Reflexiones ciudadanas en torno a la derrota del Apruebo

Para quienes desde las organizaciones ciudadanas y de derechos humanos llevamos al menos una década promoviendo una nueva institucionalidad democrática, plural e inclusiva que reemplace la Constitución de 1980, y permita la construcción de un país más justo y solidario, la derrota por amplio margen de la propuesta constitucional emanada de la Convención Constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre pasado duele. Por lo mismo, nos obliga a reflexionar sobre lo ocurrido, a entender los factores que la explican, incluyendo por cierto la autocrítica por la responsabilidad que en ella nos cabe.

Los análisis complacientes que algunos analistas partidarios del Apruebo han hecho al respecto, poniendo énfasis en la manipulación de los sectores populares por parte de los grupos de poder que apoyaron el Rechazo, si bien explican parte del resultado electoral, son insuficientes. Es efectivo que dichos sectores destinaron tiempo y dinero a diseminar informaciones falsas y sin fundamento sobre los contenidos de la propuesta constitucional a través de sus medios y de redes sociales. Que la plurinacionalidad y las autonomías indígenas fragmentarían el país (a pesar de que tres artículos de la propuesta constitucional lo prohibían); que no se reconocería la propiedad de la vivienda o de los ahorros previsionales (aunque sus disposiciones no lo señalaban), son ejemplos burdos la campaña de desinformación de la población, las que pueden haber tenido impacto en algunos votantes, pero no explican el arrasador triunfo del Rechazo.

No debe minimizarse tampoco el impacto que el complejo contexto por el que hoy atraviesa el país puede haber tenido en la contundente votación en favor del Rechazo. En efecto, el proceso migratorio acelerado es visto por algunos sectores de la población como una amenaza. Lo mismo cabe señalar sobre el incremento de la delincuencia, tanto en intensidad como en la gravedad de los delitos que se cometen, en particular en sectores urbanos de bajos ingresos, así como en relación a la situación de conflictividad y violencia crítica existente en la Araucanía y regiones aledañas. A ello se agrega la creciente inflación que afecta los bolsillos de tod@s. Si bien varios de estos fenómenos, como la migración y la inflación, no son exclusivos de Chile, sino regionales y mundiales, no es menos efectivo que los sectores más golpeados por estas realidades pueden haber interpretado que ellas son consecuencia de una mala gestión de un gobierno que apoyó la propuesta constitucional. Por lo mismo, quisieron castigarlo con su voto Rechazo.

Con todo, las organizaciones ciudadanas que por tanto tiempo bregamos por un proceso democrático y participativo para la elaboración de una nueva Constitución que reemplazara la de 1980 debemos hacer un análisis más profundo de la derrota obtenida el 4 de septiembre pasado.  Sin duda la apertura del proceso constituyente y su institucionalización mediante una Convención Constitucional (CC) democráticamente electa con el respaldo del 80% de la ciudadanía, y la elección de dicho órgano constituyente con paridad de género y representación proporcional de pueblos indígenas, la inclusión de independientes, hicieron de la CC un órgano representativo de las diversidades del país históricamente excluidas de espacios de decisión pública, lo que concitó interés y valoración mundial.

Todo hacia predecir que el texto constitucional que emanara de dicha CC lograría un alto respaldo ciudadano, como los alcanzados en España en el referéndum de su Constitución Política de 1978, y en Colombia en el referéndum de su Constitución de 1991, ambos con más de 80% de aprobación. Lamentablemente no fue así.

¿Por qué no ocurrió lo mismo con la propuesta constitucional elaborada por la CC en Chile? Sin duda, un factor gravitante fue el que la derecha, castigada por la ciudadanía por su incapacidad para escuchar sus demandas en favor de una nueva Constitución que permitiese poner término a las exclusiones e injusticias generadas por la persistencia de la institucionalidad de 1980, no obtuvo en la CC el tercio de escaños que, de conformidad al acuerdo de las fuerzas políticas de noviembre de 2019, y a la reforma constitucional a que este dio lugar, requería para ser un actor relevante en el debate constituyente. Con una derecha disminuida, consecuencia de su propia falta de visión política, a l@s convencionales que representaron las mayorías les faltó la visión necesaria para comprender que la propuesta constitucional debía no solo satisfacerlos a ell@s, sino concitar la adhesión de la ciudadanía al final del proceso. Una Constitución que no genera adhesión, como lo era la Constitución de 1980, lejos de posibilitar las transformaciones que se anhelan, perpetúa el conflicto del contexto que la genera hacia el futuro sin resolverlo.

Sin hacernos cargo del vacío discurso de la derecha que caracterizó el trabajo de la CC como uno marcado por el odio y “carente de amor” (como si ellos, defensores de sus privilegios, fuesen depositarios de una cultura de amor), es evidente que las mayorías en la CC, incluyendo a los representantes de sociedad civil y de pueblos originarios, sin renunciar a principios fundamentales, pudieron haber hecho mayores esfuerzos por generar acuerdos más transversales para lograr la adhesión no solo de los dos tercios de la CC que se requería para la aprobación de normas sino, tan o más importante, la adhesión de la población, que el plebiscito del 4 de septiembre demostró estuvieron lejos de conseguir.

Son muchos los ejemplos ilustrativos de lo anteriormente afirmado. Es el caso de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico, donde l@s convencionales ecoconstituyentes y Pueblo Constituyente tenían una representación significativa, la que formuló propuestas de normas constitucionales tan maximalistas que fueron rechazadas casi íntegramente en dos oportunidades por un Pleno de mayoría progresista. En una de estas propuestas se reconocía el reino fungi y se establecía el “deber del Estado y la sociedad asegurar la existencia y conservación de la funga”. ¿Qué sentido tenía la inclusión de dicha norma teniendo presente que en otra norma propuesta, fundamental por cierto, se establecía que el mismo Estado debía proteger la biodiversidad de la que el reino fungi es obviamente parte?

Otro ejemplo lo podemos encontrar en las propuestas de normas referidas a los derechos de pueblos indígenas promovidas por convencionales de pueblos indígenas, que contaron con el respaldo de representantes de movimientos sociales en la CC. Aunque, como analizáramos en su momento en otra columna en El Desconcierto (https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2022/05/04/constitucion-indigenista.html), todas las propuestas sobre la materia estaban en consonancia con las directrices del derecho internacional aplicable a los pueblos indígenas, cabe preguntarse ¿qué sentido tenía incorporar en la propuesta constitucional alrededor de 50 disposiciones que referían a dichos pueblos? ¿No habría tenido más sentido insertar un número más acotado de disposiciones que refiriesen a su existencia y a los derechos colectivos que como pueblos les corresponden, y haber puesto el acento en la incorporación con jerarquía constitucional de los derechos de tratados internacionales vigentes ratificados por Chile, lo que incluye los derechos políticos, territoriales y culturales, incluyendo autonomías y justicia indígena contenidos en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile?

Los resultados electorales indican que posiblemente habría sido una mejor opción pensando en el respaldo que el texto constitucional debía generar en la ciudadanía.

Quien escribe esta columna considera que, más allá de las imperfecciones propias de la premura con que el texto constitucional debió ser elaborado, y de contenidos que pueden ser discutibles desde una perspectiva constitucional –como el sistema de bicameralismo atenuado propuesto–,   el texto emanado de la CC era una muy buena propuesta de Constitución. Pero el que a mí me pareciera una muy buena propuesta constitucional no me llevó a la convicción de que dicha propuesta generaría una adhesión de la ciudadanía. Tal como las encuestas presagiaron, y el resultado electoral confirmó, dicha propuesta estuvo muy lejos de lograr tal adhesión, cuestión esencial no solo para que esta sustituyera a la Constitución de 1980, sino para lograr las transformaciones societales que desde el mundo progresista aspiramos.

Aunque estas reflexiones críticas puedan ser impopulares para quienes fueron convencionales y para los movimientos sociales y de derechos humanos que apoyamos, me parece fundamental hacerlas. Ello adquiere más sentido teniendo presente que el proceso constituyente, tal como ha sido señalado por el presidente Boric –y comprometido por la mayor parte de las fuerzas políticas–, lejos de darse por concluido, como algunos sectores de la ultraderecha aspiran, debe continuar.

Sin renunciar a construir una Constitución que tenga a los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, individuales de las personas y colectivos de los pueblos que habitamos en el país, como pilares fundamentales, que se haga cargo de las injusticias sociales que persisten y se ahondan en el país, así como de la crisis climática, debemos también hacernos cargo de los errores cometidos para avanzar en las transformaciones urgentes que desde la perspectiva de estos derechos el país requiere con urgencia .

Tampoco renunciamos a un proceso que, como lo definió la ciudadanía mayoritariamente en el plebiscito de entrada del proceso constituyente, y en consonancia con las tendencias del constitucionalismo contemporáneo, cuente con la participación activa no solo de los actores políticos, como algunos sectores quisieran, sino de la ciudadanía, con representación paritaria y de pueblos indígenas. Todo ello a través de procesos eleccionarios propios de un sistema democrático, y no de comisiones de expertos propias de los regímenes autoritarios, como ahora algunos sectores de derecha, incumpliendo sus compromisos electorales, proponen.

Lejos de buscar culpables, llamar a la autoflagelación, o caer en el pesimismo, estas reflexiones solo pretenden aprender de los errores cometidos, para no volver a cometerlos en lo que viene del proceso para dotarnos de una nueva Constitución. Después de todo, y tal como hace ver Fito Páez en una hermosa canción de su autoría, ¿Quién dice que todo está perdido?

José Aylwin Oyarzún
Abogado, magíster en Derecho. Coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.

DECLARACIÓN ORGANIZACIONES SOCIOAMBIENTALES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Tras los resultados del Plebiscito del 4 de septiembre, las organizaciones socioambientales que trabajamos desde diversos espacios en el proceso constituyente, articuladas en redes, comandos, con presencia en cabildos, conversatorios, asambleas territoriales y otro tipo de esfuerzos, declaramos que:

  • Reconociendo la derrota del proyecto de nueva Constitución en el Plebiscito del 4 de septiembre, comprendemos que la propuesta sometida a referéndum no contenía de manera adecuada los anhelos de la sociedad chilena por tanto nos disponemos al trabajo necesario para lograr un texto que efectivamente permita construir el Chile del mañana.
  • Consideramos que la cohesión social y la primacía del Estado de Derecho requiere de la construcción de un pacto social para nuestro país que, mediante un nuevo proceso, tenga como resultado su aprobación por una mayoría social transversal, avanzando en aquellos temas que por tanto tiempo han quedado postergados, generando inestabilidad social. Por lo tanto, reforzamos el llamado a la continuidad del proceso de redacción de una nueva propuesta constitucional.
  • En este nuevo proceso, reiteramos la necesidad de contar con una nueva Constitución acorde a los tiempos y las urgencias sociales y ambientales, haciéndonos cargo de la crisis climática y ecológica. Ya comenzamos a evidenciar los efectos de esta crisis y ellos se irán incrementando en el tiempo.  Este pacto social debe ser robusto para que nos permita prepararnos para enfrentar lo que se viene.  A su vez, construir una sociedad en equilibrio requiere de elementos como la justicia y la democracia ambiental, la soberanía alimentaria, el derecho humano al agua y la garantía de derechos fundamentales tanto económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales.
  • Las organizaciones seguimos y seguiremos aportando al proceso y a la construcción de una nueva Constitución para Chile.  La sociedad civil ha generado por años diversos contenidos y desarrollado acciones para establecer una relación en equilibrio con la naturaleza. Esperamos que en este escenario se consideren esos esfuerzos, ya que lamentablemente muchos de los conflictos socioambientales tienen un origen en la actual Carta Fundamental.
  • A pesar del rechazo de la propuesta, valoramos y agradecemos el proceso llevado adelante por la Convención Constitucional como un ejercicio democrático donde se trabajó arduamente para alcanzar acuerdos entre los actores representados, cumpliendo con su mandato popular.
  • Creemos que esencial mantener el carácter democrático del proceso que hoy debaten los representantes políticos, el cual debe ampliar y reconocer en el nuevo proceso de redacción de una propuesta la participación de todos los demás actores que pertenecen a la sociedad, desde una mirada inclusiva, paritaria y con participación de pueblos indígenas.
  • En consistencia con lo anterior requeriremos a los actores políticos representados en el Congreso Nacional que hoy lideran las conversaciones sobre las modalidades de un nuevo proceso constituyente, instancias de participación ciudadana para hacer ver nuestras perspectivas en relación a lo que se viene, tal como la han sostenidos con agrupaciones de actores como la CPC y la CUT.
  • A su vez, vemos con preocupación que algunos sectores políticos del rechazo, que se comprometieron públicamente a apoyar un nuevo proceso constituyente democrático y participativo en caso que triunfara su opción en el plebiscito, hoy pongan dicho compromiso en duda y propongan una comisión de expertos como mecanismo para la redacción constitucional. Con igual preocupación vemos que sectores de la ciudadanía se niegan a aceptar los resultados del plebiscito y se han manifestado con violencia en las calles en días pasados. Condenamos ambos comportamientos por su carácter antidemocrático.

Es por lo anteriormente expuesto, que las organizaciones abajo firmantes estaremos alertas y atentas al nuevo proceso, seguiremos aún con más fuerza impulsando el trabajo y preocupación por la relación existente con el medio ambiente y velaremos por la necesidad de que esta dimensión sea abordada con fuerza en la nueva propuesta, ante las numerosas injusticias en los diversos territorios que han sido impactados, como también porque se requiere una mirada que aborde las problemáticas y desafíos del siglo XXI.

10 razones para entender el triunfo del Rechazo

Sin duda queda mucho por reflexionar y decantar sobre este resultado. A priori creo que se corrieron ciertos cercos. Pese a quien le pese, el cambio constitucional es una demanda y una urgencia transversal, que, de no ser abordada, causará mayor inestabilidad y polarización en el país.

Tras el plebiscito de salida de este 4 de septiembre y un poco más repuesta, con el corazón más templado y la mente más fría, me atrevo a escribir estas palabras que no intentan otra cosa más que darle sentido a lo que pasó el domingo e identificar las razones, sin orden de importancia, por las cuales el 62% del electorado habilitado para votar, rechazó esta propuesta constitucional. Lo primero es señalar que no hubo una sola razón, sino que fueron una multiplicidad de factores que se conjugaron y que dieron este resultado, y que van tanto en la línea de factores endógenos (lo que nos faltó) como exógenos (ajenos al apruebo) y que en mayor o menor medida influyeron. Con la certeza de que Ud. puede o no estar de acuerdo, y que posiblemente haya más razones, aquí va:

  1. Noticias falsas o la posverdad

Las fake news desde hace un buen tiempo vienen causando estragos en elecciones a nivel mundial, incluso afectando resultados electorales y las intenciones de voto, en base a mentiras o tergiversaciones. Las redes sociales se han convertido en fuentes de información para muchas personas y los y las influencer, comovoces válidas para informar, pero también para instalar posverdades. En tal sentido, no es de extrañar que, quienes celebraron el domingo, entre sus argumentos esgrimieran que: “ya no les quitarían sus casas”, “que Chile seguirá teniendo un escudo y una bandera”, “Que los mapuche no tendrían más derechos”, “Que no se abrirían las puertas de par en par a los migrantes”, “y que ya no se expropiarían los fondos de pensiones”, entre otras informaciones lisa y llanamente FALSAS y que tik tokers levantaron sin ningún pudor y sin rectificación.

Los medios de comunicación hegemónicos, en tanto, tampoco contribuyeron a desmontar estas ideas, y si lo hacían, ya era muy tarde como para reparar el daño causado. Los medios escritos más importantes tanto a nivel nacional como regional destacaban los entretelones de la Convención, los “cahuines”, los errores, las polémicas, en vez de relevar el debate de ideas que se estaba llevando a cabo. Hubo una falta grave a la rigurosidad periodística y más bien lanzaban titulares tendenciosos para incidir en la opinión pública[1].

  • El marketing y el dinero lo pueden todo

Relacionado al punto anterior, si de algo estamos seguros es que la campaña del rechazo no escatimó en gastos. Volcaron todos sus recursos en empresas de marketing y publicidad pagada en redes sociales, televisión y radios, con eslóganes que apelaron a lugares comunes como: “Una que nos una”, “Así no”, “Rechazamos con amor” y sin freno ni tapujos nos inundamos de frases cliché, mentiras y desinformaciones, mientras que, en las principales redes sociales, los bots vomitaban odio en contra de la Convención, los escaños reservados, los movimientos sociales o las mujeres. Preocupa además que no se haya hecho una fiscalización a este gasto ni se haya frenado este descontrol que sólo alimentó un juego sucio por parte de la derecha y los grupos de poder[2].

  • Poco tiempo

Un proceso de debate constitucional es algo complejo que sin duda debe hacerse con tiempo para contar con la participación de todos los sectores de la sociedad y no solo eso, sino tener oportunidad de entender la propuesta, masticarla, analizarla, criticarla, comentarla. Sin embargo, un año no fue suficiente y, por tanto, mucha gente se quedó debajo de la mesa y entonces el resultado no le hizo sentido, o bien, ni siquiera tuvo el tiempo para analizar o leer la propuesta.

  • Maximalismo y desconexión con las demandas de las clases populares

Entre los análisis que he leído, uno de los argumentos que se esgrimen es que la nueva constitución pecó de “maximalista”. Como señaló Diana Aurenque en una columna de El País titulada “En Chile fracasó el maximalismo progresista”: “El maximalismo progresista de la propuesta fue quizás su mayor belleza ideológica, a la vez que su mayor error estratégico: poner en la misma balanza la necesidad de asegurar un mínimo de derechos sociales —inexistentes con la actual Carta Magna— con una serie de derechos y protecciones liberales”. Creo que, entre tanto anhelo de justicia, de la necesidad de reconocimiento y reparación especialmente a los grupos históricamente excluidos, ¿puede ser que pedimos mucho? ¿Quizá entre tantos derechos y garantías, aquellos derechos más sentidos como la educación, una salud y pensiones dignas, la vivienda o el trabajo se perdieron en el mar de artículos? Es probable que hubo a quienes la propuesta no les gustó lisa y llanamente porque hablaba de aborto o de educación sexual integral. ¿Quizá fuimos demasiado lejos?

  • Inclusión de conceptos “desde arriba”

Unido a lo anterior, hubo conceptos que se plasmaron en la propuesta que generaron controversia o no se comprendieron del todo, tal como la plurinacionalidad. Por más informes, charlas o talleres que se hicieron al respecto, el concepto no sólo no se entendió, sino que dio pie para levantar discursos de odio y racistas en contra de los pueblos originarios, cuya peor parte creo que se la llevó el pueblo mapuche. A mi juicio, este es un concepto que viene desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil y que no les hizo sentido a las bases, o al menos a una parte. Así pasó también con otros conceptos como el pluralismo jurídico, la neurodiversidad, las autonomías territoriales o la regionalización. Este es uno de los desafíos mayores que visualizo desde el área de la educación en derechos humanos. ¿Cómo explicamos conceptos tan abstractos que implican mayor reconocimiento e inclusión, en un lenguaje más comprensible? ¿Cómo hacemos para que le hagan sentido a la mayoría, teniendo en cuenta que como sociedad estamos atravesados por estructuras como el racismo o el colonialismo?

  • Falta de educación cívica y de derechos humanos

Anclándolo con el punto anterior, creo que falta mucho en el plano de la educación cívica que van desde entender la importancia de una constitución y qué implica en la vida cotidiana, hasta comprender el funcionamiento del país, sus instituciones, leyes, mecanismos de deliberación, etc. Además de profundizar sobre qué comprenden los derechos civiles y políticos y cómo se ejercen, es fundamental concebir la educación ciudadana, cívica o de derechos humanos, como una materia que se debe impartir de manera transversal a la sociedad desde la infancia hasta la vejez, permanentemente y no para eventos cívicos puntuales. Solo así podremos hablar de un verdadero voto informado y de un ejercicio efectivo de nuestros derechos políticos. Y, por tanto, también sufragar con conocimiento respecto a las consecuencias de una opción u otra, lo que era crucial para un plebiscito de esta envergadura.

  • Rechazo a la clase política y al gobierno actual

De ese 62%, también hubo personas que a través de su voto rechazaron a la clase política, a los acuerdos políticos hechos por arriba, sin consultar con los de abajo. Un voto visceral en contra de los abusos, que quizá no tenían tanto que ver con la propuesta en sí, pero sí con sentirse profundamente defraudados con el sistema político-electoral y cómo se concibió este proceso constituyente (Acuerdo por la Paz), por la pendiente liberación de los presos políticos de la revuelta o la agudización del conflicto en Walmapu. Y si quienes al sentirse así no rechazaron, ciertamente anularon. Este segmento es el que quizá esté ahora más frustrado viendo como el proceso ahora es manejado por los partidos políticos y, por cierto, eventualmente por el Congreso. Por otro lado, si bien el plebiscito apuntaba a si aprobamos o rechazábamos esta propuesta constitucional, para algunas personas esta pregunta se convirtió en: ¿Aprueba o rechaza el actual gobierno de Gabriel Boric? Hubo quienes hicieron de su voto una herramienta para evaluar la gestión actual, una crítica a su acercamiento a la ex concertación y a “los políticos de siempre” y una forma de decir que se sienten defraudados por no tener más IFE, ni más retiros del 10%, ni más ayudas sociales.

  • Conflictos derivados de la Convención Constitucional

Sobre este punto quiero partir diciendo que valoro mucho el trabajo de muchos y muchas convencionales que pusieron su cuerpo, alma y corazón en esta propuesta, pero desafortunadamente creo que la forma de comunicar su trabajo no fue suficiente, o al menos no llegó de la mejor forma. Como todo proceso político, éste no estuvo exento de conflictos, de mezquindades, egos, facciones y muñequeos. Lamentablemente esto trascendió y salió en los medios tanto hegemónicos como alternativos y dio la impresión de que ciertos sectores se atrincheraban y no daban espacio al diálogo y al consenso. Esta radicalidad fue alejando también a un sector más moderado de la población que comulga en el centro (sea de derecha o de izquierda) y cuyo epítome a nivel de la clase política lo vimos con el nacimiento de “Amarillos por Chile”. Por otro lado, no podemos olvidar las tristes y evitables polémicas que rodearon la Convención, siendo la peor de ellas el fraude de “Pelao Vade” y las ordinarieces y racismo de la Sra. Marinovic, entre otras que no vale la pena detallar, pero que contribuyeron también a alejar la Convención de la ciudadanía.

  • Miedo

El miedo es un arma tan poderosa que muchos y muchas votaron rechazo por miedo. Sean sus razones fundadas o infundadas basadas en fake news, lo cierto es que la gente tuvo miedo. Miedo al cambio, a la supuesta “refundación de Chile”, miedo a convertirnos en “Chilezuela”, miedo a la incertidumbre, a un nuevo paradigma, a un nuevo sistema político y social; miedo a cambiar instituciones de años como el Senado. Miedo a la implementación de una propuesta de este tipo, tan de “avanzada”. En fin, miedo a lo desconocido, lo cual caló más hondo en un contexto complejo de crisis económica global, con un alto costo de la vida, una alta inflación y una creciente polarización.

  1. Pinochet no termina de morir

Y, por último, encontramos al voto rechazo duro, ese que rechazó de entrada y de salida, que no quiere cambiar la constitución, que celebró el domingo con la foto del dictador Pinochet y que no quiere perder sus privilegios y por tanto, hará cualquier cosa para sabotear este proceso de cambio constitucional.

Sin duda queda mucho por reflexionar y decantar sobre este resultado. A priori creo que se corrieron ciertos cercos. Pese a quien le pese, el cambio constitucional es una demanda y una urgencia transversal, que, de no ser abordada, causará mayor inestabilidad y polarización en el país. La paridad, por otra parte, concitó amplio acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y de seguro estará presente en una nueva propuesta. Otros temas como el ecologismo, los derechos sexuales y reproductivos o la descentralización me parece que tendrán nuevamente que pelear su sitial. Lo demás sólo el tiempo, las fuerzas y la historia lo dirán.

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Mabel Cobos Fontana.

Coordinadora del área de Educación y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano

[1] Si quiere conocer más sobre esto puede leer el último reportaje de CIPER: “Los cuatro días clave que llevaron al Rechazo al tope de las encuestas y los cinco meses de campaña para mantener esa ventaja”.

[2] Véase: “La campaña sin control en las redes: 36 entidades han gastado $119 millones sin fiscalización del Servel”

Declaración: Chile necesita una nueva Constitución

Chile necesita una nueva Constitución, llamamos a todas las chilenas y chilenos a seguir apoyando genuinamente un nuevo proceso constituyente

París, Santiago – 5 de septiembre de 2022. Desde la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Observatorio Ciudadano de Chile y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (COPEDU), lamentamos que la propuesta de una reforma constitucional en Chile haya sido rechazada. Con ella, quedan relegadas, entre otras cuestiones,  la obligación Estatal de garantizar los derechos sociales, económicos, culturales y medio ambientales,  el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, el libre derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo respecto al aborto, y la paridad de género en las instancias socio-democráticas.

La necesidad de una nueva constitución se hizo evidente en 2019 a través de las manifestaciones de diferentes sectores de la sociedad durante el llamado “estallido social”, en el cual participaron grupos estudiantiles, comunidades indígenas y otros movimientos sociales y políticos, que exigían mejores condiciones de vida, incluidas oportunidades laborales,  servicios públicos y paridad de género. Luego de meses de protesta, durante los cuales se dieron graves violaciones a los derechos humanos de manifestantes por parte de agentes estatales, el estallido social resultó en un amplio llamado a cambiar la constitución de 1980: en septiembre de 2020 más del 78% del electorado optó por redactar una nueva constitución mediante un plebiscito democrático.

Aunque la actual Constitución, elaborada en 1980 durante la época de la dictadura de Pinochet, ha sido modificada en las últimas décadas, es urgente que se introduzcan cambios estructurales que garanticen el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y medio ambientales, cumpliendo así con las obligaciones que el Estado adquirió al ratificar la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así mismo, es imperativo que luego de más de 200 años de independencia como país,  Chile reconozca y garantice a nivel constitucional los derechos de los pueblos indígenas, para así contribuir a combatir la discriminación que todavía sigue existiendo contra ellos en las distintas instancias sociales y políticas. Es también esencial mejorar el funcionamiento de los procesos de reforma legislativos y el funcionamiento del Estado.

Urgimos a la continuación del proceso orientado a que Chile se dote de una nueva Carta Magna, iniciativa que claramente apoya la mayoría de la ciudadanía, a objeto de profundizar la democracia y los derechos humanos en el país. Desde la FIDH y sus organizaciones miembros en Chile hacemos un llamado a la ciudadanía y partidos políticos, a los sectores que promovieron y votaron por la opción “rechazo”, a considerar como central la inclusión en  dicha Carta Magna los derechos humanos como un eje central que no solo obliga al Estado a protegerlos, sino también a las personas e instituciones a respetarlos, y a ver en Chile un Estado que progresa y avanza a la par de las necesidades que apremian al derecho internacional en mundo actual. Entre las cuestiones que parecen fundamentales incorporar en ella consideramos, el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural y religiosa, la protección del territorio y el medio ambiente frente al extractivismo abusivo en contexto de crisis climática y la representación equilibrada en instituciones públicas y privadas de mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales y de género diversas. Por ello, pedimos a los representantes de dichos sectores a no instrumentalizar este rechazo, si no actuar genuinamente en el interés del país y abrir el camino hacia una nueva constitución – lo cual los mismos partidos por la campaña del “rechazo” declararon que sostendrían, en sus campañas públicas. Hacemos un llamado también a los sectores y movimientos que apoyaron la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional a analizar críticamente los resultados del plebiscito de modo de identificar las debilidades a objeto de poder superarlas en una nueva etapa de su desarrollo. Reafirmamos nuestro compromiso para fomentar estos espacios y seguir acompañando a la sociedad civil, a las personas defensoras de derechos humanos, funcionarias y funcionarios públicos para lograr el objetivo que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico.

Pluralismo Jurídico: ¿Se ajustan estas disposiciones a la normativa internacional?

Los artículos 307 y 309 son disposiciones valiosas para la constitución chilena porque reconocen oficial y formalmente lo que ha existido y se ha practicado en Chile durante siglos.  Al proporcionar un reconocimiento adecuado de los sistemas y procesos legales que funcionan eficazmente en las comunidades indígenas, la nueva constitución chilena alinea el marco legal nacional con la realidad operativa sobre el terreno.  Al hacerlo, estas disposiciones proporcionan credibilidad y legitimidad a la constitución, lo que será vital para un sistema democrático que funcione bajo el imperio de la ley.

Para situar esto en un contexto histórico, en Chile, al igual que en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y otras sociedades poscoloniales, el derecho consuetudinario tradicional indígena funcionó junto con el derecho colonial.  A medida que la independencia del dominio colonial avanzaba generando nuevas naciones, el derecho consuetudinario indígena siguió funcionando en los territorios indígenas, incluso en los países en los que los esfuerzos de construcción de la nación intentaron eliminarlo.  Por lo general, cuando los dirigentes nacionales trataron de imponer una única fuente de derecho a los pueblos indígenas, los sistemas estatales nacionales no tuvieron la capacidad de servir a estos ciudadanos indígenas o, si el Estado tenía capacidad, no logró desarrollar mecanismos que pudieran competir con la eficiencia o la eficacia de los sistemas consuetudinarios de los pueblos indígenas. 

En consecuencia, en Chile, como en gran parte del mundo, el pluralismo jurídico ha estado vigente y los sistemas indígenas siguieron funcionando junto a los sistemas jurídicos estatales.  Esos sistemas indígenas siguieron prosperando a pesar de los intentos nacionales hostiles y a veces violentos de suprimir dichos sistemas para imponer un sistema jurídico nacional verticalista.  Los sistemas indígenas han sido un componente necesario del Estado de Derecho en la mayoría de las naciones del mundo.

¿Se ajustan estas disposiciones a la normativa internacional?

En las últimas décadas, la mayor parte del mundo ha avanzado, como lo hace ahora Chile, en el reconocimiento de la capacidad de autogobierno de los pueblos indígenas y en el reconocimiento formal de que los sistemas jurídicos indígenas desempeñan un papel fundamental para el Estado de Derecho en nuestras respectivas naciones.  Hoy en día, en muchas naciones, las leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas reciben un amplio reconocimiento como la fuente apropiada de autoridad sobre los ciudadanos indígenas que viven en territorios tribales.  Las normas internacionales han evolucionado a medida que muchos sistemas jurídicos nacionales operan para reconocer y respetar esos sistemas judiciales indígenas y proporcionar mecanismos para coordinar la aplicación de la ley para evitar la duplicación de la autoridad y prevenir agujeros o lagunas en la autoridad legal.  Las constituciones y leyes nacionales reconocen que el derecho de las comunidades indígenas rige la conducta dentro de esos territorios y las decisiones de las autoridades indígenas son generalmente respetadas por el sistema estatal siempre que el sistema jurídico indígena esté alineado con las nociones del debido proceso y los derechos fundamentales consagrados en las constituciones nacionales y los tratados internacionales.

Los artículos 307 y 309 de la Constitución chilena servirían para situar a Chile dentro de la comprensión internacional contemporánea del papel de los sistemas de justicia indígena dentro de las sociedades democráticas que operan conforme al Estado de Derecho.  Los artículos también sirven para afirmar el cumplimiento de Chile con los tratados y declaraciones internacionales.  Por ejemplo, en 2008, Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales (un tratado internacional vinculante).  En virtud de los artículos 8 a 10 del Convenio 169 de la OIT, Chile garantiza a sus ciudadanos indígenas el derecho a conservar sus propias costumbres e instituciones y garantiza que el Estado respetará esas costumbres en la legislación chilena.  Los artículos 307 y 309 sirven para aplicar estas disposiciones del tratado.  

Estos dos artículos de la nueva Constitución chilena son también coherentes con el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y cumplen las normas establecidas por el artículo 22 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

¿Son las disposiciones constitucionales chilenas coherentes con las de otros países?

Ya sea en las leyes de Nueva Zelanda con respecto a los maoríes, en las de Australia con respecto a sus pueblos aborígenes, en las de Canadá y sus Primeras Naciones, o en las de Estados Unidos y los nativos americanos, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas es la primera (si no la única) instancia para resolver conflictos y castigar delitos en esas comunidades.  En muchos países, esto está formalmente establecido en la ley.  En otros países, como en Chile hoy en día, es una práctica común a pesar de la falta de reconocimiento formal.  En las últimas décadas, hemos visto cómo muchas naciones han adoptado o modificado constituciones que reconocen formalmente el derecho consuetudinario indígena.  Este es el caso de América Latina, donde Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y Perú han tomado medidas similares a las que Chile propone en los artículos 307 y 309.  

El reconocimiento formal de las prácticas consuetudinarias y tradicionales de los grupos indígenas proporciona al sistema estatal una mayor autenticidad al incorporar al sistema jurídico nacional aquellos mecanismos de resolución de conflictos que funcionan eficazmente y que, a menudo, pueden tener más legitimidad que el sistema estatal formal, sobre todo en zonas geográficas remotas con poca presencia estatal.  A menudo hemos visto a las autoridades jurídicas del sistema estatal nacional afirmar que el Estado tenía autoridad exclusiva sobre los asuntos de las comunidades indígenas, aunque los sistemas estatales carecían de capacidad para prestar realmente servicios que satisficieran las necesidades de sus ciudadanos, lo que provocaba una crisis de credibilidad.  Los sistemas de justicia indígena, por otro lado, han tenido capacidad y credibilidad, por lo que el reconocimiento de esas autoridades en las constituciones nacionales ha sido, en general, un escenario en el que todos han salido ganando, y sin duda también sería ese el escenario para Chile.

Michael Willis es socio de Hobbs, Straus, Dean y Walker, LLP, un bufete de abogados nacional de Estados Unidos que representa a los gobiernos tribales de los indígenas americanos.