitucional y 27 para el caso de la Convención Mixta Constitucional. Dicha propuesta numérica fue planteada en base a las cifras otorgadas por el CENSO 2017, incorporando cupos para los pueblos Chango y Selk´nam, ambos actualmente en vías de reconocimiento legal.

Otra de nuestras exigencias ha sido que los CONSTITUYENTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS NO SEAN MILITANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS, con la finalidad que se garantice que la representatividad a los escaños sea lo más democrática y pertinente posible, tanto desde el punto de vista cultural como territorial. Entendiendo además que los partidos políticos pueden asignar desde sus respectivos referentes, cupos en sus propias candidaturas.

Denunciamos públicamente que hasta aquí, el trámite legislativo sobre ESCAÑOS RESERVADOS A PUEBLOS ORIGINARIOS sigue entrampado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, demostrando absoluta falta de voluntad para avanzar y resolver este tema.

Es así, que a escasos días de la realización del PLEBISCITO, los Pueblos Originarios nos encontramos en la incertidumbre total respecto a la forma en la cual participaremos de este proceso histórico, lo que crea un ambiente de desconfianza, incredulidad e incerteza jurídica, por lo que exigimos que esta reforma sea aprobada antes del 25 de octubre.

Paradojalmente, atestiguamos día tras día que la Franja Electoral por el Plebiscito en Chile – transmitida en todos los canales de la televisión pública- muestra imágenes que hacen referencia a la necesidad de incluir a los pueblos originarios en la redacción de la Nueva Constitución, cuando en la práctica y a la hora de legislar, nos dan la espalda, negándose a salvaguardar garantías mínimas de participación.

Creemos que es el momento en que el Estado de Chile debiera estar a la altura de las exigencias que la mayor parte del pueblo chileno y mapuche le está demandado de manera urgente para SALDAR LA DEUDA HISTÓRICA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A TRAVÉS DE MAYORES Y MEJORES MECANISMOS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN.

Las organizaciones aquí individualizadas no daremos pie atrás en seguir luchando con la misma vehemencia que lo hemos hecho históricamente y no renunciaremos hasta obtener una participación, ecuánime y democrática en el proceso constituyente, de acuerdo con los estándares internacionales.

Por lo anterior, INVITAMOS a los presidentes de partidos políticos y prensa en general, a una reunión a través de la plataforma ZOOM, a realizarse el día 12 de octubre del presente, a las

10.00 am con el objetivo de dialogar y conocer cuáles son las razones por las cuales los partidos políticos chilenos, no han propiciado el avance de esta importante reforma constitucional.

Hemos elegido este día porque da cuenta de que después de más de 500 años de invasión, seguimos más vivos que nunca.

A esta carta abierta han adscrito las siguientes agrupaciones indígenas pertenecientes a los distintos pueblos originarios y ocupaciones territoriales presentes a lo largo y ancho del país:

  • Agrupación Changos Camanchacos, sector Salitre

  • Agrupación Changos Cazadores, sector El Gaucho

  • Agrupación Changos Descendientes del Último Constructor de Balsas de Cuero de Lobo – Caleta Chañaral de Aceituno

  • Agrupación Changos Recolectores, sector Playita

  • Agrupación Changos Vivientes de Paposo

  • Agrupación Changos Vivientes Finado Loreto

  • Agrupación Cultural Changos de Chañaral

  • Agrupación Cultural y Social del Pueblo Chango, Punta de Choros

  • Agrupación de artesanos de la Caleta Pan de Azúcar

  • Asociación de comunidades Indígenas de Walaiwe

  • Changos Torres del Inca

  • Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche – AMCAM

  • Asociación Gremial Caleta las Conchas

  • Asociación indígena de Cultores Ruraq Maki, Alto Loa Calama Lickanantai

  • Asociación Indígena Escuela de Artes y oficios Nagche folilkimuntun

  • Asociación Indígena Kiñe pu Liwen de LaPintana

  • Asociación mapuche Pewun Kimün, Los Ángeles

  • Asociación mapuche Taiñ Adkimn, comuna de La Pintana

  • Asociación indígena Talcahueñu Ñi Folil, Biobio

  • Asociación Tripay Antu, Maipú

  • Asociación Regional de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa, Región de Tarapacá

  • Asociación Rakiduam Mapuche comuna de la Granja

  • Comunidad Diaguita Colpe, Alto del Carmen

  • Comunidad Chapod Pulil de Padre las Casas

  • Comunidad Pascuala Lican, territorio Mañiuco, comuna de Galvarino Comunidad Zoila Guichalau, Carahue

  • Comunidades Kawésqar por la defensa del Mar, Kawésqar Wæs, Magallanes

  • Comunidad Indígena Yagán Bahía Mejillones de Villa Ukika

  • Consejo Regional de changos Camanchacos de Atacama

  • Consejo General de Caciques Williche de Chiloé

  • Galvarino Reimán Huilcamán, werken del territorio nagche

  • Identidad Territorial Lafkenche

  • Mesa Nacional de lideresas indígenas

  • Organización Mapuche Ad Mapu

  • Parlamento Mapunche de Kozkoz

  • Sindicato Apneasub, Los Vilos

  • Sindicato Bentónicos y Algueros, Atacama

  • Sindicato Caleta las Conchas, Los Vilos

  • Sindicato Chigualoco, Los Vilos

  • Sindicato de Trabajadores Independientes Mixtos de Recolectores de Orilla, Buceos de apnea SICAPUL, Caldera

  • Sindicato de trabajadores independientes pescadores y buzos mariscadores artesanales de la caleta Puerto Viejo

  • Sindicato Lord Willow, Los Vilos

  • Sindicato Los Lobos, Los Vilos

  • Sindicato N°2 de Caleta Barranquilla

  • Sindicato tripulantes trabajadores independiente de la pesca artesanal N»1 tripulantes pesqueros de Caldera

Organizaciones ciudadanas presentan indicaciones al proyecto de Ley Marco de Cambio Climático

Recientemente, la prestigiosa revista Nature destacó un estudio advirtió que aunque se cumplieran los objetivos del Acuerdo de París, es decir, limitar el aumento de la temperatura a 2°C por sobre los niveles preindustriales, sería inevitable prevenir el derretimiento del hielo de la Antártida, lo cual podría generar que el nivel de los océanos crecería en unos 2,4 metros aproximadamente, afectando a varias ciudades costeras del mundo. Esta y otras evidencias, demuestran que el cambio climático avanza muy rápido y plantea que, como especie, debemos adaptarnos a sus desafíos con urgencia.

La necesidad de combatir el cambio climático conlleva a contar con adecuadas políticas públicas. El Gobierno presentó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático (boletín n° 13.191-12), cuyo objetivo es “hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático; transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático; y, dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia”, según señala el texto de la iniciativa.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado, donde después de haberse aprobado en general en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y posteriormente en sala, se abrió un período de indicaciones que cumplió formalmente su plazo este viernes 25 de septiembre, y que de acuerdo a lo acordado en la última sesión de la Comisión, es posible que se extienda de manera acotada.

La Mesa Ciudadana de Cambio Climático, coalición que reúne a 14 organizaciones ambientales nacionales, puso a disposición de senadoras y senadores más de un centenar de indicaciones a este proyecto de Ley, las que, en términos generales, hacen un llamado al Congreso Nacional a reformular los aspectos centrales del proyecto, integrando, por ejemplo, la visión de adaptación en su contenido. “Debemos indicar que el proyecto de ley se focaliza en la mitigación sin integrar y considerar apropiadamente la adaptación. En Chile, si bien debemos abordar la mitigación o cantidad de emisiones que producimos, es fundamental enfrentar nuestra gran vulnerabilidad y sobre todo el sufrimiento de los grupos más vulnerables”, señalan.

A su vez, la agrupación llama la atención (nuevamente) sobre la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en esta materia, considerando que no involucra a los pueblos originarios y solamente contempla una serie de “consultas ciudadanas”, mecanismo que según la perspectiva de las organizaciones, nada tienen que ver con el “real involucramiento e incidencia de los habitantes del país en la toma de decisiones”, ya que estas tienen un carácter informativo o consultivo, “que es irrelevante a la hora de la toma de decisiones”, opinan. “Por su parte, el gobierno ha decido no firmar el Acuerdo de Escazú, lo cual lamentamos, pues claramente tiene un impacto negativo en la tramitación del proyecto”, añade Rodrigo Herrera Jeno, Secretario Técnico de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático.

Por si te lo perdiste: Lorena Arce del Observatorio Ciudadano: “La insistencia del Estado en imponer su modelo de desarrollo, ha impedido avanzar hacia un diálogo intercultural con los pueblos indígenas”

“Chile necesita urgente una buena Ley de cambio climático. Hay que reconocer que la existencia de una meta que fije la carbono neutralidad al 2050 es un paso importante. Sin embargo, necesita una serie de mejoras como el fortalecimiento de la adaptación, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, participación ciudadana, aumento de presupuestos, niveles de información y recursos que permitan financiar la acción climática. Para qué decir la bajada de iniciativas a nivel local: el proyecto margina a los municipios, lo cual nos parece un error, porque estos son clave en la implementación de medidas para la reducción de desastres. Además, concentra gran parte del trabajo de implementación de acciones contra el cambio climático en el Ministerio del Medio Ambiente, sin incluir al Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la coordinación de las decisiones y, por otro lado, con una excesivo involucramiento del Ministerio de Hacienda a nivel de toma de decisiones financieras. Por todo ello y más, hacemos un llamado a los parlamentarios a mirar con lupa este proyecto antes de ser despachado”, enfatiza Herrera.

A continuación, corresponde que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado analice, debata y legisle sobre cada una de las indicaciones presentadas, iniciando así su discusión particular. Es de esperarse, entonces, que los parlamentarios atiendan las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil y los territorios, que han realizado un trabajo técnico para que Chile cuente con una buena Ley de cambio climático.

DESCARGA AQUÍ LA MINUTA SOBRE LAS INDICACIONES PRESENTADAS POR LA MESA CIUDADANA DE CAMBIO CLIMÁTICO.