Las mujeres indígenas en la elaboración de una nueva Constitución Política para Chile

El 15 de diciembre de 2020, después de más ocho meses de intensos debates[1], se aprobaron finalmente los escaños reservados para pueblos indígenas, los cuales estarán distribuidos entre los 10 pueblos indígenas legalmente reconocidos en Chile de la siguiente manera: siete escaños para el pueblo Mapuche, dos escaños para el pueblo Aymara y un escaño para los pueblos Diaguita, Colla, Lican Antay o Atacameño, Quechua, Yagán, Kewésqar, Rapanui y Chango. En total 17 escaños que formarán parte de los 155 convencionales que elegirá la ciudadanía para redactar una nueva Constitución para Chile.

Si bien existieron múltiples obstáculos y limitaciones para el reconocimiento de los escaños reservados para los pueblos indígenas, como el que los escaños no sean proporcionales al peso demográfico que corresponde a los pueblos indígenas de acuerdo al último Censo de Población[2], el que no se reconociera el criterio de la auto identificación para acreditar la calidad indígena de los ciudadanos y ciudadanas que se identifiquen como pertenecientes a un pueblo indígena, el no aprobar ningún escaño para el pueblo afrodescendiente, y el lamentable desconocimiento que se evidenció en el debate sobre los derechos de los pueblos indígenas; nos encontramos sin duda ante un cambio fundamental. Y es que por limitado que pueda parecer este espacio, es una oportunidad histórica y un punto de inicio para comenzar a construir un futuro conjunto donde los pueblos indígenas no estén nunca más excluidos de la construcción de un país diverso y plurinacional.

Asimismo, es importante reconocer que la elaboración de una nueva Constitución y la aprobación de los escaños reservados para pueblos indígenas no fue una concesión del gobierno o de los partidos políticos; sino más bien fruto de las movilizaciones que surgen con el denominado estallido social que inician los y las estudiantes, y al que se van uniendo hombres y mujeres de todos los sectores excluidos por el sistema económico, social y cultural. Movilizaciones en las que también se hacen presentes los pueblos indígenas y sus principales símbolos, en especial la wenufoye –bandera mapucheque es reivindicada en todas las marchas, evidenciando su uso que la lucha y cuestionamientos al estado por parte de los pueblos indígenas es anterior al estallido social, y que son cientos de años de resistencia indígena debido al despojo de sus territorios y por la continua criminalización y represión que enfrentan.

En este escenario de resistencia y movilización, las mujeres indígenas han estado muy presentes, señalando, entre otras cosas, que las políticas extractivistas del gobierno son también una forma de violencia que se ven obligadas a vivir a diario, pues afectan no solo sus territorios y sino también sus formas de vida, al ser las encargadas de transmitir la cultura y los conocimientos a las nuevas generaciones, como el cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, de los bienes comunes y por el rol que las mujeres desarrollan respecto a la soberanía alimentaria, el cuidado de la salud, entre otros. Y es gracias también a estas luchas que hoy se avanza hacia la construcción de esta nueva carta fundamental que se escribirá, por primera vez en Chile y el mundo, de forma paritaria entre hombres y mujeres, o visto desde la visión de los pueblos indígenas, aportando de forma complementaria tanto hombres como mujeres.

La paridad en la asignación de los escaños reservados operará para el total de los convencionales, y para los representantes de pueblos indígenas significa, en el caso de los pueblos mapuche y aymara, que si una vez obtenidas las candidaturas preliminares, las de un sexo superan al otro en más de un escaño, serán sustituidas por la candidatura paritaria alternativa del mismo pueblo, cediendo la candidatura del sexo sobrerepresentado con menor votación, su escaño a su candidata/o alterno. Para los demás pueblos, si sumados los ocho escaños de los ocho pueblos restantes, no se logra alcanzar la paridad de género, se sustituirá a los/las candidatos/as menos votados por sus candidaturas alternativas paritarias hasta alcanzar el equilibrio.

Para ello, cada candidato o candidata deberá inscribirse designando una candidatura alternativa del sexo opuesto, para que, en caso de ser necesario, pueda aplicarse el mecanismo de corrección paritaria y ser reemplazado o reemplazada, y así lograr un número equitativo de escaños entre hombres y mujeres.

Este mecanismo asegurará que la nueva carta fundamental se elaboré de forma paritaria. Y esta es una reivindicación importante porque como ya hemos mencionado, las nuevas oportunidades de cambio social que se abren se han dado gracias a las movilizaciones y la lucha social de hombres y mujeres, donde tanto hombres como mujeres indígenas han tenido un rol muy relevante. Asimismo, las mujeres indígenas son una parte importante de la población[3], por lo que deben estar adecuadamente representadas. Son ellas, quienes conocen directamente la realidad de la que hablan y son las que pueden hacer llegar los intereses y aportes directos de las mujeres que representan. Porque las mujeres indígenas tienen un rol y aportes fundamentales dentro de sus comunidades, territorios, y el país en general, que muchas veces no está suficientemente visibilizado y debe hacerse presente.

Por ello, es importante mencionar el aporte fundamental que realizan al desarrollo social, político y cultural de sus pueblos y naciones; como, por ejemplo, el rol que han venido desempeñando en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, donde vienen aportando con sus conocimientos en salud y en el uso de las plantas medicinales, activando redes de trueque o compartiendo sus productos de forma solidaria con quienes más lo necesitan, como lo hicieron las hortaliceras de Temuco.

Las mujeres tienen también un rol importante en la defensa del medio ambiente y sus territorios, siendo activas defensoras del territorio, como son los casos de Ercilia Araya, lideresa Colla que viene enfrentando a diversas mineras en el norte del país por proteger su territorio ancestral o de la Machi Millaray, líder espiritual mapuche que está luchando contra un proyecto hidroeléctrico en el sur de Chile que afecta un sitio de gran importancia espiritual para su pueblo. Sirve también mencionar, todo el aporte que las mujeres indígenas vienen realizando a la lucha contra el cambio climático, a través de sus conocimientos tradicionales, respecto al manejo y conservación de los bienes comunes o recursos naturales, adaptando sus cultivos a situaciones tan adversas como sequías o invernadas extremas para asegurar la soberanía alimentaria, o aportando a la protección de la biodiversidad del planeta en su rol de guardianas de las semillas. Y desde luego, la activa participación política que vienen ejerciendo en sus territorios, comunidades y organizaciones, así como en la política nacional donde cada vez están más presentes denunciando el despojo de sus territorios, la defensa del agua, la revitalización de sus idiomas y las políticas extractivas, neoliberales y patriarcales del estado.

Sin embargo, a pesar de esos aportes vitales, las mujeres indígenas son también quienes afrontan las mayores desigualdades y brechas, no solo respecto a la situación de las mujeres no indígenas, sino del resto de la población en general, como, por ejemplo, las mayores barreras en el acceso a la justicia, a la educación y a salud de calidad, y son también quienes afrontan mayores situaciones de discriminación y violencia.

Por ello, la participación de la mujer indígena en el proceso constituyente será fundamental, no solo para avanzar en superar las brechas que enfrentan y que esto se aborde directamente con su participación, sino también para visibilizar y construir a partir de los aportes que vienen realizando, no solo en relación a sus pueblos y naciones, sino en general a la construcción de un nuevo país, pues actualmente los aportes y las luchas de las mujeres indígenas son transversales a todas las temáticas que puedan desarrollarse.

En este sentido, la participación de la mujer indígena en el proceso constituyente no será solo numérico, sino que deberá plasmar los aportes específicos que viene realizando, porque avanzar hacia el buen vivir para todos los pueblos no puede concebirse sin el bienestar de todas las mujeres.

 

* Karina Vargas H., coordinadora del Programa Derechos de los Pueblos Indígenas, Observatorio Ciudadano

[1] En marzo de 2020 parlamentarios de diversas bancadas presentaron a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional para modificar la Constitución Política de la República de 1980 y reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución (Boletín N°13129-07).
[2] Un 12.8% de la población total del país se reconoce como parte de un pueblo indígena en Chile (INE, 2017).
[3] El 12,4% de las mujeres en Chile se reconoció como mujer indígena (INE, 2017).

Afrodescendientes acusan exclusión y negación en discusión de escaños reservados del Proceso Constituyente

Mediante una carta abierta el pueblo afrodescendiente, sus comunidades y organizaciones, acusan ser víctimas de exclusión, negación e invisilización histórica por parte del Estado chileno, que se traduce en límites a su derecho de participación política en el Proceso Constituyente, con especial atención a su condición de pueblo tribal a través de la fórmula de escaño reservado.

Hoy la Cámara de Diputados votó en forma separada el informe de la comisión mixta de Constitución, aprobando por una parte los escaños reservados para Pueblos Indígenas (140 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones), y por la otra, rechazando el escaño propuesto para el Pueblo tribal afrodescendiente (82 votos a favor, 49 en contra y 17 abstenciones), al no alcanzarse el quórum necesario correspondiente a 3/5.

A continuación compartimos el texto difundido.

EL ESTADO CHILENO EXCLUYE, NIEGA E INVISIBILIZA AL PUEBLO AFRODESCENDIENTE CHILENO

Desde la creación del Estado de Chile, la élite política se ha encargado de negar y excluir al pueblo afrochileno. Sus descendientes hemos sobrevivido a la esclavitud, al colonialismo, a la dictadura y en este proceso constituyente, que por primera vez en la historia de nuestro país es colectivo, seguimos siendo objeto del racismo estructural, que se expresa y se encuentra inserto ahora en el Congreso Nacional. La discusión que se da sobre escaños reservados para pueblos indígenas y tribal afrodescendientes es un reflejo de la sistemática violencia que como pueblos racializados hemos vivido históricamente y que hoy se agudiza contra el pueblo afrochileno, ya que expresamente en la Comisión Mixta se evidenció que el voto por separado concluirá en un rechazo de la participación efectiva de los y las afrodescendientes mediante el escaño reservado.

La exclusión, negación y racismo contemporáneos no es algo nuevo y se traduce entre otros en hechos como estos:

  • En el 2011 el Gobierno de Chile excluyó a los afrodescendientes del censo del 2012, y luego en el 2016 nuevamente excluye a nuestro pueblo del censo abreviado del 2017, llegando esta privación de derechos a instancia judiciales nacionales, donde el poder judicial del Estado sin atender nuestras demandas rechazó el recurso, teniendo que llegar con nuestra denuncia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, causa que hoy está en discusión.

Producto también de la movilización por nuestros derechos, en abril de 2019 y tras una larga tramitación en el Congreso se publica en el Diario Oficial la Ley N° 21.151 que otorga reconocimiento al Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno. A pesar de que esta norma nos otorga reconocimiento jurídico como sujetos de derechos colectivos, esta negación por parte del estado chileno persiste en el proceso constituyente:

  • En efecto, en noviembre de 2019 los partidos políticos llegaron a un acuerdo para iniciar este proceso constituyente, en el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, del cual se excluye a los pueblos indígenas y tribales. Negándonos nuevamente la opción de ser partícipes de este importante proceso.
  • Posteriormente, en enero de 2020, se inició la discusión en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para la inclusión de la participación de los pueblos originarios mediante escaños reservados, momento en donde el Diputado Luis Rocaful presenta la indicación de incluir al pueblo tribal afrodescendiente, pero acción esta no consiguió el quórum necesario por parte de los mismos parlamentarios que meses atrás habían votado a favor de la ley N° 21.151.
  • Desde febrero de este año hasta la fecha la Comisión de Constitución del Senado, recibe diversas recomendaciones por parte de expertos y representantes del pueblo afrochileno sobre los argumentos históricos y antropológicos con relación a la presencia afro en Chile, así como argumentos jurídicos, basados tanto en el derecho interno como internacional a partir de las obligaciones del Estado de Chile y que existen en materia de derecho hacia nuestro pueblo.
  • Posteriormente, diversos senadores y senadoras presentaron ante la Comisión de Constitución indicaciones que proponen incluir al pueblo tribal afrodescendiente; parlamentarios como Carolina Goic, Alejandro Navarro y José Miguel Insulza de la oposición, más el Senador del oficialismo José Durana, con el fin de iniciar un proceso representativo con los distintos pueblos.
  • Sin embargo en las últimas dos semanas, al no haber acuerdo en sala, se constituyó la Comisión mixta de Constitución, en la cual la discusión y trabas para avanzar en dicha propuesta de escaños reservados se hizo evidente, en particular del pueblo afrochileno, con la negación, exclusión y desconocimiento de nuestros derechos por parte del sector de Chile Vamos, con argumentos racistas de que no debemos estar en el proceso constituyente, y que han sido refutados por distintos espacios académicos, políticos y sociales.
  • Por otro lado, el gobierno de Sebastián Piñera a través de la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, ha presentado ante dicha comisión argumentos falsos sobre la inexistencia de acciones administrativas y estudios técnicos sobre la presencia afrodescendiente en Chile. Negando de esta manera, veinte años de trabajo y la inversión pública de nuestro pueblo con diversos organismos de la administración del Estado en la región de Arica y Parinacota, en especial el sostenido con la secretaría regional ministerial y que ha implicado la conformación de una mesa intersectorial afrodescendiente del Ministerio de Desarrollo Social.
  • Finalmente, es importante relevar que la coalición del oficialismo, liderados por los parlamentarios Galilea y Coloma, han propiciado una campaña comunicacional de desprestigio y exclusión hacia el pueblo tribal afrodescendiente, entregando argumentos que no se ajustan a derecho y que invisibilizan a los afrodescendientes, entregando justificaciones impropias por las cuales no debemos estar en este proceso constituyente.

Conclusiones

La discusión que se desarrolla actualmente en el Congreso Nacional no se ajusta a lo establecido en el derecho internacional y nacional, alejándose expresamente de la base matriz de la ley 21.151 de Reconocimiento del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno. En este sentido, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de noviembre del 2019, no considera lo establecido por esta ley y en los estándares internacionales que amparan la participación efectiva del Pueblo Tribal Afrodescendiente, como lo es el Convenio 169 de la OIT, el cual es vinculante para el Estado de Chile.

Cabe señalar también a este respecto que dicho Convenio señala que los gobiernos deben  establecer los medios a través de los cuales los pueblos a los que es aplicable, incluyendo el pueblo tribal afrodescendiente “…puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan” (artículo 6 1. b).

La exclusión del pueblo tribal afrodescendiente de contar con representación en la Convención Constitucional vulnera los derechos de participación política y los principios de igualdad y no discriminación que reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los cuales buscan una participación efectiva de los pueblos en todos los escenarios de toma de decisión. Este contexto además es contrario a todo lo que busca implementar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes decretado por Naciones Unidas el año 2015 mediante Resolución N°68/237 de la Asamblea General Para el periodo 2015 a 2024. Bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, los Estados miembros de Naciones Unidas, dentro de los que se encuentra Chile, se comprometen con la elaboración de acciones que tengan por objeto eliminar la discriminación racial y las brechas de desigualdad de esta población, así como facilitar el desarrollo de las personas afrodescendientes del mundo a través de la participación efectiva en cada uno de los procesos políticos de sus países, poniendo así en práctica el plan de acción del Decenio que señala expresamente en relación a la participación política el deber de “Los estados miembros, cuando sea pertinente, la observación electoral con enfoque afrodescendiente”.

Es reprobable el comportamiento de los parlamentarios que en reiteradas oportunidades han invisibilizado al pueblo afrochileno, a través de concepciones y estereotipos racistas, profundizando su nacionalismo y racismo estructural a la hora de defender argumentos que excluyen a los afrodescendientes del proceso formal de participación en el proceso constituyente.

Algo ausente en el proceso de negociación para una nueva constitución donde no ha sido considerado el Pueblo Tribal Afrodescendiente de Chile, evidenciando una responsabilidad política de gran envergadura primeramente de la Ministra Karla Rubilar, quien ha negado sistemáticamente el trabajo desarrollado con los afrodescendientes en la región de Arica y Parinacota, evidenciado una ignorancia de nuestra historia y cultura en todos los espacios de discusión sobre el proceso en cuestión; y del Intendente Roberto Erpel, que ha sido incapaz de trabajar colaborativamente con los afrodescendientes, siendo responsable de la inactividad de la agenda pública del Pueblo tribal Afrodescendiente en la región. Por último, y más grave aún, queremos denunciar públicamente la inactividad en el proceso de trabajo que existió en algún momento con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la Región de Arica y Parinacota, representado por la Seremi Macarena Vargas Pampaloni, quien además de desaparecer la figura del encargo de las temáticas afrodescendientes en la Seremi, no trabajó desde su llegada con nuestro pueblo dejando en evidencia su conducta racista frente a las múltiples necesidades de nuestro pueblo, no ejerciendo su labor de representante de la Ministra en torno a el desarrollo de los reglamentos que le darían oportunidad a nuestra ley.

COMUNIDADES , ORGANIZACIONES , ONG´S , COLECTIVOS Y LA MESA TÉCNICA Y POLÍTICA DEL PUEBLO TRIBAL AFRODESCENDIENTE EN CHILE.

Presentan plataforma virtual sobre el impacto de proyectos en comunidades indígenas

La plataforma Derechos Colectivos Vulnerados fue presentada oficialmente este viernes 11 de diciembre a través de los canales virtuales de Servindi. Se trata de una herramienta disponible en Story Maps, didáctica y de fácil uso, realizado por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

El lanzamiento de esta plataforma contó con la participación de miembros de RRI y ACT, y un panel conformado por líderes indígenas, quienes comentaron sobre la grave afectación multidimensional que realizan las industrias extractivas y proyectos de infraestructura sobre los derechos colectivos y el territorio de comunidades locales y originarias en países de Latinoamérica.

Servindi, 11 de diciembre, 2020.- La plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, herramienta didáctica disponible en Story Maps, fue presentada oficialmente este viernes 11 de diciembre a través de los canales digitales de Servindi, entre las 10 y 11:15 a. m. (hora de Perú).

La plataforma, que es un aporte de Rights and Resources Initiative (RRI) y de Amazon Conservation Team (ACT), muestra la grave afectación multidimensional que realizan las industrias extractivas y proyectos de infraestructura sobre los derechos colectivos y el territorio de comunidades locales, de los pueblos indígenas y afroamericanos en seis países de Latinoamérica: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú.

El evento inició con las palabras de Omaira Bolaños, directora de RRI para América Latina, quien destacó que la violación a los derechos de las comunidades no son casos aislados, pues tiene un efecto multidimensional y multiplicador, y en esto se orienta la herramienta Derechos Colectivos Vulnerados.

Es decir, afectan todos los aspectos de la vida de las comunidades y su relación con su entorno, además de la afectación de una serie de derechos, explicó.

“Queremos demostrar que al abordar el tema de la violación de los derechos, necesitamos mirar los efectos acumulativos y las acciones para poder abordar y resolver los problemas y conflictos que tenemos, no podemos seguir mirando caso por caso, como si fueran aislados”, remarcó.

Expresó su deseo de que Derechos Colectivos Vulnerados registre más datos, ya que es la primera muestra en general “para poder marcar este tipo de enfoque de efecto e impacto multimensional de la violación de derechos”.

Después de la intervención de Bolaños, continuó Alejandra Zamora –facilitadora de RRI para Perú–, quien presentó la metodología y resultados del estudio, del cual se basó la plataforma.

El nombre del estudio es “Sistematización y análisis de casos de violación de derechos colectivos de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales de América Latina vinculados a industrias extractivas y desarrollo de infraestructura en el periodo 2017 a 2019”.

Los impactos que causan las industrias están relacionadas a la extracción de minerales, madera, combustibles fósiles, agroindustria e infraestructura.

Se mapeó 102 proyectos y al menos 1164 comunidades fueron afectadas por la violación de 13 derechos, entre las principales están el derecho a un medioambiente saludable, al consentimiento libre, previo e informado, y al dominio colectivo sobre el territorio.

Los proyectos de infraestructura y minería fueron responsables por la mayoría de los casos reportados (68.6 %), afectando a unas 1052 comunidades.

Luego continuó Brian Hettler, representante de Amazon Conservation Team, quien explicó sobre el uso de la plataforma, como una “herramienta de comunicación en línea y fácil de usar”.

Precisó que Derechos Colectivos Vulnerados es una colección que reúne 7 Story Maps, y cuyo proyecto está disponible en 3 idiomas:

Así, el primer Story Maps presenta la perspectiva regional (Mesoamérica y Sudamérica), y los otros 6 son sobre los países México, Guatemala, Honduras, Brasil, Colombia y Perú.

Hettler presentó el dinamismo de los mapas, los gráficos y fotos que detallan los casos de las comunidades impactadas.

“Esperamos que este Story Maps facilite la comprensión de este asunto, a través de una herramienta de comunicación fácil de entender. Todos tienen la oportunidad para revisarlo y leerlo”, expresó.

Testimonios de líderes

Mayra Tenjo, miembro del equipo de RRI, moderó y presentó al panel conformado por líderes de organizaciones de la región, quienes brindaron sus testimonios y comentarios sobre el tema.

Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), fue la primera en exponer en esta sección del evento. Ella abordó sobre el caso Las Bambas, mina de cobre situada en la región Apurímac, en la sierra peruana.

Indicó que muchos de los impactos ocasionados por la actividad minera son irreversibles, pues no solo afectan a las comunidades involucradas, sino también a la madre naturaleza.

“Donde hay minería, la tierra ya no produce por la contaminación. Esto afecta a la seguridad y soberanía alimentaria, y la seguridad de la medicina [natural], que es un derecho humano”, expresó.

Acotó que la contaminación minera también sucede en los ríos y, con ello, afecta a los recursos como los peces, que han provocado su desaparición en parte.

Esta afectación causa, por ejemplo, que los niños tengan metales pesados en la sangre. Así, el impacto también ocurre en la salud de la población, aduce.

En este sentido, remarcó que la extracción de minerales vulnera la identidad cultural y la biodiversidad, afecta a los saberes y a las prácticas ancestrales.

“Son afectados nuestros territorios”, enfatiza Canales, quien refiere que, en el caso de Las Bambas, la minería provoca el acaparamiento de las tierras y el “despojo territorial” que son amparados por el Estado y la policía.

Luego continuó Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general en Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), quien enfatizó que el modelo capitalista, que desarrolla las actividades extractivas e infraestructura, es insostenible.

En este marco, señaló que la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Story Maps es una herramienta para develar una realidad que está matando a la Amazonía y a los demás pueblos originarios de América.

“Esta herramienta permite visibilizar esos conflictos socioambientales, que están violando sistemáticamente todos nuestros derechos como pueblos indígenas”, sostuvo.

Explicó que el modelo económico que promueve esas actividades foráneas va en contra de sus cosmovisiones y en contra de la naturaleza.

“Este modelo es inviable, es inmoral porque está siendo impuesto por encima de las leyes, por encima de los gobiernos, por encima de la consulta previa”, puntualizó.

Díaz Mirabal, en este sentido, mencionó que Derechos Colectivos Vulnerados “es una herramienta de lucha para señalar dónde están los conflictos socioambientales”.

Y también considera que el reto ahora es que “esa herramienta llegue a nuestros territorios, a nuestros defensores, como un instrumento de lucha para nosotros”, a fin de defender sus derechos, más aún en el contexto del COVID-19.

Después continuó Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) y delegado de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.

Considera un acierto el trabajo de RRI y ACT sobre la creación de los mapas interactivos en Story Maps, que muestran las violaciones a las comunidades.

“Se le da voz, se le da rostro a estos procesos y dejan de ser un enfoque únicamente teórico […] Esta herramienta ayudará a visibilizar estos impactos”, mencionó sobre la plataforma.

Explicó que en México, los pueblos nativos viven una serie de afectaciones y despojos en los territorios desde la década de 1990, en la etapa neoliberal; y que desde el 2018, bajo un gobierno progresista, esta etapa neoliberal no ha cambiado.

Sobre el caso termoeléctrica de Huexca, comentó que este proyecto –cuestionado por contaminación ambiental– es impuesto por parte del gobierno mexicano.

“Story Maps ayudará a las organizaciones de pueblos indígenas y de comunidades locales a una defensa más efectiva de los territorios”, mencionó.

Siguió Milton Javier Caicedo, líder de los pueblos afrodescendientes en Buenaventura (Colombia) y miembro de la Fundación Transformando Mentes, articulado al Proceso de Comunidades Negras (PCN).

Él comentó sobre el caso de TC Buen, un proyecto portuario que desde el inicio de su construcción, en el 2008, violó una serie de derechos fundamentales en la comunidad Cinco.

Refirió sobre las afectaciones a las viviendas de los barrios de la comunidad y sobre los recursos marinos, entre otros. Indicó también que se violó la consulta previa.

El ruido de los contenedores ha causado la pérdida auditiva en parte de la población y el desplazamiento masivo de las personas, debido a la expansión del proyecto.

El lanzamiento de Derechos Colectivos Vulnerados culminó con la intervención de Omaira Bolaños, quien agradeció y resaltó las participaciones de los panelistas, y a Servindi por facilitar el espacio para la transmisión de este evento.

 

Fuente SERVINDI: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/11/12/2020/titulo

AES Gener y la afectación del derecho al medio ambiente en Chile

Declaración de las organizaciones Mujeres de la Zona de Sacrificio de Quintero y Puchuncaví, Fundación Terram y el Observatorio Ciudadano, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos (DD.HH.), y a más de dos años de la grave crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví, a la que contribuyeron de manera importante las cuatro plantas termoeléctricas que posee la empresa AES Gener en dicha zona de la Región de Valparaíso, las organizaciones Mujeres de la Zona de Sacrificio de Quintero y Puchuncaví, Fundación Terram y el Observatorio Ciudadano, señalamos  a la opinión pública:

1.- En la Bahía de Quintero siguen operando a la fecha más de catorce empresas con características “peligrosas y contaminantes”, incluyendo una fundición de cobre, seis termoeléctricas (cuatro de propiedad de AES Gener, empresa de capitales estadounidenses), dos puertos para la descarga de petróleo, tres terminales de gases, una planta de cemento, un terminal de productos mineros, entre otras. A través de una política negligente del Estado de Chile, que tiene ya varias décadas justificada por motivos económicos, se ha generado una concentración de industrias peligrosas para el medio ambiente, emplazadas a corta distancia de centros poblados, sin una adecuada evaluación de sus impactos ambientales y con graves efectos sobre la salud humana, expresado en altos niveles de arsénico respirables que superan incluso las concentraciones seguras para la vida, en una zona declarada saturada para material particulado MP 2,5 el 2015. No es coincidencia que el 2018 se verificaran intoxicaciones masivas que afectaron a más de 1.600 personas, principalmente niñas y niños debido a emisiones industriales, sin que a la fecha las autoridades determinaran responsables de dichas intoxicaciones. Todo lo anterior determina que esta sea posiblemente la Zona de Sacrificio más crítica existente hoy en Chile.

2.- Desde el 2009, los habitantes de Ventanas vienen denunciando a las autoridades la ocurrencia de reiterados varamientos de carbón (capa de carbón que al sedimentar cubre la superficie de la playa), con más de 712 incidentes al 31 de diciembre del 2019, sin que esta situación haya sido corregida a la fecha. Todos los antecedentes indican que la empresa AES Gener, con sus cuatro plantas termoeléctricas (Ventanas I, Ventanas II, Nueva Ventanas y Campiche) en la zona, tiene una responsabilidad fundamental en estos varamientos, puesto que recibe y quema 2 millones de toneladas de carbón en promedio al año, para luego descargarlo al mar por el Puerto Ventanas.

3.- A pesar de que la Armada de Chile, en tanto organismo a cargo de proteger el litoral, ha abierto dos investigaciones sumarias para determinar responsabilidades en estos varamientos, ninguna de ellas ha sido concluyente en dictar medidas para detener la ocurrencia de estos hechos. Lo mismo ha ocurrido con los dos recursos de protección presentados en la Corte de Apelaciones de Valparaíso durante el año 2019 por los senadores de la región, Juan Ignacio Latorre (RD) y Francisco Chahuán (RN), los cuales no han tenido avances hasta la fecha.

4.- Durante el 2018, pescadores artesanales y habitantes de la comunidad interpusieron  una demanda contra AES Gener por su responsabilidad en los varamientos de carbón, accediendo ésta última a pagar compensaciones a los demandantes, pero estableciendo condiciones abusivas, coherente con su conducta histórica en la zona, tal como ocurrió en la construcción de la termoeléctrica Campiche, que con la complicidad del Estado, logró materializarla a  pesar de que ésta se emplazaría en una zona destinada para área verde, de contar con un amplio rechazo de la comunidad y de un fallo de la Corte Suprema en su contra.

5.- La quema de más de 2 millones de toneladas anuales de carbón por AES Gener solo en sus plantas de Quintero y Puchuncaví[1], tiene un enorme impacto en el medio ambiente. Al respecto, cabe señalar que la quema de combustibles fósiles, como el carbón, es factor fundamental en el aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) lo que incide directamente en el incremento de la temperatura del planeta[2]. Además, las carboneras emiten dióxido de azufre, vanadio, óxido de nitrógeno, material particulado, mercurio y níquel, entre otros gases contaminantes y metales pesados que llegan a la atmósfera y contaminan el aire, el mar y la tierra.  Sumado a ello, las miles de personas que viven en torno a las termoeléctricas sufren a causa del ambiente tóxico enfermedades cardiovasculares y respiratorias, mareos, dolores de cabeza, neumonía e incluso cáncer.

6.- Teniendo presente la enorme contribución que las termoeléctricas a carbón tienen en el cambio climático, parece relevante traer a colación lo señalado el pasado 2 de diciembre por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una intervención sobre el estado del planeta, donde señaló que “estamos enfrentando una pandemia devastadora, récords de calentamiento global, máximos de degradación ecológica y nuevos reveses en el avance hacia un desarrollo sostenible e inclusivo”. En la misma intervención Guterres caracterizó el estado actual como una verdadera “guerra” que la humanidad está librando contra la naturaleza, la que considera “suicida”, puesto que ella está respondiendo a la agresión humana con fuerza creciente, y dada la gravedad de la situación, hizo hincapié en que la prioridad del mundo en el Siglo 21 es combatir la emergencia climática. “Hacer las paces con la naturaleza es la tarea más importante de este siglo. Debe ser la prioridad de todos en todas partes”.

7.- La necesidad de realizar cambios profundos al modelo económico y político chileno, que permita cambiar la realidad que viven las poblaciones que habitan en las Zonas de Sacrificio, se manifestó de forma categórica en el plebiscito constituyente del 25 de octubre pasado. Mientras la opción “apruebo” alcanzó el 78% de los votos a nivel nacional, en las 10 comunas de las denominadas Zonas de Sacrificio esta opción superó el 89% de las preferencias.

8.-  Si bien el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está reconocido en la actual Constitución chilena, este no ha operado en forma efectiva. Por ello cobra relevancia que en la nueva Constitución, se incorpore el derecho a un medio ambiente sano, puesto que es más amplio que el primero, además de haber sido recientemente reconocido como un derecho humano a nivel internacional.

9.- Cabe señalar que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido por la mayoría de los Estados en sus constituciones y legislaciones, como también en diversos tratados regionales en los que estos son parte. Además, en los últimos decenios, los órganos de Derechos Humanos han desarrollado el entendimiento de que es fundamental un medio ambiente saludable para el pleno disfrute de una amplia gama de estos. Los órganos creados en virtud de tratados, los tribunales regionales, los relatores especiales y otros órganos internacionales de DD.HH. han descrito cómo interfiere la degradación ambiental en derechos específicos, como son los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la cultura, al desarrollo, a la propiedad y a la vida privada y familiar. En este contexto, el Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, ha hablado de una verdadera “ecologización” de los derechos existentes.

10.- En el ámbito del Sistema Interamericano de Proteccion de los Derechos Humanos (SIDH), la Corte Interamericana se ha referido al contenido y alcance del derecho a vivir en un medio ambiente sano en su Opinión Consultiva OC-23/17, donde afirmó que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”[3]. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales. Asimismo, la Corte destacó que el principio de prevención de daños ambientales forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible restaurar la situación existente, luego de producido tal daño. En virtud del deber de prevención, la Corte señaló que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”[4]. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental[5]. Por otro lado, y sin ánimo de exaustividad de todas las medidas que podrían adoptar los Estados dentro de su obligación general de tomar las medidas apropiadas para prevenir violaciones de los derechos humanos como consecuencia de daños ambientales, la Corte destacó las siguientes: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental[6].

11.-  Por todo lo anterior es que, en esta fecha de tanta significación para los Derechos Humanos, queremos instar a los distintos actores, cuya acción u omisión ha resultado en la vulneración del derecho humano al medio ambiente, así como el derecho a la vida y a la salud de la población de Quintero y Puchuncaví como consecuencia del funcionamiento de las plantas termoeléctricas de propiedad de AES Gener, a adoptar las medidas necesarias para poner término al estado actual de la situación, a garantizar la protección de estos derechos, así como hacer posible la justicia frente a las afectaciones de los mismos derechos hasta ahora ocurridas.

En particular instamos al Estado de Chile y a sus distintos órganos con competencia a que, de conformidad con las directrices internacionales antes reseñadas y a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, adopten todas las medidas para proteger los derechos humanos afectados por la actividad de estas empresas termoeléctricas. Ello a través del desarrollo de una política pública coherente que garantice estos derechos, de la revisión y adopción del marco normativo y reglamentario que ha hecho posible dichas violaciones, y del desarrollo de una fiscalización y sanción administrativa efectiva de las conductas empresariales que afectan estos derechos.

También instamos al Estado a la adopción de medidas que permitan en un corto plazo poner término a la generación de energía a través de termoeléctricas a carbón, teniendo presente el grave impacto que estas generan al medio ambiente al contribuir al cambio climático.

Instamos, además, a los órganos del poder judicial a investigar con celeridad las denuncias que se le han presentado derivadas de la afectación de derechos humanos generadas por estas empresas termoeléctricas, de modo de asegurar que se haga justicia frente a ellas y hacer posible la compensación de los daños provocados por las mismas a la población.

Finalmente, a la empresa AES Gener, y de acuerdo a las mismas directrices sobre el medio ambiente  y principios aplicables a su actividad y los derechos humanos, la instamos a respetar estos  derechos en  el desarrollo de todas sus operaciones,  incluyendo su cadena de suministro, poniendo término a su vulneración como consecuencia de los varamientos de carbón antes referidos, las emisiones contaminantes y sus efectos en la salud de la población, así como la  contribución de dichas emisiones  al cambio climático.

Asimismo, le instamos a establecer un compromiso expreso con los derechos humanos, a impulsar una debida diligencia en sus operaciones para evitar su afectación a futuro, y a compensar a la comunidad de Quintero y Puchuncaví por los daños que a la fecha ha provocado.

En atención a lo anterior es que por último instamos a AES Gener a considerar el urgente cierre de la operación de la totalidad de las plantas termoeléctricas de su propiedad en la zona de Quintero y Puchuncaví.


[1] AES Gener es propietario de 15 de las 28 unidades termoeléctricas que operaron durante el 2019 en el país, las cuales tienen una potencia instalada equivalente al 54% (2.754 MW/hr) del total nacional de generación de energía en base a carbón),
[2] El carbón es el principal contribuyente al cambio climático provocado por actividades del ser
humano. Las centrales termoeléctricas a carbón son responsables del 37% de las emisiones de dióxido de carbono alrededor del mundo y un 72% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del sector eléctrico. El sector de energía a su vez aporta un 41% de la totalidad de las emisiones a nivel mundial.
[3] Opinión Consultiva OC-23/17, párrs. 59, 62 y 64.
[4] Opinión Consultiva OC-23/17, nota a pie de página 247 y párr. 142.
[5] Opinión Consultiva OC-23/17, párr. 142.
[6] Opinión Consultiva OC-23/17, párr. 145.

Declaración de la Misión Quebeco-Canadiense de Observación de los Derechos Humanos en Chile

RESPONSABILIDAD DE CANADÁ FRENTE A LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 10 de diciembre, y la realización con este motivo, de campañas internacionales de denuncia de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Chile y …

• CONSIDERANDO que el gobierno liberal de Justin Trudeau continua presentándose como un ardiente defensor de los derechos humanos y se enorgullece de convertirlo en la brújula de sus políticas internacionales;

• CONSIDERANDO que éste persiste en mantener un silencio inaceptable ante los abusos generalizados y sistemáticos a los derechos humanos que se están produciendo en Chile bajo el régimen del presidente Sebastián Piñera, aunque en el caso de otros países (como Venezuela), se apresuró en condenarlos;

• CONSIDERANDO que hace menos de un año, nuestra Misión Quebeco-Canadiense de observación de los derechos humanos en Chile y diversas otras misiones internacionales de observación, pudimos observar gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese país entre el 18 de octubre de 2019 y fines de enero de 2020 : más de 31 muertos, 3.600 heridos (incluidas 400 víctimas de lesiones oculares), cientos de casos de violencia sexual y 10.000 arrestos;

• CONSIDERANDO que unos 2.000 presos políticos aún permanecen en prisión preventiva, algunos desde octubre de 2019, la mayoría de ellos,simplemente por haber ejercido su derecho a manifestarse;

• CONSIDERANDO que continúan graves violaciones a los derechos humanos incluso en el contexto de pandemia, en particular hacia las comunidades indígenas Mapuche, en sus propios territorios;

• CONSIDERANDO que se ha denunciado públicamente la existencia de graves violaciones de derechos humanos que afectan a niños, las más recientes de las cuales han motivado la destitución de su cargo de Director General de Policía;

• CONSIDERANDO que en Chile hay no menos de 40 empresas mineras canadienses que promueven más de 100 proyectos mineros, y esto, muy a menudo violando los derechos de los pueblos originarios, como lo hacen actualmente 6 empresas canadienses en el caso de la comunidad Colla Pai-Ote, en la región de Atacama, en el norte de Chile, donde los conflictos se desarrollan desde hace cerca de 10 años. Sabiendo también que para un estado con pretensiones democráticas como Canadá, es su responsabilidad asegurar que las empresas que trabajan bajo su bandera en un país extranjero, respeten los derechos humanos.

• CONSIDERANDO que enviamos al gobierno canadiense un informe detallado de nuestra Misión y una solicitud de reunión con nuestros miembros para discutir esta situación,sin haber recibido nunca respuesta;

• ANTE la responsabilidad que pesa sobre los hombros de un Estado de derecho como Canadá la cual está llamado a asumir.

Nosotros, miembros de la Misión Quebeco-Canadiense de observación de los derechos humanos en Chile, llamamos al Gobierno de Canadá a:

Þ Asumir efectivamente sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos y a llamar al orden a las empresas canadienses responsables de reiterados abusos de derechos humanos en Chile – a menudo con el apoyo tácito de la Embajada de Canadá en la región – y que de garantías a la posibilidad de reclamación, justicia y reparación;
Þ Comprometerse a condenar en voz alta y clara las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos perpetradas bajo la presidencia del Presidente Piñera;
Þ Aceptar reunirse con nosotros para discutir las graves situaciones mencionadas anteriormente.

Luc Allaire
Responsable de relaciones internacionales de la Centrale des syndicats du Québec – CSQ (Central de sindicatos de Quebec) y presidente del Centre international de solidarité ouvrière – CISO (Centro internacional de solidaridad obrera)

Marcos Ancelovici
Titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Sociología de Conflictos Sociales y profesor del Departamento de Sociología de la Université du Quebec à Montréal

Marie-Christine Doran
Profesora titular de la Escuela de Estudios Políticos y directora del Observatorio Violencia, Criminalización y Democracia de la Université d’Ottawa

Denise Gagnon
Representante sindical de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec – FTQ (Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec) y presidente de la Fundación Salvador Allende de Montreal

Pierre Mouterde
Ensayista y exprofesor de filosofía del Collège Limoilou

Isabel Orellana
Profesora de la Facultad de Ciencias de la educación y del Instituto de Ciencias Ambientales, directora del Centro de Investigación en Educación y Formación en Medioambiente y Ecociudadanía – Centr’ERE, de la Université du Quebec à Montreal -UQAM

Ricardo Peñafiel
Profesor asociado del Departamento de Ciencia Política, Université du Quebec à Montréal; vicepresidente (relaciones inter-sindicales) del Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM – SPPEUQAM (Sindicato de profesoras y profesores docentes de la UQAM); co-director del Grupo de Investigación sobre los Imaginarios Políticos – GRIPAL; representante sindical del Consejo Central del Montreal Metropolitano de la Confédération des syndicats nationaux – CSN (Confederación de Sindicatos Nacionales) y de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec – FNEEQ (Federación Nacional de Docentes de Quebec)

Diciembre 2020

Organizaciones de sociedad civil presentan informe sobre la situación de derechos humanos en contexto Covid-19

  • El informe destaca que durante la pandemia el gobierno ha superpuesto “intereses económicos y privados en desmedro de la efectiva protección de los derechos fundamentales de la población civil”.

 

Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano

 

Con un lanzamiento virtual en el marco de la semana internacional de los Derechos Humanos, fue presentado el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de pandemia Covid-19”, elaborado de forma colaborativa por diversas organizaciones de sociedad civil.

Dividido en cinco capítulos, el primero de ellos -de carácter introductorio- aborda el contexto general en el que se produce el informe, marcado por las demandas del denominado estallido social y los desafíos adicionales que la pandemia representa para la garantía de los derechos humanos; así también los discursos y medidas gubernamentales, y de modo específico las medidas de gestión y el Plan de Acción implementado.

Luego el informe hace revisión a diversas dimensiones de afectación a derechos humanos. Así, en el capítulo dos, referido a los derechos civiles y políticos, se analiza en profundidad la agenda legislativa en el actual contexto de pandemia y si ésta responde al respeto de los pilares de una institucionalidad democrática, la afectación a las libertades personales, a la libertad de expresión y comunicación, la ocurrencia de graves hechos en el marco del Estado de excepción constitucional y las precarias condiciones penitenciarias.

En el siguiente capítulo, dedicado a derechos económicos, sociales y culturales, se señalan puntos críticos que se agudizan en el actual escenario, en particular la situación del derecho a la salud, que no se encuentra garantizado en la actual Constitución y donde se da cuenta del largo camino para que este sea considerado como fundamental; el derecho al trabajo, a la luz de lo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos fundamentales de la OIT; así como el derecho a la vivienda adecuada, a la educación, al medio ambiente, y el impacto de proyectos de inversión a los derechos humanos.

El cuarto capítulo, en tanto, se hace un recorrido por la situación de diversos grupos vulneralizados o que se encuentran mayormente expuestos a violencia de género o institucional. Es el caso de las mujeres, que debido a las medidas de confinamiento se ven expuestas a una convivencia con su agresor o se les ha dificultado su acceso a salud reproductiva y métodos de anticoncepción; los pueblos indígenas, donde se cruzan dimensiones de ruralidad, etnicidad, pobreza y etaria, constatando el informe además que no existe -y por tanto la necesidad de incorporar- una consideración a la variable étnica en los registros administrativos y sanitarios, para implementar estrategias de intervención culturalmente adecuadas para su protección y atención.

Finalmente, se formulan un conjunto de recomendaciones para superar algunas de las situaciones detectadas. En materia penitenciaria, por ejemplo, aumentar la provisión de productos sanitarios y proveer a la población penal de material informativo sobre la prevención de contagios por Covid-19; en el ámbito laboral, asegurar un ingreso básico a las familias que no cuentan con salarios; y en materia educacional, considerar herramientas tecnológicas para estudiantes con diferentes grados o tipo de discapacidad que les impida participar adecuadamente de un proceso de educación a distancia, por mencionar algunas.

Durante la presentación informe, representantes de organizaciones que participaron en su elaboración entregaron información detallada sobre las temáticas que les correspondió abordar y generales de contexto. “La pandemia tiene como base y ha evidenciado la precarización del modelo y específicamente hacia sujetos históricos y del presente que han sido parte del movimiento social”, planteó Milena Morales, de la Red de Observadoras de Derechos Humanos de Valparaíso.

Añade que “en el Plan paso a paso, llama a la preocupación que solo uno de ellos tenga como objetivo disminuir la interacción, y todos los restantes sean de apertura de las distintas actividades fuera del confinamiento, evidenciando que no es plan de cuidado sino más bien de retorno a actividades en contexto de normalidad, donde el foco no está en la población sino en la productividad de la producción. Existe además una discursividad de la responsabilidad individual, sin entregar condiciones efectivas para que esos cuidados puedan ser posibles”.

Por su parte Anita Peña, investigadora en temas de género, políticas sociales y desigualdad económica y social de Corporación Miles, destaca ante el aumento de la violencia intrafamiliar que “fue a partir de la observación civil y la visibilización de las organizaciones feministas, que se pudieron acortar las brechas digitales para realizar denuncias», y que “la pandemia ha visibilizado además la injusta división social del trabajo y acceso a los servicios de salud reproductiva con más de 140.000 mujeres que han discontinuado el uso de anticonceptivos”.

En cuanto a la situación de los pueblos originarios, Natividad Llanquileo, abogada mapuche y parte del equipo de CIDSUR, advierte que “los pueblos indígenas no han sido consultados ni forman parte de las estadísticas públicas del MINSAL, lo cual vuelve muy difícil el seguimiento epidemiológico. Existiendo un abandono por parte del Estado al no considerar la vulnerabilidad de esto pueblos ni la construcción de estrategias y adopción de medidas con su participación».

En contexto de una epidemia sanitaria, el acceso a atención de salud oportuna era fundamental, más considerando que «a partir de la pandemia se han profundizados problemas ya bastante crónicos del sistema de salud chileno. Se trata de un sistema de salud en el cual el estado actúa subsidiariamente cuando la persona no puede solventar su propio problema de salud. A esto se suma una lógica de desregulación y fragmentación de este sistema», apuntó Nelson Reyes, de la organización Salud para todas y todos.

Asimismo, preocupa que “la gestión del Ministerio de Salud durante la pandemia ha implicado un retroceso de 20 años en materia de garantías, debido a la suspensión unilateral de cirugías y exámenes incluyendo prestaciones AUGE/GES, abolición de Ley de Derechos y Deberes”, agregó.

Otro ámbito fuertemente impactado es la educación, donde “las desigualdades en el acceso se han agudizado a causa de la pandemia, incrementado los factores de riesgo, como es el que muchos estudiantes se hayan visto obligado a desertar del sistema. Las herramientas que se han desarrollado requieren en la mayor parte de nuestro territorio conexión a internet, de un adulto siempre presente y de un espacio apropiado, y aproximadamente el 40 por ciento”, advierte Claudia Silva de Educación 2020.

El Covid-19 ha afectado también una dimensión indispensable para la satisfacción de los derechos humanos, como es la dignidad humana desde la especificidad de cada territorio. “Los derechos al hábitat, entre los cuales está el derecho humano a una vivienda adecuada, se incumplen aún más en tiempo de pandemia. En efecto, desde finales de mayo, en el momento álgido del Covid en Chile, las autoridades sanitarias expresaron la dificultad de aplicar protocolos de cuarentena en casi la mitad de las ciudades del país, pues cerca del 30 a 40% de las viviendas evidencian niveles de precariedad, producto del hacinamiento y la falta de acceso a servicios deficientes”, recalca Ana Sugranyes de Ciudad Común.

“Por lo mismo es especialmente preocupante el desalojo forzado de familias desde sus viviendas, que es la violación más violenta de este derecho. En esta pandemia, los Estados procuraron hacer una moratoria de desalojos; para esto, se aprobó la Ley 21.226. Sin embargo, la práctica del desalojo individual y colectivo se mantiene a diario, dejando a familias sin sus bienes y derechamente en la calle, una situación que afecta especialmente a personas migrantes”, concluyó.

Las organizaciones que participaron en la elaboración del informe son: Abofem Wallmapu, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos (CDH), Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Centro de Investigación y Promoción de Los Derechos Humanos (CINPRODH), Corporación Ciudad Común, Corporación de Estudios Sociales y Educación SUR, Corporación Humanas, Corporación Opción, Corporación Miles, Educación 2020, Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR), Movimiento Salud para todas y Todos, Observatorio Ciudadano, Red de Observadoras de Derechos Humanos de Valparaíso, Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), Red de Defensa de los Territorios, Red de Peritos Independientes, Women’s Link Worldwide

 

Revisa el informe completo en el siguiente enlace:

https://observatorio.cl/final_informecovidddhh_9_12/

 

El video de la presentación puedes verlo en el link:

https://facebook.com/observatoriociudadanochile/videos/1863067483843404/