Chile necesita una nueva Constitución, llamamos a todas las chilenas y chilenos a seguir apoyando genuinamente un nuevo proceso constituyente
París, Santiago – 5 de septiembre de 2022. Desde la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Observatorio Ciudadano de Chile y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (COPEDU), lamentamos que la propuesta de una reforma constitucional en Chile haya sido rechazada. Con ella, quedan relegadas, entre otras cuestiones, la obligación Estatal de garantizar los derechos sociales, económicos, culturales y medio ambientales, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, el libre derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo respecto al aborto, y la paridad de género en las instancias socio-democráticas.
La necesidad de una nueva constitución se hizo evidente en 2019 a través de las manifestaciones de diferentes sectores de la sociedad durante el llamado “estallido social”, en el cual participaron grupos estudiantiles, comunidades indígenas y otros movimientos sociales y políticos, que exigían mejores condiciones de vida, incluidas oportunidades laborales, servicios públicos y paridad de género. Luego de meses de protesta, durante los cuales se dieron graves violaciones a los derechos humanos de manifestantes por parte de agentes estatales, el estallido social resultó en un amplio llamado a cambiar la constitución de 1980: en septiembre de 2020 más del 78% del electorado optó por redactar una nueva constitución mediante un plebiscito democrático.
Aunque la actual Constitución, elaborada en 1980 durante la época de la dictadura de Pinochet, ha sido modificada en las últimas décadas, es urgente que se introduzcan cambios estructurales que garanticen el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y medio ambientales, cumpliendo así con las obligaciones que el Estado adquirió al ratificar la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así mismo, es imperativo que luego de más de 200 años de independencia como país, Chile reconozca y garantice a nivel constitucional los derechos de los pueblos indígenas, para así contribuir a combatir la discriminación que todavía sigue existiendo contra ellos en las distintas instancias sociales y políticas. Es también esencial mejorar el funcionamiento de los procesos de reforma legislativos y el funcionamiento del Estado.
Urgimos a la continuación del proceso orientado a que Chile se dote de una nueva Carta Magna, iniciativa que claramente apoya la mayoría de la ciudadanía, a objeto de profundizar la democracia y los derechos humanos en el país. Desde la FIDH y sus organizaciones miembros en Chile hacemos un llamado a la ciudadanía y partidos políticos, a los sectores que promovieron y votaron por la opción “rechazo”, a considerar como central la inclusión en dicha Carta Magna los derechos humanos como un eje central que no solo obliga al Estado a protegerlos, sino también a las personas e instituciones a respetarlos, y a ver en Chile un Estado que progresa y avanza a la par de las necesidades que apremian al derecho internacional en mundo actual. Entre las cuestiones que parecen fundamentales incorporar en ella consideramos, el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural y religiosa, la protección del territorio y el medio ambiente frente al extractivismo abusivo en contexto de crisis climática y la representación equilibrada en instituciones públicas y privadas de mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales y de género diversas. Por ello, pedimos a los representantes de dichos sectores a no instrumentalizar este rechazo, si no actuar genuinamente en el interés del país y abrir el camino hacia una nueva constitución – lo cual los mismos partidos por la campaña del “rechazo” declararon que sostendrían, en sus campañas públicas. Hacemos un llamado también a los sectores y movimientos que apoyaron la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional a analizar críticamente los resultados del plebiscito de modo de identificar las debilidades a objeto de poder superarlas en una nueva etapa de su desarrollo. Reafirmamos nuestro compromiso para fomentar estos espacios y seguir acompañando a la sociedad civil, a las personas defensoras de derechos humanos, funcionarias y funcionarios públicos para lograr el objetivo que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico.